Sentencia 2009-00600 de septiembre 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2009-00600-01

Referencia: Nº Interno 17850

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: La Inversora S.A.

NIT 890.331.037-1

Recurso extraordinario de revisión

Fallo

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Inversora S.A. interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 17 de mayo de 2007 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegatoria de las pretensiones de la demanda, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado contra las resoluciones 0800 del 16 de octubre de 2003 y 0739 del 13 de octubre de 2004, por las cuales la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro del municipio de Santiago de Cali le impuso sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio de 1999 y resolvió el recurso de reconsideración, respectivamente.

Invocó como causal del recurso extraordinario de revisión la contenida en el numeral 2º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo. Al respecto argumentó que al momento de proferirse la sentencia, el emplazamiento para declarar 4113.1.12.6 de fecha “septiembre 9 de 2006” (sic) y el Auto de verificación 4131.1.12.6-25 no obraban en el Expediente 2005-0678-00. Que estos son elementos de prueba decisivos que no pudo aportar a ese proceso y que de haber obrado la sentencia hubiera sido diferente.

La Sala resolverá si los documentos allegados por el recurrente extraordinario son suficientes para considerar configurada la causal segunda de revisión extraordinaria y, de ser así, analizar nuevamente el proceso teniendo en cuenta “las pruebas recobradas” y proferir la decisión que la sustituiría.

1. Marco legal.

1.1. Regulación del recurso.

El recurso extraordinario de revisión está regulado en el Código Contencioso Administrativo, en los artículos 185 a 193 [modificados por L. 446/98, art. 57]. Este recurso extraordinario procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia.

El recurso extraordinario deberá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, ante el competente, mediante demanda que reúna los requisitos legales,(2) con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer.

Los supuestos fácticos previstos por el legislador como causales de revisión de las sentencias ejecutoriadas están listados en el artículo 188 ib.

1.2. Competencia.

Conforme con el Acuerdo 58 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003, corresponde a la Sección Cuarta de esta corporación decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en los asuntos relacionados con la competencia de esta sección.

2. La causal invocada por la recurrente.

En el presente caso, el recurrente argumentó que se configura la causal prevista en el numeral 2º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo (modificado por L. 446/98, art. 57) cuyo texto dice:

“ART. 188.—Son causales de revisión: (...)

“2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Según los presupuestos legales para que se configure la causal 2ª de revisión se requiere que el interesado haya recuperado documentos que tengan el carácter de decisivos, esto es, pruebas documentales que por las cualidades propias, habrían sido importantes al momento de proferir la sentencia que se pretende infirmar, pues de haberlas conocido el juez, el proceso hubiera tenido un resultado diferente.

La norma exige que el recurrente extraordinario demuestre que tales documentos no los aportó al proceso inicial, por fuerza mayor o caso fortuito o, por obra de la parte contraria, y que, los recobró con posterioridad a la decisión que se cuestiona.

Debe entenderse “recobrado” todo documento “atinente al asunto o a los hechos del proceso que la parte interesada lo tenía consigo o podía acceder a él antes de la oportunidad procesal para aportarlo, y dejó de tenerlo para luego volver a tomarlo, adquirirlo o poseerlo después de proferida la respectiva sentencia”,(3) en otras palabras, “recobrado” es el documento que como tal existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia(4).

El caso concreto

Leída la pretensión del recurso extraordinario, para el demandante el documento “recobrado” y “decisivo” es “el emplazamiento para declarar 4113.1.12.6 con fecha septiembre 9 de 2006 que fue recibido en La Inversora S.A. en día 6 de octubre de 2003” (sic). En el escrito, además, hace referencia al “Auto de verificación y cruce 4131,1,12,6-25”.

Con la demanda, allegó el emplazamiento para declarar 4131.1.12.6-1004697 de fecha “9/12/2006”(5). Acto mediante el cual el subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro de Santiago de Cali le concedió un mes de plazo a la actora para que presentara la declaración del impuesto de industria y comercio y, su complementario, de avisos y tableros del 2003(6).

Además, anexó al escrito el “auto de verificación y cruce 4131,1,12,6-25 de fecha junio 16 de 2008”, mediante el cual el subdirector de impuestos y rentas de Santiago de Cali comisionó a un funcionario para que verificara “la exactitud de la liquidación privada del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2003”(7).

A juicio del recurrente extraordinario, de haber obrado en el expediente estos documentos, la decisión del tribunal hubiera sido distinta.

Al respecto se observa que la sentencia acusada fue proferida el 17 de mayo de 2007 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra las resoluciones 0800 del 16 de octubre de 2003 y 0739 del 13 de octubre de 2004 de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro del municipio de Santiago de Cali, por las cuales se impuso a La Inversora S.A. la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio de 1999.

Leída la providencia se advierte que el tribunal denegó las pretensiones al encontrar acreditado el hecho sancionable y, en consecuencia, procedente la sanción impuesta, toda vez que la actora omitió el deber de declarar el tributo, obligación formal a su cargo, pues, en 1999, en cumplimiento del objeto social, desarrolló actividades de carácter comercial, las cuales son gravadas con el impuesto de industria y comercio.

Precisado lo anterior, se procede a resolver si se configura la causal de revisión invocada, para lo cual se analizaran los documentos allegados con el fin de establecer si reúnen las condiciones para considerarlos “recobrados” y “decisivos”.

1. El “auto de verificación”. Frente a este documento se destaca, de una parte, que se ordena la verificación de la declaración del 2003 no del 99, objeto del proceso, y, de otra, que fue proferido en el 2008, esto es, con posterioridad a la sentencia, por tanto, se desvirtúa el carácter de documento “recobrado” que exige la causal invocada, sin que proceda análisis adicional.

2. El “Emplazamiento para declarar”. Por medio de este acto, la administración concedió plazo a La Inversora S.A. para que presentara la declaración del impuesto de industria y comercio del 2003, periodo distinto a aquel por el cual se impuso la sanción por no declarar, que la jurisdicción encontró ajustada a derecho por las razones antes señaladas.

Se resalta que si bien este acto existía antes de la sentencia, el recurrente ni siquiera argumentó por qué no lo aportó al proceso oportunamente y menos demostró que haya sido por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; además, no tiene el carácter decisorio que exige la norma.

De otra parte, de los razonamientos contenidos en la demanda del recurso extraordinario de revisión se advierte que el recurrente confunde el procedimiento de aforo(8) que venía agotando la autoridad municipal con el fin de determinar el impuesto de industria y comercio de 1999, en el que fueron proferidos los actos administrativos cuya legalidad fue analizada en la sentencia cuestionada, con el “registro y/o placa” que como contribuyente de este tributo realizó la administración en el 2003, de oficio, al encontrar que la empresa presentó la declaración privada correspondiente a este periodo.

La jurisdicción en la sentencia acusada, se repite, analizó la legalidad de las resoluciones por las que se impuso la sanción por no declarar y resolvió el recurso gubernativo, contra las cuales la demandante dirigió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y las encontró ajustadas a derecho.

Mediante el recurso extraordinario de revisión no es posible reabrir un proceso legalmente concluido, si no se acredita plenamente la configuración de la causal invocada y, de cumplirse los presupuestos legales, no es posible revisar hechos ajenos a la controversia, como en el caso, lo sería la presentación de la declaración de industria y comercio del 2003, que según la comunicación del 27 de mayo de 2003,(9) motivó la “matrícula” o “registro”.

Esta circunstancia es extraña a dicho proceso, pues la matrícula o registro al que se refiere el recurrente extraordinario fue realizado por la administración en el 2003 y los hechos objeto de análisis en la sentencia son de 1999. Así, el documento, aunque hubiera estado en el expediente, no habría afectado de manera alguna el sentido de la decisión.

Desvirtuado el carácter “decisivo” que el recurrente extraordinario afirma tiene el “emplazamiento para declarar”, no se configura la causal invocada, y en consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no tiene vocación de prosperidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

No prospera el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 17 de mayo de 2007 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(2) El Código Contencioso Administrativo establece en el artículo 137 los requisitos de toda demanda presentada ante la jurisdicción administrativa.

(3) Sentencia de 18 de octubre de 2005, Expediente 11004-03-15-000-1999-00197-01(Rev.), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(4) Sentencia de 8 de noviembre de 2005, Exp. 11001-03-15-000-1999-00218-01(REV), C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

(5) Folio 7, cuaderno del recurso extraordinario.

(6) Folio 7 vuelto, c.r.e. Según se constata este acto fue recibido por la emplazada el 3 de octubre de 2006, de lo cual se colige que la fecha del emplazamiento es doce (12) de septiembre del 2006 y no nueve (9) de septiembre, como lo afirma la recurrente.

(7) Folio 8, c.r.e.

(8) El procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. El emplazamiento si bien es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; así también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo (sent. de ene. 28/2010, Exp. 17209, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia).

(9) Folio 6, c.r.e.