Sentencia 2009-00603 de abril 22 de 2009

 

Sentencia 2009-00603 de abril 22 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. T-11001 02 03 000 2009 00603-00

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Discutido y aprobado en Sala de 22-04-2009

Bogotá, D.C., abril veintidós de dos mil nueve.

Decídese la acción de tutela instaurada por la sociedad Jaibel Ltda., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Luz Magdalena Mojica Rodríguez, Carlos Julio Moya Colmenares y Humberto A. Niño Ortega, y el Juzgado 35 Civil del Circuito de esta misma ciudad.

El reclamo constitucional y su fundamento

1. La sociedad accionante, quien actúa por conducto de apoderado judicial, demanda la protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los funcionarios judiciales accionados al proferir las providencias de 12 de agosto de 2008 y 13 de febrero de 2009, respectivamente, mediante las cuales tanto en primera como en segunda instancia, resolvieron la objeción que formuló a la liquidación de costas practicada dentro del proceso ordinario adelantado en su contra por la sociedad Distribuidora de Confites S.A. “Disconfites”.

2. Expone la peticionaria, en síntesis, que el juzgado de conocimiento, mediante sentencia de 14 de octubre de 2005, declaró probada la “excepción de inexistencia de contrato de agencia comercial” que formuló y, subsecuentemente, condenó en costas a la parte demandante, determinación que fue confirmada por el Tribunal Superior de Cartagena —en descongestión—.

3. Que el juzgado, por medio de auto de 13 de diciembre de 2007, señaló como agencias en derecho en su favor la suma de $ 6.026.00, cifra inferior al 1,4% del valor de las pretensiones que ascendía a $ 449.747.347.

4. Que objetó las agencias en derechos para que fuesen aumentadas a una cifra que consulte lo dispuesto por el artículo 6º, numeral 1.1, del Acuerdo 1887 de 2003 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual estas deben fijarse en primera instancia “hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”, porcentaje que se aplica inversamente cuando es vencido el demandante.

5. Que la perito designada por el juzgado, a petición suya, en la experticia rendida señaló que “un valor equitativo y razonable” como fijación de las agencias en derecho debería ser la suma de $ 39.142.502.

6. Que el juzgado accionado, mediante proveído de 12 de agosto de 2008, ajustó las agencias en derecho a la suma de $ 15.657.000, sin hacer referencia alguna al dictamen pericial rendido por la perito abogada, ni a la naturaleza del proceso, calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado, incurriendo en vía de hecho.

7. Que contra esa decisión interpuso recurso de apelación con miras a obtener que las agencias en derecho fuesen aumentadas en una suma que oscilara entre $ 39,142.502, dictaminada por la perito, y $ 67.355.857 que corresponde al 20% de las pretensiones.

8. Que el tribunal, por medio de auto de 13 de febrero de 2009, confirmó la providencia impugnada y, subsecuentemente, también, incurrió en vía de hecho.

9. Que resulta sorprendente que en un proceso ordinario de mayor cuantía, con dos instancias, que tuvo un largo debate probatorio y una prolongada duración, cuyas pretensiones ascienden a la suma de $ 449.747.347, según las calculó el tribunal, puedan los juzgadores acusados fijar las agencias en $ 15.657.00 que equivalen al 3.4% del valor de aquellas.

10. Solicita que se revoquen las providencias censuradas y, en su lugar, se le ordene a los funcionarios accionados que fijen las agencias en derecho de conformidad con lo dispuesto por el citado Acuerdo 1887 de 2003 y/o en su defecto, acojan el dictamen rendido por la perito María Fabiola Becerra Cristancho, quien las tasó en $ 39.142.502.

Consideraciones

El tribunal en la providencia censurada, mediante la cual confirmó la de primera instancia, consideró que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003 emanado del Consejo Superior de la Judicatura, el monto de las agencias en derecho, en principio, sería la suma de $ 89.949.469, correspondiente al 20% de $ 449.742.000, valor calculado de las pretensiones, “más no el obligatorio, recuérdese que la misma norma indica que dicho porcentaje se debe asignar inversamente al valor de las pretensiones, vale decir, a mayor cuantía de estas el porcentaje sería menor y a menor cuantía este se acercará al tope”. Criterio que debe aplicarse al presente asunto y, en consecuencia, la suma de $ 15.657.000, que corresponde al 3.4% de las pretensiones, fijado por el juzgado “se encuentra ajustado a derecho y por tanto deberá mantenerse”.

Advirtió que el valor de las agencias en derecho debe corresponder a una suma razonable y equitativa, como lo dispone el acuerdo citado, lo que significa que no puede ser el 20% de las pretensiones, reclamado por el recurrente, en atención a los criterios contenidos en el artículo 3º de dicho acuerdo en concordancia con lo establecido por el artículo 393 de Código de Procedimiento Civil, “lo que significa que el porcentaje observado por el juzgado 3.4% aproximadamente se ajusta a la graduación equitativa y razonable que consagra la regla citada, observando la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión realizada por la parte beneficiada con las costas, ello, porque no se puede olvidar que la pretensión formulada a la jurisdicción era la declaración de un contrato de agencia comercial, la que no prosperó y el término de duración del proceso fue el previsible dada la congestión que ostentan los juzgados civiles del circuito de Bogotá, situación conocida por todos los estamentos de la sociedad”.

2. Tales elucidaciones no pueden tildarse como arbitrarias o antojadizas, toda vez que están sustentadas en una interpretación razonable de las normas que aplicó para arribar a su decisión, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le corresponden. Por supuesto que el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos del funcionario judicial, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese un juzgador de instancia; amén que la adversidad del fallo no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural.

Así las cosas, la Corte negará el amparo constitucional deprecado.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional pedido.

Notifíquese esta decisión a las partes, conforme a lo estipulado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión, en caso de no ser impugnada esta decisión.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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