Sentencia 2009-00527 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200900527

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Asunto: Acción pública de nulidad

Actor: Héctor Fabio Montoya

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

IV.1. El acto acusado.

Lo es el(sic) la expresión contenida en el artículo 34 de la Resolución 122 de 8 de febrero de 2006 “Por medio de la cual se expide el reglamento de régimen interno del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de La Dorada Caldas”, según el cual:

“ART. 34.—Elementos prohibidos. Además de los descritos en este reglamento también se prohíbe el ingreso y tenencia por parte de los internos de alta seguridad de los siguientes elementos:

Radios, transistores y pilas de cualquier tipo, correas, cuerdas o elementos similares, billeteras, material pornográfico (...). Estos serán decomisados por el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, si es del caso; sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan”.

IV.2. El problema jurídico a resolver.

Se cuestiona en el presente caso si la prohibición en los centros carcelarios de posesión y circulación de material pornográfico excede la facultad prevista en el artículo 53 de la Ley 65 de 1993 y la sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 1998 que declaró inexequible el parágrafo del artículo 110 de la Ley 65 de 1993, que establecía dicha prohibición.

En providencia de 8 de abril de 2010, la Sección Primera del Consejo de Estado dispuso la suspensión provisional del aparte atacado por considerar que:

“(...) el supuesto normativo en ella contenido, excede notablemente la norma superior contenida en el artículo 53 de la Ley 65 de 1993 y la declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la precitada sentencia, pues la Corte Constitucional fue diáfana en establecer que las limitaciones a los derechos de los reclusos debe(n) tener como finalidad el cumplimiento de la pena impuesta, velar por la resocialización de los reclusos, el mantenimiento del orden, el cumplimiento de la disciplina que permita la convivencia al interior de los penales y la prevención de situaciones que pongan en peligro la eficacia de la función del sistema carcelario.

Para el efecto, estimó que la prohibición de material pornográfico en los centros carcelarios, al no cumplir con dichas finalidades debía ser declarada inconstitucional.

Al respecto, es preciso recordar que el artículo 243 de la Constitución Política dispone respecto de las sentencias de constitucionalidad lo siguiente:

“ART. 243.—Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución” (resaltado y subrayado fuera del texto).

En consecuencia, para la Sala, el acto acusado constituye un claro exceso en la facultad prevista en el artículo 53 de la Ley 65 de 1993, que permite a los distintos centros penitenciarios establecer sus propios regímenes penitenciarios, siempre y cuando no sobrepasen la facultad establecida en la ley.

De igual forma, estima la Sala que el aparte del acto acusado constituye una violación manifiesta del artículo 243 de la Constitución Política, toda vez que una autoridad pública, en este caso, el Inpec, está reproduciendo el contenido material de un acto jurídico declarado inexequible”.

Dentro de este contexto cabe precisar en primer lugar que la excepción alegada de inepta demanda propuesta por el Inpec no está llamada a prosperar porque se fundamenta en que la prohibición consignada en el artículo 34 de la Resolución 122 de 2005 objeto de la demanda, lo fue por un error involuntario y el establecimiento carcelario de La Dorada Caldas, la viene inaplicando.

Al respecto, la Sala reitera que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo solo procede por vía jurisdiccional, por las expresas causales previstas en la ley, cuya competencia se encuentra asignada a la jurisdicción contencioso administrativa, y su objeto es restablecer el ordenamiento jurídico en abstracto.

En Sentencia C-184 de 1998, la Corte Constitucional señaló:

7.1. Norma acusada:

“ART. 110.—Información externa. Los reclusos gozan de libertad de información, salvo grave amenaza de alteración del orden, caso en el cual la restricción deberá ser motivada.

En todos los establecimientos de reclusión, se establecerá para los reclusos, un sistema diario de informaciones o noticias que incluya los aspectos más importantes de la vida nacional e internacional, ya sean boletines emitidos por la dirección o por cualquier otro medio que llegue a todos los reclusos y que no se preste para alterar la disciplina.

PAR.—Queda prohibida la posesión y circulación de material pornográfico en los centros de reclusión.

Se resalta lo demandado.

(...).

b. Un problema diferente plantea la regulación contenida en el parágrafo demandado del mismo artículo. No existe justificación constitucional que permita la limitación de los derechos de los internos más allá de las exigencias relacionadas con la finalidad perseguida por la pena impuesta, y que velan por la resocialización de los reclusos, el mantenimiento del orden, el cumplimiento de la disciplina que permita la convivencia al interior de los penales, y la prevención de situaciones que pongan en peligro la eficacia de la función del sistema carcelario.

Por eso resulta extraño que la ley pretenda limitar actividades que dependen de la libre opción de cada individuo, es decir, del ejercicio de sus gustos y aficiones, y de las cuales no se deriva perjuicio o atentado contra los derechos ajenos. Como ya ha tenido oportunidad de sostenerlo la Corte: el establecimiento de un régimen disciplinario que busque el orden en los recintos carcelarios, no implica que el recluso no pueda poseer material pornográfico —o de cualquier otro tipo—, porque cada persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos mientras no afecte los derechos de los demás (resaltado no original).

Ahora bien: junto al reconocimiento que hace esta corporación de la libertad que los internos tienen para poseer material pornográfico, hay que advertir que el ingreso o circulación de este tipo de documentos debe cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para el ingreso y circulación de cualquier otro tipo de material cuya tenencia sea permitida. Con esta aclaración se busca prevenir el surgimiento de mecanismos clandestinos de comercialización de este tipo de material y reiterar la prohibición legal aplicada a los guardianes de las instituciones carcelarias en el sentido de actuar como divulgadores de pornografía y en general, como comercializadores de cualquier tipo de sustancia lícita o ilegal. Las razones que asisten a la Corte para hacer este pronunciamiento son elementales: de un lado, es contrario a la naturaleza de estos funcionarios públicos servir de intermediarios entre el mundo exterior y el centro de reclusión para la provisión de bienes de cualquier naturaleza, y por otra parte, todas las instituciones carcelarias deben establecer con claridad la forma de ingresar bienes y prestar servicios permitidos por la ley y los reglamentos.

El parágrafo del artículo 110 de la Ley 65 de 1993 será declarado inexequible por las razones expresadas y con las aclaraciones hechas, pues viola reglas constitucionales que garantizan la libertad de información, de expresión y el libre desarrollo de la personalidad.

Dentro de este contexto procede analizar el alcance de la cosa juzgada constitucional frente a una disposición declarada inexequible, la Corte Constitucional(1) ha precisado su alcance en los siguientes términos:

“Configuración de cosa juzgada constitucional. Reiteración de jurisprudencia

4. El artículo 241 superior encarga la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional, y el artículo 243 superior determina que “[L]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. De otra parte, el artículo 244 superior le otorga a los pronunciamientos de este tribunal un carácter inmutable, vinculante y definitivo, de manera que el juez constitucional no puede volver a conocer y decidir sobre lo resuelto. De esta manera, los pronunciamientos de la Corte Constitucional tienen carácter definitivo e inmutable, esto es, los cobija la figura jurídica de la cosa juzgada constitucional en desarrollo del principio de seguridad jurídica(2).

5. La cosa juzgada constitucional tiene como efecto, de un lado, la prohibición de que las autoridades puedan reproducir o aplicar el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo; y de otro lado, implica una restricción frente a la propia actividad de la Corte, ya que si este tribunal se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, pierde prima facie la competencia para pronunciarse nuevamente sobre el mismo tópico, en armonía con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.

Por tanto, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que en relación con las sentencias de constitucionalidad rige el principio general de la cosa juzgada constitucional absoluta, el cual impide que el juez se pronuncie de nuevo sobre lo que ya ha sido juzgado por esta corporación en providencias anteriores de constitucionalidad. Este principio cobra mayor relevancia cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en estos casos las normas analizadas y encontradas contrarias a la Carta Política son expulsadas del ordenamiento jurídico.

De esta manera, la figura jurídica de la cosa juzgada constitucional se orienta a garantizar la estabilidad de las sentencias judiciales, la certeza(3) respecto de sus efectos, y la seguridad jurídica”(4).

Dentro de este marco jurisprudencial y retomando los argumentos esbozados en el auto que decretó la suspensión provisional y de conformidad con el precedente de la Corte Constitucional, y sin que en desarrollo del proceso se hayan desvirtuado los fundamentos que dieron lugar a la misma, por haberse encontrado que la expresión acusada contraría el artículo 53 de la Ley 65 de 1993 y el principio de la cosa juzgada constitucional contenido en el artículo 243 de la Constitución Política, se declarará la nulidad de la expresión “material pornográfico” contenida en el artículo 34 de la Resolución 122 de 8 de febrero de 2005, reglamento interno del establecimiento penitenciario de alta y media seguridad de La Dorada Caldas, aprobado por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, mediante Resolución 1605 de 4 de abril de 2005.

Respecto de las solicitudes relacionadas con la inclusión en la resolución parcialmente acusada de la permisión de material pornográfico y de compulsar copias para que se investigue si hay lugar a imponer sanciones, la Sala estima que no son procedentes por cuanto las personas privadas de su libertad se encuentran sujetas al reglamento interno del establecimiento penitenciario avalado por el Inpec y, al desaparecer del ordenamiento jurídico la prohibición, no es necesario hacer expresa su permisión.

Tampoco hay lugar a compulsar copias a quienes reprodujeron una disposición declarada inexequible porque de manera reiterada y así lo acreditó en el proceso la apoderada del Inpec, el director del establecimiento carcelario acorde con el concepto emitido por la dirección general, dejó de aplicar la disposición.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda planteada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por las razones expuestas en este proveído.

2. DECLARAR la nulidad de la expresión “material pornográfico” contenida en el artículo 34 de la Resolución 122 de 8 de febrero de 2005, expedida por el director del establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad de La Dorada Caldas, aprobada por la Resolución 1605 de 4 de abril de 2005 del director del Inpec.

3. NEGAR las demás súplicas de la demanda por los motivos expresados en la sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia C-287/2014, M.P.(sic)

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-1022 de 2012.

(3) Sentencia C-153 de 2002.

(4) Ver sentencias C-337 de 2007, C-774 de 2001, C-548 de 2002, C-478 de 1998, entre otras.