Sentencia 2009-00636/1230-2014 de mayo 13 de 201

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 680012331000200900636 01

Número interno: 1230-2014

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Demandante: Antonio José Gómez Serrano

Demandado: ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación

(autoridades nacionales)

Instancia: Segunda - CCA

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico.

El problema jurídico se contrae a determinar si entre el señor Antonio José Gómez Serrano y la ESE Francisco de Paula Santander, se configuró un vínculo laboral, que desnaturalizó los contratos de prestación de servicios suscritos por ambas partes y, por lo tanto, hay lugar al reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas.

2. Cuestión previa.

Al sustentar el recurso de apelación la parte demandada insistió en la excepción de caducidad de la acción, por lo cual se hará un pronunciamiento al respecto.

2.1. Caducidad de la acción.

Uno de los presupuestos procesales de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el referente a la inexistencia de la caducidad, la cual se presenta cuando la demanda no se interpone dentro del término fijado por el legislador.

Los principios de legalidad y acceso a la administración de justicia están garantizados con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, que conllevan el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han fijado legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser discutidas en vía judicial(11).

En este contexto, el numeral 2 del artículo 136 del CCA, dispone:

“Artículo 136. Caducidad de las acciones:

(...).

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconocen prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas de buena fe.

(...)”.

En el presente caso se solicita la nulidad de los Oficios de 4 y 31 de marzo de 2009 proferidos por la Apoderada General del Liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación, que negaron el reconocimiento de las prestaciones sociales e indemnizaciones derivadas del contrato realidad que se configuró entre el accionante y la entidad demandada.

En el expediente no obra constancia de la notificación de las decisiones enjuiciadas; sin embargo, se observa que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se radicó el 23 de julio de 2009(12), es decir dentro de los 4 meses siguientes a la expedición de los mencionados actos y, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción no está llamada a prosperar.

Así las cosas, procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado, para lo cual se referirá, en primer término, al marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de prestación de servicios, los elementos que configuran una relación laboral y la clase de condenas a imponer cuando se encuentran acreditados tales supuestos. Posteriormente, la Sala se ocupará de lo probado en el proceso y, finalmente, estudiará el caso concreto.

3. Contrato realidad y desarrollo jurisprudencial.

El tema del contrato realidad ha generado importantes debates judiciales. Uno de ellos se dio con ocasión del examen de exequibilidad que realizó la Corte Constitucional al numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público. Después de realizar precisiones constitucionales en materia de contratación estatal, de definir las características del contrato de prestación de servicios y de establecer las diferencias con el contrato de trabajo, la Corte estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, salvo que se acredite la existencia de una relación laboral subordinada(13).

De otro lado, esta Corporación, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración y en especial, iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador; para que pueda reconocerse el vínculo laboral entre las partes, desvirtuando así la existencia de un contrato realidad(14).

Así las cosas, se concluye que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos referidos, pero especialmente, que el contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de esta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.

Por el contrario, existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993, cuando: a) se pacte la prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública; b) el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; c) se le paguen honorarios por los servicios prestados; y, d) la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados. Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena indicar que debe ser entendida a aquellos casos en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que, de manera permanente, se asignan a los demás servidores públicos.

3.1. Naturaleza de la Sentencia y condena en contratos realidad.

Esta Corporación ha indicado que cuando se logra desvirtuar la naturaleza contractual de la vinculación, se deben reconocer las prestaciones sociales por el período realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta dicho restablecimiento, en aplicación de los principios de igualdad e irrenunciabilidad de derechos en materia laboral(15).

De otra parte, en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demanda, esta Sección ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es imposible con anterioridad a la Sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo(16), de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo(17).

Sin embargo, no puede perderse de vista que las sentencias constitutivas se profieren dentro del marco de un proceso suscitado entre personas determinadas, con pretensiones particulares, por lo cual, tienen efectos inter partes. En consecuencia, no se puede invocar la aplicación de dicha figura con el fin de suplir una eventual omisión en el ejercicio de acción en un caso específico.

Adicionalmente, considera la Sala necesario preciar que el carácter constitutivo del fallo que declara la existencia de una relación laboral, no exime al interesado de reclamar oportunamente ante la administración las prestaciones sociales derivadas del vínculo de trabajo que estima existió.

En efecto, si bien es cierto la Sentencia proferida en materia de contrato realidad es constitutiva del derecho reclamado, también lo es que los ciudadanos tienen la carga de hacer la petición prestacional dentro del término de prescripción so pena de incurrir en una omisión y, en consecuencia, perder la oportunidad de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones en sede contenciosa(18).

Sobre el particular, esta Corporación ha aclarado que en materia de contrato realidad los interesados tienen la obligación de hacer el reclamo ante la administración dentro de un plazo razonable(19), es decir, que si bien es cierto bajo dicha figura se reconocen los derechos y prestaciones teniendo en cuenta que su prescripción se cuenta a partir de la decisión judicial, también lo es que el interesado debe atender la normativa procedimental y, por lo tanto, acatar los términos de caducidad y prescripción una vez finalizado el vínculo contractual.

4. De lo probado en el proceso.

4.1. Prueba documental.

• El señor Antonio José Gómez Serrano prestó sus servicios como médico ginecobstetra en la extinta ESE Francisco de Paula Santander, desde el 1 de noviembre de 2003 hasta el 15 de febrero de 2008, tal como lo acreditan los contratos de prestación de servicios que se relacionan a continuación, los cuales fueron allegados al plenario(20):

ContratoFecha InicioFecha TerminaciónPlazoValor
V.A. 017061(21)1-Jul-0330-Nov-03Cinco meses10.827.900
AA(22) V.A. 0170611-Dic-0331-Dic-03Un mes2.165.580
AA (23)V.A. 0170611-Ene-0415-Feb-04Un mes y quince días3.248.370
ESE-FPS No. 056016-Feb-0430-Mar-04Un mes y quince días3.248.370
ESE-FPS No. 14081-Abr-0430-Abr-04Un mes1.443.720
ESE-FPS No. 19711-May-0431-May-04Un mes1.443.720
ESE-FPS No. 26111-Jun-0431-Ago-04Tres meses4.331.160
ESE-FPS No. 51961-Sep-0430-Sep-04Un mes1.443.720
ESE-FPS No. 52901-Oct-0431-Oct-04Un mes1.443.720
ESE-FPS No. 54151-Nov-0430-Nov-04Un mes1.443.720
AA(24) ESE-FPS No. 54151-Dic-0415-Dic-04Quince días721.860
ESE-FPS No. 544323-Dic-0425-Ene-05Un mes y tres días1.588.092
ESE-FPS No. 000626-Ene-0531-Mar-05Dos meses y seis días3.176.184
ESE-FPS No.02731-Abr-0531-Ago-05Cinco meses7.218.600
ESE-FPS No. 05701-Sep-0530-Sep-05Un mes1.443.720
ESE-FPS No. 06531-Oct-0531-Oct-05Un mes1.443.720
AA(25) ESE-FPS No. 06531-Nov-0530-Nov-05Veintitrés días1.106.852
ESE-FPS No. 083828-Dic-0520-Ene-06Veinticuatro días1.311.039
ESE-FPS No. 001721-Ene-0628-Feb-06Un mes y once días2.275.000
ESE-FPS No. 01981-Mar-0631-Mar-06Un mes1.750.000
ESE-FPS No. 03781-Abr-0630-Abr-06Un mes1.750.000
ESE-FPS No. 05841-May-0630-Sep-06Cinco meses8.750.000
ESE-FPS No. 08251-Oct-0631-Dic-06Tres meses5.250.000
ESE-FPS No. 00072-Ene-0731-Mar-07Ochenta y nueve días5.486.250
ESE-FPS No. 01881-Abr-0730-Jun-07Tres meses5.486.250
ESE-FPS No. 03771-Jul-0730-Sep-07Tres meses5.486.250
ESE-FPS No. 05381-Oct-073-Dic-07Dos meses tres días4.200.000
ESE-FPS No. 073913-Dic-0715-Ene-08Treinta y tres días3.300.000
ESE-FPS No. 006516-Ene-0815-Feb-08Treinta y un días3.000.000

• Los anteriores contratos tuvieron similar objeto, pues se suscribieron para(26):

— Atender consulta de urgencias y los procedimientos derivados de la misma.

— Atender en observación.

— Atender consulta programada.

— Atender al paciente hospitalizado.

— Atender interconsultas.

— Participar en los comités que la gerencia le solicite.

— Participar en estudios de caso.

— Participar en juntas médico quirúrgicas.

— Participar en equipos interdisciplinarios a solicitud.

— Ejercer su profesión dentro del estado de la Técnica Universalmente reconocida con Moral y Ética.

— Cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los pacientes.

— Emitir conceptos técnicos sobre suministros, materiales y equipos cuando se le solicite por escrito la Gerencia de la Clínica.

— Llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de facturación y control del costo.

— Participar en las programaciones de disponibilidad que pudiere organizar la Entidad.

— Emitir conceptos técnicos sobre suministros, materiales y equipos cuando se los solicite la empresa.

— Participar en los eventos que tengan que ver con epidemiologia de la región y de la empresa.

— Responsabilizarse del inventario que le asigne la empresa para el desarrollo de sus actividades.

— Prescribir únicamente con nombres genéricos los medicamentos que se encuentran incluidos en el manual de medicamentos y terapéutica definido por el consejo nacional de seguridad social en salud.

— Prescribir únicamente con nombres genéricos las prótesis, exámenes, procedimientos que autoriza la vicepresidencia.

— Realizar ayudantías quirúrgicas.

— Realizar procedimientos diagnósticos yo quirúrgicos dentro de quirófanos.

— Colaborar y propender por el cuidado de las propiedades de la Entidad, incluida la propiedad intelectual.

— Colaborar con n los entes de investigación y control den la Entidad o del Estado cuando así lo requiera.

— Llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de facturación y control del costo.

— Cumplir con sus obligaciones dentro de la programación que al efecto le señala la Entidad.

Adicionalmente, en tales contratos se incluyó la cláusula titulada “valor total y forma de pago”, en la que se pactó que el valor se cancelaría una vez el contratista presentara los siguientes documentos: i) constancia de cumplimiento de los servicios prestados a entera satisfacción, suscrita por el supervisor, y ii) la autoliquidación del pago al régimen de salud y pensión.

Por su parte, en la cláusula de obligaciones del contratista, quedó consignado, entre otras cosas, que este debía cumplir en general, con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades que “vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato”, dar estricto cumplimiento a sus obligaciones para el sistema de seguridad social en salud, y desarrollar el contrato con total autonomía, sin que exista subordinación ni dependencia con la ESE.

• El 16 de febrero de 2009 el demandante solicitó a la ESE Francisco de Paula Santander el reconocimiento de las prestaciones sociales y convencionales derivadas de la prestación de sus servicios como Médico Ginecobstetra en esa institución, y reembolsar las garantías, impuestos y retenciones en la fuente sufragadas por el interesado(27).

• Mediante Oficio de 4 de marzo de 2009 la Apoderada General del Liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación negó el reconocimiento de las prestaciones sociales e indemnizaciones reclamadas por el accionante(28).

• El 27 de marzo de 2009 el apoderado del actor solicitó la expedición de algunos documentos relacionados con la vinculación a la ESE demandada; sin embargo, mediante oficio de 31 de marzo de 2009 la Apoderada General del Liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander negó el trámite a dicha solicitud porque no se anexó copia del mandato para presentarla(29).

• El 31 de octubre de 2001 el Instituto de Seguros Sociales suscribió con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social Convención Colectiva de Trabajo, que se depositó en la misma fecha, cuya vigencia corresponde al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004(30).

4.2. Prueba testimonial.

• La señora Ana Sofía Morales, en la declaración que rindió el 29 de septiembre de 2011 ante el Magistrado sustanciador de este proceso en primera instancia, afirmó que fue compañera de trabajo del demandante. A continuación se transcribe lo pertinente de su testimonio(31):

“(...) PREGUNTADO: Indíquenos si lo recuerda qué actividad desempeñaba el Dr. Antonio José Gómez Serrano en la institución que usted ha mencionado. CONTESTÓ: El Dr. Laboraba como médico Ginecobstetra realizando turnos diurnos, nocturnos, consulta externa, cirugía programada y evolución de pacientes hospitalizados. PREGUNTADO: Recuerda usted cuál era el horario de trabajo que tenía el Dr. Antonio José Gómez Serrano y quién lo asignaba. CONTESTÓ: el horario era con base en una agenda médica que diseñaban o elaboraban la coordinadora del servicio –había turnos de 12 horas diurnas otros nocturnos y creo que como 5 o seis de consulta y cirugía creo que eran como 6 horas, se cumplían 48 horas semanales. (...) PREGUNTADO: (...) sírvase indicarnos si existía diferencia en la forma como el Dr. Gómez Serrano prestaba sus servicios profesionales en la institución con respecto a la forma como se desempeñaba un médico de planta con su misma especialidad. CONTESTÓ: los médicos de planta tenían un menor horario, no recuerdo si eran 40 o 44 horas semanales y tenían el beneficio de los compensatorios si tenían un festivo o un dominical o sábado por la noche tenían derecho a 12 horas libres –los médicos de contrato laboraban 48 horas y no tenían el beneficio del compensatorio- el trabajo dentro del turno era el mismo que se realizaba ya fuera médico de planta o con contrato y el Dr. Antonio ejercía las funciones igual que los médicos de planta. (...) PREGUNTADO: manifiéstele al despacho si durante el tiempo que el Dr. Antonio Serrano prestó sus servicios para la ESE Francisco José de Paula Santander podía disponer de manera autónoma de su tiempo y en caso de que lo considerara necesario podía faltar al lugar de trabajo sin autorización alguna. CONTESTÓ: no se podía ausentar, era una agenda que debía cumplirse, la opción era que si se le dificultaba en algún momento asistir a un turno a una de las actividades programadas se tenía la opción de cambiar con los colegas creo que eran hasta tres turnos por mes, y debía ser avalado por la coordinación médica (...).”.

• El señor Saúl Sánchez Mesa, en declaración rendida el 29 de septiembre de 2001, también afirmó que fue compañero de trabajo del demandante, y se refirió a los hechos así(32):

“(...) PREGUNTADO: Recuerda usted cuál era el cargo que tenía el Dr. Antonio José Gómez Serrano. CONTESTÓ: Médico especialista en ginecología y obstetricia y laboraba en el área de urgencias, consulta interna, cirugía programada y hospitalización, hacía por turnos y en grupo de trabajo. (...) PREGUNTADO: (...) sírvase indicarnos si existía diferencia en la forma como el Dr. Gómez Serrano prestaba sus servicios profesionales en la institución con respecto a la forma como se desempeñaba un médico de planta con su misma especialidad. RESPONDIÓ: La única diferencia que existía es la cantidad de horas trabajadas en la semana, en los pagos de recargos nocturnos, horas extras y compensatorios y los dominicales también y que no había vacaciones. (...) PREGUNTADO: Sírvase precisar si durante el tiempo que el señor Antonio José Gómez prestó servicios a la ESE Francisco de Paula Santander estaba sometido a órdenes por parte de algún funcionario de la entidad, en caso afirmativo indíquenos quién era este funcionario y qué tipo de órdenes recibía. CONTESTÓ: Como lo dije anteriormente estaba subordinado a la coordinación de Ginecología y Obstetricia al jefe médico y director científico de la clínica y al Gerente de la clínica quienes elaboraban el horario de trabajo y la asignación de funciones a los especialistas según las necesidades del servicio (...)”.

• El señor Javier Enrique Gómez, en audiencia de recepción de testimonio llevada a cabo el 3 de octubre de 2011, manifestó haber sido compañero de labores del señor Antonio José Gómez Serrano, y declaró lo siguiente:(33)

“(...) PREGUNTADO: Recuerda usted qué labor desempeñaba el Dr. Antonio José Gómez Serrano en la Clínica comuneros del ISS. CONTESTÓ: Trabajaba en el servicio de ginecobstetricia mediante agenda de turnos en la sala de partos, consulta programada, cirugía programada y evolución de pacientes, en el servicio de urgencias se atendía la consulta de urgencias y los diferentes procedimientos de la sala de partos. PREGUNTADO: manifiéstele al despacho quién asignaba las agendas de turnos y todas las actividades que usted mencionó en respuesta anterior realizaba el Dr. Antonio José Gómez Serrano. CONTESTÓ: La agenda de turnos la realizaba el coordinador de ginecobstetricia y aprobada por dirección médica y gerencia de la clínica, la agenda programada se realizaba con dos Ginecobstetras más, los cuales eran de planta y un médico general también de planta, se realizaban las mismas labores asignadas. (...) en el año 2003, aproximadamente junio, el ISS clínica Los Comuneros cambió de razón social a ESE Francisco de Paula Santander, las agendas y las funciones siguieron siendo las mismas (...)”.

Con fundamento en el acervo probatorio previamente relacionado, procede la Sala a resolver el problema jurídico principal planteado en este caso concreto.

5. Del caso concreto.

Analizadas las pruebas recaudadas a la luz de la doctrina del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia laboral, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo, en el sentido de que en el sub lite se configuraron los elementos de una relación de trabajo entre el accionante y la administración, pese a que su vinculación se efectuó bajo la figura del contrato de prestación de servicios.

En efecto, al estudiar en conjunto los documentos y los testimonios obrantes en el plenario, se observa que el demandante prestó personalmente y de manera continua durante 5 años sus servicios en la ESE Francisco de Paula Santander como Médico Especialista en Ginecobstetricia; que la Entidad le pagó honorarios como remuneración a la labor contratada, la cual fue desarrollada con subordinación.

Esto último, por cuanto del contenido de los contratos suscritos por las partes(34), se infiere que la actividad del contratista estaba sujeta a supervisión, que este debía cumplir con la programación establecida para la atención en urgencias, en observación, en consultas y cirugías programadas; lo cual implica de suyo, como bien lo refirieron los testimonios recaudados, la sujeción a i) un horario de trabajo, en los turnos previamente agendados por el coordinador de ginecobstetricia y, ii) a las directrices y orientaciones de la Empresa Social del Estado demandada. En ese orden de ideas, la actividad del contratista no era de aquellas que se ejercen de manera autónoma e independiente, pues requería la necesaria subordinación a las pautas y horarios fijados por el personal encargado de la Entidad.

La anterior afirmación queda corroborada con las declaraciones que rindieron los testigos en este proceso(35) las cuales dan cuenta que el señor Antonio José Gómez Serrano ejerció sus labores en las mismas condiciones funcionales de los médicos de planta quienes, incluso, tenían un horario más corto de trabajo, y más beneficios como los compensatorios, las vacaciones y los pagos por recargos nocturnos y horas extras. Los testigos coinciden en afirmar que la actividad contractual no era ejercida de manera autónoma, pues el señor Gómez Serrano i) no podía ausentarse del lugar de trabajo a menos que cambiara el turno con alguno de sus colegas, previo aval de la coordinación médica; y ii) estaba subordinado a la Coordinación de Ginecología y Obstetricia, y al jefe médico y director científico de la clínica, quienes elaboraban el horario de trabajo y la asignación de funciones a los especialistas según las necesidades del servicio.

En este punto, se debe precisar que si bien los declarantes afirmaron que también fueron vinculados a la ESE demandada mediante contratos de prestación de servicios, esa sola circunstancia no les resta credibilidad, es más, merecen ser considerados porque fueron testigos directos de los hechos objeto de estudio y se refirieron en forma detallada a la labor desempeñada por el actor.

Con todo no existen elementos de juicio que impidan reconocerles valor probatorio y tampoco se demostró falsedad alguna en su dicho.

Los elementos de convicción recaudados en el proceso permiten a la Sala afirmar que las funciones desempeñadas por el accionante no fueron de carácter transitorio o esporádico, característica propia del contrato de prestación de servicios. A contrario sensu, los mismos revelan que se trató de una relación prolongada en el tiempo como lo demuestran los contratos sucesivos que durante 5 años fueron celebrados entre el demandante y la ESE Francisco de Paula Santander, con el fin de emplearlo de modo permanente.

De otro lado, se debe aclarar que a pesar de que en las órdenes prestación de servicios se estableció que el contratista cumpliría con el objeto contractual en forma independiente, sin subordinación y que no se configuraría relación laboral entre este y la administración; las pruebas previamente analizadas desvirtúan el anterior acuerdo pues, se reitera, sustancial y materialmente se configuró una verdadera relación laboral entre las partes.

En tales condiciones, es decir, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en el desarrollo de la actividad contractual, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios concluye la Sala que en este caso se demostró la configuración del contrato realidad, en tanto el accionante prestó el servicio público de salud en la ESE Francisco de Paula Santander de manera subordinada y en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de planta.

En relación con las prestaciones convencionales reclamadas por la parte actora, se precisa resaltar que la Convención Colectiva celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social 2001-2004, beneficia a “(...) los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes y los que por futuras modificaciones de estas normas asuman tal categoría (...)”.

De acuerdo con el artículo 416 del CST, los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar Pliegos de Peticiones ni celebrar Convenciones Colectivas. Igualmente, esta Corporación ha manifestado que los empleados públicos no pueden ser favorecidos por los beneficios pactados en las Convenciones Colectivas, bajo la premisa de que ello supone la existencia de un “Contrato de Trabajo”, circunstancia que se encuentra regulada por un régimen legal distinto al aplicable a los empleados públicos, y cualquier manifestación que haga extensivos tales acuerdos a los empleados que ostenten aquella calidad, se tendrán como cláusulas ineficaces.

El actor pretende que se le reconozcan los derechos prestacionales como consecuencia de la existencia del contrato realidad en la prestación del servicio a la ESE Francisco de Paula Santander; Sin embargo, como en anteriores oportunidades lo ha precisado esta Corporación(36), bajo la figura del contrato realidad no es posible otorgarle al actor la calidad de empleado público o trabajador oficial, pues fue vinculado mediante contratos de prestación de servicios, lo cual impide que sea beneficiario de la Convención Colectiva celebrada entre el ISS y su sindicato de trabajadores.

En consecuencia, el interesado no se puede beneficiar de la referida Convención, pues aunque demostró que prestó sus servicios en la entidad demandada, tal situación no implica que este goce de la calidad de trabajador oficial.

5.1. De la prescripción.

La Entidad demandada al sustentar la apelación solicitó declarar la prescripción de los derechos laborales reclamados por el accionante, argumentando que la actividad del contratista fue interrumpida y que, por tanto, no puede hablarse de prestaciones periódicas que puedan demandarse en cualquier tiempo.

Advierte la Sala que el apoderado de la demandada confunde los fenómenos jurídicos de caducidad y prescripción en tanto que aduce que en este caso no se debaten prestaciones que puedan demandarse en cualquier tiempo.

Recuérdese que mientras que la caducidad se predica del ejercicio del derecho de acción(37), la prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva.

La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley, es decir, que para reclamar los derechos que se consideran adquiridos se debe respetar el lapso establecido para el efecto, so pena de perderlos.

Esta materia está regulada por el artículo 41 del Decreto-Ley 3135 de 26 de diciembre de 1968, “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, que dispone lo siguiente:

“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual”.

Así mismo el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, “Por el cual se Reglamenta el Decreto 3135 de 1968”, con relación a la prescripción de las acciones, prevé:

“1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

Conforme a la anterior normativa, los derechos salariales y prestacionales consagrados a favor del empleado prescriben en tres años, contados desde la fecha en que se hagan exigibles. Igualmente, el simple reclamo escrito del empleado ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

En materia de contrato realidad, en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demanda, esta Sección ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión de la relación contractual, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es imposible con anterioridad a la Sentencia que declara la existencia del vínculo laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo(38).

No obstante lo anterior, esta Corporación precisa y aclara en esta oportunidad que el carácter constitutivo de la sentencia que declara la existencia de un contrato realidad no releva al interesado de su deber de reclamar en sede administrativa el reconocimiento del vínculo laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales, dentro del término de tres años siguientes a la terminación del último contrato, so pena de que opere la prescripción de su derecho.

Sobre el particular, en recientes pronunciamientos esta Sala ha considerado que los interesados tienen la obligación de hacer el reclamo ante la administración dentro de un plazo razonable(39), que no puede exceder el de la prescripción de los derechos prestacionales y salariales que reclama(40). “En otras palabras, debe decirse que una vez finalizada la relación contractual inicialmente pactada, el interesado debe reclamar ante la administración la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor de tres (3) años, so pena de que prescriban los derechos salariales y prestacionales derivados de la referida relación laboral”(41).

Es decir, que si bien es cierto bajo la figura del contrato realidad se reconocen los derechos y prestaciones teniendo en cuenta que su prescripción se cuenta a partir de la decisión judicial, también lo es que el interesado debe atender la normativa procedimental y, por lo tanto, acatar los términos de caducidad y prescripción una vez finalizado el vínculo contractual.

5.1.1. La prescripción en el caso concreto.

Encuentra esta Subsección que en el sub lite no se presentó la figura de la prescripción en la que insistió la parte accionada al sustentar la apelación, pues en el presente caso la Sentencia tiene carácter constitutivo del derecho y, adicionalmente, la demandante elevó oportunamente la reclamación ante la administración una vez culminó el vínculo contractual. En efecto, el último contrato celebrado se ejecutó hasta el 15 de febrero de 2008 y la petición prestacional se elevó el 16 de febrero siguiente(42), esto es, dentro de los tres años siguientes.

En relación con el argumento de la demandada, la Sala advierte que en el presente caso el actor solicita el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados por el período comprendido entre el 1 de julio de 2003 hasta el 15 de febrero de 2008. Sin embargo, durante dicho lapso se advierten tres interrupciones así:

Del 16 al 22 diciembre de 2004, es decir, 7 días.

Del 1 al 27 de diciembre de 2005, es decir, 27 días, y

Del 4 al 12 de diciembre de 2007, es decir 8 días.

Lo anterior no desvirtúa el hecho de que el actor prestó sus servicios en forma continua, si se considera que durante casi 5 años las partes suscribieron sucesivos contratos con el mismo objeto, siendo las interrupciones mínimas comparadas con el tiempo en el que el señor Gómez Serrano estuvo vinculado a la Entidad.

Así lo ha considerado al Sala en casos similares, como el resuelto mediante Sentencia de 11 de noviembre de 2009, en el que sostuvo lo siguiente(43):

“(...).

Para la Sala queda claro que si el contrato realidad tiende a equiparar al Docente contratista con el Docente de Planta, es apenas lógico que si este último devenga sus prestaciones sociales durante todo el año sin solución de continuidad, igual derecho tiene la actora quien quedó cesante durante las interrupciones contractuales aunque descontadas de las condenas, siempre y cuando sean razonables e indiquen que durante la terminación de una orden de servicio y el inicio de la siguiente trascurrió el tiempo necesario para proveer la asignación presupuestal; o bien las vacaciones o el receso escolar, tal como lo evidencia el sub examine” (Se destaca).

Siguiendo el anterior derrotero jurisprudencial y con un criterio de proporcionalidad, estima la Sala que para efectos del restablecimiento del derecho, la liquidación incluirá la sumatoria de las prestaciones sociales causadas desde el 1 de julio de 2003 al 15 de febrero de 2008, sin tener en cuenta los 42 días de interrupción de la actividad contractual.

5.2. El restablecimiento del derecho.

Habiéndose demostrado la existencia de un vínculo laboral y considerando que i) en el sub lite apelaron ambas partes, y ii) que es deber del Juez administrar justicia, velar por los derechos de quienes actúan en el proceso y decidir con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, siempre dentro del imperio de la Ley; la Sala efectuará las siguientes precisiones en relación con el restablecimiento del derecho.

La Sala ha estimado que el reconocimiento de la relación laboral no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha señalado la Sección, dicha calidad no se confiere por el solo hecho de trabajar para el Estado(44), toda vez que para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la Ley, que escapan del debate de la existencia de un contrato realidad, pues el interesado debería entonces demostrar la existencia jurídica del cargo, las funciones ejercidas irregularmente, que el cargo se haya ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada regularmente, así como el acto de nombramiento y su correspondiente posesión, situación que en el presente caso no se cumple.

Ello implica que los derechos económicos laborales deban reconocerse, no a título de restablecimiento del derecho, sino a título de indemnización(45), en tal sentido ha dicho la Sala que una vez acreditados los elementos propios de la relación laboral, surge el derecho al reconocimiento y pago, como reparación del daño, de los mismos emolumentos que perciben los servidores públicos de la entidad en la cual prestaron los servicios bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios temporales.

Valga aclarar, como lo hizo la Sala en la Sentencia de 27 de noviembre de 2014, ya citada, que en algunas ocasiones, se ha acudido al valor pactado en el contrato como referente para calcular los derechos prestacionales, sin embargo, “(...) ello ha sido porque, a pesar de haberse desvirtuado el contrato de prestación de servicios, el empleo desempeñado por el contratista de servicios no existe en la entidad, siendo necesario acudir al valor pactado en el contrato (...)”(46).

No obstante, en el presente caso, las funciones desarrolladas por el actor corresponden a las ejercidas por un médico ginecólogo, cargo existente en la planta de personal de la entidad, razón por la cual, para los efectos de la indemnización, se tendrá como referente los mismos emolumentos que percibían estos servidores públicos de la entidad.

De este modo, al verificarse que el a quo dispuso el pago de las prestaciones sociales al actor con fundamento en los honorarios pactados en el contrato, se modificará la Sentencia aclarando que la condena es con base en lo devengado por un médico especializado en ginecología, perteneciente a la planta de personal de la Entidad, toda vez que de las pruebas recaudadas se advierte que en la planta de la extinta Empresa Social del Estado existía el cargo de médico ginecólogo.

Así mismo, para efectos de la condena debe tenerse en cuenta el Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993, el cual garantiza el cubrimiento de las contingencias, tales como pensión y salud.

Sobre el particular, se debe precisar que en nuestro ordenamiento jurídico las prestaciones sociales referentes a pensión y salud son cubiertas por las partes que integran la relación laboral, así por ejemplo, en materia pensional durante la ejecución de las órdenes de servicio de la actora, se destinaba el equivalente al 13.5% de la tasa de cotización, monto cubierto por el empleador con un 75% y el trabajador con un 25% (artículo 20 de Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003), y en materia de salud la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la misma contemplada en el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (parágrafo primero art. 204).

Por tanto, al liquidar el valor de las condenas no se podrá tener en cuenta la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte de los aportes que le correspondía a la Entidad siempre que el demandante demuestre haberla sufragado.

Con lo anterior, la Sala reitera lo que consideró en Sentencia de 29 de enero de 2015, proferida dentro del expediente 4149 de 2013(47), con ponencia de quien en esta oportunidad sustancia el proceso.

De otro lado, contrario a lo manifestado por el a quo, no hay lugar a ordenar la devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de retención en la fuente, pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de origen contractual, también lo es que la declaración de la existencia de dicha relación no implica per se la devolución de sumas de dinero que se generaron en virtud de la celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento del derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión de la celebración del contrato.(48)

5.3. Conclusión.

De todo lo expuesto hasta aquí, se concluye que el proveído impugnado debe ser modificado en el sentido de indicar que la parte accionada deberá pagarle al demandante lo que le corresponda por concepto de prestaciones sociales tomando como base para la liquidación lo que devengaba un médico ginecólogo de planta; sufragar los porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensiones pero solo en la cuota parte que le corresponde a la Entidad, y siempre que el demandante acredite haberlas pagado, descontando en todo caso del valor de la condena los 42 días de interrupción de la relación contractual, sin que haya lugar a la devolución de los descuentos efectuados por retención en la fuente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia de 14 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión – Sala de Asuntos Laborales, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Antonio José Gómez Serrano contra la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación.

2. MODIFICAR el Fallo impugnado en lo que tiene que ver con el restablecimiento del derecho, en el siguiente sentido:

a) Las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor a título de indemnización, se liquidarán con base en lo que devengó un médico ginecólogo de la planta de personal de la Entidad, durante el tiempo que duró el vínculo contractual.

b) No hay lugar a ordenar la devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de retención en la fuente.

c) Para efectos de la condena no se tendrán en cuenta las prestaciones sociales correspondientes a los períodos en que se verificó interrupción en la relación contractual, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Sentencia.

d) La demandada deberá pagar al actor la cuota parte correspondiente a los aportes de salud y pensión en tanto el demandante acredite haberla sufragado; sin tener en cuenta los 42 días de interrupción de la actividad contractual.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el Expediente al Tribunal de Origen. Cúmplase».

1 La demanda, presentada el 23 de julio de 2009, se encuentra visible a folios 38 a 55 del expediente. El demandante la subsanó (folios 59 y 60 ibídem) y la misma fue admitida mediante Auto de 11 de noviembre de 2009 dictado por el Tribunal Administrativo de Santander (folios 66 y 67). Si bien la demanda se interpuso inicialmente en contra de la E.S.E Francisco de Paula Santander en liquidación, el Tribunal de instancia dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de la Protección Social, (folios 130 a 132), al Instituto del Seguro Social, y a la Fiduciaria FIDUPOPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. (folios 182 a 184), en calidad de sucesores procesales de la E.S.E liquidada.

2 Folios 148 a 161.

3 Como excepciones propuso las siguientes: (i) falta de agotamiento de la reclamación administrativa frente al Ministerio de la Protección Social; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) indebida integración del contradictorio, pues se debió vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en tanto es el encargado de girar los recursos para el pago de las obligaciones que asume la Nación; (iv) inexistencia de la obligación; (v) cobro de lo no debido; (vi) inexistencia de solidaridad entre las entidades demandadas; y, (vii) prescripción. El citado Ministerio también indicó que al demandante no le es dable beneficiarse de las convenciones colectivas.

4 Folios 171 a 176.

5 Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la referida Cartera aclaró que el Ministerio no tuvo vínculo contractual ni laboral con el accionante y tampoco se subrogó en las obligaciones del I.S.S. o de la E.S.E. demandada. Indicó, además, que los empleados públicos de la E.S.E. Francisco de Paula Santander no pueden reclamar derechos con fundamento en convenciones colectivas. Propuso además las siguientes excepciones: (i) inexistencia de la obligación por ausencia de causalidad entre los hechos y las pretensiones; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) inexistencia de solidaridad entre el Ministerio demandado y la E.S.E. Francisco de Paula Santander; y, (iv) prescripción.

6 Folios 198 a 206.

7 Folios 229 a 231.

8 Folios 4010 a 418 del expediente.

9 Folios 420 a 430. En calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander en Liquidación, con fundamento en los siguientes argumentos

10 Folios 431 a 437.

11 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

12 Folio 57.

13 Corte Constitucional. Sentencia C-154-97, M.P. Hernando Herrera Vergara.

14 Así se ha pronunciado la Sala en múltiples fallos, recientemente en Sentencias de 29 de enero de 2015, proferida dentro del proceso 4149-2013, demandante: Olga Liliana Gutiérrez Galvis, C.P. Sandra Ibarra Vélez; 1 de 9 de febrero de 2015, dictada dentro del proceso 901 de 2014, demandante Mario Galán Valenzuela, C.P. Sandra Ibarra Vélez; providencias que han reiterado lo que en ese sentido se ha considerado desde mucho antes, en fallos como el del 23 de junio de 2005, proferido dentro del Expediente 0245, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

15 La Sala así lo ha considerado en fallos como el proferido el 27 de noviembre de 2014, dentro del proceso 3222 de 2013, demandante: David Alejandro Jaramillo Arbeláez, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En esta materia se destaca también el pronunciamiento de la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación de 17 de abril de 2008. Radicado 2776-05. C.P. Jaime Moreno García; Sentencia de 17 de abril de 2008. Radicado 1694-07. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia de 31 de julio de 2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia de 14 de agosto de 2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

16 Es necesario tener en cuenta que las sentencias estimatorias de las súplicas de la demanda pueden ser declarativas, constitutivas o de condena. La declarativa es la que confirma la existencia de un derecho o de una situación o estado jurídico existente, implica el reconocimiento de una situación jurídica preexistente. La constitutiva es la que modifica o extingue una situación jurídica existente creando una nueva que no existía. La de condena es la que impone el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Es declarativa porque, declara el derecho preexistente, ordenando además, el efectivo cumplimiento de la prestación. En similares términos, la Corte Suprema de justicia indicó: “(...) En sentido análogo, las providencias judiciales, según una difundida clasificación “(...) se dividen en condenatorias, declarativas o reconoscitivas; y constitutivas o modificativas; según sea la naturaleza de las acciones incoadas, esto es, de acuerdo con el contenido de cada una de las suplicas de la demanda. Las sentencias de condena se encaminan a la declaración judicial de un derecho y a la condena del demandado a la satisfacción de la prestación debida, como consecuencia de la existencia del derecho que se reconoce o declara (...). La sentencia declarativa o reconoscitiva, cuyo ámbito de aplicación es bastante reducido, se dirige únicamente al reconocimiento judicial de la existencia o inexistencia de una relación jurídica, o a la constatación de un hecho jurídicamente importante. Esta sentencia, pues, solo constata, reconoce o declara lo que es derecho, pero no dispone que las cosas se coloquen en el mundo exterior, como sea derecho (...). Lo común en esas dos clases de sentencias consiste en que ambas reflejan la situación jurídica tal como ella es. En cambio, las sentencias constitutivas o modificativas, no solamente declaran lo que es, sino que constituyen algo nuevo, porque introducen una estructura nueva en la situación jurídica presente. Estas sentencias no son susceptibles de condena, porque no la necesitan, ya que lo que se persigue queda concedido en la sentencia misma (...)’” (sent. cas. civ. de 2 de abril de 1936) (...)”. Sala de Casación Civil, M.P. William Namén Vargas, Sentencia de 29 de febrero de 2012, Referencia: 73001-3103-001-2000-00103-01.


Así las cosas, la sentencia constitutiva reconoce un derecho o situación jurídica que no estaba contenida en un título anterior a la presentación de la demanda, es decir que mientras la sentencia declarativa se contrae a declarar la existencia de un derecho, aquella produce el efecto de crear, modificar o extinguir una situación jurídica.

17 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Radicado 2152-06. C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia de 9 de abril de 2014, Radicación 2011-00142-01 (0131-13).

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, Expediente 11001-03-15-000-2014-01819-00.Ver también el fallo de 11 de noviembre de 2014, proferido por la Sala dentro del proceso 3222 de 2013, demandante: David Jaramillo Arbeláez, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

20 Los contratos de prestación de servicios fueron allegados al expediente en un CD visible a folio 331 del expediente. Adicionalmente a folios 36 y 37, se encuentra la constancia de 23 de febrero de 2009, expedida por la Coordinadora de Talento Humano de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación, en la que certificó que el demandante, en su calidad de Médico Especialista Ginecobstetra, suscribió varios contratos de prestación de servicios con la Entidad y los relacionó.

21 Consta en el expediente (CD anexo) que este primer contrato fue suscrito inicialmente por el Instituto de los seguros Sociales y el demandante, sin embargo, el mismo día fue cedido por la mencionada entidad a la ESE Francisco de Paula Santander, en virtud de la escisión del Instituto (folio 10 del documento aportado en el CD)

22 Acta de Adición y prórroga.

23 Acta de Adición y prórroga.

24 Acta de Adición y Prórroga.

25 Acta de Adición y Prórroga.

26 El objeto de cada contrato puede leerse dentro del clausulado de los mismos. Los contratos fueron allegados al expediente en C.D. visible a folio 331.

27 Folios 3 a 7.

28 Folios 10 al 16.

29 Folio 19.

30 Folio 273 a 306.

31 Folios 314 a 316.

32 Folios 317 a 319.

33 Folios 320 a 322.

34 Tal como se consignó en el acápite de hechos privados, en la cláusula del objeto contractual de cada uno de los contratos, se estableció que el actor debía cumplir, entre otras, las siguientes actividades; (i) atender consulta de urgencias y los procedimientos derivados de la misma y la atención en observación; (ii) atender consulta programada; (iii) atender al paciente hospitalizado; (iv) llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normativa vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de facturación y control del costo; (v) participar en los comités que la gerencia que la clínica solicite; (vi) participar en estudios de caso; (vii) participar en junta médico quirúrgicas; (viii) realizar procedimientos quirúrgicos dentro de quirófanos.

De otro lado, en la cláusula de forma de pago, las partes estipularon que el mismo debía efectuarse previo informe del supervisor que acreditara el cumplimiento de la labor contratada; y en la de obligaciones del contratista, se pactó que este debía estar sujeto a las directrices y orientaciones que la Empresa fuera dando en el transcurso de la ejecución del contrato.

35 Las declaraciones quedaron relacionadas en el acápite de hechos probados.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), Sentencia de 2 de mayo de 2013, Expediente 050012331000200700123 02 (2467-2012), Actor: Elkin de Jesús Agudelo Ortega.

37 Ya se determinó en acápites precedentes que en este caso la demandada fue interpuesta en tiempo por lo que no hay caducidad de la acción.

38 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Radicado 2152-06. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, Expediente 11001-03-15-000-2014-01819-00.

40 Sobre el particular, ver también la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia de 9 de abril de 2014, Radicación 2011-00142-01 (0131-13).

41 Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente 3222 de 2013, previamente citada.

42 Información extraída del acto administrativo demandado.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Sentencia de 11 de noviembre de 2009, Expediente 6800012315000200402350-01 (2486-2008).

44 Ver, entre otras al Sentencia, ya citada en este fallo, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda el 27 de noviembre de 2014, dentro del expediente 3222 de 2013, demandante: David Alejandro Jaramillo Arbeláez, C.P. Gerardo Arenas Monsalve que reiteró sobre el particular lo que la Sala consideró en la Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 1654-2000, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

45 Ver sentencia de 27 de noviembre de 2014 que se acaba de citar.

46 Fallo dictado dentro del proceso 3222 de 2013, demandante: David Alejandro Jaramillo Arbeláez, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

47 Demandante: Olga Liliana Gutiérrez Galvis, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

48 Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Expediente 250002325000200800655 01 (1422-2011).