Sentencia 2009-00634 de febrero 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. T. 68001 22 13 000 2009 00634 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Discutido y aprobado en Sala de 24-02-2010

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. Reiteradamente ha pregonado la Corte que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario de defensa de los derechos fundamentales, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva o adicional de los medios ordinarios que el ordenamiento ha consagrado para salvaguardarlos. No obstante, ha admitido su viabilidad contra providencias judiciales, solo cuando estas representen una vía de hecho, en consideración a que ellas están amparadas por las presunciones de legalidad y de certeza.

2. Sobre el tema relativo a la declaración administrativa de adoptabilidad, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso análogo, en los siguientes términos:

“(…) dentro del amplio espectro de derechos fundamentales del niño, reluce por su trascendencia el de tener una familia y no ser separado de ella, pues es incontestable que en su interior encuentra el menor el cuidado y el amor necesarios para su desarrollo armónico (…) La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de protección al menor, como la Declaración Universal de lo Derechos del Niño, no vacilan en resaltar la importancia que para este tiene el hecho de pertenecer a una familia, y a no ser separado de ella, pues el infante necesita para su desarrollo integral del afecto, amor y cuidado que los suyos le brindan. Inclusive, tales convenios no se restringen a las relaciones entre padres e hijos, sino que abarcan un grupo más amplio, que comprende a sus hermanos, tener contacto con sus tíos y primos, recibir el afecto de sus abuelos, vínculos afectivos todos ellos que comportan que el niño se sienta en un ambiente familiar que le sea benéfico.

En la legislación colombiana, la Ley 12 de 1991 aprobó la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo artículo 9º se dispuso: “Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de decisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”; luego ha de tratarse de una solución extrema a la que solamente se debe llegar después de agotar todos los mecanismos de protección que sean del caso, pues es palpable que semejante decisión apareja un monumental hecho traumático, particularmente cuando son vivos y fuertes los vínculos afectivos que los unen (…).

(…) no se puede olvidar que, según claros mandatos constitucionales y legales, es deber del Estado brindar el apoyo necesario al menor cuyos padres carecen de recursos económicos para atender sus necesidades básicas, pues entre otras cosas, así quedó consagrado en el citado canon constitucional, y en lo dispuesto por el artículo 130 del Código del Menor, al estipular que “si la familia o los responsables de su cuidado personal carecieren de medios suficientes, esta atención le será dispensada por el Estado con el concurso de la familia y de la comunidad, de acuerdo con la situación en que se encuentre el menor”; y que para cumplir esos mandatos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, previa comprobación de las condiciones del niño, deberá “vincularlo a los programas que en beneficio del menor desarrolle la entidad u otros organismos públicos o privados” (art. 131 ibíd.), todo esto sumado a las facultades que el artículo 58 ejusdem le concede al defensor de familia, con miras a garantizarle una adecuada atención al abrigo del cariño de los suyos (los preceptos citados del Código del Menor, fueron incorporados en los artículos 41 y 82 la Ley 1098 de 2006).

En resumen, no es aceptable privar a la menor (nombre bajo reserva) de la posibilidad de desarrollarse en el seno de su familia, pues si bien sus progenitores no demostraron que puedan atender por sí solos sus necesidades básicas, no debe olvidarse que, en estos casos, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas de protección que sean necesarias para la atención integral de la niña, pero, por supuesto, sin que por el mero hecho de las penurias económicas de sus padres, les pueda ser arrebatada” (Sent. del 28 de julio de 2005, Exp. T-2005-00049-01).

Respecto de la sentencia de homologación de la susodicha declaratoria de adoptabilidad, la Sala ha precisado

“(…) compréndese, entonces, que la homologación de las decisiones adoptadas en sede administrativa, reviste cardinal valía, pues tal decisión trascendente como cualquier sentencia judicial, es cierto, implica validar la ruptura jurídica del núcleo familiar, toda vez que la declaración de abandono produce respecto de los padres del infante, según el artículo 60 del Código del Menor (la Sala agrega que esta disposición fue incorporada en el artículo 108 de la Ley 1098 de 2006), no solo la terminación de la patria potestad, sino también entraña, en la mayoría de los casos, la iniciación de los trámites de adopción y la ubicación de los hijos en hogares sustitutos, entre otras medidas, con todo lo que ello supone en el campo de las relaciones familiares.

(...) dicho de otro modo, si el mencionado trámite está previsto en el derecho colombiano, para “cuando las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del menor, se hubieren opuesto a esta medida dentro del trámite administrativo (...)” (Código del Menor, art. 61 se subraya), (actualmente L.1098/ 2006, art. 107), lo mínimo que se esperaría es que tal oposición mereciera la consideración y adecuado escrutinio del juzgador, de lo cual, huelga insistir, debe quedar diáfana memoria en la respectiva sentencia.

“Por todo lo anotado, aprovecha esta ocasión la Corte Suprema, para llamar —de manera respetuosa— la atención de los juzgadores, con el objeto de que en sus providencias, invariablemente, quede registrada la motivación que, en forma suficiente y cabal, sirva de báculo a la decisión que se permite adoptar, regla esta igualmente predicable del trámite de homologación a que se refiere el artículo 61 del Código del Menor, el que en manera alguna es inmune a la aplicación del precitado deber judicial, mínima garantía que debe brindarse en el marco del debido proceso, rectamente entendido.

Al fin y al cabo, este no es un trámite mecánico, que implique desatender las reglas de juzgamiento consustanciales a toda actuación judicial. De allí que el juzgador, que no es un autómata, no puede limitarse a realizar un control, amén que meramente formal y rutinario, como si los intereses que estuvieran en conflicto, ciertamente, fueran de ninguna o de poca monta. Muy por el contrario, con arreglo a los poderes con los que ha sido investido, deberá desplegar una labor que esté en consonancia con dichos intereses, en este caso —donde hay menores— de insoslayable y aquilatada relevancia, al mismo tiempo que con la finalidad que anima la homologación, se insiste, de marcada trascendencia jurídica” (Sent. del 13 de febrero de 2004, Exp. T-2003-00536-01).

3. Examinado el asunto objeto de estudio, es imperioso concluir que el amparo deprecado deviene pertinente, habida cuenta que las decisiones administrativa y judicial atacadas por este cauce constitucional entrañan las vías de hecho endilgadas por los accionantes, pues la Corte estima que, si bien las autoridades acusadas cumplieron formalmente en sus respectivos ámbitos de competencia con el procedimiento y la valoración de las pruebas allegadas al expediente, de conformidad con la Ley 1098 de 2006, estas no fueron suficientemente motivadas, pues dejaron de apreciar otras circunstancias relevantes, como la oposición de los padres de la menor a que se inicien los trámites de la adopción, su situación de extrema pobreza y su bajo nivel formativo, la incidencia del desplazamiento forzado en la región sobre la desintegración y pauperización de las familias y la posibilidad real de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar agote otras opciones de resguardo, antes de acudir precipitadamente a la medida extrema de la declaratoria de adoptabilidad, como suele ocurrir con la incorporación del menor y sus progenitores a programas de rehabilitación familiar, la asignación provisional de la tenencia de la niña a sus abuelos paternos, quienes acudieron también a este trámite constitucional para deprecar su custodia, o la prórroga de la ubicación de la niña en un hogar sustituto, hasta que los padres asuman en mejores condiciones materiales y emocionales su crianza, máxime que una de las conclusiones de la sentencia atacada es la

“alta y excelente evolución que (nombre bajo reserva) a la fecha presenta, pues con el kit de las últimas fotografías, se evidencia una niña hermosa, ajustada a la talla y peso para la edad que presenta la menor, significando entonces que la niña gracias a la medida impuesta (madre sustituta) superó ese estado severo de desnutrición y abandono en el que se encontraba por parte de sus padres”.

En consecuencia, para la Sala no es válido ni suficiente justificar la medida cuestionada, en el hecho de que la investigación administrativa se adelantó a petición del progenitor de la menor, ya que las circunstancias personales, familiares y sociales que rodearon su conflictiva relación marital con la madre de esta, la actitud inmadura e irreflexiva con la que estos manejaron el caso y la ignorancia supina del quejoso sobre los efectos de dicha actuación gubernativa, no le permitieron apreciar las consecuencias jurídicas de su ingenuo proceder, como eran la terminación de la patria potestad y el inicio del trámite de adopción de su hija, de tan solo 6 meses de vida.

Así las cosas, es evidente que el defensor y el juez de familia encartados no motivaron adecuadamente la Resolución 156 del 29 de septiembre de 2009 y la sentencia que la homologó del 28 de octubre del mismo año, respectivamente, incumpliendo de esa forma con la obligación legal prevista en los artículos 304 del Código de Procedimiento Civil y 55 de la Ley 270 de 1996, razón por la cual se ordenará al defensor de familia del centro zonal La Floresta de Barrancabermeja (Santander) que proceda a reabrir el trámite de restablecimiento de derechos de la infante (nombre bajo reserva) y adopte las medidas de protección a que haya lugar, conforme a la Ley 1098 de 2006, privilegiando aquellas que permitan su reintegro al seno de la familia y durante el lapso que sea necesario, entre otras vinculando a la menor a programas de bienestar en los que se le provea de los elementos materiales que se requieran para su crianza, como alimentos, complementos nutricionales y artículos de primera necesidad, y a sus padres a que participen de las actividades de acompañamiento, como sus visitas al hogar sustituto, al cabo de lo cual se reevaluarán las condiciones socioeconómicas de los progenitores y se adoptarán las determinaciones que estime conducentes en interés general de la menor, incluida la asesoría que requieran los padres para lograr una adecuada atención de su hija y el respectivo seguimiento, a través de visitas mensuales a su hogar, de las cuales deberá informar al tribunal que conoció en primera instancia de esta acción.

Finalmente, respecto del amparo deprecado por los abuelos paternos, a fin de que se les asigne la custodia de su nieta (nombre bajo reserva), no se accederá a tal petición, en primer lugar, porque, como quedó anotado, corresponde primero agotar la opción de reintegrarla a su núcleo familiar primario y, en segundo lugar, porque tal pedimento pueden deprecarlo a través de la vía procesal adecuada ante el juez de familia.

En este orden de ideas, la Sala revocará el fallo objeto de impugnación y, en su defecto, concederá la tutela de los derechos fundamentales invocados e impartirá las órdenes correspondientes.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA en todas sus partes la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y, en su lugar dispone:

1. CONCEDER la tutela de los derechos al debido proceso y a la protección especial de los niños, impetrada por el señor Alejandro Flórez González, y negarla respecto de los abuelos paternos, Hilda González Mejía y Eugenio Flórez Sampayo.

2. DEJAR sin valor ni efecto, tanto la Resolución 156 del 29 de septiembre de 2009 expedida por el defensor de familia del centro zonal La Floresta de Barrancabermeja (Santander), como la sentencia de homologación proferida el 28 de octubre de 2009 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja (Santander).

3. ORDENAR al defensor de familia del centro zonal La Floresta de Barrancabermeja (Santander) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, reabra el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de la menor (nombre bajo reserva) y sustituya la medida de protección adoptada, observando estrictamente las pautas establecidas en la parte motiva del presente fallo, cuya implementación será objeto de seguimiento institucional y de informes periódicos al tribunal constitucional de primera instancia.

4. EXHORTAR al Juez Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja (Santander) a que en lo sucesivo y cuando haya lugar a la homologación judicial de la declaratoria de adoptabilidad (L. 1098/2006, art. 108), motive suficiente y adecuadamente la correspondiente sentencia, so pena de vulnerar el derecho al debido proceso y el interés superior del menor.

5. COMUNICAR por el medio más expedito lo resuelto en esta providencia a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».