Sentencia 2009-00542/41054 de marzo 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 73001-23-31-000-2009-00542-01(41054)

Actor: Silverio Góngora Martínez y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad – Absolución en aplicación del principio in dubio pro reo / Reiteración jurisprudencial / Perjuicios – Se acreditó la calidad de hijos de crianza.

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia fechada el 11 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

En escrito presentado el 20 de noviembre de 2009, el señor Silverio Góngora Martínez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Lina Marcela Góngora Barajas, Juan Manuel Góngora Sánchez, María Victoria Góngora Sánchez y Paula Vanessa Góngora Sánchez; Teresa Sánchez Ruiz, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Luis Alejandro Acuña Sánchez y Nelson Damián Acuña Sánchez; Jorge Mario Góngora Barajas, José Luis Góngora Reyes, Yenny Jimena Góngora Reyes, Carol Saira Góngora Reyes y Miguel Ángel Acuña Sánchez, por conducto de apoderado judicial interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó el primero de los mencionados actores dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar lo siguiente:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de $50’000.000, correspondiente a los honorarios cancelados al abogado que asistió al señor Góngora Martínez en el proceso penal adelantado en su contra; por lucro cesante, la suma de $25’000.000, en razón de los salarios dejados de percibir durante la privación de la libertad del ahora demandante.

Asimismo, por concepto de perjuicios morales, se deprecó el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Silverio Góngora Martínez y el equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demás demandantes.

Finalmente, a título de daño a la vida en relación, se pidió un monto equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el señor Góngora Martínez.

2. Los hechos.

Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes:

En razón de los señalamientos realizados por desmovilizados del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, la Fiscalía inició un proceso penal en contra del señor Silverio Góngora Martínez por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

De acuerdo con el libelo, el ente investigador resolvió la situación jurídica del señor Silverio Góngora Martínez, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por considerarlo autor del delito en mención, siendo capturado el 1º de enero de 2008 y, posteriormente, recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué.

Se narró que la Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué, a través de providencia calendada el 27 de junio de 2008, precluyó la investigación a favor del señor Góngora Martínez y ordenó su libertad inmediata.

Según indicó la parte actora, el señor Silverio Góngora Martínez, como consecuencia del proceso penal al que fue vinculado, estuvo privado injustamente de su libertad entre el 1º de enero y el 27 de junio de 2008.

3. Trámite en primera instancia.

3.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima1, la cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas2.

3.2. La Nación – Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones. Propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva, con fundamento en que las conductas descritas en la demanda no correspondían a actuaciones de la Rama Judicial3.

3.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones. Sostuvo que la medida de aseguramiento se impuso con fundamento en que existían pruebas suficientes que comprometían la responsabilidad penal del indiciado.

Enfatizó en el hecho de que la absolución del señor Silverio Góngora Martínez obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo, luego, no era posible declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía4.

3.4. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 22 de noviembre de 20105, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte actora reiteró lo expuesto en la demanda6 y la Fiscalía General se refirió a lo expuesto en su contestación7.

4. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia dictada el 11 de marzo de 2011, negó las pretensiones de la demanda.

El juzgador de primera instancia sostuvo, en síntesis, que no había lugar a exigir indemnización alguna en cabeza del Estado, en razón de un error judicial o de una falla en el servicio, dado que el señor Silverio Góngora Martínez fue absuelto por la aplicación del principio universal de in dubio pro reo.

Concluyó que el señor Góngora Martínez se encontraba en la obligación de soportar la carga de la investigación, toda vez que, de acuerdo con las pruebas existentes, constaba al menos un indicio grave de responsabilidad en su contra8.

5. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación e insistió en que debía declararse la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad que soportó el señor Silverio Góngora Martínez.

Indicó que la Fiscalía no realizó un análisis riguroso del caso, dado que las pruebas recolectadas no eran suficientes para la imposición de una medida restrictiva de la libertad9.

6. El trámite en segunda instancia.

El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto calendado el 20 de mayo de 201110. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo11, oportunidad en la que intervino la entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, para reiterar lo expuesto a lo largo del proceso12.

El Ministerio Público, en su concepto, señaló que la sentencia proferida en primera instancia debe revocarse y, por ende, que el Estado debe reparar el daño ocasionado al señor Góngora Martínez por la privación injusta de su libertad13.

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. la competencia de la Sala; 3. el ejercicio oportuno de la acción; 4. los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5. las pruebas aportadas al proceso; 6. el caso concreto: la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Silverio Góngora Martínez bajo el régimen objetivo por absolución en aplicación de principio de in dubio pro reo; 7. el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 8. la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Silverio Góngora Martínez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso14.

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad15.

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Silverio Góngora Martínez, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Revisado el expediente, advierte la Sala que como no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación a favor del ahora demandante, se tendrá en cuenta la fecha en que se dictó tal providencia, con el fin de contabilizar el término de caducidad.

En ese sentido, comoquiera que la sentencia de absolución se profirió el 27 de junio de 2008, resulta forzoso concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto la misma se impetró el 20 de noviembre de 200916.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se podrá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir—, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva17.

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

5.1. Documentales en original, en copia auténtica o en copia simple:

En cuanto a las pruebas relacionadas con la legitimación de los demandantes para incoar las pretensiones de la demanda.

— Registros civiles de nacimiento de Lina Marcela Góngora Barajas18, Paula Vanessa Góngora Sánchez19, María Victoria Góngora Sánchez20, Juan Manuel Góngora Sánchez21, Carol Saira Góngora Reyes22, Jorge Mario Góngora Barajas23, Yenny Jimena Góngora Reyes24 y José Luis Góngora Reyes25, por medio de los cuales se acredita que son hijos del directamente afectado Silverio Góngora Martínez26.

— Registros civiles de nacimiento de Nelson Damián Acuña Sánchez27, Miguel Ángel Acuña Sánchez28 y Luis Alejandro Acuña Sánchez29, por medio de los cuales se prueba que son hijos de Teresa Sánchez Ruiz.

En lo atinente a las pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del directamente afectado Silverio Góngora Martínez.

— Resolución calendada el 13 de diciembre de 2007, por medio de la cual el Fiscal Cuarto Especializado de Ibagué resolvió la situación jurídica del señor Silverio Góngora Martínez, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva como autor del delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas30.

— Oficio 1 CTIUIPJGC del 1º de enero de 2008, expedido el Grupo capturas de la Fiscalía General, por medio del cual se hizo efectiva la orden de captura número 421488 en contra del señor Góngora Martínez31.

— Providencia fechada el 8 de febrero del 2008, por medio de la cual la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué confirmó el contenido de la Resolución proferida el 13 de diciembre de 200732.

— Providencia dictada el 27 de junio de 2008 por la Fiscalía Cuarta Especializada Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué, a través de la cual se precluyó la instrucción a favor del señor Silverio Góngora Martínez y se ordenó su libertad inmediata33.

5.2. Testimoniales.

Se recopilaron las declaraciones testimoniales de los señores César Sánchez Rodríguez, Abraham Saavedra Barrero, José Ceferino Gutiérrez Moscoso y Magnolia Inés Aldana Martínez, quienes, en términos generales, refirieron: i) que la señora Teresa Sánchez Ruiz convivía en unión libre con el directamente afectado; ii) que Nelson Damián, Miguel Ángel y Luis Alejandro Acuña Sánchez, hijos de la señora Teresa Sánchez Ruiz, eran miembros del núcleo familiar del señor Góngora Martínez, quien se encargó de su crianza y, iii) que el señor Silverio Góngora Martínez, como consecuencia de la privación de su libertad, sufrió una afectación en su buen nombre34.

6. Caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra que el señor Silverio Góngora Martínez estuvo privado de su libertad, como posible autor de la conducta punible de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; no obstante, la Fiscalía Cuarta Especializada Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué, mediante providencia del 27 de junio de 2008, precluyó la investigación a favor del actor, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Apreciada la masa probatoria legalmente producida e incorporada a la presente actuación procesal, concretamente, la prueba de cargo registrada en numerales precedentes; en forma objetiva, desapasionada, analítica y sistemática, conforme a los postulados prescritos en el artículo 238 de la Codificación Formal Penal (Ley 600 de 2000), en armonía con las directrices orientadoras de la apreciación del testimonio, consagradas en el artículo 277, considera razonadamente esta Fiscalía Especializada que, frente a semejante manto de incertidumbre que se teje sobre el presunto financiamiento y apoyo económico que, presuntamente, prestó el actor, Silverio Góngora Martínez, Alcalde Municipal Encargado de San Luis, Tolima, fase histórica comprendida entre febrero a diciembre de 2004, a la mentada Fuerza Militar Irregular; no resulta jurídicamente factible, en sede dogmática de culpabilidad, realizar sobre su conducta, en grado del conocimiento de probabilidad de verdad, un juicio de exigibilidad35 (subrayas y negrillas fuera del texto).

Como se observa del aparte transcrito de la providencia, la absolución de responsabilidad penal a favor del señor Góngora Martínez se dio con fundamento en el principio de in dubio pro reo, toda vez que no se probó fehacientemente su responsabilidad en la conducta punible de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, manteniéndose incólume la presunción de su inocencia.

Como quedó reseñado líneas atrás, la privación injusta de la libertad también se configura cuando la absolución o preclusión del procesado es proveniente de la aplicación del principio universal in dubio pro reo y lo está bajo el régimen de responsabilidad de carácter objetivo36.

Ahora bien, de conformidad con las pruebas recaudadas en el presente caso, se tiene que el señor Silverio Góngora Martínez fue capturado el 1º de enero de 2008 y que recuperó su libertad el 27 de junio de 2008, esto es, con la providencia que precluyó la investigación en su contra.

Por otra parte, la Sala advierte que la demanda fue dirigida en contra de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación; sin embargo, de las pruebas obrantes en el expediente, cabe concluir que fue únicamente la Fiscalía, la cual, a través de sus decisiones, ocasionó el daño a los ahora demandantes, por lo que esta entidad es la única que deberá responder por los perjuicios irrogados a la parte actora.

Así las cosas, dadas las circunstancias fácticas descritas, resulta forzoso concluir que el señor Góngora Martínez no se encontraba en la obligación de soportar la privación de su libertad, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño ocasionado por la demandada.

Adicionalmente, no se acreditó en el proceso que el ahora demandante hubiere dado lugar, con su conducta, a la privación de la libertad, como tampoco que se hubiere presentado, en este caso, algunos de los eventos de exoneración de la responsabilidad de la entidad demandada.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Silverio Góngora Martínez.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios inmateriales.

7.1.1. Morales.

Se solicitó indemnización de perjuicios morales para los demandantes, derivados de la privación de la libertad que soportó el señor Silverio Góngora Martínez.

Está probado que los demandantes Lina Marcela Góngora Barajas, Paula Vanessa Góngora Sánchez, María Victoria Góngora Sánchez, Juan Manuel Góngora Sánchez, Carol Saira Góngora Reyes, Jorge Mario Góngora Barajas, Yenny Jimena Góngora Reyes y José Luis Góngora Reyes son hijos del directamente afectado Silverio Góngora Martínez.

Asimismo, con los testimonios rendidos en sede judicial se acreditó que la señora Teresa Sánchez Ruiz es la compañera permanente de la víctima directa del daño.

Finalmente, en cuanto a Luis Alejandro Acuña Sánchez, Miguel Ángel Acuña Sánchez y Nelson Damián Acuña Sánchez, quienes, según la demanda, son hijos de crianza del señor Góngora Martínez, la Sala encuentra acreditado, con sus registros civiles de nacimiento, que son hijos de la señora Teresa Sánchez Ruiz, compañera permanente del directamente afectado.

En este punto de la providencia, resulta oportuno señalar que la familia no se conforma únicamente por vínculos naturales y jurídicos, sino que se extiende a los lazos de amor, solidaridad y convivencia, como por ejemplo, entre padre e hijos de crianza, tal y como ocurre en este caso.

En efecto, por vía testimonial se acreditó que Silverio Góngora Martínez ha tenido a Luis Alejandro, Miguel Ángel y Nelson Damián Acuña Sánchez como sus hijos, tanto así que han convivido en el mismo núcleo familiar durante aproximadamente 12 años, aunado al hecho de que dependen económicamente de él, quedando así claro el vínculo familiar y afectivo entre estos. De lo anterior da cuenta la declaración de la señora Magnolia Inés Aldana Martínez:

“Preguntado.- Cuéntele al despacho, cómo está conformado el vínculo familiar del Dr. Silverio Góngora Martínez.- Contesto.- Son 8 hijos, la esposa se llama Teresa Sánchez ellos viven más o menos hace 12 años, viven en unión libre, tienen 3 hijos dentro del matrimonio Paula, Victoria y Juan Manuel Góngora Sánchez, y la señora Teresa tiene 3 hijos de ella que se llaman Miguel Ángel, Nelson y Luis Alejandro, viven con Silverio y dependen económicamente de él”.

En el mismo sentido, el señor José Ceferino Gutiérrez Moscoso manifestó en su testimonio lo siguiente:

Preguntado.- Cuéntele al despacho, como está conformado el vínculo familiar del Dr. Silverio Góngora Martínez.- Contesto.- Hace aproximadamente 13 años vive con doña Teresa Sánchez y ellos tienen 3 hijos de ellos Paula Vanessa Góngora Sánchez, Juan Manuel Góngora Sánchez y Maria Victoria Góngora Sánchez, y Teresa tiene 3 hijos más que se llaman Miguel Ángel Acuña Sánchez, Nelson Acuña Sánchez y Luis Alejandro Acuña Sánchez, que dependen de él desde que se juntaron Silverio y Teresa, él siempre ha respondido por ellos y los ha reconocido como sus hijos” 37.

En conclusión, acreditado el vínculo familiar entre el directamente afectado y Luis Alejandro, Miguel Ángel y Nelson Damián Sánchez, queda claro que estos últimos cuentan con legitimación en la causa por activa, por manera que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue víctima su padre de crianza.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Silverio Góngora Martínez le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, comoquiera que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a su compañera permanente y a sus hijos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atraviesa su ser querido.

Pues bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, expediente 36.149 que a su tenor estableció:

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”38 (negrillas y subrayas de la Sala).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el ahora demandante estuvo privado injustamente de su libertad por 5 meses y 26 días, se les reconocerá a los actores, por concepto de perjuicios morales, los siguientes montos:

Silverio Góngora Martínez (Víctima directa del daño)50 smlmv.
Teresa Sánchez Ruiz (Compañera permanente)50 smlmv.
Lina Marcela Góngora Barajas (hija)50 smlmv.
Juan Manuel Góngora Sánchez (hijo)50 smlmv.
María Victoria Góngora Sánchez (hija)50 smlmv.
Paula Vanessa Góngora Sánchez (hija)50 smlmv.
Jorge Mario Góngora Barajas (hijo)50 smlmv.
José Luis Góngora Reyes (hijo)50 smlmv.
Yenny Jimena Góngora Reyes (hija)50 smlmv
Carol Saira Góngora Reyes (hija)50 smlmv
Luis Alejandro Acuña Sánchez (hijo de crianza)50 smlmv.
Miguel Ángel Acuña Sánchez (hijo de crianza)50 smlmv
Nelson Damián Acuña Sánchez (hijo de crianza)50 smlmv.

7.1.2. Afectación de bienes constitucionales.

Sea lo primero advertir que la parte actora solicitó la indemnización por “daño a la vida en relación”, terminología utilizada jurisprudencialmente para la época de la presentación de la demanda, sin embargo, actualmente, ello encaja en lo que la Sala ha reconocido como afectación de los bienes constitucionalmente protegidos39.

Bajo la óptica precedente, encuentra la Sala que lo que se pretende en la demanda a través de esta tipología de perjuicio inmaterial es la reparación a la honra y al buen nombre del señor Góngora Martínez, por cuanto se adujo que con el despliegue que se le dio a la noticia por parte de los medios de comunicación se le vulneraron esos derechos fundamentales.

Ahora bien, con la demanda se allegaron unos recortes de prensa con el objeto de ilustrar el despliegue noticioso que se hizo del proceso penal en que se vio envuelto el señor Silverio Góngora Martínez, en su condición de alcalde del municipio de San Luis40. Sobre el valor probatorio de este tipo de documentos, la jurisprudencia de la corporación ha dicho lo siguiente:

“Advierte la Sala que obran recortes de periódicos y sus copias, allegados por la parte demandante, con los que se pretende demostrar la ocurrencia de los hechos; al respecto, se precisa que aquellos carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de tales hechos. En efecto, en sentencia reciente de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación se dijo, refiriéndose a las noticias de prensa, que ‘Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”41.

En efecto, revisado el expediente, se colige que los recortes de prensa en mención resultan acordes, en lo fundamental, con los demás elementos probatorios, esto es, que el señor Silverio Góngora Martínez, en su condición de alcalde del municipio de San Luis, fue vinculado a un proceso penal por la conducta punible de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, en virtud de la cual se le dictó medida de aseguramiento, de ahí que la Sala pueda concluir que sí hacen referencia a los hechos que subyacen en este proceso.

Adicionalmente, con los testimonios rendidos en sede judicial, aparece probada la vulneración al buen nombre y a la honra de la que fue objeto el señor Silverio Góngora Martínez, producto del despliegue publicitario de la situación jurídica por la cual atravesó y que, como se vio, se tornó en injusta cuando la Fiscalía precluyó la investigación adelantada en su contra.

De conformidad con lo anterior, se advierte que por medio de la sentencia del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en punto del reconocimiento de indemnización por los perjuicios a la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados y señaló que procederá el reconocimiento de este perjuicio siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral.

Ahora bien, aunque la referida sentencia privilegió la reparación de este perjuicio con medidas no pecuniarias, lo cierto es que esta Subsección en eventos similares ha reconocido indemnización por este perjuicio y su cuantificación se ha efectuado en salarios mínimos mensuales vigentes, por lo cual se procederá en este último sentido.

Así las cosas, toda vez que está probada la afectación de esos derechos fundamentales, por este concepto se le reconocerá el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del señor Silverio Góngora Martínez.

7.2. Materiales.

7.2.1. Daño emergente.

Por concepto de daño emergente se solicitó el reconocimiento de $50’000.000 para el señor Silverio Góngora Martínez, con ocasión de los honorarios pagados al abogado que lo asistió en el proceso penal adelantado en su contra.

La Sala procederá a reconocer tales perjuicios, toda vez que en el expediente obra certificación del 4 de julio de 2008, expedida por quien representó al señor Silverio Góngora Martínez dentro del proceso penal, en la cual consta que este último pagó por este concepto la suma de $30’000.000.

En ese orden, la suma certificada se actualizará así:

Ra = Rh ($ 30’000.000) índice final - febrero /2016 (129.41)

índice inicial-julio /2008 (98.94)

= $39’238.932

En conclusión, a título de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, se reconocerá al señor Silverio Góngora Martínez la suma de treinta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos ($39’238.932), con ocasión de los honorarios pagados al abogado que asumió la defensa dentro del proceso penal.

7.2.2. Por lucro cesante.

En la demanda se solicitó el equivalente a $25’000.000 por lucro cesante, suma que, según se dijo, dejó de percibir el señor Góngora Martínez durante el tiempo que estuvo privado de su libertad.

Revisado el expediente, encuentra la Sala una certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil42, en la que consta que el señor Silverio Góngora Martínez fue electo alcalde del municipio de San Luis, Tolima para el período comprendido entre 2008 a 2011.

Igualmente, en certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal de San Luis43, figuran las sumas de dinero devengadas por el señor Góngora Martínez, durante la vigencia fiscal de 2008, es decir, entre el 28 de junio al 31 de diciembre de la referida anualidad, por concepto de sueldos y demás prestaciones sociales:

“Que el señor Silverio Góngora Martínez, alcalde municipal de esta localidad, durante la vigencia fiscal 2008, se le canceló lo siguiente:

“(…).

Gran total cancelado a la fecha: $25.985.755”.

Toda vez que el período a reconocer es casi idéntico, a saber, el comprendido entre el 1º de enero de 200844 y el 27 de junio de 200845, lapso en el cual el señor Silverio Góngora Martínez estuvo privado de su libertad, se tomará como base la suma devengada según la certificación aportada ($25’985.755).

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la suma de $25’000.000, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $31’743.03346, la cual se le reconocerá al demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

Así las cosas, la Sala reconocerá a favor del señor Silverio Góngora Martínez la suma de treinta y un millones setecientos cuarenta y tres mil treinta y tres pesos ($31’743.033), por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante.

8. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia del 11 de marzo de 2011, proferida el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General es patrimonialmente responsable de los perjuicios que los demandantes sufrieron como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Silverio Góngora Martínez, dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General, a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

— Para el señor Silverio Góngora Martínez: 50 smlmv.

— Para la señora Teresa Sánchez Ruiz: 50 smlmv.

— Para cada uno de los hijos del directamente afectado: Lina Marcela Góngora Barajas, Juan Manuel Góngora Sánchez, María Victoria Góngora Sánchez, Paula Vanessa Góngora Sánchez, Jorge Mario Góngora Barajas, José Luis Góngora Reyes, Yenny Jimena Góngora Reyes y Carol Saira Góngora Reyes: 50 smlmv.

— Para cada uno de los hijos de crianza del directamente afectado: Luis Alejandro Acuña Sánchez, Miguel Ángel Acuña Sánchez y Nelson Damián Acuña Sánchez: 50 smlmv.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General, a pagar indemnización por concepto de afectación a bienes constitucionalmente protegidos, las siguientes sumas de dinero expresadas a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

— Para el señor Silverio Góngora Martínez:50

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y a favor del señor Silverio Góngora Martínez, la suma de treinta y nueve millones doscientos treinta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos ($39’238.932).

5. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y a favor del señor Silverio Góngora Martínez, la suma de treinta y un millones setecientos cuarenta y tres mil treinta y tres pesos ($31’743.033).

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 517 y 518 del cuaderno de primera instancia.

2 Folios 519 y 520 del cuaderno de primera instancia.

3 Folios 527 y 528 del cuaderno de primera instancia.

4 Folios 537 a 543 del cuaderno de primera instancia.

5 Folio 549 del cuaderno de primera instancia.

6 Folios 550 a 555 del cuaderno de primera instancia.

7 Folios 556 a 560 del cuaderno de primera instancia.

8 Folios 561 a 583 del cuaderno de primera instancia.

9 Folios 590 a 596 209 del cuaderno del Consejo de Estado.

10 Folios 603 a 606 del cuaderno del Consejo de Estado.

11 Folio 608 del cuaderno del Consejo de Estado.

12 Folios 610 a 613 del cuaderno del Consejo de Estado.

13 Folios 622 a 630 del cuaderno del Consejo de Estado.

14 Sobre este tema consultar auto proferido por la Saa Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Folio 516 del cuaderno de primera instancia.

17 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, expediente 20.299, entre muchas otras.

18 Folio 11 del cuaderno de primera instancia.

19 Folio 12 del cuaderno de primera instancia.

20 Folio 13 del cuaderno de primera instancia.

21 Folio 14 del cuaderno de primera instancia.

22 Folio 17 del cuaderno de primera instancia.

23 Folio 19 del cuaderno de primera instancia.

24 Folio 20 del cuaderno de primera instancia.

25 Folio 21 del cuaderno de primera instancia.

26 Folios 2 y 3 del cuaderno de primera instancia.

27 Folio 15 del cuaderno de primera instancia.

28 Folio 16 del cuaderno de primera instancia.

29 Folio 18 del cuaderno de primera instancia.

30 Folios 257 a 268 del cuaderno de primera instancia.

31 Folio 290 del cuaderno de primera instancia.

32 Folios 323 a 339 del cuaderno de primera instancia.

33 Folios 445 a 493 del cuaderno de primera instancia.

34 Folios 7 a 10 del cuaderno de pruebas.

35 Folios 445 a 493 del cuaderno de primera instancia.

36 Sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

37 Folios 7 a 10 del cuaderno de pruebas.

38 Sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

39 M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicación 5001-23-25-000-1999-01063-01 (32988), actor: Félix Antonio Zapata González y otros.

40 Folios 503 a 506 del cuaderno principal.

41 Sentencia proferida el 10 de septiembre de 2014 por la Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación 73001-23-31-000-2002-01402-01(30875) A.

42 Folio 499 del cuaderno de primera instancia.

43 Folios 501 y 502 del cuaderno de primera instancia.

44 Fecha de la captura.

45 Fecha en que se precluyó la investigación en su contra.

46 La actualización de la base se realiza teniendo como índice final el IPC vigente a la fecha de la presente sentencia (129.41) y como índice inicial el IPC de la fecha en la que se presentó la demanda (101.92).