Sentencia 2009-00603 de octubre 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref: Exp. 110010324000200900603 00

Asunto: acción pública de nulidad

Actor: Jose German Palencia Herrera

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones

IV.1. El acto acusado.

Se demanda en este proceso la nulidad del artículo 8º (incluidos sus dos parágrafos) de la Resolución 00005-Jurídica-CP5 de 2 de marzo de 2009 “Por medio de la cual se establecen procedimientos para el control de tráfico marítimo en la Capitanía de Puerto de Cartagena”, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima – Capitanía de Puerto de Cartagena. El texto de esta norma es del siguiente tenor literal:

“Resolución 00005-juridica-CP5

02-MARZO-2009

Por medio de la cual se establecen procedimientos para el control de tráfico marítimo en la Capitanía de Puerto de Cartagena

El Capitán de Puerto de Cartagena

En uso de sus facultades legales y en especial la contenida en el artículo 11 del Decreto 3703 de 2007,

CONSIDERANDO:

Que el servicio público de practicaje constituye una herramienta determinante en la seguridad del tráfico marítimo y consecuentemente representa una garantía para el desarrollo de las actividades marítimas de conservación, preservación y protección del medio marino, tal como se establece en el artículo 3º del Decreto-Ley 2324 de 1984;

Que el artículo 42 de la Ley 658 de 2001, establece que el control de la actividad marítima de practicaje a nivel local corresponde a la Capitanía de Puerto de la jurisdicción, efecto para el cual el Capitán de Puerto llevará el control de los pilotos prácticos y de las empresas de practicaje y emitirá las instrucciones o recomendaciones pertinentes con el fin de garantizar en forma segura la prestación de este servicio público, la seguridad de la navegación, de las tripulaciones y la prevención de contaminación del medio marino;

Que el artículo 11 del Decreto 3703 de 2007, que modificó el artículo 26 del Decreto 1466 de 2004, contempla (...).

Que la disposición en mención establece que los pilotos prácticos se dividirán en tres grupos, en periodo de servicio, en periodo de reposo y en periodo de vacaciones, detalla en el parágrafo los factores que se deben tener en cuenta para determinar estos periodos;

Que se requiere establecer unos procedimientos para el desarrollo de la actividad de practicaje en la jurisdicción de Cartagena en aras a garantizar en forma segura la prestación de este servicio público;

Que para obtener el número máximo de maniobras mensuales por piloto practico, se establece la relación entre las maniobras promedio anuales para un mes sobre el número de pilotos prácticos de los grupos en periodo de servicio y en periodo de reposo, no teniéndose en cuenta los del periodo de vacaciones;

Que debido a las proyecciones del Tráfico Marítimo para el Puerto de Cartagena, fundamentadas especialmente en las obras de infraestructura realizadas y por ejecutar, el tráfico marítimo se incrementó durante el año 2008, mostrando una tendencia a aumentar durante el presente año;

Que en el año 2008 en el Puerto de Cartagena las maniobras de practicaje han aumentado en relación con el año 2007.

Que el objetivo de la presente resolución es dar cumplimiento con la competencia otorgada, en el sentido de fijar los requisitos, procedimientos y criterios generales a los que deben someterse las empresas y pilotos prestadoras del servicio de practicaje, tal y como fue expuesto por el Tribunal Administrativo de Bolívar el día 4 de diciembre de 2008, con ponencia de la magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado, al resolver la Acción de cumplimiento interpuesta por el señor Jairo Santamaría y otros en contra de la Capitanía de Puerto de Cartagena;

Que en mérito de lo anterior, se ratificó las competencias del Capitán de Puerto de Cartagena en emitir la presente resolución,

RESUELVE:

(...).

ART. 8º—Límite de maniobras por piloto práctico. La Capitanía de Puerto de Cartagena teniendo en cuenta los promedios estadísticos del año anterior y las tendencias de maniobras proyectadas para el puerto establecerá un número máximo de maniobras como límite mensual para cada piloto práctico, el cual será informado anualmente el día primero de febrero de cada año.

PAR. 1º—Para el año 2009 se establece en treinta y ocho (38) maniobras mensuales de maniobras (sic) por piloto práctico.

PAR. 2º—El número máximo de maniobras establecidas en este artículo incluye las efectuadas en otras jurisdicciones.

IV.2 El problema jurídico a resolver

Se cuestiona en el presente caso si la Capitanía de Puerto de Cartagena tenía competencia para establecer un número máximo de maniobras (38) como límite mensual para cada piloto práctico, si la respuesta a este asunto es afirmativa, establecer si la resolución parcialmente acusada se encuentra falsamente motivada frente a los cargos formulados.

IV.3 El caso concreto

Para resolver el problema jurídico señalado la Sala dividirá su examen en los siguientes temas: i) Competencia de la Capitanía de Puerto para establecer el límite de maniobras para cada piloto práctico en el mes. ii) Si acorde con el ordenamiento jurídico que le sirvió de fundamento el acto parcialmente acusado fue falsamente motivado.

IV.3.1. Naturaleza de la actividad de practicaje marítimo.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el Concepto núm. 1876 de 10 de abril de 2008(6) se refirió a esta actividad en los siguientes términos:

“1. El practicaje marítimo en el ámbito internacional. Aspectos generales.

(...).

Actualmente, la mayoría de las legislaciones definen el practicaje como una actividad de asesoría que presta un experto, el piloto práctico, al capitán sin la cual un buque no puede entrar o salir de un determinado puerto o canal en condiciones de seguridad […], quien tiene “que integrar, en tiempo real, innumerables variables interactivas que influyen en el comportamiento de la nave en maniobra (…) tan pronto arriba al puente, asimila la información proporcionada por el Capitán; analiza el comportamiento de la nave y prevé los efectos sobre ésta de las condiciones meteorológicas y oceanográficas presentes en el área; aquilata la capacidad profesional de la tripulación; valora el apoyo que pueden prestar los remolcadores y lanchas; apela a su propio conocimiento y experiencia sobre el arte de la maniobra; compara la situación presente con experiencias anteriores para (…) tomar las decisiones”.

(…).

Internacionalmente, el servicio de practicaje está catalogado como un servicio del cual depende la seguridad de la vida humana en el mar, del medio ambiente acuático y del tráfico marítimo y fluvial. Teniendo en cuenta la relación intrínseca de este servicio con la seguridad marítima, la legislación comparada tiende a otorgarle el carácter de servicio público regulado y controlado por cada Estado.

(…).

2. El servicio de practicaje marítimo y fluvial. Marco legal

El régimen legal del servicio de practicaje marítimo y fluvial está contenido en el Decreto-Ley 2324 de 1984, por el cual se reestructuró la Dirección General Marítima, la Ley 658 de 2001, por la cual se reguló la actividad de practicaje como un servicio público, el Decreto Reglamentario 1466 de 2004, modificado por el decreto 3703 de 2007 y las resoluciones expedidas por la Dirección General Marítima 00050 de 2002, 357 de 2003, 183 de 2005 y 119 de 2007 sobre las tarifas autorizadas para este servicio.

(…).

3. El practicaje marítimo y fluvial como un servicio público.

El Decreto-Ley 2324 de 1984, por el cual se reorganizó la Dirección General Marítima, clasificó la actividad de practicaje como un servicio auxiliar de la navegación y lo elevó a la categoría de servicio público (…).

En concordancia con lo anterior, el legislador consciente de que el practicaje marítimo “es obligatorio internacionalmente en aguas marítimas y fluviales, jurisdiccionales, debido a que las condiciones de navegación en espacios restringidos demanda conocimientos especializados y detallados de cada puerto” ( ), y de la relación intrínseca que existe entre esta actividad, el derecho a la vida de la gente del mar, la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente y la seguridad del transporte marítimo nacional e internacional, en la Ley 658 de 2001, mantuvo el carácter de servicio público de esta actividad (...).

4. Régimen constitucional y los principios que presiden la intervención del Estado en los servicios públicos.

[E]l artículo 334 de la Carta consagra que el Estado debe intervenir “por mandato de la ley”, entre otras actividades económicas, en “los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano” y, los artículos 365 y 150 numeral 23 de la Constitución Política, prevén:

“ART. 365.—Los servicios públicos con inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitante del territorio nacional.  

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (…)” (negrilla fuera de texto). 

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 23.“Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos” (negrilla fuera de texto).

A la luz de las normas citadas, es claro que la Constitución Política impone a las autoridades públicas, incluido el Legislador, la obligación de intervenir en la economía y en particular, en los servicios públicos para asegurar su prestación eficiente y el cumplimiento de los fines del Estado. (…) Así las cosas, la consecuencia jurídica de elevar el practicaje marítimo y fluvial a la categoría de servicio público es que dicha actividad está sometida al régimen jurídico que fije la ley para su oportuna y eficiente prestación.

(…).

El legislador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, concibió en la ley 658 de 2001, el servicio público de practicaje marítimo y fluvial en función de la actividad de asesoría que prestan los pilotos prácticos a los capitanes de los buques para la realización de maniobras de practicaje en aguas marítimas y fluviales a través de las empresas de practicaje habilitadas para prestar comercialmente estos servicios. (Las mayúsculas sostenidas, negrillas y cursivas corresponden al texto original)

IV.3.2. El cargo de incompetencia.

La competencia significa que todo funcionario público, en el desempeño de su cargo, sólo puede hacer lo que le está permitido. Es la situación inversa de la capacidad propia de los particulares, en cuanto estos pueden hacer todo lo que no les está jurídicamente prohibido. La competencia, como regla última para la distribución y delimitación material de la autoridad estatal y de la consecuente responsabilidad, se deriva de los artículos 6º, 121 y 122 de la Constitución y, en lo que tiene que ver con las actuaciones administrativas, en los artículos 31, 33 y 84 del Código Contencioso Administrativo. fundamentalmente(7).

El vicio de incompetencia se presenta cuando el acto administrativo es expedido por fuera de la esfera de atribuciones que la Constitución, la ley o el reglamento le han asignado al servidor público o particular habilitado para el efecto, que lo profiere.

Se aduce en la demanda que las disposiciones acusadas son violatorias de la ley, toda vez que el Capitán de Puerto de Cartagena no tiene atribuida competencia alguna para señalar el número de maniobras máximas por mes que puede realizar un piloto práctico. En criterio del actor, dicha limitación implica una regulación que el régimen jurídico del servicio público de practicaje no consagra y constituye además una restricción del derecho al trabajo, la cual está reservada al legislador.

La Resolución 00005-Jurídica-CP5 de 2 de marzo de 2009 “Por medio de la cual se establecen procedimientos para el control de tráfico marítimo en la Capitanía de Puerto de Cartagena”, fue expedida por el Capitán de Puerto de Cartagena en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en el artículo 42 de la Ley 658 de 2001 y 11 del Decreto 3703 de 2007, que modificó el artículo 26 del Decreto 1466 de 2004, relativas respectivamente al “control de la actividad de practicaje” y a la “distribución del servicio de practicaje”.

Como se examinó previamente, la actividad marítima y fluvial de practicaje es un servicio público que como tal se encuentra sometido al régimen jurídico que fije la ley y su regulación, control y vigilancia corresponde al Estado.

La Ley 658 de 2001, dispone en los artículos 2º numeral 4º y 42:

ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por: (…).

4. Actividad marítima y fluvial de practicaje. Es un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. La Autoridad Marítima Nacional en coordinación con la entidad encargada de vigilar y controlar los terminales portuarios, debe asegurar su prestación y garantizar el desarrollo de esta actividad en su jurisdicción en forma eficiente y continua.

20. Libro de control de pilotos prácticos. Es aquel en el cual la Capitanía de Puerto registra la autorización para recibir entrenamiento a los aspirantes a piloto práctico y al piloto práctico por cambio de categoría y/o de jurisdicción, así como la expedición de las licencias y las maniobras efectuadas.

ART. 42.—Control de la actividad marítima de precticaje. El control de la actividad marítima de practicaje a nivel local corresponde a la Capitanía de Puerto de la jurisdicción. El Capitán de Puerto llevará el control de los pilotos prácticos y de las empresas de practicaje y emitirá las instrucciones o recomendaciones pertinentes con el fin de garantizar en forma segura la prestación de este servicio público, la seguridad de la navegación, de las tripulaciones y la prevención de contaminación del medio marino (se resalta).

En desarrollo de esta disposición el Presidente de la República expidió el Decreto 1466 de 2004, el cual dispone en el artículo 22:

ART. 22.—Ejercicio del control de la actividad marítima de practicaje. La autoridad marítima nacional a través de las capitanías de puerto ejercerá el control y vigilancia en la prestación del servicio público marítimo y fluvial de practicaje de manera que se garantice su prestación de forma segura, continua y eficiente, procurando que se cuente permanentemente con un número mínimo de pilotos prácticos debidamente licenciados para cada jurisdicción, con la infraestructura y equipos adecuados, que garanticen la seguridad de la vida en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de las instalaciones portuarias, la protección del medio ambiente y el beneficio público de acuerdo con lo establecido en el presente decreto y en la ley.

El artículo 20 del Decreto 2324 de 1984, por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria, dispone:

ART. 20.—Capitanías de Puerto. Son funciones de las Capitanías de Puerto.

1. Ejercer la autoridad marítima y Portuaria en su jurisdicción.

2. Hacer cumplir las leyes y disposiciones relacionadas con las actividades marítimas y portuarias.

3. Conceptuar y tramitar ante la Dirección General Marítima y Portuaria, las solicitudes de licencias, matrículas y patentes de navegación.

4. Verificar los exámenes para expedir licencias.

5. Expedir licencias de navegación para el personal de mar,

6. Dirigir y supervisar el servicio de practicaje.

7. Autorizar el arribo y zarpe de naves e inspeccionar el funcionamiento de las mismas.

8. Investigar, aún de oficio, los siniestros y accidentes marítimos, las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos que regulan las actividades marítimas y la marina mercante colombiana y, dictar fallos de Primer Grado e imponer las sanciones respectivas.

9. Cumplir las funciones establecidas en el Decreto 978 de 1974.

10. Las demás que le señalen la ley y los reglamentos.

Por otro lado, el artículo 26 de dicho reglamento, modificado por el artículo 11 del Decreto 3703 de 2007, señala:

ART. 11.—Modificar el artículo 26 del Decreto 1466 de 2004, el cual quedará así:

“ART. 26.—Distribución del servicio de practicaje. El Capitán de Puerto establecerá en la respectiva jurisdicción una distribución uniforme del trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas del puerto o zonas de pilotaje, en la cual los pilotos estarán obligatoriamente distribuidos en grupos, con el objetivo de garantizar

1. Disponibilidad continua del servicio.

2. Mantenimiento de un mínimo de maniobras por piloto, para mantener la continua práctica y habilitación del piloto práctico.

3. La prevención de fatiga en el piloto práctico durante la ejecución del servicio.

Para efectos de lo anterior, los pilotos se dividirán en los siguientes grupos

a) Pilotos en período de servicio; b) Pilotos en período de reposo; c) Pilotos en período de vacaciones.

PAR.—Los factores que se deben tener en cuenta para la determinación de los períodos de servicio, reposo y vacaciones son la interrelación de

a) Duración de la maniobra; b) Número de maniobras efectuadas versus tiempo entre maniobras; c) Período de servicio versus tiempo de descanso; d) Tiempo de descanso.

Si bien las disposiciones trascritas no señalan expresamente que corresponda al Capitán de Puerto señalar un límite máximo de maniobras mensuales por piloto práctico, como autoridad marítima local le corresponde el control y vigilancia de la prestación del servicio público marítimo y fluvial de practicaje con miras a garantizar el servicio de forma segura, continua y eficiente, procurando la permanencia de un número mínimo de pilotos prácticos debidamente licenciados para su jurisdicción, con la infraestructura y equipos adecuados, que garanticen la seguridad de las personas en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de las instalaciones portuarias, así como la protección del medio marino y el beneficio público de acuerdo con lo establecido en la ley y el reglamento.

La competencia asignada a esta autoridad en materia de control de la actividad marítima y fluvial de practicaje se refiere al número de maniobras efectuadas por cada piloto práctico y al registro de éstas en el libro de control(8), con el objeto de verificar que cada piloto realice un número mínimo de maniobras para mantener su continua práctica y habilitación, aspecto que constituye uno de los propósitos de la distribución del servicio de practicaje que le corresponde efectuar al Capitán de Puerto.

La Sala en este sentido considera que el tema de la regulación y control de esta actividad por tratarse de un servicio público referido a la seguridad de las personas en altamar, así como a la protección del medio marino corresponde a la Capitanía de Puerto en su respectiva jurisdicción.

De esa forma, contando con un número de pilotos prácticos que atiendan la demanda del servicio de pilotaje práctico y respetándose por ellos las normas sobre distribución uniforme del trabajo y fatiga, se procura por la ley y el reglamento que la prestación de ese servicio público se lleve a cabo en condiciones de seguridad. En este régimen jurídico la prevención de la fatiga en el piloto práctico como medio para lograr la seguridad en la prestación del servicio de practicaje está vinculada con el número máximo de maniobras mensuales que realice, como se reglamenta a través del acto demandado.

La fijación de un número máximo de maniobras por mes por piloto práctico, resulta conveniente y necesario para garantizar la seguridad en la prestación del servicio público de practicaje, de modo tal que sea el Capitán de Puerto, en este caso de Cartagena, en ejercicio de su facultad de control y vigilancia quien lo determine.

En el anterior contexto normativo, encuentra la Sala que no se configura el vicio de falta de competencia alegado en la demanda, pues corresponde al Capitán de Puerto de Cartagena supervisarel servicio de practicaje(9) y ejercer el control y vigilancia en la prestación del servicio público marítimo y fluvial de practicaje y en desarrollo de dicha potestad emitir las instrucciones o recomendaciones pertinentes con el fin de garantizar la seguridad en la prestación de ese servicio público y la protección del medio marino(10).

Siendo esto así, la Capitanía de Puerto al establecer una limitación al ejercicio de la actividad de practicaje a través del artículo 8º de la Resolución 00005-Jurídica-CP5 de 2 de marzo de 2009 y fijar un número de 38 maniobras máximas por mes a los pilotos prácticos, se ajustó a las funciones a ella atribuidas por virtud de la ley y el reglamento.

De otra parte, la violación de cualquiera de las disposiciones de la Ley 658 de 2001 constituye una infracción administrativa, tal como lo prevé expresamente esta norma (art. 62-1). Una de esas disposiciones legales señala que los pilotos prácticos están obligados a “[a]catar las disposiciones de la Autoridad Marítima Nacional, así como las instrucciones y/o recomendaciones del Capitán de Puerto o de su representante en lo referente a la actividad marítima de practicaje” (art. 15, num. 5º).

En ese sentido, es claro que el desconocimiento de las instrucciones y/o recomendaciones del Capitán de Puerto relativas a la actividad marítima de practicaje, como las contenidas en la Resolución 00005 Jurídica –CP5 de 2 de marzo de 2009 del Capitán de Puerto de Cartagena(11), constituyen el desconocimiento de un deber que impone la ley a los pilotos prácticos y, como tal, es una conducta considerada como una infracción que da lugar a las correlativas sanciones previstas por el legislador extraordinario en el Decreto-Ley 2324 de 1984.

IV.3.4 Falsa motivación

Cargo que fundamenta así:

Afirma el accionante que ninguna de las normas citadas en las consideraciones del acto parcialmente demandado constituye motivo o fundamento para que el Capitán de Puerto de Cartagena establezca la prohibición a los pilotos prácticos de realizar más de 38 maniobras al mes.

Al respecto la Sala considera que contrario a lo manifestado por el actor, la normatividad que regula la actividad del practicaje está establecida para que la autoridad nacional y la autoridad de puerto se complementen, de manera subordinada y armónica para que el Capitán de Puerto pueda ejercer sus funciones acorde con lo dispuesto en el Decreto Ley 2324 de 1984.

Si bien es cierto la fórmula que se indica en la norma acusada para obtener el número máximo de maniobras no está consagrada expresamente en disposición alguna, ella resulta de un análisis razonado de las necesidades del servicio y proporcional a la norma que le sirve de fundamento, de acuerdo no sólo con los promedios de la actividad en el año anterior, sino que además toma como constante el número de pilotos prácticos en periodo de servicio y en periodo de reposo, que también puede variar pero siempre sobre la base de un número mínimo autorizado por la ley.

De esta forma se logra ejercer el control sobre la actividad de practicaje prevista en la Ley 658 de 2001, que dejó en manos de la Autoridad Marítima Nacional la determinación de ciertos procedimientos así como de la forma y condiciones en que debe prestarse el servicio público de practicaje y a la autoridad de Puerto lo relativo a la actividad propia de Cartagena acorde con sus propias especificidades.

Así, al fijar un número máximo de 38 maniobras la autoridad portuaria pretende dejar sentado un límite con miras a la seguridad de la vida en el mar, la protección del medio marino y la propia seguridad del piloto, garantizando además una distribución uniforme y equitativa del trabajo, tal como lo dispone el artículo 22 del Decreto 1466 de 2004, modificado por el artículo 11 del Decreto 3703 de 2007, ajeno a la actividad comercial de las empresas, como quiera que en la actividad de practicaje lo que debe prevalecer es la seguridad y la eficiencia por tratarse de un servicio público cuyo control y vigilancia está en cabeza del Estado.

En estos términos la Sala reitera que la disposición contenida en el artículo 8º y sus parágrafos no vulnera la normativa superior invocada en la demanda, más aún si se tiene en cuenta que corresponde a la Capitanía de Puerto el control de los pilotos y de las empresas de practicaje según lo dispone el artículo 42 de la Ley 658 de 2001 y el artículo 11 del Decreto 3703 de 2007 lo faculta para establecer una distribución uniforme del trabajo, asuntos que quedaron plasmados en la norma objeto de debate.

El hecho de que la acción de nulidad se haya promovido en acatamiento a lo resuelto en la acción de cumplimiento cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar y en cuya decisión(12) se dispuso declarar improcedente la acción porque lo que realmente se pretendía era la nulidad parcial del acto acusado, como argumento de la falsa motivación resulta irrelevante, por cuantoese es el objeto del presente proceso y es en éste donde se hará en respectivo pronunciamiento sobre la pretensión de nulidad invocada.

IV.4. Conclusión.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala denegará las súplicas de la demanda al no haberse desvirtuado la legalidad del artículo 8º (incluidos sus dos parágrafos) de la Resolución 00005-Jurídica-CP5 de 2 de marzo de 2009 expedida por la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda por las consideraciones hechas en la parte motiva de esta providencia.

2. ARCHÍVESE el expediente una vez en firme este proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha».

(6) Consejero Ponente Dr. Gustavo Aponte Santos.

(7) Según el artículo 6º de la Constitución Política, los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, además de serlo por infringir la Constitución y la ley. El artículo 121 ibídem establece que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, y el 122 prevé que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. Los artículos 31, 33 y 84 del Código Contencioso Administrativo, por su parte y en su orden, establecen la condición de que las peticiones tengan relación directa con las actividades a cargo de la autoridad a la que se dirige para que ésta deba hacer efectivo el derecho de petición; el deber que tiene el funcionario no competente de enviar al competente la petición que se haya dirigido a él, y la incompetencia como causal de nulidad de los actos administrativos.

(8) Ley 658 de 2001, art. 43.

(9) Decreto 2324 de 1984, art. 20.

(10) Ley 658 de 2001, art. 42 y Decreto 1466 de 2004, art. 22.

(11) La Resolución demandada contiene distintas instrucciones y/o recomendaciones en materia de la actividad marítima de practicaje, relativas, entre otros aspectos, a la información sobre arribos y zarpes, al reporte sobre el inicio de la maniobra de practicaje a la estación de control de tráfico marítimo, al tiempo de descanso obligatorio de los pilotos, a la programación de los grupos de pilotos, al reporte diario de maniobras y al transporte marítimo del piloto práctico.

(12) Ver sentencia de 4 de diciembre de 2008, con ponencia de la magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado, al resolver la acción de cumplimiento interpuesta por el señor Jairo Santamaría y otros en contra de la Capitanía de Puerto de Cartagena (fl. 63).