Sentencia 2009-00576 de agosto 31 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 470011102000200900576 01 (3254-10)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala 82

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De la competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y el artículo 59 del CDA, esta superioridad es competente para resolver los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia en contra de los abogados en ejercicio de la profesión.

2. De la apelación.

Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en parágrafo del artículo 171 del CDU aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

3. Caso concreto.

En tal orden de ideas la Sala se referirá a: i) si existe nulidad de la actuación y los efectos de la confesión en materia disciplinaria de abogados ii) si se estima que el disciplinable actuó bajo el error invencible sobre la ilicitud de su comportamiento, ii) si actuó de manera culposa y no dolosa, y iv) si hay lugar a una reducción de la sanción.

i) Sobre la nulidad de la actuación

El primer hecho que debe destacar esta colegiatura se encuentra referido a la confesión en materia disciplinaria de abogados, a su existencia en el caso presente y sus efectos.

Así, vale recordar la norma pertinente de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 105.—Audiencia de pruebas y calificación provisional. En esta audiencia se presentará la queja o informe origen de la actuación; el disciplinable rendirá versión libre si es su deseo respecto de los hechos imputados, o en su caso, el defensor podrá referirse sobre los mismos, pudiendo solicitar o aportar las pruebas que pretendan allegar; en el mismo acto de audiencia se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias. El disciplinado o su defensor podrá solicitar la suspensión de la audiencia hasta por cinco días para ejercer su derecho a solicitar y aportar pruebas en caso de que no lo pueda hacer en el momento de conocer la queja o informe.

Si se niega la práctica de alguna de las pruebas solicitadas, dicha determinación se notificará en estrados y contra ella procede el recurso de reposición que debe resolverse en el mismo acto y en subsidio el de apelación.

En caso de que la práctica de la prueba no sea posible de manera inmediata por razón de su naturaleza, porque deba evacuarse o se encuentre en sede distinta, o porque el órgano de prueba deba ser citado, la audiencia se suspenderá con tal fin por un término que no excederá de treinta (30) días.

Evacuadas las pruebas decretadas en la audiencia se procederá a la calificación jurídica de la actuación disponiendo su terminación o la formulación de cargos, según corresponda.

La formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

A continuación los intervinientes podrán solicitar la práctica de pruebas a realizarse en la audiencia de juzgamiento, sobre cuyo decreto se decidirá como ya se indicó. Se ordenarán de manera inmediata aquellas que hayan de realizarse fuera de la sede de la Sala y también se pronunciará sobre la legalidad de la actuación.

Al finalizar la diligencia, o evacuadas las pruebas fuera de la sede, el funcionario fijará fecha y hora para la realización de la audiencia pública de juzgamiento que se celebrará dentro de los veinte (20) días siguientes.

Si la calificación fuere mediante decisión de terminación del procedimiento, los intervinientes serán notificados en estrados. Esta determinación es susceptible del recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto, caso en el cual de inmediato se decidirá sobre su concesión. Si el quejoso no estuvo presente en la audiencia, podrá interponerlo y sustentarlo dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la audiencia.

PAR.—El disciplinante podrá confesar la comisión de la falta caso en el cual se procederá a dictar sentencia. En estos eventos la sanción se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de este código”.

Ahora bien, la grabación de la audiencia de pruebas y calificación, concretamente la última sesión datada a 14 de diciembre de 2010, muestra que fue el propio disciplinable quien de manera espontánea y desde el mismo inicio de la audiencia manifestó su deseo de confesar y de asumir su responsabilidad, mencionando incluso el artículo 45 numeral 1º del literal b), ante lo cual fue interrogado reiterativamente por la magistrada ponente, señalándole que efectivamente quería confesar, por ello procedió a la formulación de cargos en los términos que ya fueron consignados, sin reparo alguno de parte del Dr. Pedro Quintero Cervantes, cuya inconformidad sólo se puso de presente una vez emitida la sentencia sancionatoria.

Ya lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional que la garantía constitucional a la no autoincriminación no se opone en ningún caso a la confesión como medio de prueba, siempre que ésta sea libre, es decir, sin que de manera alguna exista coacción que afecte la voluntad del confesante(3).

En tal orden de pensamiento, no se entiende la afirmación del encartado de querer desconocer que efectivamente de manera libre y espontánea se acogió a tal figura, la cual traduce la terminación anticipada del proceso en los términos atrás transcritos, porque no esperaba una dosificación de la sanción como la impuesta, circunstancia que evidentemente mal puede tener efectos de retractación.

Ahora bien, es claro que la figura de la confesión en materia disciplinaria de abogados, como ocurre en otras especies del derecho sancionador, conlleva consecuencias tanto para el Estado como para el autor de la misma, aquél porque puede renunciar a seguir adelante con la investigación procediendo a dictar sentencia y este porque le devuelven consecuencias favorables como la imposibilidad, para el caso, de ser sancionado con exclusión del ejercicio de la profesión; de cualquier modo, como ocurre en materia penal, la confesión con fines de sentencia anticipada tiene el carácter de simple y cuando se encuentra acompañada de otros medios de prueba incriminatorios, tiene valor de plena prueba:

“El Estado reconoce que los elementos de juicio aportados hasta ese momento son suficientes para respaldar un fallo condenatorio que debe partir de la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, certeza que se corrobora con la aceptación integral de los hechos por parte del imputado. La aceptación de los hechos obra como confesión simple. La Corte Constitucional ha dicho que además de la aceptación por parte del sindicado de los hechos materia del proceso, éste acepta “la existencia de plena prueba que demuestra su responsabilidad como autor o partícipe del ilícito”(4).

Obvio es entender que la confesión capaz de conducir a la sentencia anticipada es la simple, esto es, ausente de alegatos tendientes a plantear la existencia de causales de justificación o inculpabilidad o, en materia disciplinaria, de exclusión de responsabilidad, pues una situación semejante ameritaría proseguir la actuación; en el evento de ocupación, para verificar si efectivamente el disciplinable actuó bajo error invencible, pero entratándose de confesión con miras a culminar el proceso, como ya se vio, la misma norma señala que emitida la confesión es lo procedente la emisión de sentencia, que no podrá ser sino sancionatoria, pues de otra manera la magistratura debería denegarla y proseguir con la actuación.

Mal podría pensar el aquí disciplinable u otro profesional del derecho, que su acogimiento a confesión se traduzca en una absolución o en el reconocimiento de causales de exclusión de responsabilidad, menos en una suerte de negociación a la manera de los preacuerdos del sistema penal acusatorio, pues a diferencia de éste, el régimen disciplinario de abogados no es de naturaleza transaccional, y lo único que puede esperar en su favor son las consecuencias punitivas expresamente previstas en el artículo 45, que serán analizadas más adelante.

Ahora bien, como la norma obliga al juez disciplinario una vez producida la confesión a emitir el fallo, no hay lugar a cuestionar que se haya dejado de evacuar prueba ordenada con anterioridad, menos cuando, como en el caso de autos, la prueba es abundante al señalar las diversas irregularidades cometidas con los procesos ejecutivos de autos donde el actor tuvo un papel protagónico, siendo igualmente claro que no exige el mismo rigor jurídico en la valoración de la prueba, de cara a la existencia de un reconocimiento de responsabilidad, como aquí se dio, que en una sentencia normal donde no hay tal y es de cuenta exclusiva del Estado determinar la certeza de aquella.

En el evento presente, si como ya se dijo, el disciplinable admitió su responsabilidad, no resultaba imperativo valorar los testimonios del hermano del encartado y de su compañero de trabajo, quienes apostaban por el presunto desconocimiento absoluto de la ilicitud de las conductas, más cuando la formulación de cargos que sucedió a la confesión donde se realizaron puntualmente las imputaciones fáctica, jurídica y subjetiva fue proseguida por el silencio absoluto del disciplinable.

En tales condiciones, la solicitud de nulidad será denegada.

ii) Del error invencible

No obstante lo ya señalado en punto de la confesión de responsabilidad con fines de sentencia anticipada y sus efectos, debe indicar la Sala al togado que no resulta creíble el dicho del disciplinable y los testigos de descargo, Hugo Quintero y Gustavo Tobías, referido a la absoluta ingenuidad del aquí encartado, quien según su dicho se limitó a firmar las demandas y presentarlas al juzgado así como los distintos memoriales que le eran entregados a medida que la oficina de abogados que lo contrató vigilaba el curso del proceso.

No es posible concebir una forma de litigar que se limite a la firma de los documentos que otros le presenten, menos rodeado de irregularidades tan obvias como tramitar los ejecutivos ante un juez que carecía de competencia por virtud del factor territorial, allanarse de inmediato la parte demandante, y renunciar a términos de ejecutoria de los autos-sentencia que ordenaban seguir adelante la ejecución, trasladaban la liquidación y aprobaban la misma.

El profesional del derecho sabe las obligaciones que se adquieren cuando se firman documentos de representación de derechos ajenos, o cuando se presenta un proceso ante autoridad judicial y lo que comporta cada documento presentado; no es posible evadir la responsabilidad pretendiendo no tener idea de lo que se está realizando, menos en una serie de asuntos de cuantías importantes y de cara a unos procedimientos exprés absolutamente inusuales, donde, por el contrario, se evidencia la connivencia juez y los apoderados, que se pone en evidencia cuando con frecuencia el mismo día de emisión de un auto se producían simultáneas renuncias a términos de ejecutoria, no es posible admitir tal grado de ingenuidad, y por ende el error en el conocimiento, para la Sala es claro que la tozudez de los hechos desvirtúa los vicios en la esfera de cognición del encartado, y por ende tampoco hay lugar a la prosperidad de la causal de justificación invocada.

iii) De la forma de culpabilidad

Consecuente con los argumentos que se vienen esgrimiendo, es claro para esta Superioridad que no existieron vicios en el conocimiento y menos en los frenos inhibitorios que le impidieran al disciplinable comportarse conforme a los deberes profesionales del abogado, su actuación no fue producto de la simple inobservancia de deberes de cuidado sino producto, cuando menos de un dolo eventual, pues fue complaciente con circunstancias absolutamente extrañas en derredor de un proceso ejecutivo, en reiteradas ocasiones, presentando incluso liquidaciones de crédito con conceptos injustificados, y si no realizó ninguna objeción sabiendo que de por medio se hallaba su prestigio profesional, ello permite inferir su conocimiento del hecho, no de otra manera se explica el haber estado atento al decurso del proceso que en cosa de un mes o un poco más registraban desde la presentación de la demanda hasta las órdenes de pago posteriores a la sentencia.

Concurrieron pues de manera libre sus esferas de conocimiento y voluntad, siéndole exigible una conducta diferente, de lo cual da cuenta el hecho de renunciar a términos de ejecutoria, con frecuencia el mismo día de la emisión de los autos del juzgado, no es posible admitir tanta “coincidencia” o que su actuación fuera producto del azar, se trató de la participación en una empresa criminal, de la cual dio cuenta el juez director del despacho donde fueron adelantados los procesos, según la prueba trasladada del respectivo proceso penal ya sintetizada, no siendo relevante que no mencionara el nombre del Dr. Pedro Quintero, cuando es lo cierto que los asuntos por éste adelantados, cuyas copias obran en autos, se corresponden perfectamente con las figuras empleadas para el desfalco de la entidad pública esquilmada.

De allí que tampoco hay lugar al reconocimiento de una forma de culpabilidad más benigna.

iv) De la reducción de la sanción

Dos son los argumentos esgrimidos para solicitar la reducción de la sanción: la condición de padre cabeza de familia y la existencia de fallos en asuntos similares con sanción de dos años de suspensión.

Sobre el punto, dígase que la calidad de padre cabeza de familia no ha sido considerada en nuestra legislación como argumento constitutivo de causal de atenuación de la sanción, de hecho, cuando un abogado ostenta tal condición, con mayor razón debe ser ponderado y mesurado en sus actuaciones, pues no es sólo su situación jurídica la que se encuentra en juego cuando se desvía de los cauces propios del ejercicio profesional, sino las circunstancias personales de vida de las personas que de él dependen, de tal modo no constituye esa una circunstancia de atenuación punitiva sino, por el contrario de mayor reproche social.

Y en cuanto a la existencia de sentencias más benignas para casos similares, debe indicarse que cada proceso cuenta con sus particularidades y su propio acervo probatorio; en el caso de autos, con claridad señaló la magistrada ponente de instancia desde el momento mismo de formular los cargos, la existencia de un concurso homogéneo y sucesivo de faltas en al menos 8 procesos ejecutivos algunos de los cuales fueron cometidos en vigencia del Decreto 196 de 1971, otros vigentes para el momento del tránsito legislativo y otros sólo en vigencia de la Ley 1123 de 2007, que condujeron a una afectación en el patrimonio de la entidad estatal demandada en cerca de 1.400 millones de pesos.

Importa destacar que si bien la mayoría de las conductas individualmente consideradas por cada proceso ejecutivo, ocurrieron en vigencia del Decreto 196 de 1971, otras en el tránsito legislativo y al menos 2 exclusivamente en vigencia de la Ley 1123 de 2007, es claro que no se trata de un tema de favorabilidad sin dosificación de un concurso de faltas, para cuyo efecto se parte de estas últimas por considerarlas como las de mayor entidad y de más grave sanción, de modo que, con arreglo a los criterios que se pasan a señalar, la impuesta por la Sala de instancia habrá de mantenerse.

Y es que, concurren una serie de circunstancias que ameritan un drástico tratamiento sancionatorio, porque sin duda en el conglomerado se trató de hechos de enorme relevancia social, eminentemente doloso, que requirió pluralidad de personas y una cuidadosa preparación del hecho, afectó en materia grave las arcas de una entidad destinada a la prestación de un servicio esencial para las personas que se vieron afectadas en sus derechos fundamentales, con un marcado propósito de lucro, con aprovechamiento de los dineros obtenidos ilícitamente, empleando además para el logro de su cometido estrados y procesos judiciales.

La única circunstancia de atenuación que concurre en su favor se encuentra referida a la confesión de la falta antes de la formulación de cargos, única responsable de no haber sido excluido del ejercicio de la profesión sin posibilidades de rehabilitación antes de 10 años, en los términos del inciso segundo del artículo 108 del CDA.

De tal suerte, la entidad de los hechos juzgados, cometidos en un concurso homogéneo y sucesivo, con grave afectación para el patrimonio público y la buena prestación de un servicio público esencial para la comunidad, donde el disciplinable jugó un papel protagónico al adelantar una serie de ejecutivos sin causa legal, ameritan una sanción proporcionada que, conforme a los criterios atrás señalados, ínsitos también en el artículo 61 del Decreto 196 de 1971, resulta ser adecuada y equitativa, mira a cumplir con los fines de prevención general y especial propios de las sanciones disciplinarias, y se encuentra dentro de los límites contenidos en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, razones para mantenerla incólume.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primer grado de conformidad con los claros razonamientos hasta ahora realizados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DENEGAR la solicitud de nulidad elevada por el disciplinable, conforme a las razones esgrimidas al inicio de las consideraciones que preceden.

2. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 28 de marzo de 2011, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena mediante la cual se sancionó con cinco años de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado Pedro Quintero Cervantes, tras hallarlo responsable del concurso homogéneo y sucesivo de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 hoy numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 en concurso con esta última, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

3. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

4. Devuélvase el expediente a la Sala de instancia para que, en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y, en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».

(3) C-102 de 2005.

(4) SU-1300 de 2001.