Sentencia 2009-00538 de febrero 29 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 19001-3110-003-2009-00538-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado y discutido en Sala de 22 de febrero de 2012)

Bogotá D.C., veintinueve de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 374 ibídem, la demanda de casación debe contener los siguientes requisitos:

“1. La designación de las partes y de la sentencia impugnada. 2. Una síntesis del proceso y de los hechos, materia del litigio. 3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.

A su vez el inciso 4º del precepto 373 del mismo estatuto procesal, al reglamentar el trámite pertinente de la impugnación extraordinaria prescribe perentoriamente que “presentada en tiempo la demanda, se examinará si reúne los requisitos formales, sin calificar el mérito de los cargos, y en caso negativo declarará desierto el recurso y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen”.

Y, el 368 ibídem señala las causales de casación así: “1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial (...) La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también como consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba (...) 2. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (...) 3. Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias (...) 4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se surtió la consulta siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357 (...) 5. Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”.

2. Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el ordenamiento jurídico vigente le impone al impugnante la obligación ineludible de sustentarlo mediante la introducción oportuna del respectivo escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar y dejar sin efecto, cuando interviene directamente, o su vocero judicial, no tienen plena libertad de configuración.

Ciertamente, una demanda de este linaje debe reunir los citados requisitos formales establecidos en la ley, por cuanto el combate en este estadio se circunscribe a la sentencia que causó el agravio cuya reparación se busca, y no constituye el escenario adicional de una tercera oportunidad a la que se prolongan con amplitud y sin restricciones las controversias ya agotadas en las instancias, en el que se permita de manera panorámica enjuiciar todo el proceso.

Igualmente, la censura es la que tiene a su cargo el deber irremplazable de explicitar y precisar cuál o cuáles son los motivos o razones de los que se sirve para obtener la finalidad pretendida, puesto que a la Corte le está vedado suplantar su voluntad y mucho menos actuar de oficio en pro de hallar el fundamento de la inconformidad.

Por consiguiente, en el escrito mediante el cual se formaliza la impugnación se debe aducir o invocar como mínimo una de las causales mencionadas y desarrollarlas en consonancia con su contenido. Así entonces, cuando se trata de violación de normas sustanciales, al censor le corresponde identificar las que ostentan tal entidad, precisar cómo se produjo el quebrantamiento e indicar la clase de error de hecho o de derecho cometido; en caso de inconsonancia, le compete señalar en dónde está la desarmonía; en el supuesto de disposiciones contradictorias, anotar cuáles son; en el evento de la reforma en perjuicio, manifestar cómo se estructuró y en los eventos de nulidades, expresar cuál de ellas y cómo aparece configurada. En suma, la demanda de casación está sometida a unas reglas formales mínimas de cumplimiento imperativo, cuya desatención genera su inadmisión y de forma complementaria la deserción del recurso.

Sobre el particular ha sido constante la jurisprudencia de la corporación, al decir “que para que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida (CPC, art. 373-4)” (proveído de mayo 11/2010, Exp. 2004-00623-01, entre otros).

En Auto 109 de 3 de junio de 2008, proceso 1997-00446-01, expuso: “La naturaleza extraordinaria del recurso de casación, distinta por supuesto a los demás medios de crítica de las decisiones judiciales, supone el cumplimiento cabal de algunos requisitos específicos que la ley procesal determina como indispensables para que la impugnación sea estudiada por la Corte.

“La admisión de la demanda que sustenta el recurso de casación exige el cumplimiento cabal de los requisitos previstos por el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, disposición que grava al recurrente con la carga de sustentar la censura dentro de los estrictos parámetros allí previstos, pues la finalidad del escrito y la importancia de la impugnación reclaman mayor atención y diligencia de la que normalmente se exige a los litigantes cuando por los medios ordinarios recurren otras decisiones del proceso. Esa norma prevé que dicho escrito debe plasmar en forma 'precisa' los fundamentos de cada uno de los cargos que se formulan, los cuales, desde luego, habrán de encausarse al abrigo de las causales consagradas en el artículo 368 ibídem. Como ha dicho esta Sala, la demanda de casación ‘... debe contener los fundamentos de cada censura, 'en forma clara y precisa'; lo primero supone expresar la acusación en forma paladina, es decir, mediante la exposición del reproche de manera concisa y coherente como corresponde al estrado (sic) de la casación al que se llega cuando la controversia se ha depurado suficientemente en las dos instancias precedentes. La precisión significa exactitud y acierto en la identificación de los defectos que a la sentencia se atribuyen para ver su adecuación a la causal que le sirve de cimiento” (auto de nov. 30/2004, Exp. 0001501, reiterado en auto de nov. 7/2007, Exp. 003001)”.

3. El convocado, en nombre propio, en razón de ser abogado allegó un escrito contentivo de la “demanda de casación”, conformado por cinco (5) cargos, todos apoyados en la primera causal de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por infracción indirecta de la ley sustancial, sustentados, el primero, el tercero y el quinto, en errores de derecho y los otros de facto, de la forma que a continuación se expone:

I. Cargo primero:

Lo ubica “en el señalamiento de los hechos que sustenta el petitum”, dado que la parte actora fuera de manifestar que las relaciones se tornaron en sexuales y el lapso en que se sostuvieron, “omitió explicar dónde sucedieron, en qué circunstancias, porqué cesaron, cuando terminaron, etc., los hechos a través de los cuales pudo haber inferido el juzgador esas relaciones, al tenor de lo que dispone el inciso final del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, artículo 176 ibídem”.

Luego de transcribir unos fragmentos doctrinarios y jurisprudenciales relacionados con la precisión en la narración de los hechos sustento de las pretensiones, concluye que los “aducidos en el contexto de la sentencia proferida, no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 75 numeral 6º y 176 del Código de Procedimiento Civil, pues estos no estaban claros o debidamente determinados, clasificados y enumerados, y probados (...) para que pudieran servir de base” del fallo.

II. Cargo segundo:

Acusa la sentencia de quebrantar “los artículos 29 de la Carta Política, 29 de la Ley 45 de 1936, 6º de la Ley 75 de 1968, 4º y 8º de la Ley 721 de 2001, y 187 del Código de Procedimiento Civil por violación indirecta, referido a los artículos 401, 402 y 403 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de la prueba de ADN”, dado que por sí sola, ella “no es suficiente para inferir la paternidad, ya que a esta debe sumársele otros medios, como la declaración de terceros”, pero como el tribunal la tuvo en cuenta “por cuanto el resultado de probabilidad es superior al 99.9%”, desconoció “las reglas de la sana crítica indicadas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”.

III. Cargo tercero:

Mediante él denuncia “la transgresión indirecta” de los mismos preceptos referidos en el ataque anterior, con excepción de los correspondientes al último estatuto citado, por “error de derecho en la apreciación de la prueba de ADN (...) aplicando la extinguida tarifa legal” y no haberse ordenado ni practicado “la prueba de investigar (...) sobre el padre de los hijos que señaló la demandante procreó con el señor Ricardo Antonio Giraldo y que para la época tenían entre 6 y 8 años de edad”, pues estima que de haberla dispuesto, aún de oficio, “la determinación en equidad y justicia había sido contraria a la tomada en el fallo recurrido”.

Agrega que los testimonios de Luz Damaris y Ana Mariela Guerrero Ortega “no son tan ‘claros, detallados, con indicación de las razones de sus dichos, que coinciden con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrados en la demanda, como equivocadamente los ha considerado el tribunal en su sentencia, para complementar el referido dictamen”.

Que de haberse realizado las operaciones aritméticas para establecer la edad que Ralfy Arley y Daniel Giraldo Guerrero, hijos de la demandante, tenían para 1997, a otra conclusión habría llegado el tribunal, dado que “esas circunstancias hacen presumir pluralidad de relaciones sexuales dentro del periodo en que se presume la concepción del menor”.

IV. Cargo cuarto:

Edifica tal censura en el quebranto de “los artículos 6º de la Ley 75 de 1968, ordinales 4º, 5º, y 6º, 8º, parágrafo 3º de la Ley 721 de 2001 (que reformó L. 75/68, art. 14) y 29 de la Carta Política, por indebida aplicación, a causa de error de hecho por falso juicio de identidad al apreciar los testimonios de Luz Damaris Guerrero Ortega y la tía del menor Ana María Guerrero Ortega”, porque de ellos “no se puede establecer las relaciones sexuales en la época de la concepción del menor, ni el trato personal o social dado por el supuesto padre. Tampoco se acredita posesión notoria del estado civil del hijo, aspectos señalados en los ordinales 4º a 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968 sobre presunción de la paternidad extramatrimonial”, pues aquellas solo “expresan que el demandado es el papá del menor, pero dentro de sus versiones utilizan expresiones, que no conducen a inferir en forma plena y certera, más allá de toda duda, lo que extrae la corporación...”, y no constituyen plena prueba para demostrar los hechos, ni refuerzan la de ADN.

V. Acusación quinta:

La hace consistir en infracción de “los artículos 29 y 33 de la Carta Política, por error de derecho” dado que el tribunal consideró que su interrogatorio constituía “prácticamente una confesión”, al responderlo con evasivas, valorándolo “como un indicio grave en su contra en concordancia con lo dispuesto en el inciso final del artículo 210 ibídem” (sic), y que al decir que no se puede tomar “como una confesión ficta o presunta, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión, sobre los cuales versan dichas preguntas, en la medida en que el interrogatorio no fue presentado en forma escrita”, no ofrece claridad sobre si acepta o no tal “confesión”. Que “al parecer (...) lo que se quiso decir que era otro indicio más para la demostración de la paternidad”, lo que se trata “de una apreciación errónea”, pues “el tribunal le señaló a esa presunción los mismos efectos probatorios de la confesión real”.

Termina solicitando que se case la sentencia acusada y en su lugar se revoque la de primera instancia, “declarando que no hay lugar para reconocer como hijo natural [suyo] al menor Kevin Andrés y en consecuencia que con el dicho de las testigos este tratamiento paterno filial es insuficiente para presumir la existencia del vínculo consanguíneo”.

4. Ya se dijo que dada la especial naturaleza de esta clase de censura, su formulación debe ceñirse a unos parámetros o requerimientos mínimos que no es permitido omitir o desconocer, so pena de que la demanda no sea recibido a trámite.

5. Revisado el libelo se advierte que el mismo carece de los requisitos formales exigidos para su admisibilidad, pues corresponde a un insuficiente alegato mediante el cual el convocado cuestiona el pronunciamiento del ad quem, como si se tratara de intervenir en el curso de una tercera instancia, en la que todavía fuere posible y se admitieran reproches frente al proceso, sin tener en cuenta que su laborío dentro del presente recurso extraordinario se circunscribe a la sentencia por ser ella la generadora del agravio que le fue inferido y cuya reparación pretende.

6. Así, para determinar su idoneidad, la Corte abordará inicialmente y de manera conjunta el inicial y tercer reproches, en virtud de la comunidad de razones que conducirán a su fracaso; luego el quinto, que al igual que los anteriores se amparan en la primera causal de casación, vía indirecta, error de derecho y, finalmente los restantes que edificados sobre el mismo motivo, le endilgan al fallo haber incurrido en dislates fácticos.

7. En cuanto atañe a aquellos, se echa de menos la observancia del requerimiento previsto en la parte final del precepto 374 del Código de Procedimiento Civil, dado que al acusarse el fallo de vulnerar de manera “indirecta” la ley sustancial como consecuencia de yerros de iure, debió precisar las normas de carácter probatorio que consideraba infringidas, lo mismo que explicar en qué consistía y cómo se produjo el quebranto que condujo a desconocer las disposiciones de derecho sustancial regentes o que han debido gobernar el caso y su repercusión en la decisión acusada, lo cual no se hizo.

Véase que en el primer embate, el censor se limitó a cuestionar el libelo genitor, en cuanto a que no reunía los requisitos del numeral 6º del artículo 75 ibídem, porque los hechos “no estaban claros o debidamente determinados, clasificados y enumerados, y probados (...) para que pudieran servir de base de un fallo de tanta trascendencia como lo es el reconocimiento del vínculo paterno-filial”, sin precisar qué “norma probatoria” se desconoció, de qué manera se produjo tal agravio y cuál fue el influjo que dicha equivocación produjo en el fallo opugnado.

Adicionalmente, se advierte que el reparo efectuado al libelo genitor, no fue tratado en la sentencia atacada, tampoco antes, ni siquiera sugerido por el recurrente en el decurso procesal a través de la excepción previa señalada en el numeral 7º del precepto 97 ibídem, lo que constituye un medio nuevo, inadmisible en casación, puesto que desconocería el derecho de defensa de los intervinientes y pugnaría con la índole y esencia de la censura extraordinaria, pues “[b]ien se ha acotado, una y otra vez, que lo que no existe en las instancias, no existe en el marco de la casación” (sent. de feb. 25/2005, Exp. 5968 02).

La misma falencia comporta el tercer ataque, en el que fuera de endilgar equivocación en la apreciación del ADN, al aplicar la “extinguida tarifa legal”, y no “ordenarse y practicarse la prueba de investigar (...) sobre el padre de los dos hijos que señaló la demandante procreó con el señor Ricardo Antonio Giraldo Cuervo y que para la época tenían entre 6 y 8 años de edad”, inobservó el mismo deber impuesto en la parte in fine del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, dejando por tanto, incompleta la acusación y a la Corte sin ese elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada.

8. En las condiciones reseñadas, los citados reproches carecen de idoneidad para aceptarlos, pues si el error de iure “se estructura cuando, el sentenciador en presencia de determinado medio de convicción, el que además aprecia y contempla objetivamente, toda vez que no se trata de ninguna preterición o desconocimiento, se distancia de las normas reguladoras de la misma respecto a su producción, incorporación oportuna y valoración” (auto de ene. 20/2010, Exp. 2005-00192-01), entonces, en razón de que los dos embates precitados se edificaron sobre la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia del referido yerro, como lo dijo la Sala en auto de 23 de mayo de 2011, Expediente 2002-00282-01, le correspondía al “recurrente, por una parte, señalar no solo las normas de carácter sustancial que se estimen quebrantadas, (...) sino también ‘las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas’, y por otra, explicar ‘en qué consiste la infracción’ de estas, y, finalmente, especificar las pruebas sobre las que recayó el desacierto del juzgador”.

9. Dado que el libelista no procedió de esa manera, ni cumplió con la tarea de demostrar el yerro, como lo exige el inciso 2º del canon 374 ejusdem, pues no se hizo labor alguna de contraste entre lo que objetivamente muestran las probanzas aparentemente mal valoradas y lo que del examen de las mismas efectuó el juzgador, se itera, esa falta de técnica impide la admisión de tales cargos.

10. En cuanto al quinto, de la misma estirpe de los acabados de analizar, tampoco es dable su acogida, toda vez que en él se omitió señalar las normas de derecho sustancial que se estimaban infringidas, pues si bien se endilga violación de “los artículos 29 y 33 de la Carta Política”, para efectos del recurso extraordinario de casación, ellos no pueden considerarse tales, puesto que como lo tiene decantado la constante jurisprudencia de la Corte, solamente pueden aceptarse de esa naturaleza, aquellas que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación, al tiempo que ‘constituyen la médula del litigio, en tanto que en ellas aparece consignado el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica que es objeto de debate...’ de manera que ‘... no cualquier norma de derecho sustancial... debe denunciarse vulnerada, sino una que sea pertinente a lo decidido, bien con la pretensión o con la oposición (...)’” (auto de dic. 13/2011, Exp. 2008-00146-01).

Al respecto es del caso recordar, como lo indicó la Sala en auto de 9 de agosto de 2010, Exp. 2002-00198-01,

“que aunque los preceptos que integran la Constitución Política y que consagran derechos tienen obviamente naturaleza sustancial, comoquiera que de su desarrollo práctico pueden nacer, alterarse o finalizar situaciones jurídicas específicas, ello no implica que esa condición sea suficiente para considerar que su invocación en un cargo aducido en casación, conduzca indefectiblemente a colegir la aptitud del mismo, esto es a estimar que tales disposiciones sean normas sustanciales para efectos del recurso extraordinario de casación, toda vez que las normas constitucionales, por su naturaleza, están llamadas a ser desarrolladas por la ley y, por consiguiente, son los preceptos de esta, y no los de la Carta Política, los que se ocupan de regular el ejercicio de los derechos que de unas y otras se desprenden, de lo que se infiere que si una situación específica ha derivado en conflicto y el mismo ha sido llevado a decisión de los jueces, para solucionarlo ellos deben, por regla de principio, aplicar la ley, en tanto que es ella la que debe hacerse actuar en la búsqueda de la solución aplicable y, por ende, la que podría ser transgredida de manera inmediata.

“En tal orden de ideas, en cuanto a controversias judiciales se refiere, la infracción de los preceptos constitucionales, en las circunstancias del caso, puede producirse en la medida en que en un determinado asunto se haya actuado con desconocimiento o en contravía de las normas legales que lo desarrollan, de lo que se desprende que mientras el quebranto de estas últimas ocurre primero y directamente, el de aquellos se da solamente por rebote o como reflejo de esa inicial vulneración”.

11. Dado que en este asunto, los preceptos supralegales señalados como infringidos, en estricto sentido no gobiernan el debate sustancial que dio origen al fallo cuestionado, habida consideración que no contemplan los supuestos hipotéticos y las consecuencias jurídicas que pudieron ser inadvertidos o inaplicados por el ad quem, sino que consagran principios que inspiran la actividad jurisdiccional, la inconsistencia del libelo, se muestra inocultable.

12. Por eso, la Sala, en varias determinaciones, como en la de 13 de diciembre de 2011, Exp. 2008-00146-01, ha inadmitido demandas de casación, en las que se ha invocado como “sustancial”, entre otras normas constitucionales, el artículo 29. Y, en cuanto al 33 aquí también esgrimido, según el cual, “[n]adie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, a más de lo expuesto, es claro que el mismo no tiene aplicación en materia civil, sino únicamente, en los asuntos criminales, correccionales y de policía, como lo ha dejado sentado la Corte Constitucional, en sentencias C-052 de 1993, C-426 de 1997, C-622 de 1998, C-102 de febrero 8 de 2005, C-880 de agosto 23 de 2005 y C-1287 de 2001. En esta reiteró:

“Ahora bien, a pesar de que la redacción del artículo 33 de la Carta pareciera dar a entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo de declaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta corporación, con fundamento en la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentos complementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaraciones que deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. En efecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto 1400 de 1970 (CPC), referentes al interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instancia de parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 1997, descartó el cargo de inconstitucionalidad esgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 de la Constitución, considerando que esta disposición superior no resultaba aplicable a tal procedimiento”.

13. Así las cosas, evidenciada la falencia técnica del libelo antes referido, y dado que en el acápite de él, en donde de manera específica se formula la acusación, no se atendió el requerimiento que al respecto efectúa la parte final del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, se itera, el 5º embate tampoco es admisible.

14. La misma consecuencia de los anteriores se advierte en los ataques segundo y cuarto, en los que se denuncian errores fácticos, en aquel por haberse apreciado como suficiente el medio persuasivo de ADN para inferir la paternidad, sin haberse sumado “otros medios, como la declaración de terceros”, lo que tipifica el “error de hecho al desconocer las reglas de la sana crítica indicadas en el art. 187 del Código de Procedimiento Civil”; y, en este “al apreciar los testimonios de Luz Damaris Guerrero Ortega y la tía del menor Ana María Guerrero Ortega”, cuando de ellos “no se puede establecer las relaciones sexuales en la época de la concepción del menor, ni el trato personal o social dado por el supuesto padre [ni] se acredita posesión notoria del estado civil del hijo”, es decir que no constituyen plena prueba para demostrar los hechos, ni refuerzan la científica en comento.

15. En relación con el yerro de hecho, se impone precisar que la actividad que le incumbe desarrollar al impugnante para satisfacer las formalidades legalmente establecidas, han de concretarse a su demostración técnica, haciendo ver la notoriedad y trascendencia del mismo, para lo cual debe identificar los medios de persuasión y mediante la contrastación o cotejo entre lo percibido por el sentenciador y el contenido material del elemento de juicio, poner al descubierto el desacierto, es decir, exhibir claramente la contrariedad de la determinación tomada con la realidad que surge del proceso y que pueda producir unas consecuencias jurídicas.

Esta corporación en fallo de 2 de julio de 2010 Expediente 1998-05275-01 sobre el citado tema reiteró que “(...) ‘el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, ‘(...) luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (...)”.

16. Como en el penúltimo cargo que se viene analizando, el censor acusa al tribunal de haber considerado “que el examen de genética es suficiente por sí solo para inferir la paternidad, por cuanto el resultado de probabilidad es superior al 99.9%, desconociendo que este por sí solo no lo convierte en prueba determinante para establecer la paternidad”, tal inconformidad muestra que ella nada tiene que ver con la suposición, pretermisión o alteración material de las pruebas que es lo que estructura el citado desatino, sino con el alcance que el sentenciador le otorgó a la de ADN, lo que por tanto desborda el error fáctico enrostrado.

La Corte, en auto de 8 de abril de 2011, Expediente 2004-00401-01 expuso: “(...) el recurrente plantea una discrepancia acerca de la fuerza de convicción que arrojan las mencionadas declaraciones, lo cual, desde luego, escapa al ámbito del yerro fáctico, que tiene como propósito corregir la inobservancia material de las pruebas, cuando ella es trascendente. Recuérdese que ‘no basta en el estrado de la Corte con presentar un alegato como el que es común en las instancias, sino que se requiere una censura elaborada y contundente, que ponga de manifiesto dónde está el error, porqué se produjo y qué consecuencias tiene. La fuerza de la acusación se halla ligada a la difícil tarea de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que acompaña a la sentencia, la cual, contrario sensu, permanecería inmune frente a reproches que desatienden los precisos requisitos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil’ (auto de ago. 30/2010, Exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01)”.

17. Ahora, en razón de la insuficiencia que el censor le atribuye al referido medio de convicción, le correspondía a este acreditar la existencia de algún mandato legal que impusiera unos complementarios, lo que tampoco hizo hipótesis en la cual, ya el dislate no sería de hecho, como fue denunciado.

Es más, cuando en este cargo por “error de hecho”, el censor endilga el desconocimiento de “las reglas de la sana crítica indicadas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”, resulta entremezclando aspectos propios del yerro de iure, todo lo cual robustece la carencia de idoneidad del reproche e impide tener claridad sobre su alcance.

18. En lo atinente al cuarto embate, en el que cuestiona los testimonios de Luz Damaris Guerrero Ortega y la tía del menor Ana María Guerrero Ortega”, porque de ellos “no se puede establecer las relaciones sexuales en la época de la concepción del menor” y no constituyen plena prueba para demostrar los hechos, ni refuerzan la de ADN, el mismo se muestra insuficiente dado que el tribunal no fundó su fallo, solo en esas atestaciones.

En efecto, el ad quem soportó tal decisión en varios aspectos, entre ellos, “la cadena de custodia” impartida a la muestra de sangre tomada al menor, a su progenitora y al accionado, “el alto grado de especialización del laboratorio” que rindió el dictamen, lo que constituía “un fiel reflejo de idoneidad del medio probatorio”, la autorización que el Estado le había otorgado a aquel, el porcentaje de “probabilidad de paternidad” que arrojó la prueba científica (99.9999%), la conclusión de la experticia en el sentido de que “[e]s 1.261.636,4983 veces más probable que Efrén Bermúdez Rengifo sea el padre biológico del (la) menor Kevin Andrés a que no lo sea”, la importancia que la Corte le ha reconocido al examen de marcadores genéticos de “ADN” para establecer la verdadera filiación de una persona y la “idoneidad en los peritos que realizaron la prueba genética; que en su práctica se dio aplicación a los parámetros que la ley ha previsto para ello, que el resultado de la misma goza de firmeza”, fundamentos del fallo que al no haber sido cuestionados por el recurrente extraordinario, dejan erguida la presunción de legalidad y acierto con que el fallo ha arribado a la Corte, a la par que evidencian la insuficiencia e intrascendencia de la censura, porque aceptando que con dichas declaraciones no se acredita la paternidad, tal determinación se mantiene en pie con los demás pilares sobre los cuales fue construido y particularmente con la experticia heredo-biológica practicada en este asunto.

Respecto de la omisión de abordar la integridad de los fundamentos de la sentencia, se recuerda “que en tratándose de la causal primera de casación, cuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si aun haciéndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, este no puede ser quebrado, pues, sin lugar a dudas, en este caso el cargo no está ceñido a la disciplina técnica del recurso en su formulación. La Corte de manera constante ha venido sosteniendo que la acusación incompleta pugna contra la técnica del recurso extraordinario de casación; que cuando el ataque en casación se apoya en infracción de norma sustancial, solo puede aspirarse al quiebre de la sentencia acusada si se impugnan exitosamente todos los cimientos en que viene apoyada; y que combatir apenas alguno o algunos de esos cimientos pugna con la técnica que informa el recurso extraordinario de casación, como que aun cuando ellos saliesen airosos, los que quedaron al margen de la censura continuarían sirviéndole de soporte al fallo y la Corte estaría por lo mismo impedida para examinarlos...” (auto de nov. 8/2011, Exp. 2005-00501-01, entre otros).

19. Finalmente ha de indicarse que en sede de casación, la formalidad de la demanda no se satisface efectuando un discurso genérico en el que se ensaye una interpretación distinta del análisis probatorio efectuado por el ad quem; lo que se exige es que haya confrontación de lo expresado por este y lo consignado en los elementos demostrativos que acogió, con la finalidad de establecer en qué radica la equivocación y cuál es su trascendencia en el fallo.

La Sala tiene dicho que cuando se acusa la sentencia de violación indirecta de la ley sustancial, es imperativo que el impugnante “más que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo —o debió extraer— el tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada” (Cas. Civ., sent. de mar. 23/2004, Exp. 7533).

20. Lo expuesto corrobora la ausencia de requisitos formales de la demanda de casación, lo que por tanto ha de conducir a su inadmisión y a que se declare desierto el recurso extraordinario propuesto, tal como lo dispone el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por la parte demandada.

2. Devolver el expediente a la oficina de origen, por conducto de la secretaría.

Cópiese y notifíquese».