Sentencia 2009-00676 de enero 25 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 110013103032-2009-00676-01

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil trece.

Procede la Corte a resolver lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación propuesto por los accionantes, frente a la sentencia de 5 de septiembre de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelanta Mauricio López Barrientos, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor X X X X X X X X X X X(1) contra la Corporación Club Los Lagartos.

Antecedentes:

1. El progenitor de X X X X X X X X X X X, reclama que se les indemnice a ambos los daños materiales y morales que les ocasionó la prohibición de que el menor se inscribiera como hijo de socio activo del Club Los Lagartos, desde el 15 de agosto de 2001 hasta cuando se dio cumplimiento al fallo de tutela del 6 de mayo de 2008, con el que la Corte Constitucional concedió amparo al púber y confirmó la decisión de primera instancia que ordenó inaplicar el término “legítimos” en el artículo 10 literal h) de los estatutos de la agremiación.

Estimó globalmente los perjuicios en el libelo en “no menos de la suma de $1’000.000.000 m/cte (mil millones de pesos m/cte) o lo que se pruebe en el proceso”, los cuales discriminó en escrito subsanatorio así:

“En cuanto al valor pagado por el señor Mauricio López Barrientos como cuotas sociales ordinarias y extraordinarias en la Corporación Club Los Lagartos, durante el tiempo en que se produjo la discriminación y la fecha de la sentencia en firme, estimamos que corresponde a un valor de trescientos 300 millones de pesos, más actualizaciones e intereses (…) Ahora en cuanto a los gastos externos en que incurrió el señor Mauricio López Barrientos el valor de los mismos corresponde a la suma de 400 millones de pesos más intereses y actualizaciones (…) Los valores definitivos de estos perjuicios y de los demás que se causaron al demandante, serán fijados de manera definitiva según lo probado dentro del proceso” (fl. 80, cdno. 1).

2. La demandada, una vez enterada del trámite, se opuso y excepcionó (fls. 96 a 112, cdno. 1).

3. ElJuzgado Treinta y dos Civil del Circuito de Bogotá desestimó las defensas, condenó a la contradictora a pagar, diez millones de pesos ($10’000.000) para el padre y veinte millones de pesos ($20’000.000) para el incapaz, por concepto de “perjuicios morales subjetivados”, y no accedió a los demás pedimentos (fls. 445 al 470, cdno. 1), en proveído que apelaron ambas partes y que revocó el superior para denegar todas las pretensiones, el 5 de septiembre de 2012(fls. 47 al 86, cdno. 2).

4. Contra la anterior decisión se interpuso casación por los promotores, que se concedió por auto de 12 de octubre siguiente, al encontrar establecido el interés para recurrir (fls. 96 al 100, cdno. 2).

Consideraciones

1. El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil contempla que “[e]l recurso de casación procede contra las (…) sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, entre otras, en “las dictadas en los procesos ordinarios o que asuman ese carácter”.

2. El tribunal, luego de hacer el examen pertinente frente a los pedimentos de los reclamantes (fls. 56, 57 y 80, cdno. 1), concluyó que existía “el interés económico para recurrir”.

3. La labor de tasación del desmedro económico del impugnante, que está a cargo de quien concede el medio de contradicción, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que su conformación sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme.

Bajo ese criterio, cuando varios interesados acuden al unísono en acumulación de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un análisis individualizado de su interés para controvertir la decisión del juzgador, en el caso de que uno o varios de ellos advierta que la misma les es lesiva.

La Corte, en tal sentido, ha expuesto que “puede ocurrir que la relación litigiosa esté compuesta de un número plural de personas que integren los extremos demandante o demandado, o ambos, lo que da lugar al fenómeno litisconsorcial en sus formas necesaria y facultativa. Al respecto, la Sala (Cfr. Sent. Cas. de 24 de octubre de 2000. Exp. 5387) ha señalado que ‘[e]l litisconsorcio, como con claridad lo da a entender la propia palabra, supone la presencia de una pluralidad de personas integrando una de las partes de la relación jurídica procesal, o ambas, vista la parte, claro está, en sentido material (…) La propia ley, distingue, nominándolos, dos clases de litisconsorcio: el facultativo (CPC, art. 50) y el necesario (art. 51 ibídem). El primero, también llamado voluntario, se presenta cuando la pluralidad de sujetos en los extremos de la relación depende de la exclusiva voluntad de las partes, bien porque varias personas deciden demandar conjuntamente, ora porque bajo ese mismo criterio facultativo la demanda se propone contra varios demandados. Cualquiera sea la situación de la pluralidad de sujetos, el litisconsorcio facultativo ofrece un típico caso de acumulación subjetiva de pretensiones, cuya justificación se halla en la economía procesal. De ahí, entonces, que el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, consagre que los litisconsortes en sus relaciones con la contraparte serán considerados como ‘litigantes separados’ (…) El litisconsorcio necesario puede originarse en la ‘disposición legal’ o imponerlo directamente la ‘naturaleza’ de las ‘relaciones o actos jurídicos’, respecto de los cuales ‘verse’ el proceso (art. 83 ejusdem), presentándose este último caso, cuando la relación de derecho sustancial objeto de la pretensión está conformada por un número plural de sujetos, activos o pasivos, ‘en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos’ (G.J. t. CXXXIV, pág. 170), o como la propia ley lo declara, ‘cuando la cuestión haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes…’ (CPC, art. 51)’ (…) En lo que concierne a la concesión del recurso de casación, la Sala ha enfatizado, de tiempo atrás, que la calificación del tipo de litisconsorcio existente entre quienes lo promueven es de cardinal importancia, ya que de ello puede depender la conclusión sobre si el interés económico involucrado en el proceso debe o no dividirse entre los recurrentes, esto es, si se requiere valorar el agravio de cada uno de ellos individualmente (litisconsorcio facultativo), o si, por el contrario, ‘la cuestión litigiosa [ha] de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes’ (artículo 51 del Código de Procedimiento Civil), caso en que, precisamente por tratarse de un litisconsorcio necesario, el perjuicio sería único así sean varios los titulares, y en consecuencia no sería del caso hacer una individualización del interés de los diferentes impugnantes, todo ello con el propósito de auscultar si les asiste el derecho de acceder a ese escenario extraordinario” (auto de 31 de julio de 2012, exp. 2012-00277).

Concretamente, sobre la multiplicidad de promotores, ha dicho la Corte que “[e]sa cuantía en asuntos en los que se presenta pluralidad de sujetos en la parte demandante para no extender la explicación a otros casos ajenos al asunto debatido, supone un estudio cabal que conduzca a establecer, si de litisconsorcio facultativo activo se trata, como en este pleito, si el interés de cada actor recurrente y conformante del prenombrado litisconsorcio, alcanza el límite mínimo que la ley establece para acceder al recurso de casación. Debe recordarse al respecto que en el litisconsorcio facultativo (y en referencia solo al activo), a la pluralidad de partes corresponde también la pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, que sólo por economía procesal o por conveniencia, los sujetos activos de esas relaciones debatidas demandan en un solo proceso que puede culminar respecto de cada uno en forma diversa, de lo cual se deriva que, como lo advierte el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, ‘los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso’. Lo que significa que cada litisconsorte facultativo pudo formular su propia demanda separadamente, o reunirse con otros para formular una sola, podrá impetrar su propio recurso, incidente, en fin cualquier acto sin afectar los derechos o las obligaciones de los otros litisconsortes” (auto de 20 de septiembre de 2001, reiterado en el de 31 de mayo de 31 de mayo de 2012, expedientes 2001-00114 y 2003-00271).

4. Ya en relación con los anhelos particulares de cada accionante, si estos involucran la satisfacción de los perjuicios morales, el estimativo del interés no puede ser admitido de forma indiscriminada, en consideración a que una condena en tal sentido sólo está atribuida al criterio del fallador, en uso de los conocimientos que le confiere la experiencia y con apoyo en la jurisprudencia existente, tomando en cuenta las peculiaridades de la situación.

La Sala sobre el particular, en auto de 7 de diciembre de 2011, exp. 2007-00373, señaló que “no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, ‘al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación’ (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, ‘ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia’ (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) (…) Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que ‘no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido’ (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, Exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, Exp. 00445)”.

5. Para los efectos de la presente decisión son relevantes los siguientes hechos:

a) Que Mauricio López Barrientos promovió la acción de responsabilidad civil contractual en nombre propio y en representación del menor X X X X X X X X X X, para obtener el resarcimiento por los daños que les generó el que no hubieran permitido inscribir a este último como “hijo de socio activo”, porque no nació en vigencia de una unión matrimonial.

b) Que en el libelo se solicitó condenar “al pago de la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados al menor X X X X X X X X X X y al señor Mauricio López Barrientos, los cuales se encuentran estimados en no menos de la suma de $1’000.000.000 m/cte (mil millones de pesos m/cte) o lo que se pruebe en el proceso, por concepto de daño moral, daño material y daño a la vida de relación” (fls. 56 y 57, cdno. 1).

c) Que en el escrito de subsanación de la demanda se indicaron, como conceptos objeto de reparación únicamente a Mauricio López Barrientos, el valor de las cuotas ordinarias y extraordinarias pagadas a la opositora “durante el tiempo en que se produjo la discriminación y la fecha de la sentencia en firme”, por trescientos millones de pesos ($300’000.000) y los gastos externos por cuatrocientos millones de pesos ($400’000.000), en que debió incurrir por la misma causa (cdno. 1, fl. 80,).

d) Que el fallo del a quo ordenó a la Corporación Club Los Lagartos pagar diez millones de pesos ($10’000.000) a Mauricio López Barrientos y veinte millones de pesos ($20’000.000) a X X X X X X X X X X, “por concepto de indemnización de perjuicios morales subjetivados” (fl. 470, cdno. 1).

e) Que todos los involucrados en el litigio apelaron (fls. 474 y 478, cdno. 1).

f) Que en segunda instancia se revocó la condena y se negaron las pretensiones (folios 85 y 86, cuaderno 2).

g) Que los dos accionantes interpusieron recurso de casación (fl. 95, cdn.o 2)

6. En este caso se observa que el Tribunal, al estimar viable la impugnación, incurrió en las falencias que a continuación se resaltan:

a) Pasó por alto que Mauricio López Barrientos y X X X X X X X X X X X, a pesar de que el primero actuaba en nombre propio y en el de su hijo en ejercicio de la patria potestad, son dos personas que intervinieron como litisconsortes facultativos, motivo por el cual debió revisar por separado su interés para recurrir.

b) No analizó que si los perjuicios totales reclamados en el libelo ascendían a un mil millones de pesos ($1.000’000.000), para ambos, y que al subsanarlo limitó a setecientos millones de pesos ($700’000.000) los daños materiales producidos a Mauricio López Barrientos, la diferencia por trescientos millones de pesos ($300’000.000) correspondía al tope resarcitorio buscado por afectación moral para ambos promotores.

c) Debió explicar, de manera razonada, como se consideraba distribuida, conforme a los lineamientos del Tribunal o algún precedente jurisprudencial de soporte, esta última compensación que se pidió indiscriminadamente.

7. El ad quem actuó con celeridad, por ende, al “conceder el recurso extraordinario de casación interpuesto con la sentencia de segunda instancia”, pues, le correspondía en primer lugar precisar a cuánto ascendía el interés de cada uno de los censores, señalando con razones de peso los valores que por indemnización del daño moral reconocería un fallo favorable a los demandantes y, acto seguido, pronunciarse sobre la procedencia o no, por separado, del medio de contradicción propuesto.

8. Deberá, en consecuencia, reexaminarse la situación a fin de determinar, de manera individual y teniendo en cuenta lo expuesto, la presencia o no del interés económico requerido.

Decisión

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediendo el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.

2. Devolver la actuación a la oficina de origen, para que allí se determine el interés para recurrir, y una vez agotada la actuación pertinente, proceda como le compete.

Notifíquese

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.

(1) Nota de Relatoría: En aplicación al numeral 8º del artículo 47 de la ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” se prescinde del nombre del menor, debido a que esta providencia puede ser publicada.