Sentencia 2009-00608 de mayo 7 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 470011102000200900608 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: Abogado Apelación.

Denunciado: Arístides de Jesús Valencia Cervantes.

Denunciante: Javier Blandón Yepes

Primera Instancia: Sanciona - 2 años de suspensión en el ejercicio de la profesión y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Decisión: Confirma.

Aprobado según Acta 032 de la fecha

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura” y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Asunto a resolver

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor de confianza del disciplinado, doctor Álvaro José Russo Pardo contra el fallo sancionatorio proferido el 15 de enero de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, mediante la cual sancionó al abogado Arístides de Jesús Valencia Cervantes con 2 años de suspensión en el ejercicio de la profesión y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, circunscribiéndose al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al cual se llega por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Válido resulta anotar que el recurso de apelación es un medio de carácter procesal que la ley confiere a los intervinientes agraviados por una decisión judicial, para solicitar ante el juez que la dictó dentro del plazo legal y debidamente fundamentado la revisión de la actuación, habilitando al superior jerárquico para auscultar en los hechos frente al derecho y decidir la cuestión en alzada en aquello que concretamente se coloca bajo la esfera de su competencia para que lo revoque o enmiende.

El abogado Arístides de Jesús Valencia Cervantes, fue encontrado responsable de la comisión de la falta a la debida diligencia profesional, tipificada en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que establece lo siguiente:

“Ley 1123 de 2007.

(...)

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...)

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente”.

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

El tipo disciplinario endilgado al profesional —L. 1123/2007, art. 35, num. 2º— se trata de un tipo doloso, es de conducta alternativa, ejecutado por acción, al acordar, esto es pactar, decidir de consuno, estipular de común acuerdo; exigir, esto es, compeler, presionar a través de la fuerza física o moral u obtener, es decir, esto es, en términos simples obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. Nótese como en la norma señalada, se incluyó el primer verbo rector-acordar, que resulta trascendente, en la medida en que ya no basta, como acontecía en el pasado con manifestar que los honorarios se pactaron o estipularon con el consentimiento del cliente, para pretender justificar la desproporcionada remuneración.

Parece un postulado lógico el que indica que los honorarios del abogado nunca pueden estar por sobre la participación de que corresponda al cliente. El dueño del negocio es quien debe llevar la mayor parte.

Ahora, la oferta, la demanda, el prestigio profesional y la naturaleza del asunto son algunos de los factores en juego al definir la suma que el abogado cobrará por sus servicios, sujeta, claro, a los límites previstos en el código. La Ley 1123 de 2007, se itera, dice que los honorarios no pueden superar la participación correspondiente al cliente y califica como falta a la honradez.

Caso en concreto

Para entrar en contexto sobre el asunto, ha de partirse del hecho cierto y probado que el señor Javier Blandón Yepes, el 25 de octubre de 2004, le confirió poder al abogado Arístides de Jesús Valencia Cervantes, para que en su nombre y representación presentara ordinaria laboral contra el Instituto de los Seguros Sociales ISS, y obtener mediante sentencia ejecutoriada que hiciera tránsito a cosa juzgada el reconocimiento de la pensión de vejez a que tenía derecho (fl. 7, c.o), la que efectivamente fue presentada el 3 de noviembre de 2004 (fls. 8-11, c.o.), correspondiéndole al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta - Magdalena, donde mediante providencia del 30 de marzo de 2008, condenó a la demandada a la demandada a pagar según la certificación anexa, de la cual se hace la transcripción textual: “Que en este juzgado cursó ordinario laboral y el subsiguiente proceso ejecutivo laboral seguido por .Javier Blandón Yepes contra el Instituto de Seguros del (sic) Sociales, radicado bajo el Nº 2004-0528, tomo 19 folio 191, dentro del cual se dictó sentencia el treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009), la cual quedó ejecutoriada el dos (2) de abril de la misma anualidad, luego se procedió a la liquidación de las costas por la suma de $ 28.286.359.31, la cual se colocó en traslado por el término de tres (3) días y no se presentaron objeciones y se aprobó por auto de fecha 5 de mayo de 2009. Luego se libró mandamiento de pago el dieciocho (18) de mayo de dos mil nueve (2009), para el cobro del retroactivo pensional causado desde el primero (1º) de abril del año dos mil ocho (2008) hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve (2009), retroactivo por valor de $ 141.431.797.69, agencias en derecho del proceso ordinario por valor de $ 28.286.359.21 y la suma de $ 16.971.815.00, por agenciada en derecho del proceso ejecutivo laboral para un total de $ 186.689.972, crédito que fue cancelado en su totalidad al apoderado de la parte demandante doctor Arístides de Jesús Valencia Cervantes) por auto de fecha primero (1º) de julio de 2009 se declaró terminado el presente proceso por pago total de la obligación y se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares” (fl. 35, c.o. sic).

Ahora, como bien lo observó el a quo, los medios allegados a la actuación, incluso la misma aceptación del togado de haber entregado cierta suma de dinero a su cliente para el mes de junio de 2009, se llega a concluir que hubo una “ventaja” de aquel sobre su cliente en una proporción de 68% a 32% y pese posteriormente al inicio de la actuación disciplinaria dicha relación varió de 63% a 37%.

Lo anterior está soportado con el escrito de queja y sus anexos, la declaración jurada del quejoso - Javier Blandón Yepes, por demás ampliada y ratificada en tres ocasiones al interior de la actuación; el de su hija Ana María Blandón Navarro y su esposa Ana Cristina Navarro, testigos, cuya credibilidad emergía de la coherencia de sus propias declaraciones y la concordancia entre esas y las del quejoso.

Por demás revalidadas con las pruebas documentales - título judicial, consignación bancaria del año 2009 de los $ 60.000.000 recibido por el quejoso del abogado (fl. 80, c.o), y la suma de $ 6.900.000 que este último le entregó en junio de 2010, de lo cual obraba paz y salvo de fecha junio 17 de 2010, más la letra de cambio como garantía del pago al que se comprometió el abogado —hasta completar $ 15.000.000 (fl. 79, c.o.).

Pero más allá de cualquier otra consideración se observó a lo largo de la actuación las serias contradicciones entre los dichos del disciplinado, como por ejemplo que no trajo justificación alguna en la fecha del paz y salvo, en tanto el presentado por el quejoso databa del 17 de julio de 2009 y la copia del encartado del 17 de julio de 2010, limitándose a manifestar que desconocía el porqué de tal ocurrencia.

Ahora, en su primera versión, en cuanto a que lo que le correspondía al aquí quejoso era la suma de $ 134.000.000 y que los entregó completamente a su cliente, las pruebas testimoniales y documentales que este aportó permiten contradecirlo, a más que su testigo estrella, señor Donaldo Lanao, a quien solicitó, aseguró no conocer al quejoso ni constarle nada de lo investigado, sumándole las mentises argumentaciones sobre el lugar, la fecha y la forma en la que hizo la entrega del dinero, sin contar con la declaración jurada de la hija del quejoso en el sentido de que el doctor Valencia Cervantes los contactó una vez enterado de la apertura de investigación disciplinaria, para, ofrecerles dinero a cabio de su ayuda para no perjudicarse profesionalmente.

Luego al valorarse su posterior declaración, a todas luces excluyente de sus dichos anteriores, dijo haber pactado el 50% de honorarios, la entrega en junio de 2009 de apenas $ 60.000.000 no le ayudó a corroborar el pretendido pacto de honorarios, toda vez que obraba en el proceso el título judicial 442100000344610 del 12 de junio de 2009 (fls. 89-90, c.o.), según el cual el abogado cobró $ 186.689.972, de lo cual, el dinero entregado al señor Javier Blandón Yepes $ 60.000.000, correspondiendo solo al 32%.

Precisó la Sala de instancia que si bien la defensa del disciplinado alegó que: “...las agencias en derecho por un valor más o menos de $ 45.000.000 no fueron acordadas para el quejoso”, se debía señalar que: “Primero, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional de derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entre esta y aquel; por tanto, el doctor Valencia Cervantes no podía, per se, apoderarse de las agencias en derecho, puesto que dichos emolumentos eran, en este caso del señor Blandón Yepes, y si no existía acuerdo previo en tal sentido, constituye un abuso de su parte haberlo tomado a motu proprio. Con todo, seguiría tipificándose la falta, comoquiera que el dinero que obtuvo excede la participación con que resultare su poderdante, puesto que habiendo entregado 60 millones de pesos, y aún sumados los $ 6'900.000, esto sigue siendo solo el 37% del dinero recuperado en el proceso laboral. Segundo, el paz y salvo firmado por el señor Blandón Yepes, además de que fue suscrito en medio de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, contradictorias y poco claras frente a lo que pretendía probar el disciplinado, con todo, luego de probarse el dinero realmente entregado al cliente, sigue a fecha de hoy no correspondiendo con lo que debía. Es decir, ese paz y salvo es materialmente inconsistente con la realidad y esta es, que el abogado obtuvo más que su cliente en el proceso. Tercero, pese a que “se puede pactar hasta el 50% por concepto de honorarios como producto de la gestión desplegada”, no puede nunca excederse dicho porcentaje; como se ha venido demostrando probatoriamente, el abogado excedió dicho tope obteniendo el 63% de lo recibido al interior de la gestión judicial para la que fue contratado. Cuarto, y último, sorprende el argumento de “la existencia de unos acuerdos al margen de la relación contractual abogado-cliente”, refiriéndose al dicho del quejoso cuando exponía en su ampliación de queja que una de las explicaciones que el abogado le había dado era que parte del dinero recibido —30 millones de pesos— eran para pagarle al esposo de la jueza, pretendiendo la defensa que dicho argumento tenga recibo por la Sala, entendiendo que el cliente había acordado tal ilícito pago. Desconcertante resulta como argumento defensivo, toda vez que lejos de lograr dicho objetivo, bien pudiera establecer la existencia de otra presunta falta disciplinaria —L. 1123/2007, art. 35, num. 9º—, comoquiera que correspondería a la realización de un acto fraudulento contra la administración de justicia” (fls. 305-306, sic para lo transcrito).

Así las cosas contrario a lo indicado por el togado, no existía duda sobre la ocurrencia material de los hechos, pues sin justificación alguna que le permitiera excluirlo de responsabilidad, dolosamente se apropió a título de honorarios en un 68% de las resultas del proceso, dejándole a su cliente solo el 32% restante.

Del recuento procesal se tiene la certeza de la incursión del abogado en la falta prevista en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, luego es indudable que aquel desconoció sus deberes, a los cuales estaba obligado a cumplir, compilados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y de manera particular para el caso bajo estudio en el numeral 8º que indica:

“Ley 1123 de 2007.

(...)

ART. 28.—Deberes profesionales del abogado.

(...)

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, en el caso bajo estudio la prueba allegada al proceso ya reseñada indica en forma diáfana y contundente que los hechos constitutivos de la investigación disciplinaria existieron, esto es, no entregar a la mayor brevedad posible los dineros recibidos por cuenta de su cliente, luego no cabe duda de la antijuridicidad de la conducta desplegada por el procesado, vulnerando con su actuar sus deberes profesionales sin la concurrencia a su favor de causal alguna de ausencia de responsabilidad.

Ahora, él como abogado litigante, es conocedor del ordenamiento jurídico, entendiendo que una de sus obligaciones era la no obtener honorarios que superaran la participación de su cliente y cumplir a plenitud con el deber a la honradez en el ejercicio de la profesión, pero que en este evento en forma voluntaria e intencional, consciente de los hechos y comprendiendo la antijuridicidad de su acción actuó de manera contraria a dicho imperativo legal, luego pudiendo y debiendo apegarse al ordenamiento jurídico, prefirió quebrantarlo, por ello su conducta es reprochable tal y como lo consideró la Sala de instancia, por lo que de manera categórica serán despachados desfavorablemente los argumentos expuestos en relación con la situación fáctica y jurídica materia de examen.

Finalmente la Sala observa como pocas actividades tienen en la sociedad tanta trascendencia como la que reviste la tarea de administrar justicia, siendo factor de estabilidad social y de decantación de principios morales de la mayor significación. De allí, que todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con las funciones propias de la administración de justicia, en especial los que ofician como abogados litigantes y jueces, deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuales son los fines primordiales de la justicia.

El abogado, en especial, cumple una función social consistente en colaborar honrada y lealmente con las actividades ante la justicia. En este orden de ideas está fuera de discusión que los abogados que hacen trampa deben ser sancionados sin vacilaciones cuando sean sorprendidos en la consumación de las mismas.

De la sanción

En relación con la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se halla acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos los parámetros establecidos en el artículo 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y la ausencia de antecedentes disciplinarios del infractor, para imponerla, por lo que considera la Sala que se debe mantener en su integridad la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión, por el término de 2 años y multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, impuesta al doctor Arístides de Jesús Valencia Cervantes, por las faltas descritas en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, agravada conforme al numeral 4º del literal C del artículo 45 ibídem y porque además está prevista por el Legislador para este tipo de comportamiento antiético de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 35, 42 y 43 de la Ley 1123 de 2007 y la Sentencia C-884 de 2007 a través de la cual la Corte Constitucional consideró que “...la sanción de multa es autónoma para aquellas faltas que no merezcan la sanción de suspensión o exclusión” para cargarla, pues en este caso la sanción es de suspensión.

Finalmente en relación con los argumentos expuestos por la defensa en cuanto a que no se tuvo en cuenta la “confesión de la falta” antes de la formulación de cargos, al revisar la actuación en momento alguno se tiene que lo haya hecho, pues solo se limitó si a indicar que había recibido el dinero resultas del proceso y lo había entregado en debidas proporciones a su cliente, mucho menos se probó que haya “resarcido el daño”, por iniciativa propia, pues fue la interposición de la querella lo que hizo reaccionar al profesional y buscar a su poderdante para consignarle parte del dinero entregado conforme al título judicial.

Por todo lo anterior, esta superioridad no acoge los argumentos expuestos por la defensa en el recurso de apelación y caso contrario confirmará la sentencia, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, sancionó al abogado Arístides de Jesús Valencia Cervantes con 2 años de suspensión en el ejercicio de la profesión y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, agravada conforme al numeral 4º del literal C del artículo 45 ibídem, pues obtuvo honorario que superaron la participación de su cliente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo sancionatorio proferido el 15 de enero de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, mediante la cual sancionó al abogado Arístides de Jesús Valencia Cervantes con 2 años de suspensión en el ejercicio de la profesión y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, agravada conforme al numeral 4º del literal C del artículo 45 ibídem, conforme a las consideraciones en la parte motiva de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».