Sentencia 2009-00618 de junio 22 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 130011102000200900618 01 / 1968 F

Aprobado según acta 61 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir este recurso de apelación, de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Carta Política y 112, numeral 4 de la Ley 270 de 1996, a lo cual procede una vez en esta instancia se corrió traslado al Ministerio Público y al funcionario disciplinable, el cual transcurrió en silencio.

Es así como corresponde analizar y decidir si la conducta desplegada por el doctor Ali Antonio Silva Cantillo es merecedor de un reproche disciplinario, al configurarse su conducta como antijurídica. En el presente caso, se le endilga al funcionario judicial haber proferido en sede de tutela, el reconocimiento de tres acreencias laborales, por cuantía de $326´000.000, el 12 de septiembre de 2007, Y en cuantía de $ 434´336.864, el 14 de agosto de 2007, desconociendo la función de administrar justicia, sujeta a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley.

Esta corporación parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dado la especial sujeción de estos al Estado en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones. En este orden de ideas en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento, o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado. De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan.

Se trata de establecer entonces, según se dijo en la sentencia objeto de impugnación, si el doctor Silva Cantillo, en su condición de Juez Promiscuo del Carmen de Bolívar, faltó al deber establecido en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Dispone el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 que son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda “1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

Lo anterior en consideración que el funcionario judicial desbordó en criterio del a quo, el marco jurídico que estaba obligado a acatar, así reconoció mediante acción de tutela acreencias de tipo laboral, que en algunos casos ya excedían el término de exigibilidad como se desprende a continuación:

• Resolución 916 del 12 de julio de 2007, la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar, reconoce por concepto de prestaciones laborales a Miladis Esther Villarreal, la suma de $ 80´000.000.

• Resolución 953 del 26 de julio de 2007, la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar, reconoce por concepto de indexación moratoria a Carlos Díaz Romero la suma de $ 90´000.000.

• Resolución 952 del 25 de julio de 2007, la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar, reconoce por concepto de prestaciones sociales atrasadas, a Sonia Arroyo Yepez la suma de $ 156.500.000.

• Certificaciones del 25 de febrero de 2005, mediante las cuales la Alcaldía Municipal de Carmen de Bolívar, reconoce por concepto de cesantías y prestaciones sociales a la señora Nereida Acevedo Peluffo y otros la suma de $ 434´336.864.

Las diferentes resoluciones de la Alcaldía Municipal del Carmen de Bolívar, se asimilaban a títulos ejecutivos, pero el abogado accionante no intentó la vía ordinaria, sino que al mes de reconocida la obligación por parte de la entidad, directamente interpuso la acción de tutela para el pago de la acreencia, pretermitiéndose así la acción ordinaria que le es propia, lo cual fue avalado por el funcionario encartado, sin que advirtiera al momento de admitir las referidas acciones de tutela, que esos títulos debían ventilarse por el trámite ejecutivo laboral, según lo dispone expresamente el artículo 100 del Código de procedimiento laboral.

Tal comportamiento lo justificó el juez en su momento, argumentando que los medios ordinarios no resultaban expeditos e idóneos para conjurar la vulneración de los derechos fundamentales, pero lo que se evidencia es que este argumento no puede por sí solo motivar de esa manera la protección constitucional, porque para su procedencia en definitiva debe haberse probado el perjuicio irremediable, observándose por el contrario que expedidas las resoluciones en julio de 2007, en agosto y septiembre se presentan las acciones de tutela, sin que de contera pueda argumentarse que no resultaba expedita la formulación de la acción ejecutiva laboral, ni eficaces las acciones ordinarias, o que existiera un perjuicio irremediable.

Ahora en lo que respecta a la orden de embargo y secuestro de los dineros en las cuentas corrientes o de ahorros del municipio para garantizar el pago de las acreencias que por vía de tutela se solicitaba el pago, resulta totalmente desbordada y aunque se solicitó como mediada de carácter preventivo, lógicamente al efectuarse el pago, los dineros tuvieron una destinación específica gracias al Juez de tutela, inclusive de forma prevalente respecto a rubros como educación, salud y en general lo que demanda el municipio.

De lo expuesto se advierte que efectivamente la actuación del funcionario encartado desconoce lo reglado en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al señalar como causales de improcedencia de la acción, que exista otros medios de defensa judicial, y cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho; porque como se demostró en el proceso, el pago de las acreencias laborales, debía ser reclamada por vía ordinaria, la laboral que entratándose de procesos ejecutivos, se entiende ágil y segura, más aún que ya habían sido reconocidas por la entidad accionada, y no bastaba sino perseguir su ejecución.

Por lo anterior, comparte esta corporación las consideraciones del a quo, que configuran la actuación del funcionario como una verdadera vía de hecho, teniendo en cuenta que el juez promiscuo municipal del Carmen de Bolívar, se apartó arbitrariamente de lo contenido en el Decreto 2591 de 1991, que rige la acción de tutela, al igual de los precedentes constitucionales que ha sentado la Corte Constitucional sobre la materia, acomodando en forma grosera el tramite tutelar para el reconocimiento de prestaciones económicas.

Ahora bien, respecto de la ilicitud sustancial, se encuentran acreditadas graves irregularidades en el trámite de la acción de amparo por lo que resulta oportuno transcribir lo que la Corte Constitucional precisó en la Sentencia C-948 de 6 de noviembre de 2002 emitida en virtud del examen de constitucionalidad del principio rector de ilicitud sustancial preceptuado en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002:

“Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante la cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la visita fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estables, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

“El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por ley disciplinaria. Obviamente, no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra origen de la antijuridicidad de la conducta...”.

Ahora bien ningún poder enervante de la tipificación de la falta disciplinaria poseen pues los argumentos defensivos del doctor Ali Silva Cantillo, advirtiéndose debidamente estructurada en su faz externa (tipicidad y antijuridicidad) la conducta motivo de reproche disciplinario, dado que con las señaladas omisiones, incurrió en desconocimiento del deber funcional señalado en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que lo obliga a cumplir la ley, comportamiento que se observa carente de circunstancias excluyentes de responsabilidad disciplinaria, deviniendo el reproche disciplinario a título de culpa grave en razón al descuido y negligencia observado por el inculpado, quien en atención a la función judicial desempeñada estaba suficientemente enterado de la existencia de la obligación legal señalada en las preceptivas reseñadas y sin embargo las pasó inadvertidas.

Sobre el tema objeto de investigación, es preciso aclarar que las decisiones proferidas por el funcionario, se aparten de lo que esta ha señalado como autonomía funcional, en virtud de la equivocada aplicación normativa del Juez investigado, no puede predicarse el carácter absoluto del principio de la autonomía funcional y por ende la intangibilidad de la responsabilidad disciplinaria al disponer un embargo a través de una providencia judicial, y el reconocimiento de unas prestaciones económicas que contaban con mecanismos ordinarios para su ejecución, pues no obstante reconocer el carácter prevalente que le asigna la Constitución Política a la autonomía funcional, se debe conciliar con el principio de legalidad, respecto de la asignación de competencias. En este sentido tenemos entonces que la conducta disciplinaria cumple los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada no tanto por el querer contrariar el ordenamiento disciplinario, sino por la negligencia del funcionario, lo que viene a colmar el presupuesto subjetivo de la conducta: la culpa que fue el grado de culpabilidad imputado al disciplinado.

En consecuencia, acreditada la existencia del ilícito sustancial, como contrariedad con el ejercicio de la función y reunidas las exigencias del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, por haberse arribado a la certeza sobre la existencia de la conducta disciplinaria y la responsabilidad del funcionario investigado, se impone la confirmación del fallo sancionatorio.

En lo que tiene que ver con la sanción, esta se mantendrá de conformidad con lo previsto por el artículo 44 numeral 3º de la Ley 734 de 2002, pues la sanción impuesta, atiende los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, propios del Estado social democrático de derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la providencia del 17 de enero de 2011, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bolívar, que decidió sancionar con suspensión por doce (12) meses en el ejercicio del cargo al doctor Ali Antonio Silva Cantillo, Juez Primero Promiscuo Municipal del Carmen del Bolívar, por incumplir el deber señalado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, al inobservar lo contenido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 1º y 6º numerales 1º, 4º y 7º del Decreto 2591 de1991, en armonía con los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código de Procedimiento Laboral.

2. Remítase el expediente a la corporación Seccional Disciplinaria de origen.

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Henry Villarraga Oliveros —José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez— Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago— Yira Lucía Olarte Ávila.