Sentencia 2009-00651 de julio 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 76001-23-31-000-2009-00651-01(18570)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Fernando Yepes Gómez y Diego Fernando Medina Capote

Demandado: Municipio de Jamundi

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil trece.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por uno de los demandantes, la Sala decide si es nulo el Acuerdo 005 de 2007 expedido por el Concejo Municipal de Jamundí, “por medio del cual se modifican los acuerdos 10 de mayo 31 de 2005 y 24 de noviembre 30 de 2005”.

A juicio de los demandantes, el Concejo Municipal de Jamundí carecía de competencia para establecer el impuesto de alumbrado público en ese municipio, en razón a que las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que autorizaron a los municipios para adoptar el tributo, no determinaron el hecho generador del impuesto.

No le asiste razón al demandante pues, como lo ha dicho la Sala, el artículo 338 de la Constitución Política faculta a los órganos de representación popular de las entidades territoriales para que, por autorización de la ley, fijen, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

Tratándose del impuesto de alumbrado público, la Sala reitera(2) que los concejos municipales están facultados para definir tales elementos con fundamento en el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913(3) y en el artículo 1º de la Ley 84 de 1915(4).

Mediante Sentencia C-504 de 2002, la Corte Constitucional declaró exequible el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 con fundamento en que, precisamente, el artículo 338 de la Carta Política faculta a los concejos municipales para fijar los elementos de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Dijo la Corte:

“... tal como lo ha venido entendiendo esta corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales.

Ese precepto entraña una escala de competencias que en forma directamente proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En consecuencia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuanto esta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos.

(...).

Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activos y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede establecerlo todo.

(...).

Al respecto nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos pasivos —empresas de luz eléctrica y de gas—, y los hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas”.

La citada sentencia fue acogida por esta sección mediante sentencia del 9 de julio de 2009(5), sentencia que, además, retomó los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales que ya había expuesto la Sala en otra oportunidad, concretamente en la sentencia de 15 de octubre de 1993, (Exp. 9456) en la que se precisó que “... en virtud del denominado principio de ‘predeterminación’, el señalamiento de los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar ‘directamente’ en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.

También se acogió, de la sentencia citada que, “... creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que esta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular” (destacado fuera de texto).

Con fundamento en la doctrina judicial expuesta se concluye que el Acuerdo demandado no es nulo, fundamentalmente, porque:

— El artículo 338 de la Constitución Política le otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto.

— El artículo 1º de la Ley 97 de 1913, creó el impuesto de alumbrado público y mediante la Ley 84 de 1915 facultó a los concejos municipales para fijar los elementos del impuesto.

— La ley que crea o autoriza la creación de un tributo territorial debe gozar de tal precisión que acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo.

— La norma municipal que desarrolle la autorización legal debe tener referencia con el hecho imponible, o que se derive de él, o se relacione con este.

— El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido rectificado, en virtud de la Sentencia C-504 de 2002.

Por lo expuesto, no les asiste la razón a los demandantes cuando señalan que el Acuerdo 005 de 2007 es nulo por la falta de competencia del Concejo Municipal de Jamundí, pues es claro que contaban con la autorización legal expresa de las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 para adoptar el impuesto de alumbrado público.

Ahora bien, dado que los demandantes no invocaron ninguna causal de nulidad en relación con alguno de los elementos estructurales del impuesto en discusión, sino que limitaron los argumentos a la falta de competencia del Concejo Municipal de Jamundí, la Sala no hará ningún pronunciamiento sobre el particular.

De esa manera, se confirmará la sentencia del tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones esgrimidas en la parte considerativa de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 11 de marzo de 2010. Rad. 540012331000200401079 02. Nº interno: 16667. Demandante: Ernesto Collazos Serrano. Demandado: municipio San José de Cúcuta.

(3) “ART. 1ºEl Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá, puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental:

(...).

d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

(...).

(4) “ART. 1º—Los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4a de 1913:

a) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las asambleas departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones…”.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009). Rad. 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).