Sentencia 2009-00566 de mayo 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-0203-000-2009-00566-00

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Luis Vélez Londoño, frente a la sentencia de 21 de febrero y su complementaria de 27 de marzo de 2007 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ejecutivo singular que aquel promovió contra Hernán Jaramillo Ángel.

I. Antecedentes

1. En el escrito introductorio del mencionado litigio, se solicitó librar mandamiento de pago a cargo del aquí opositor y en favor del accionante por la suma de $ 210.000.000, representada en once letras de cambio, junto con los respectivos intereses de mora, más la cantidad de $ 1.660.300 por concepto de impuesto de timbre nacional, e igualmente deprecó la imposición de costas del proceso.

2. El juzgado 10 civil del circuito de Cali libró mandamiento de pago por aquellos rubros y luego aceptó la acumulación de la ejecución adelantada en el estrado judicial séptimo de dicha especialidad, categoría y lugar en donde Rodrigo Vélez Londoño perseguía la cancelación de $ 15.000.000, con sus correspondientes réditos, monto este documentado en otro título valor de las mismas características de los anteriormente referidos.

3. Notificado el convocado, propuso como “excepciones de mérito”, las de “inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, “la relativa a la no negociabilidad del título”, “entrega de los títulos sin intención de hacerlos negociable (sic)” y “pago que no consta en los títulos”, fundadas en que estos fueron girados por él, no con la intención de hacerlos negociables, sino como garantía de que efectuaría unas obras sufragadas por el inicial demandante, con quien conformó una sociedad de hecho, agregando que respecto de tales instrumentos, este adquirió el compromiso de devolvérselos cuando las edificaciones se vendieran.

Extemporáneamente allegó un documento autenticado en donde se relacionan las 12 letras de cambio soporte de las ejecuciones, afirmando que fue creado por el actor y en él se expresa que aquellas “solo se harán efectivas, en caso de incumplimiento por parte de Hernán Jaramillo Ángel en la construcción de las obras Calima o Pirámide y serán entregadas al venderse dichas obras” (fl. 89).

El despacho judicial inicialmente citado, luego de poner en conocimiento del ejecutante dicho escrito, de surtir la fase instructiva y de alegaciones, finalizó la actuación con la sentencia de siete de octubre de 2004, por medio de la cual declaró probadas las defensas de “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido” propuestas por el convocado; terminado el proceso y condenó en costas a aquel.

4. Al desatar la alzada promovida por el accionante, el ad quem confirmó el fallo recurrido.

5.- El presente mecanismo extraordinario de revisión fue presentado el 27 de marzo de 2009(1), con base en la segunda causal del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y a través de él, el recurrente solicita “invalidar la sentencia revisada y dictar la que en derecho corresponda”.

6. El referido pedimento, en síntesis, se sustenta en los siguientes argumentos:

a. La sentencia confirmada por el tribunal “se fundamentó de manera especial en [la] prueba documental supuestamente firmada y autenticada por el señor Jorge Luis Vélez Londoño”, en la que se afirma que las letras entregadas por Jaramillo Ángel, lo fueron únicamente como garantía; sin embargo, dicho escrito es espurio.

b. “[E]l demandado Hernán Jaramillo Ángel en mayo de 2005 formuló denuncia penal en contra del Sr. Jorge Luis Vélez Londoño y otras personas por los delitos de estafa, (...) falsedad, fraude procesal y asociación para delinquir” ante la Fiscalía 83 Seccional de Cali; no obstante, como consecuencia del peritaje dispuesto por ese despacho y realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al documento que le sirvió al ad quem para avalar el fallo de primer grado, en el que se concluyó que el sello estampado como de la “Notaría Décima de Cali” no se identificaba con el “original coetáneo” utilizado por dicha oficina, ni la doctora Beatriz Silva quien allí figuraba como notaria había fungido en esa condición para el 14 de agosto de 1996, fecha indicada de autenticación y que en la elaboración del texto de dicho escrito se utilizaron distintas máquinas de escribir, el denunciante desistió de la acción criminal.

c. Herman Jaramillo Ángel fue denunciado penalmente ante la unidad de delitos contra la libertad individual y otras garantías “porque dentro del proceso ejecutivo singular y su acumulado ante el juzgado 10 civil del circuito de Cali utilizó un documento falso que sirvió de fundamento para [que] las decisiones de primera y segunda instancia fueran adversas a los intereses del recurrente”, trámite a cargo de la Fiscalía 93 seccional de la mencionada ciudad, la que el 21 de enero de 2009 calificó el mérito sumarial con resolución de acusación contra aquel, sindicado de los delitos de estafa agravada por la cuantía, fraude procesal y falsedad en documento.

d. En la precitada investigación punitiva existe un dictamen pericial practicado al aludido escrito, en el que los grafólogos que lo realizaron concluyeron que “los sellos se (sic) dicen corresponden a la Notaría Décima de Cali que obran en el documento dubitado no corresponden a los que utilizó la misma Notaría Décima de Cali y por lo tanto son falsos [y] que el frente del documento dubitado fue escrito en dos tiempos o espacios diferentes y máquinas diferentes”.

e. El fallo de segundo grado se soportó en el “documento tachado de falso por las autoridades penales”, lo que permite invocar la segunda causal de revisión, que se estructura al “haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”.

7. Admitida la “demanda de revisión”(2) se notificó al opositor a través de su apoderado, quien en tiempo la replicó oponiéndose a lo pretendido y formuló tres defensas todas denominadas “ausencia de requisitos para la configuración de la causal segunda”, sustentadas fundamentalmente, en que ni la autoridad penal, como ninguna otra ha declarado la falsedad del documento cuestionado y que la sentencia del tribunal no solo se basó en él, sino en las demás pruebas aportadas al juicio ejecutivo.

8. Por auto de 18 de marzo de 2010 se ingresó al estadio probatorio(3) y otorgada la oportunidad para alegar de conclusión(4), lo hizo el apoderado del accionado, quien reitera la ausencia de estructuración de la causal invocada, puesto que la justicia penal no ha emitido sentencia declarando apócrifo el documento controvertido, el que por haber obrado como prueba en el “proceso ordinario de sociedad de hecho” involucrando a las mismas partes, sin que el aquí accionante y allá demandado lo hubiera tachado de falso, debe considerarse auténtico.

9. Mediante proveído de 24 de marzo de 2011(5), se suspendió la actuación hasta por el término de dos años, como lo dispone el inciso final del precepto 381 del Código de Procedimiento Civil, con miras a que se allegara la respectiva decisión proferida por el juez de la causa criminal debidamente ejecutoriada que definiera lo atinente a la adulteración del aludido escrito, y aunque se hizo llegar un ejemplar del fallo de 20 de mayo del presente año a través de la cual se “declar[ó] la prescripción de la acción penal respecto de la conducta de falsedad en documento privado” y se “conden[ó] a Hernán Jaramillo Ángel (...) al hallarlo responsable de los delitos de fraude procesal y estafa agravada”, en oficio de 20 del mismo mes, la secretaría del mencionado despacho manifiesta que “la decisión se encuentra para notificar a todos los sujetos procesales” (fls. 316-359 C. Corte); además, según constancia de 25 de agosto pasado, la precitada decisión fue apelada, encontrándose en trámite ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali.

10. Surtido el trámite legal de esta impugnación, se debe resolver lo que en derecho corresponda.

II. Consideraciones

1. Según el canon 379 del Código de Procedimiento Civil, en lo pertinente, el “recurso extraordinario de revisión” procede contra las sentencias ejecutoriadas de los tribunales, entre otras, y únicamente por los motivos específicamente instituidos en el precepto 380 ibídem; desde luego que esa clase de censura constituye una garantía de justicia porque con su proposición se puede obtener la aniquilación de un fallo inicuo, o que se haya proferido con serio quebranto del derecho de defensa, o que surja como consecuencia de un comportamiento ilícito de las partes, lo que habilita para romper la estructura de firmeza e inmutabilidad de que se hallan revestidas por virtud de los efectos de cosa juzgada.

2. La “revisión” es, entonces, un medio de impugnación eminentemente extraordinario, por lo que se encuentra sometido a las delimitadas causales señaladas en la ley, al punto de no resultar admisible, si de manera adecuada, no es demostrada alguna de ellas. Y al no tener el alcance de una tercera instancia, la que es extraña al sistema procesal vigente en Colombia, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, el recurrente no puede buscar con su interposición “(...) enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende”(6), ni un replanteamiento del asunto ya decidido, o pretender mejorar la causa petendi, o las pruebas, es decir, intentar remediar los errores o deficiencias cometidos en las fases anteriores, porque de ser así, se estaría trocando la finalidad del recurso convirtiéndolo en “(...) medio para impedir la ejecución de fallos proferidos en procesos que se han rituado con plena observancia de sus formalidades propias”.

3. Para encauzar el remedio extraordinario, tal como se acotó en los antecedentes, el interesado acude a la causal 2ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, consistente en “[h]aberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”.

En relación con el citado motivo, la Corte en sentencia de 19 de diciembre de 2011, Exp. 2008-01281-00 reiteró “que para que se configure el supuesto previsto en el numeral segundo del artículo 380 es indispensable que en forma oportuna ‘el peticionario acompañe la prueba de que el documento que sirvió de base primordial al fallo que se pretende revisar, ha sido declarado falso por el juez competente, o que haya recaído decisión en igual sentido después de dictado el fallo correspondiente’, ya que ‘mientras no se acompañe dicha prueba no se puede saber si el documento base de la sentencia es o no falso’ (...)”.

Igualmente, en fallo de 5 de marzo de 2007, Exp. 2001-00212-01 indicó que “(...) para la cabal estructuración de esta causal se requiere, como lo ha reiterado la jurisprudencia, que concurran los siguientes presupuestos: a) que se trate de un documento, ya público ora privado; b) que el mismo sea indiscutiblemente falso, esto es, que llegue a la causa de revisión como verdad probada por así haberlo declarado las autoridades penales; c) que ese documento haya formado parte del proceso anterior; d) que la declaración judicial de falsedad se hubiera producido con posterioridad a la sentencia o que, si lo fue con anterioridad, hubiese sido ignorada por el demandante en revisión; y, e) que se trate de documento decisivo, vale decir, que el sentido de la decisión objetada ostente como soporte fundamental el documento declarado falso.

“(...) Desde luego que conforme al numeral 2º en referencia, lo que edifica la mentada causal no es propiamente la falsedad en sí misma considerada, de suerte que el juez de la revisión tuviera que decidir si la declara o no, y en cambio sí la resolución proveniente del juez de la causa criminal que así lo hubiese determinado, por cuanto es este y no otro el debido entendimiento que emerge de este precepto al prescribir, en forma perentoria, que constituye causal de revisión “haberse declarado falsos por la justicia penal documentos decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”(se destaca).

“(...) Ahora bien, dado el carácter enteramente dispositivo que del mismo modo campea en esta senda extraordinaria, sobre el demandante en revisión recae la carga de allegar la prueba demostrativa de que la autoridad penal declaró falso ese documento que resultó decisivo en las determinaciones adoptadas en el fallo objeto de revisión, pues, como también lo ha señalado la Corte, para que se configure este motivo es indispensable que en forma oportuna ‘el peticionario acompañe la prueba de que el documento que sirvió de base primordial al fallo que se pretende revisar, ha sido declarado falso por el juez competente, o que haya recaído decisión en igual sentido después de dictado el fallo correspondiente’, ya que ‘mientras no se acompañe dicha prueba no se puede saber si el documento base de la sentencia es o no falso’ (...)”.

4. En el escenario aquí planteado, la Sala no vislumbra medio de persuasión alguno que le permita aceptar la presencia de los mencionados requisitos, si se tiene en cuenta que el actor no acreditó la declaración judicial en firme emitida por el respectivo sentenciador del juicio criminal, a través de la cual hubiera declarado la falsedad documentaria enarbolada.

En efecto, aunque al expediente se allegó inicialmente copia de la decisión proferida el 21 de enero de 2009 por la fiscalía 93 seccional de Cali “unidad de delitos contra la libertad individual y otras garantías y otros”, confirmada por la “Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali”, por medio de la cual se formuló resolución de acusación en contra de Hernán Jaramillo Ángel “como presunto autor responsable de los delitos de estafa agravado por la cuantía, fraude procesal y falsedad en documento privado”(7), tal proveído no es la prueba requerida para la prosperidad de la presente impugnación extraordinaria, sustentada en la causal 2ª del canon 380 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que él no resolvió y tampoco podía hacerlo de manera definitiva como se requiere, lo atinente a la responsabilidad del procesado en el comportamiento falsario que se le endilga, labor esta que se halla reservada al juez de la causa.

Lo que esa decisión permite, como una de las formas de calificar el mérito demostrativo, es superar el estadio probatorio e ingresar a la etapa del juicio penal, con cargos concretos relacionados con la “presunta participación” del encausado en una conducta delictiva, de los cuales este tiene derecho a defenderse y derruir la imputación que lo condujo a ese escenario, pudiendo entonces terminar absuelto, aunque igualmente condenado, si no logra desvirtuar la inculpación.

En esas condiciones, dado que la “resolución de acusación” no impone sanción, ni define el asunto, como sí lo hace la sentencia, no puede aceptarse como prueba demostrativa de que el escrito sobre el que se sustenta esta impugnación extraordinaria es apócrifo, menos cuando dicha providencia ostenta un carácter meramente provisional, se itera, porque se halla sujeta a la posterior decisión del respectivo “juez”, quien finalmente es el que determina sobre si el implicado es o no responsable de la conducta punible que le ha sido imputada.

Por ello es por lo que para la procedencia de la revisión de un fallo en firme con sustento en el segundo motivo del precepto 380 del estatuto de la ritualidad civil, se requiere que la justicia penal haya declarado falsos los documentos que fueron decisivos para el proferimiento de la providencia recurrida, lo que se demuestra con un pronunciamiento ejecutoriado, es decir que comporte la calidad de definitivo o ley del proceso y por tanto de obligatoria observancia para los intervinientes del mismo.

La firmeza de la aludida determinación se impone, pues de lo contrario podría suceder que un fallo civil emitido dentro de un juicio legalmente tramitado, se aniquilara con base en un proveído penal que a pesar de haber declarado falaz el “documento” sobre el que el impugnante extraordinario invocó el segundo motivo de revisión, posteriormente fuera revocado o por algún otro fenómeno jurídico, como la “prescripción de la acción”, la falsedad del respectivo escrito quedara sin definir.

Dicha exigencia la ratifica el inciso final del canon 381 ibídem que al regular el término para promover el “recurso extraordinario de revisión” cuando se trata, entre otros eventos, del previsto en la causal segunda de la norma 380 ejusdem, dispone que “(...) si el proceso penal no hubiere terminado, se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de dos años”(8).

Como en este asunto, al momento de promoverse la presente impugnación extraordinaria, no se incorporó el correspondiente fallo en el que el juez de la causa criminal hubiese declarado la falsedad del documento señalado por el actor como fundamento del fallo emitido el 21 de febrero de 2007 por el Tribunal Superior de Cali dentro del aludido juicio ejecutivo acumulado, según el cual las letras entregadas por Hernán Jaramillo Ángel a Jorge Luis Vélez Londoño lo fueron únicamente como garantía, la Corte, una vez cerrado el periodo probatorio y previamente a decidir el “recurso de revisión”, con sustento en el inciso final del canon 381 del Código de Procedimiento Civil dispuso “suspender, por el término legalmente previsto, el proferimiento del fallo en este trámite, hasta cuando se allegue, debidamente ejecutoriada, reproducción de la providencia penal emitida en aquel asunto, el cual no podrá exceder de dos (2) años, como lo ordena la normatividad antes referida”(9).

5. A pesar de que el citado lapso feneció, lo cierto fue que no se satisfizo el mencionado requisito, pues no obstante que se allegó copia de la sentencia penal proferida el 20 de mayo de 2013 por el juzgado segundo penal del circuito de Cali, la misma se muestra insuficiente para predicar la estructuración del segundo motivo de revisión previsto en el canon 380 del Código de Procedimiento Civil, no solo porque aún no se halla en firme, sino porque la condena impuesta excluyó el delito de falsedad.

En efecto, respecto de la ausencia de ejecutoriedad, tal circunstancia se desprende del Oficio 1133 de la fecha antes indicada en el que el secretario del antedicho estrado judicial asevera que “la decisión se encuentra para notificar a todos los sujetos procesales”(10), e igualmente de la constancia que obra a folio 363, según la cual, aún no se ha decidido el recurso de apelación interpuesto contra la aludida determinación, condición que de todas formas el actor no demostró.

Según el artículo 187 de la ley 600 de 2000 o estatuto procesal que cobija los sucesos aquí planteados y que regula la “ejecutoria de las providencias judiciales” penales, estas “quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.

La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión, quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente.

Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar esta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.

La ejecutoria de una decisión judicial, conviene recordar, ostenta como característica que esta surte efectos jurídicos frente a las partes y terceros intervinientes en el asunto que la generó y se reconocen los mismos por la imperatividad y obligatoriedad que le son propios, consolidándose aquel fenómeno jurídico, cuando frente a lo resuelto no procede recurso alguno o se omite su interposición dentro de la oportunidad legalmente prevista e igualmente, si se han decidido los que fueron propuestos o si su titular renunció expresamente a ellos.

Como en el asunto que ocupa la atención de la Corte, no se halla acreditado ninguno de los aludidos supuestos, se repite, no hay lugar a considerar la firmeza del citado fallo punitivo.

6. Pero aun hallándose ejecutoriado, tampoco cumpliría el requisito consistente en que la justicia penal haya declarado falsos los documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la providencia recurrida, si se tiene en cuenta que en la sentencia emitida se “declar[ó] la prescripción de la acción penal respecto de la conducta de falsedad en documento privado” y solo se “conden[ó] a Hernán Jaramillo Ángel (...) [por] los delitos de fraude procesal y estafa agravada”, consecuencia de lo cual se le impuso, entre otras cargas, pagar “el valor representado en los susodichos títulos valores que suman un total de doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000), siendo ese el capital, más la indexación y los intereses de mora corrientes fijados por el Banco Emisor, que deberá cancelar el procesado desde la fecha de vencimiento de cada uno de esos títulos hasta el momento del pago, una vez cobre ejecutoria el presente fallo”(11).

En ese orden de ideas, si la “prescripción de la acción penal” integra el núcleo esencial del debido proceso, pues el artículo 28 de la Carta Política establece de manera expresa la “imprescriptibilidad”, al decir que “en ningún caso podrá haber penas imprescriptibles”, entonces su declaración culmina de manera definitiva la correspondiente acción penal y consecuentemente priva al Estado de proseguir su potestad punitiva o lo que es igual, le impide ejercer su facultad sancionatoria, puesto que el transcurso del tiempo preestablecido por la ley genera un efecto liberador para el justiciable.

7. Si lo anterior es así, no hay duda de que la condición prevista por el numeral 2º del canon 380 del Código de Procedimiento Civil para la prosperidad del “recurso extraordinario de revisión” no se satisface, precisamente porque aquel fenómeno jurídico sobrevino respecto de la conducta falsaria imputada al aquí opositor Hernán Jaramillo Ángel, lo que en consecuencia impide sostener que el documento sobre el que el accionante edifica esta impugnación, es “indiscutiblemente falso”, todo lo cual se muestra suficiente para desestimar el mecanismo de ataque examinado.

La Corte, en el fallo de 19 de diciembre de 2006, Exp. 2004-00745-00, emitido en un asunto fundado en la causal aquí invocada y en el que se desestimó dicho medio de impugnación al haberse declarado prescrita la acción penal en lo atinente al delito de falsedad, expuso: “Ahora bien, como da cuenta de ello la propia sentencia de 9 de diciembre de 2003, dictada por el juzgado cuarto penal del circuito de Villavicencio, tal providencia se limitó al delito de estafa, como quiera que en relación con el de falsedad en documento privado, incluido en la acusación formulada por la Fiscalía, se decretó previamente la prescripción de la acción. En consecuencia, el comentado fallo se ocupó de resolver solamente lo tocante con el tipo penal de la estafa, que fue por el que se halló responsable al procesado Sánchez Betancourt. Lo expuesto traduce, como ya se anticipó, que la decisión penal de que se trata, tampoco comporta pronunciamiento en firme sobre que el mencionado cheque haya sido tenido judicialmente por falso” (sublínea ajena al texto original).

8. En este orden de ideas, se concluye que al no haberse demostrado motivo alguno que posibilite remover los efectos de la cosa juzgada del fallo cuestionado, la censura planteada no puede prosperar, lo que conlleva a la imposición de costas al censor, según lo previsto en el último inciso del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil y a que se fijen agencias en derecho, de conformidad con el canon 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que el opositor replicó la demanda de revisión.

III. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Jorge Luis Vélez Londoño, frente a la sentencia de 21 de febrero y su complementaria de 27 de marzo de 2007 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ejecutivo singular que aquel promovió contra Hernán Jaramillo Ángel.

2. Condenar al impugnante, a favor del opositor, al pago de las “costas y perjuicios”. En la liquidación de aquellas incluir la suma de $ 3’000.000 por concepto de “agencias en derecho” y determinar estos últimos mediante incidente.

3. Hacer efectiva la caución constituida por el censor según la póliza que milita en este protocolo otorgada por Liberty Seguros S.A., (fl. 96 c. Corte), hasta el límite correspondiente, para la cancelación de los valores que por los referidos rubros se llegaren a cuantificar, y para ello, la secretaría librará los oficios y expedirá las copias necesarias, estas a expensas del interesado.

4. Devolver al despacho judicial de origen, con excepción del cuaderno de la Corte, el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión, al que se agregará reproducción de la presente providencia.

5. Archivar la actuación surtida con ocasión de este trámite, una vez cumplidas las órdenes aquí impartidas.

Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

(1) Fls. 83-93 c. Corte

(2) Fl. 111

(3) Fl. 146-147.

(4) Fl. 282.

(5) Fl. 296-297.

(6) Sentencia de 18 de diciembre de 2006, Exp. 2003-00191-01

(7) Ver fls. 54-81, 187-188, 191-211, 218-269 y 276-278 c. Corte.

(8) Subraya ajena al texto original.

(9) Fls. 296-298 C. Corte.

(10) Fl. 316-317 C. Corte.

(11) Fls. 318 a 358 c. Corte.