Sentencia 2009-00682/47938 de junio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce de junio de dos mil diecisiete.

Rad.: 25000-23-26-000-2009-00682-01 (47938)

Actor: Luis Alfonso Narváez Ramírez y Otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) alcance de la apelación; 5) régimen de responsabilidad aplicable; 6) caso concreto; 7) indemnización de perjuicios y 8) procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad a la que, según lo sostenido en la demanda, se sometió al señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación(16), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(17).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la respectiva investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(18).

En el presente caso, se pretende la indemnización de los perjuicios causados con detención preventiva del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, por tal razón, el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, a través de providencia del 15 de agosto de 2006, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario seguido en contra del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez y, como consecuencia, precluyó la investigación, decisión que quedó ejecutoriada el 4 de septiembre de 2006, según lo previsto en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000(19), en concordancia con la constancia obrante a folio 61 del cuaderno 3.

De este modo, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa inició el 5 de septiembre de 2006 y expiró el 5 de septiembre de 2008, razón por la cual se concluye que la demanda interpuesta el 25 de julio de 2008 resultó oportuna.

4. Alcance de la apelación.

4.1. Apelación adhesiva.

Mediante Sentencia del 7 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones planteadas en la demanda, pero lo hizo de manera parcial, toda vez que si bien declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, no es menos cierto que no lo hizo en los términos solicitados por la parte actora.

De este modo, la mencionada providencia resultó desfavorable tanto para el ente acusador como para los demandantes, por ende, cualquiera de las partes estaba habilitada para apelarla, como en efecto ocurrió.

Pues bien, la entidad demandada interpuso recurso de apelación dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia y los demandantes lo hicieron con anterioridad a que se venciera el término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, es decir, en los términos previstos en el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil(20), que regula la apelación adhesiva.

La apelación adhesiva constituye una modalidad del recurso ordinario de apelación, que procede siempre que la contraparte hubiese apelado la sentencia dentro del término de ejecutoria, por manera que no existe apelación adhesiva sin la apelación de carácter principal, a tal punto que el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil prevé “[l]a adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”.

Las circunstancias susceptibles de ser cuestionadas a través de la apelación adhesiva corresponden a las que causan algún perjuicio al recurrente, para lo cual es irrelevante que hayan sido previamente atacadas por quien apeló la sentencia dentro del término de ejecutoria, pues el legislador no estableció restricciones sobre el particular, contrario sensu en el artículo 353 ejusdem precisó que “[l]a parte que no apeló [se] podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable” (se resalta).

De este modo, la parte que apela de manera adhesiva está habilitada para cuestionar los puntos que a bien considere, siempre que le sean desfavorable, pero debe hacerlo a través de la explicación de las razones por las que considera que la respectiva providencia debe modificarse o revocarse, pues no es posible entender, como ocurre en eventos excepcionales, verbigracia las acciones de tutela, que frente a este recurso no es obligatoria la sustentación, dado que, según la normativa que regula el asunto y la jurisprudencia de la Corte Constitucional(21), esta modalidad de impugnación se rige por las reglas de sustentación de la apelación ordinaria.

A su vez, el escrito contentivo de la impugnación adhesiva debe allegarse hasta antes del vencimiento del término para alegar de conclusión ante el ad quem; sin embargo, en los eventos en los que se pretenda la práctica de pruebas, el escrito se presentará en la oportunidad prevista en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, que regula el período probatorio en segunda instancia, para lo cual precisa que las partes podrán formular sus peticiones en tal sentido dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación principal presentada ante el a quo y que se accederá a ellas siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 214 ejusdem.

El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo: es del siguiente tenor:

“ART. 212.—Apelación de las sentencias. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo (...).

“Recibido el expediente por el superior y efectuado el reparto, el recurso, si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes.

“Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 de Código Contencioso Administrativo (...)” (se resalta).

Esta disposición resulta aplicable al trámite de la apelación adhesiva, porque frente a esta el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil no establecieron ninguna regla especial en materia probatoria.

Pues bien, como en el sub júdice el recurso de apelación presentado de manera principal por la Fiscalía General de la Nación se admitió por auto del 22 de agosto de 2013, el término para pedir pruebas en segunda instancia expiró con su ejecutoria(22), por manera que las pruebas solicitadas con posterioridad(23), por ser extemporáneas, no son susceptibles de valoración.

Lo anterior, independientemente de que con posterioridad se formulara la apelación adhesiva, dado que dicha impugnación no extendía el período probatorio.

En las condiciones analizadas, la Sala, para analizar el presente asunto, solo tomará en consideración las pruebas practicadas en la primera instancia, por cuanto no resultan de recibo las solicitudes formuladas por la parte actora dentro del trámite de la apelación adhesiva, en cuanto se presentaron cuando la etapa probatoria del proceso ya había concluido.

En relación con la imposibilidad de valorar los elementos de juicio allegados por fuera de las oportunidades legales, esta sección ha considerado:

“Por otra parte, se advierte que una vez vencida la etapa probatoria y durante el término dispuesto para que las partes presentaran alegatos de conclusión, la entidad demandada anexó junto con su escrito de alegatos finales copia de (...).

“(...) Como se observa, los aludidos documentos fueron aportados después de agotarse la etapa procesal prevista para el efecto, supuesto bajo el cual los referidos documentos no pueden ser objeto de apreciación judicial, de conformidad con el principio de preclusión que inspira los actos procesales(24)”.

4.2. Puntos a resolver.

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”, expresión que, so pena de desconocer los principios de congruencia y de contradicción, e incluso de pretermitir una instancia, no puede entenderse como una habilitación plena para que el ad quem defina el asunto sin sujeción a lo dicho por el a quo o a los argumentos invocados por quienes apelan, sino como una circunstancia ante la cual no resulta aplicable la garantía constitucional a la que se refiere la primera parte de la norma, la de non reformatio in pejus, en virtud de la cual en la segunda instancia no se puede agravar la situación del apelante único, en cuanto se debe entender que el recurso por él interpuesto versa solo sobre los puntos que le resultaron desfavorables.

En efecto, la Sala, mediante providencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia en relación con la competencia del juez de segunda instancia, en el entendido de precisar que esta se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por los apelantes en contra de la decisión adoptada en primera instancia, sin perjuicio de las circunstancias susceptibles de ser declaradas de manera oficiosa(25).

Pues bien, como la competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto, por las razones que se acaban de precisar, no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por los apelantes y los puntos que aquellos cuestionaron, la Subsección en esta oportunidad se ocupará de los siguientes aspectos:

De un lado, del régimen de responsabilidad aplicable; la acreditación o no del tiempo durante el cual el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez estuvo privado de la libertad y la legitimación de los demandantes que comparecieron en calidad de primos y sobrinos de la víctima directa, según el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, respecto de la proporcionalidad de la indemnización ordenada en primera instancia por concepto de perjuicios morales y la razonabilidad de la denegatoria de los gastos de defensa judicial de la investigación penal y del proceso de la referencia, en los términos indicados en la apelación adhesiva de la parte actora.

Finalmente, se resolverá sobre la procedencia del reconocimiento de los gastos de transporte en los que incurrieron los demandantes por las visitas a la víctima directa de la privación por parte de su esposa y de su abogado defensor.

Conviene aclarar que el ente acusador cuestionó lo referente a la esposa del señor Narváez Ramírez, mientras que la parte actora procedió de conformidad en lo relacionado con el defensor.

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(26).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Caso concreto.

En el presente asunto, se encuentran probados los siguientes hechos:

6.1. El 1º de junio de 2004, la Fiscalía General de la Nación inició una actuación penal, con el fin de confirmar la existencia de una organización delincuencial que se dedicaba al envío de sustancias alucinógenas desde Cali hacia Estados Unidos, a través de correos humanos.

Como consecuencia de lo expuesto, se adelantaron labores de investigación en coordinación con la DEA, entre otras, la interceptación de las líneas telefónicas de los sujetos que tenían vínculos con el narcotráfico, entre ellos, el señor Fernando Bedoya, alias “Piolín”, diligencias que permitieron la incautación de estupefacientes en varios aeropuertos del país y en las ciudades de Buenaventura, Cartagena, Cali e, incluso, Nueva York(27).

6.2. En las interceptaciones del 2 y del 3 de marzo de 2005, así como las del 29 de noviembre de la misma anualidad, se advirtió que el señor Fernando Bedoya utilizaba un “lenguaje cifrado” para comunicarse con el agente de viajes Luis Alfonso Narváez Ramírez, a quien le solicitó varias reservas de tiquetes aéreos, sin que en algunas ocasiones le indicara el nombre del pasajero, la fecha de regreso o la ciudad de origen, pues sobre este último punto solo se señalaba el gentilicio de la región pertinente, verbigracia los paisas o los costeños.

Sin embargo, en algunas de las llamadas el señor Bedoya solicitó unos pasajes, previa identificación de los pasajeros, que correspondían a Vanessa Alexandra Lora Oliva y a Álvaro Andrés Espinosa Cadavid. La primera fue capturada en Nueva York, por ingresar heroína a los Estados Unidos. En relación con el segundo, en el aeropuerto de Cali se encontró una maleta a su nombre, en la que se transportaba droga(28).

6.3. Con base en lo anterior, y dada su posible responsabilidad en el punible de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, se ordenó la vinculación a la investigación y la captura, para efectos de indagatoria, del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, la cual se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2005.

En la diligencia de indagatoria, el señor Narváez Ramírez sostuvo que conocía a varios de los investigados y, en concreto, al señor Fernando Bedoya, en atención a su labor comercial como agente de viajes, indicó que este último le compraba frecuentemente tiquetes a nombre de terceros, sin que conociera la razón de su proceder, lo cual, en todo caso, era normal en el gremio; además, resaltó que no conocía a Vanessa Alexandra Lora Oliva y Álvaro Andrés Espinosa Cadavid.

Asimismo, el implicado precisó que la identificación de la ciudad de origen a través del gentilicio de la región obedecía a la forma en la que normalmente hablaba el señor Bedoya, quien en otras oportunidades le había indicado a qué ciudad correspondía cada uno de los gentilicios(29).

6.4. Por medio de Resolución del 12 de diciembre de 2005, se resolvió la situación jurídica de, entre otras personas, el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, para lo cual se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

6.5. Mediante providencia del 22 de marzo de 2006, la Fiscalía General de la Nación, a solicitud del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, representado por su apoderado, revocó la medida de aseguramiento impuesta, con fundamento en las siguientes consideraciones (se transcribe literal, incluso con errores):

“El artículo 363 de la Ley 600 del 2000 (...), señala que la revocatoria de la medida de aseguramiento [procede] cuando (...) sobrevienen pruebas que la dejan sin fundamento.

“(...).

“De las pruebas posteriores, la Fiscalía resalta, de acuerdo a las manifestaciones de la ampliación de la indagatoria y a las manifestaciones de Consuelo Collazos y Jorge Iván Fernández, que las ciudades referidas por los gentilicios eran localizables, toda vez que no todas las ciudades que incluyen los habitantes señalados por los gentilicios tienen aeropuerto internacional.

“Así que se de credibilidad para el despacho que se entendiera al hablar de los paisas de una ruta por Medellín y no por Manizales, etc.

“En otras palabras, no se estaba empleando lenguaje cifrado, sino se estaban refiriendo a estas ciudades de manera coloquial (...). Además, el nombre de Álvaro Andrés Espinosa fue dicho de manera abierta por la línea telefónica.

“De otra parte, se ha demostrado que la agencia de viajes del sindicado es una agencia seria, con clientes diversos a Bedoya, quien era cliente de la empresa y no se trataba exclusivamente de una relación personal entre Narváez y Bedoya.

“Se probó que dicha agencia de viajes es una empresa familiar que nació de manera paulatina, creciendo y acreditándose a lo largo del tiempo, lo que significó esfuerzo de sus dueños, quienes tienen un respaldo de la comunidad que los rodea, hecho del cual se podría deducir que ese buen nombre se ha adquirido con el tiempo [y que] sirve de barrera ante la elección de realizar conductas al margen de la ley.

“Sin embargo, subsiste el hecho de que los pasajes de dos correos humanos fueron vendidos por la agencia del sindicado y que dichos correos humanos no correspondían, a la regla general descrita por el señor Jorge Iván Fernández de ser parientes o trabajadores de quien les consiguió la reserva del vuelo internacional y compró el pasaje de avión.

“Por tanto, las pruebas allegadas con posterioridad a la situación jurídica no tienen la suficiencia de dejar sin efectos todas las que fueron base para decretar la vinculación y, posteriormente, la detención del sindicado, sin embargo, con suficiencia para satisfacer los requisitos del artículo 363 de la Ley 600 del 2000 y, [como] consecuencia, se revocará la medida de aseguramiento que pesa en su contra y se ordenará su libertad inmediata.

“No obstante lo anterior, el sindicado seguirá vinculado a la presente investigación, pues no se ha probado de manera plena, su ausencia de responsabilidad dentro de los hechos materia de la misma.

“De hecho los pasajes de Vanesa Lora y Andrés Espinoza fueron vendidos por su agencia de viajes no a los pasajeros sino a Fernando Bedoya, sin que existiera relación alguna entre estos pasajeros y quien les compró sus tiquetes. También se probó que Fernando Bedoya y el sindicado se conocían durante mucho tiempo, hecho que permitía conocer la ausencia de nexos entre Bedoya y estos viajeros”(30) (se destaca).

6.6. A través de decisión del 15 de agosto de 2006, se calificó el mérito del sumario seguido en contra del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez y, como consecuencia, se precluyó la respectiva investigación.

Para lo anterior, el ente acusador indicó que existían dudas en relación con la finalidad del lenguaje empleado por el demandante para comunicarse con una persona que se encontraba relacionada con el envío de droga al extranjero, por medio de correos humanos, dado que si bien la utilización de gentilicios podía deberse a la necesidad de encubrir una actividad ilícita, no era menos cierto que también existía la posibilidad de que se hiciera en atención a la forma en la que normalmente las agencias de viaje interactúan con sus clientes.

Además, la demandada explicó que los hechos que se encontraban probados, por ejemplo, los relacionados con la ilicitud de las actividades que de ordinario desarrollaba el señor Fernando Bedoya, carecían de la claridad suficiente para continuar con el trámite de la actuación, dado que ni siquiera permitían determinar cuál era la conducta penal por la que se podía acusar al demandante. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación argumentó (se transcribe literal, incluso con errores):

“Para el despacho no es aplicable el contenido del artículo 39 de la Ley 600 del 2000, pues no se demostró plenamente ni la inexistencia de la conducta, ni que el sindicado no la hubiera cometido.

“Sin embargo, por duda probatoria y en cumplimiento de lo normado en el artículo 399, inciso segundo, de la misma ley, la Fiscalía procederá a precluir la investigación a favor del sindicado, por cuanto las pruebas allegadas durante el sumario generaron serias dudas, que, de acuerdo a los principios generales del derecho plasmados en la Constitución y en la ley, han de resolverse a favor del sindicado, por cuanto este está amparado por la presunción de inocencia.

“Lo anterior, por cuanto (...) en relación con la manera de transmitirse las rutas de los viajes entre Bedoya y Narváez, el informe presentado por la Diran de Prohe indica que el uso de gentilicios para solicitar la ruta de viajes no es común en las agencias consultadas (...) y, por tanto, se ratificaría la tesis de un lenguaje en clave propio de las actividades delictivas, porque se busca proteger actividades ilícitas.

“Sin embargo, no puede desconocerse que otras tres agencias de viaje determinaron lo contrario, advirtiendo que sus empleados debían acostumbrarse a esa manera de hablar de los clientes y, en este caso, la forma de hablar del sindicado con Bedoya Lozano podría encuadrarse en este evento.

“Adicionalmente, si bien es cierto aparece una conversación entre el sindicado y Fernando Bedoya en [la] que se denota la necesidad de fragmentar la información que se transmite por el medio, para continuar la conversación por celular y dar el nombre del pasajero, también es cierto que en otra oportunidad se mencionó por la línea telefónica el nombre del pasajero Andrés Felipe Espinoza.

“Las pruebas allegadas en el sentido de que el señor Narváez Ramírez sí tenía una agencia de viajes [y] que esta funcionaba a plenitud con los permisos y convenios pertinentes y con un amplio volumen de clientes, no solo Fernando Bedoya y donde se otorgaba créditos no solo a Bedoya Lozano sino a otros clientes, se constituye un elemento a su favor.

“Pero en su contra persiste el hecho de que Fernando Bedoya no era un cliente anónimo, sino un conocido de antaño y que, por tanto, se tenía el conocimiento de que estaba enviando personas ajenas a su familia, dejando incluso al arbitrio del agente de viajes su regreso, sin que pueda creerse, como dijo la señora Collazos, que estas personas salían del país a negociar arte, pues las obras de arte eran, supuestamente, vendidas por Bedoya en Cali, explicación que nunca dio el mismo sindicado en sus indagatorias, sino su esposa, por solicitud de apoderado defensor y por su interrogatorio.

“De tal manera, no está clara la transparencia en el obrar del sindicado, pero se han practicado las pruebas procedentes, sin que se encuentre la posibilidad de practicar otras, [pese] a que subsiste una duda que (...) incluye la conducta que se está realizando, pues bien se podría estar ante un concierto para delinquir con fines terroristas entre Bedoya y Narváez o ante una omisión de denuncia de particular por parte de Narváez, por no denunciar las ilícitas labores de Bedoya.

“En estas circunstancias, en estricto cumplimiento del inciso segundo del artículo 399 de la Ley 600 del 2000, se dispondrá precluir la investigación a favor de Luis Alfonso Narváez Ramírez(31)”.

Pues bien, en esta medida, la Sala encuentra que en contra del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez se adelantó una investigación penal por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, dentro de la cual, el 30 de noviembre de 2005, se le capturó para efectos de escucharlo en indagatoria y quedó privado de su libertad.

Asimismo, se observa que, mediante decisión del 12 de diciembre de 2005, la Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica del señor Narváez Ramírez y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, según lo previsto en el artículo 354(32) de la Ley 600 del 2000(33).

El ente acusador adoptó las anteriores determinaciones —vinculación, captura e imposición de la medida de aseguramiento— con fundamento en las interceptaciones realizadas a las comunicaciones telefónicas que sostuvo el demandante con el señor Fernando Bedoya, de las que se dedujo que el implicado le vendía a su interlocutor tiquetes aéreos para terceros, dentro de los cuales se encontraban dos ciudadanos que resultaron investigados por delitos relacionados con el narcotráfico.

Además, se tiene que la decisión a través de la cual se ordenó la detención preventiva del señor Narváez Ramírez se revocó el 22 de marzo de 2006 y, como consecuencia, se ordenó su libertad inmediata, en cuanto la Fiscalía General de la Nación, en el transcurso de la investigación, decretó y recaudó pruebas que desvirtuaban los presupuestos tomados en consideración para su interposición, de conformidad con el contenido normativo del artículo 363 ejusdem(34), el cual fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-528-03 de 3 de julio de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Establece la norma que la detención preventiva se revocará cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen, postulado que debe ser armonizado con las consideraciones establecidas en esta providencia, por virtud de las cuales, la detención preventiva puede ser revocada cuando surjan nuevos elementos de juicio que permitan establecer la ausencia o carencia de eficacia para lograr sus objetivos, ya sea porque existe certeza sobre la comparecencia del sindicado al proceso, por la imposibilidad de afectación a la comunidad o al material probatorio, etc. [Por tanto], la norma es constitucional, pero siempre que la revocatoria de la detención preventiva proceda no sólo cuando exista prueba que desvirtúe los requisitos legales para su operancia, sino igualmente cuando se superen sus objetivos constitucionales y sus fines rectores.

“[Por tanto], se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla”.

De otro lado, la Subsección encuentra que la investigación se precluyó, en virtud de la aplicación del principio del in dubio pro reo. A juicio del ente acusador, si bien existían unas conversaciones “en clave” del sindicado con el señor Fernando Bedoya, no era menos cierto que las mismas podían obedecer tanto a la intención de encubrir una actividad ilícita, como a la forma en la que habitualmente se comunicaban los agentes de viajes con sus clientes.

Aunado a lo expuesto, la demandada precisó que aunque el procesado tenía la posibilidad de conocer las actividades ilegales desempeñadas por el señor Bedoya, dada su cercanía, no podía pasarse por alto que su agencia de viajes contaba con un gran reconocimiento y alto volumen de clientes, por manera que sus ventas no dependían solo de los tiquetes vendidos a través de las llamadas que se consideraron sospechosas, sino de las otras personas con quienes realizaba transacciones comerciales.

Ahora, el supuesto enunciado —aplicación del in dubio pro reo—, por regla general, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

Si bien en casos como el analizado es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, no es menos cierto que esto procede ante la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la administración de justicia, presupuesto que no se presenta acreditado en el sub júdice, toda vez que no se advierte la configuración palmaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que imponga la declaratoria de una falla del servicio(35).

En estas condiciones, se desestimará el argumento de inconformidad planteado por la demandada, en relación con el régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Además, conviene aclarar que, pese a que en las diligencias penales se advirtieron elementos que ponían en entredicho la responsabilidad del procesado, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, dado que los hechos que se encontraron probados, esto es, la venta de tiquetes aéreos por teléfono y a nombre de terceros, sin confirmarse la identidad del pasajero o indicarse de manera exacta su ciudad de origen, no constituye per se una actividad contraria a derecho, en cuanto, como lo indicó el ente acusador, en el proceso penal no obraban elementos suficientes para determinar si tal proceder obedecía o no a la forma en la que de ordinario se desarrollaba ese tipo de transacciones comerciales o si, en su lugar, era el comportamiento propio de las personas dedicadas al envío de estupefacientes al extranjero, a través de correos humanos.

De otro lado, el hecho de que el ahora demandante conociera con anterioridad al señor Fernando Bedoya no resultaba suficiente para asumir que conocía las actividades ilícitas a las que este se dedicaba, pues sus conductas se ejecutaban en la clandestinidad, tan es así que para descubrirlas la Fiscalía General de la Nación tuvo que recurrir a interceptaciones telefónicas y a la cooperación de las autoridades penales de los Estados Unidos.

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que al sub lite no se aportaron elementos probatorios que permitan inferir que la deducción de los indicios de responsabilidad que dieron lugar a la medida de aseguramiento impuesta al ahora demandante tuvieron como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas del actor que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.

Adicionalmente, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 600 del 2000(36), el ejercicio del ius puniendi, para la época de ocurrencia de los hechos, se radicaba en la Fiscalía General de la Nación y en la Rama Judicial; sin embargo, como fue la primera de las referidas autoridades la que adoptó las decisiones en virtud de las cuales se restringió el derecho a la libertad del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, resulta claro que es esta la llamada a responder por los perjuicios causados a los demandantes.

7. Perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

7.1.1. Legitimación.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, según la jurisprudencia reiterada y unificada de esta corporación, es posible presumir que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

Ahora, esta sección en relación con los demás grados de parentesco, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida dentro del expediente con radicado 36.149, precisó que para la tasación de la indemnización de perjuicios morales en los casos de privación de la libertad solo se requería acreditar la pertenencia a alguno de los grados de afectación fijados en aquella oportunidad(37), los cuales se establecieron en los siguientes términos:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la
privación injusta de la libertad
Victima directa, cónyuge o compañero (a)
permanente y parientes en
el 1º de consanguinidad
Parientes en el 2°
de consanguinidad
Parientes en el 3°
de consanguinidad
Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros
damnificados
Término de privación injusta
en meses
 50% del Porcentaje de la
victima directa
35% del Porcentaje de la
victima directa
25% del Porcentaje de la
víctima directa
15% del Porcentaje de la
victima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Sin embargo, el referido criterio no constituye una regla que deba aplicarse en todos los eventos, en cuanto, para el efecto, el juez, en ejercicio del arbitrio iudicis, con fundamento en los criterios de equidad y justicia, debe adoptar una decisión que resulte consecuente con otros asuntos en los que el daño antijurídico causado reviste una mayor gravedad, verbigracia, cuando se declara la responsabilidad del Estado por la muerte de una persona, toda vez que en este caso se exige demostrar tanto el parentesco como la afectación sufrida. Al respecto, esta subsección ha señalado:

“[D]e conformidad con los parámetros definidos en la referenciada sentencia de unificación respecto de la tasación de la indemnización de perjuicios morales para los casos de privación injusta de la libertad, bastará para su reconocimiento la acreditación del parentesco, criterio que resulta incongruente de cara a lo dispuesto para la tasación del perjuicio moral en el mismo grado de parentesco cuando el daño consiste en la muerte de una persona, toda vez que en este último caso —que bien puede catalogarse como de mayor entidad—, se exige demostrar tanto el parentesco como la afectación sufrida, por lo que la pauta fijada para los casos de privación injusta de la libertad se muestra inconsecuente y apartada de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, equidad e igualdad con respecto de la regla probatoria para fijar la indemnización en caso de muerte de una persona, razón por la cual se considera imperativo superar la incongruencia que se pone de presente y requerir en el sub lite la prueba sobre el parentesco y la afectación moral derivada de la privación injusta de la libertad, exigencia que resulta razonable en aras de hacer efectiva la igualdad de trato para los demandantes que se encuentran en el tercer grado de consanguinidad y pretenden obtener el resarcimiento en cuestión (...)(38)”.

Por lo anterior, se considera que en la presunción del perjuicio moral, tratándose de la privación injusta de la libertad, se predica solo de la víctima directa, de su cónyuge o compañero(a) permanente y de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, por manera que en relación con los parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad, así como aquellos en primer y segundo de afinidad, no solo se requiere la acreditación de esta condición, sino que también es necesaria la demostración de la afectación moral derivada de la detención. Al respecto, esta subsección se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Ahora bien, en relación con la indemnización solicitada en la demanda a favor de los tíos, los sobrinos, Los primos de la señora Dorys Virginia Ortiz Benítez resulta necesario aclarar aunque en la sentencia de unificación antes referenciada se señaló que para la tasación de la indemnización de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, para esos grados de consanguinidad era suficiente para su reconocimiento la acreditación del parentesco, lo cierto es que ese criterio resulta incongruente en relación con los eventos en que fallece una persona, toda vez que en este último caso, se exige demostrar tanto el parentesco como la afectación sufrida. En ese sentido, se considera que en el caso en estudio se hace necesario la prueba sobre el parentesco y la afectación moral derivada de la privación injusta de la libertad(39)”.

Pues bien, al presente proceso, además de la víctima directa de la privación —Luis Alfonso Narváez Ramírez—, comparecieron los señores: i) Raquel Ramírez de Narváez, en calidad de madre; ii) Consuelo Collazos Flórez, quien dijo ser su esposa; iii) Francisco José Narváez Ramírez, en condición de hermano, así como iv) Sebastián Narváez Collazos y v) Juan Fernando Narváez Collazos, en condición de hijos.

La Sala encuentra acreditada las condiciones invocadas por los referidos sujetos, dado que al plenario se allegaron los registros civiles de nacimiento del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, de su hermano y de sus hijos; además, se aportó el registro civil del matrimonio celebrado con la señora Collazos Flórez, documentos visibles de folios 1 a 5 del cuaderno 3.

Asimismo, se hizo parte Jhonathan Narváez Sánchez, hijo del señor Francisco José Narváez Ramírez y, por ende, sobrino del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, tal como se deduce de los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 5 y 6 del cuaderno 3.

En relación con el referido demandante, en la primera instancia, se decretó el testimonio de Lady Johanna Ruiz Delgado, quien manifestó que él padeció un gran sufrimiento y una crisis nerviosa por la detención de su tío Luis Alfonso, con quien tenía unos lazos familiares muy fuertes; además, la declarante precisó que la medida de aseguramiento objeto de discusión lo privó de la posibilidad de disfrutar de la compañía y apoyo de la víctima directa, a la cual quería bastante.

Como fundamento de sus manifestaciones, la testigo indicó que sabía de lo sucedido en cuanto no solo era compañera de estudio del demandante, sino que también era su mejor amiga, por manera que compartían mucho tiempo juntos(40).

En las condiciones analizadas, la Sala tendrá por acreditada la legitimación en la causa por activa del señor Jhonathan Narváez Sánchez, en su condición de sobrino de la víctima directa de la privación.

Respecto de Luz Stella Salazar Ramírez, se advierte que al plenario no se allegaron los registros civiles de nacimiento necesarios para acreditar la calidad de prima del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, que correspondían a aquellos que dieran cuenta del parentesco de los padres de la víctima con los de la demandante y, de manera consecuente, los que demostraran la condición de sobrina de los primeros de la señora Salazar Ramírez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º(41) y 101(42) del Decreto 1260 de 1970, en el registro “civil” debe constar el estado civil de las personas, del cual hace parte la filiación, entendida como el status que deriva de la relación existente entre dos personas.

En relación con el alcance de la filiación, la Corte Constitucional(43) ha señalado:

“[L]a filiación es un presupuesto para la garantía de la identidad, para el disfrute de otros derechos como los derivados de la condición de hijo, el derecho a alimentos, el derecho a heredar y así mismo los derivados de la condición de padre, los dos se enmarcan en las obligaciones de cuidado y solidaridad que rigen la familia.

“(...).

“[E]s el vínculo familiar que existe entre padres e hijos, y puede ser catalogada como matrimonial, extramatrimonial o adoptiva. Este lazo además de generar derechos y deberes entre padres e hijos y viceversa, también traza rasgos importantes de la identidad de las personas desde el punto de vista biológico como personal, puesto que la familia juega un papel preponderante en la formación personal de los seres humanos” (se destaca).

Así las cosas, en el registro del estado civil se deben inscribir los datos que permitan individualizar las relaciones paterno-materna filiales de su titular, lo cual debe hacerse en la sección de nacimiento, según lo previsto en el artículo 52 del Decreto 1260 de 1970, a cuyo tenor:

“ART. 52.—Secciones de la inscripción del nacimiento. La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica.

En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central.

“En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que certificó el nacimiento y el número de su licencia (...)”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 106 ejusdem(44) establece que ninguna autoridad puede dar por probados los hechos relativos al estado civil de las personas, como la filiación, si estos no constan en el respectivo registro.

Pues bien, como al presente asunto, se reitera, no se allegaron los registros civiles de nacimiento requeridos para acreditar la condición de prima invocada por la señora Luz Stella Salazar Ramírez, es claro que no se encuentra demostrada su calidad de pariente en tercer grado de consanguinidad, empero, se le tendrá por tercera damnificada, en cuanto del testimonio rendido en la primera instancia por la señora Mónica Marcela Sanabria Guarín(45) se infiere la afectación que le causó la situación a la que se sometió al señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, en cuanto tenían una relación muy cercana, al punto de que fue ella la que estuvo pendiente de su situación cuando se le trasladó de Cali al Distrito de Capital y lo visitaba constantemente en la cárcel.

En relación con Bernardo Valencia Collazos, se tiene que, en efecto, es sobrino de la esposa del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, sin embargo, como no se encuentra dentro del segundo grado de afinidad con el demandante, no es posible tenerlo como su pariente para efectos de la indemnización pertinente y, en su lugar, se le tendrá como tercero damnificado, siempre que se encuentre acreditada la afectación moral que le ocasionó la detención por la que se demanda.

En lo que tiene que ver con María Isabel Betancourt Collazos y Juan Pablo Betancourt Collazos, se advierte que en el plenario no obran los registros civiles de nacimiento que den cuenta del parentesco en afinidad existente con el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, sin embargo, como el mismo, eventualmente, no correspondería al de segundo grado, es claro que para la fijación de la indemnización por perjuicios morales no puede tenérseles como parientes por afinidad y, de manera consecuente, como integrantes del cuarto nivel, sino, previa acreditación del perjuicio moral, como terceros damnificados.

Pues bien, el testimonio de la señora Magad Liceth Rodríguez(46), practicado ante el a quo, da cuenta del sufrimiento padecido en el sub lite por Bernardo Valencia Collazos, María Isabel Betancourt Collazos y Juan Pablo Betancourt Collazos, dada la relación afectuosa que tenían con el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, en virtud de la cual compartían en diferentes reuniones familiares y estaban pendientes uno de los otros.

Así las cosas, también se tendrán por terceros damnificados a Bernardo Valencia Collazos, María Isabel Betancourt Collazos y a Juan Pablo Betancourt Collazos.

7.1.2. Monto de la indemnización.

Esta sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga por un período entre 3 y 6 meses resulta procedente el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de: i) 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente; ii) 25 SMMLV para los familiares que se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad con el sujeto pasivo de la detención; iii) 17,5 para los parientes en tercer grado en consanguinidad, verbigracia los sobrinos, y iv) 7,5 SMMLV para los terceros damnificados(47).

Si bien al plenario no se allegó la constancia del tiempo de reclusión expedida por el INPEC, ello no es óbice para tener por acreditado el tiempo que duró la privación injusta, dado que las copias del proceso penal que se allegaron a esta instancia dan cuenta de tal circunstancia, por manera que la Sala las tomará en consideración para el efecto.

Pues bien, se advierte que el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez fue capturado para efectos de indagatoria, el 30 de noviembre de 2015, y que, el 12 de diciembre de 2005, se le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue revocada el 22 de marzo de 2006, de ahí que el presente asunto corresponda a una privación injusta de la libertad que tuvo una duración superior a 3 meses e inferior a 6 meses.

De este modo, por perjuicios morales, se reconocerán 50 SMMLV en favor de los siguientes sujetos: i) la víctima directa - Luis Alfonso Narváez Ramírez; ii) su madre - Raquel Ramírez de Narváez; iii) su esposa - Consuelo Collazos Flórez; iv) sus hijos - Sebastián Narváez Collazos y Juan Fernando Narváez Collazos.

A su vez, se ordenará el pago de 25 SMMLV para Francisco José Narváez Ramírez y de 17,5 para Jhonathan Narváez Sánchez, hermano y sobrino de la víctima directa, respetivamente.

Además, a cada uno de los terceros damnificados, esto es, Luz Stella Salazar Ramírez, Bernardo Valencia Collazos, María Isabel Betancourt Collazos y Juan Pablo Betancourt Collazos, la Fiscalía General de la Nación les pagará 7,5 SMMLV, a cada uno.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

7.2.2. Gastos de defensa judicial.

De las copias de la investigación penal allegadas al plenario, la Sala concluye que en el proceso penal adelantado en su contra, el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez estuvo representado por un abogado, a solicitud del cual, de un lado, se practicaron los testimonios que llevaron a la preclusión de la investigación y, del otro, a la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta, tal como se infiere de las decisiones proferidas por el ente acusador con el propósito de definir la situación jurídica del implicado, ordenar su libertad y poner fin a la investigación.

Ahora, con la demanda se allegó una constancia de pago de honorarios profesionales por valor de $ 25'000.000(48), emanada del abogado que actuó en el proceso penal.

El hecho de que el referido documento no hubiera sido ratificado en este proceso por la persona que lo expidió —el entonces acreedor—, no impide el otorgamiento de mérito probatorio, porque la parte contra quien se opone —Fiscalía General de la Nación— no solicitó su ratificación en los términos del artículo 277 ejusdem(49).

Así las cosas, la Sala accederá a la pretensión indemnizatoria formulada en tal sentido y, para efectos de actualización y de liquidación de la condena, tomará como referencia la fecha de pago, esto es, 30 de marzo de 2006.

Ahora, la actualización pertinente se hará con fundamento en la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)(50)

(IPC inicial)(51)

Al remplazar:

F1
 

V.A = $ 40'167.425.

Como consecuencia, la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, corresponde a $ 40'167.425, suma que pagará la Fiscalía General de la Nación al señor Luis Alfonso Narváez Ramírez.

7.2.2. Gastos de transporte.

De conformidad con las facturas de pago y los tiquetes obrantes a folios 21, 22, 27 y 28 del cuaderno 2, la Sala concluye que la señora Consuelo Collazos Flórez incurrió en una serie de gastos de transporte para la época en la que su esposo estuvo privado de la libertad, tanto por los desplazamientos en los que ella incurrió como por los de su esposo y los del abogado que lo representó en el respectivo proceso penal.

Al respecto, conviene aclarar que las fechas de pago y de viaje coinciden con el período en el que el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez estuvo privado, en virtud de la medida de aseguramiento impuesta por el ente acusador, para lo cual se le trasladó de Cali a la ciudad de Bogotá, al punto de que el pasaje adquirido a nombre de la víctima directa se utilizó una vez la misma fue dejada en libertad.

Además, en el plenario obran los testimonios de las señoras Manuela Sellares de Romero, Noralba Arteaga Benjumea, Eliana Vizcaíno Lozano y María Eugenia Yugueros lzquierdo(52), los cuales dan cuenta de los viajes que de Cali a Bogotá realizaron la esposa y el apoderado en el proceso penal del señor Narváez Ramírez.

Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto al reconocimiento que por el concepto analizado se hizo en favor de la señora Consuelo Collazos Flórez, es decir, tanto por sus gastos de transporte, como por los de su esposo.

En las condiciones analizadas, la subsección se limitará a actualizar la condena ordenada por el a quo, la cual ascendió a $ 2'145.459, lo que se hará con base en la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)(53)

(IPC inicial)(54)

F2
 

V.A = $ 2'653.355.

Así las cosas, por el rubro analizado, la Fiscalía General de la Nación le pagará a la señora Consuelo Collazos Flórez la suma de $ 2'653.355.

De otro lado, se advierte que en la primera instancia no se accedió a la indemnización solicitada por los viajes que desde Cali a Bogotá, D.C., realizó el abogado que representó en el proceso penal al señor Luis Alfonso Narváez Rodríguez, para lo cual se indicó que no se encontraba probada su calidad de apoderado, conclusión que la subsección no comparte, porque, como antes se precisó, las decisiones adoptadas por el ente acusador dan cuenta de las actuaciones que el respectivo profesional del derecho adelantó en nombre del señor Narváez Ramírez.

Además, una vez analizada la constancia de pago de los honorarios profesionales del proceso penal, se advierte que no se hicieron salvedades respecto de los gastos de transporte del entonces apoderado, es decir, no se hizo ningún descuento, por manera que no es posible concluir que lo pagado por tal concepto incluía las sumas gastadas por la esposa del señor Narváez Ramírez en tiquetes aéreos desde el domicilio de la víctima directa de la privación (Cali) hasta el lugar en el que se encontraba recluida (Bogotá D.C.), de ahí que este monto corresponda a un rubro adicional.

Con fundamento en lo expuesto, aunado a la congruencia entre los testimonios practicados en el sub lite y a las facturas de compra de los tiquetes, se accederá a lo pedido por la señora Consuelo Collazos Flórez, que corresponde a la persona que asumió el pago de los tiquetes de los 3 viajes que se efectuaron.

En esta medida, se procederá con la actualización de los valores pertinentes, para lo cual se debe precisar que el costo de los 2 viajes que se realizaron en enero de 2006 ascendió a $ 658.760, según los documentos obrantes a folios 23 y 24 del cuaderno 2.

A su vez, el desplazamiento realizado en febrero de 2006 generó un gasto por valor de $ 366.900.

Para los fines indicados, respecto de cada una de las sumas, se aplicará la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)(55)

(IPC inicial)(56)

Por enero de 2006

F3
 

V.A = $ 1'072.822.

Por febrero de 2006

F4
 

V.A = $ 593.652.

De esta manera, en el expediente se encuentra probado que la señora Consuelo Collazos Flórez fue quien pagó los costos de los viajes tanto de ella, como de su esposo y del abogado que ejerció su defensa en el proceso penal, razón por la cual la Subsección, previa sumatoria de los valores respectivos, es decir, los ordenados por el a quo y los reconocidos en esta instancia, le ordenará pagar en su favor un total de $ 4'319.829.

7.2.3. Lucro cesante.

En relación con los salarios dejados de percibir por el señor Luis Alfonso Narváez Ramírez le reconoció $ 7'453.780, punto que no fue apelado, razón por la cual la Sala se limitará a actualizar esta suma, con base en la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)(57)

(IPC inicial)(58)

F5
 

V.A = $ 9'218.321.

En las condiciones analizadas, la Fiscalía General de la Nación pagará al señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, por lucro cesante, la suma de $ 9'218.321.

8. Condena en costas.

Finalmente, en lo relacionado con la pretensión formulada por la parte demandante, con el fin de que se le “indemnicen los perjuicios causados” con ocasión de los gastos en los que incurrió, por concepto de honorarios profesionales, para presentar la demanda de la referencia, conviene precisar que este tipo de erogaciones no son una consecuencia directa de la privación injusta de la libertad, razón por la cual su pago no depende de la declaratoria de responsabilidad del Estado, sino de la imposición de la condena en costas, la cual, en asuntos como el de la referencia, se encuentra regulada en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor:

“ART. 171.—Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

Pues bien, en el sub lite no se advierte una conducta que amerite y justifique la condena en costas, por ende, la Sala se abstendrá de imponerla y, de manera consecuente, negará el pago de los honorarios alegados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la Sentencia del 7 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, cuya parte resolutiva quedará así:

“—PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a la que se sometió al señor Luis Alfonso Narváez Ramírez.

“— SEGUNDO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de nueve millones doscientos dieciocho mil trescientos veintiún pesos ($ 9'218.321).

“— TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de daño emergente, las siguientes sumas de dinero:

A favor de Luis Alfonso Narváez Ramírez la suma de cuarenta millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos ($ 40'167.425).

A favor de Consuelo Collazos Flórez la suma de cuatro millones trescientos diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos ($ 4'319.829).

“— CUARTO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV:

“1. Para Luis Alfonso Narváez Ramírez: 50

“2. Para Raquel Ramírez de Narváez: 50

“3. Para Consuelo Collazos Flórez: 50

“4. Para Sebastián Narváez Collazos: 50

“5. Para Juan Fernando Narváez Collazos: 50

“6. Para Francisco José Narváez Ramírez: 25

“7. Para Jhonathan Narváez Sánchez: 17,5

“8. Para Bernardo Valencia Collazos: 7,5

“9. Para Juan Pablo Betancourt Collazos: 7,5

“10. Para María Isabel Betancourt Collazos: 7,5

“11. Para Luz Stella Salazar Ramírez: 7,5

“— QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“— SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“— SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“— OCTAVO: Sin condena en costas”.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

ACLARACIÓN DE VOTO

Carlos Alberto Zambrano Barrera 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado cuando la persona privada de la libertad es exonerada con fundamento en el principio del in dubio pro reo, acato la decisión que declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, a quien se le precluyó la investigación con fundamento en el mencionado principio, por cuanto dicho criterio es la opinión mayoritaria de la Sala.

En mi sentir, los únicos supuestos qué permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del C. de P.P., pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la, obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.

El legislador fue claro y enfático en establecer únicamente esos tres eventos como aquellos en los cuales la persona que sufre una detención preventiva y luego es exonerada de responsabilidad penal tiene derecho a ser indemnizada, sin entrar a hacer calificaciones o elucubraciones de índole alguna, salvo que dicha medida obedezca a una actuación dolosa o gravemente culposa de la víctima, evento en el cual hay lugar a exonerar de responsabilidad a la demandada.

De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se de por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente dé antijuricidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate; casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del in dubio pro reo.

Como se sabe, a medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es mayor, de modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detención preventiva, basta que obre en contra de la persona sindicada del hecho punible un indicio grave de responsabilidad penal, pero dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria, pues, al efecto, se requiere plena prueba de la responsabilidad; por consiguiente, puede llegar a ocurrir que estén reunidas las condiciones objetivas para resolver la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento de detención preventiva y que, finalmente, la prueba recaudada resulte insuficiente para establecer la responsabilidad definitiva, caso en el cual debe prevalecer la presunción de inocencia y, por ende, la decisión debe sujetarse al principio del in dubio pro reo, situación que no implica, por sí misma, que los elementos de juicio que permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido desvirtuados en el proceso penal y que la privación de la libertad fuera injusta, desproporcionada o carente de fundamento legal.

Efectivamente, unas son las circunstancias en las que a la decisión absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, la legalidad de la orden de detención preventiva, pues no puede aceptarse de ninguna manera que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar las personas privadas de la libertad, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación; otras, en cambio, son las que tendrían lugar cuando, a pesar de haberse recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego, resolución de acusación en contra del sindicado, existe duda para proferir sentencia condenatoria, evento en el cual, para que surja la responsabilidad del Estado, debe acreditarse que la privación de la libertad fue injusta, pues si hay duda de la culpabilidad es porque también la hay de la inocencia y, en este caso, a mi juicio, es claro que se deben soportar a cabalidad las consecuencias de la investigación penal, sin que esto se entienda, como pudiera pensarse, en que se parte, entonces, de la presunción de culpabilidad de la persona, pues de donde se parte es del hecho de que hubo elementos de juicio suficientes, válidos, no arbitrarios, ni errados, ni desproporcionados, ni contrarios a derecho y más bien ajustados al ordenamiento jurídico, para privarla de la libertad en forma, por ende, no injusta.

Lo acabado de expresar cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta, por otra parte, que el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política obliga a la Fiscalía General de la Nación a solicitar las medidas que se requieran para asegurar que el imputado comparezca al proceso penal, que es una de las finalidades que se persigue con la detención preventiva.

A lo anterior se añade que resultaría cuando menos absurdo que el Estado tuviera que indemnizar por una privación de la libertad dispuesta, incluso, con el mencionado sustento constitucional.

El artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal establece, en su parte inicial, un título de imputación genérico para la indemnización por privación injusta de la libertad, caso en el cuál el interesado en la indemnización debe acreditar lo injusto de la medida, por ejemplo, demostrando su falta de proporcionalidad, su arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la misma. A renglón seguido, la misma norma define o identifica unos casos en los que parte de la injusticia de la medida, con base en la absolución por uno de los supuestos señalados en la norma: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o no es un hecho punible. Siendo ello así, es claro, a mi juicio, que no puede otorgarse el mismo efecto a ambas partes de la norma, para derivar de ellas un derecho a la reparación, con base en la simple constatación de que no se dictó sentencia condenatoria en contra del procesado.

Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (D. 2700/1991, art. 414) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.

Así, por ejemplo, puede suceder que la duda se configure porque es la desidia o la ineficiencia del Estado lo que no permite desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, como cuando aquél no asume con diligencia y seriedad la carga que le corresponde, en aras de establecer la responsabilidad del sindicado, caso en el cual es evidente que la privación de la libertad se torna injusta, ya que la medida restrictiva impuesta no cumple la finalidad para la cual fue diseñada y es entonces cuando emerge clara la responsabilidad del Estado, por un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Si se considera que en todos los casos en que la sentencia absolutoria o la providencia equivalente a la misma da derecho a indemnización en favor de la persona que hubiera sido sindicada del delito y sometida a detención preventiva, sin que sea necesario establecer si la medida fue o no ilegal, desproporcionada, errada, arbitraria o, en fin, injusta, resulta necesario concluir que ningún efecto jurídico tiene el hecho de que la decisión absolutoria se produzca con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, o bien con un fundamento diferente.

En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto, pues, si bien acompañé la decisión que declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, no comparto el criterio según el cual el Estado deba responder cuando la persona privada de la libertad es exonerada con fundamento en el principio del in dubio pro reo.

Fecha ut supra. 

(16) Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

(17) Consejo de Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21.801.

(19) “ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
“La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente” (se resalta).

(20) “ART. 353.—Apelación adhesiva. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar.
“La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”.

(21) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-165 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(22) La cual ocurrió el 16 de septiembre de 2013.

(23) Estas corresponden a las documentales aportadas con la apelación adhesiva y las allegadas el 19 de diciembre de 2013, es decir, una vez vencido el término para alegar de conclusión.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 17.120, reiterada por esta Subsección en Sentencias de: i) 23 de junio de 2011, Exp. 19.918, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y ii) 13 de agosto de 2014, Exp. 30.025, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad. 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencias del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, y del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en Sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(27) Conviene aclarar que si bien al sub lite no se allegaron las piezas procesales que dan cuenta de las actuaciones adelantadas en la primera etapa del proceso penal, no es menos cierto que su existencia es susceptible de darse por probada con las demás pruebas obrantes en el plenario, en concreto, con las decisiones que se profirieron en contra del ahora demandante, toda vez que estas contienen una síntesis de los antecedentes de la actuación.

(28) Hecho que se tiene por probado de conformidad con lo indicado en la resolución de preclusión proferida en el caso concreto (fl. 3660, c. 3).

(29) Al respecto, se tomó en consideración lo indicado en la decisión por medio de la cual el ente acusador resolvió la situación jurídica del señor Luis Alfonso Narváez Ramírez, en la cual se precisaron los alcances de las actuaciones adelantadas dentro de la investigación penal, dado que al plenario no se allegó las actas de la captura y de la indagatoria.

(30) Folios 29-35, cuaderno 3.

(31) Folios 63 y 64, cuaderno 3.

(32) “ART. 354.—Definición. La situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.
“Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata (...).
“Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha”.

(33) Régimen procesal penal aplicable al presente asunto, toda vez que la Ley 906 de 2004 entró a regir en el Distrito Judicial de Cali el 1º de enero de 2006.

(34) “ART. 363.—Revocatoria de la medida de aseguramiento. Durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de: i) 25 de enero de 2017, Exp. 45.343, y ii) 8 de febrero de 2017, Exp. 45.852, entre otras.

(36) “ART. 26.—La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción penal excepcionalmente” (se resalta).

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 1º de agosto de 2016, Exp. 43071, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 23 de noviembre de 2016, Exp. 42714.

(40) Folios 67-70, cuaderno 2.

(41) “ART. 5º—Inscripción en el registro civil. Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos (...), así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro” (se resalta).

(42) “ART. 101.—Registro es público. El estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos”.

(43) Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-071 del 19 de febrero de 2016, Exp. T-5.146.888.

(44) “ART. 106.—Formalidad del registro. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro (se resalta)”.

(45) Folios 71 y 73, cuaderno 2.

(46) Folios 77-79, cuaderno 2.

(47) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, Rad. 25.022, y de ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, Rad. 36.149.

(48) Folio 62, cuaderno 1.

(49) “ART. 277.—Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez (...).
“2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación” (negrillas fuera de texto).

(50) IPC vigente para la fecha de la presente providencia, que por tratarse de índices que se publican mes vencido, corresponde al de mayo de 2017.

(51) IPC vigente para la fecha de pago, 30 de marzo de 2006.

(52) Folios 24-37, cuaderno 2.

(53) IPC vigente a la fecha de la presente providencia. Se precisa que se toma el IPC de mayo de 2017, habida cuenta de que estos índices se publican mes vencido.

(54) IPC vigente para la fecha de la sentencia de la primera instancia (junio de 2012).

(55) IPC vigente para la fecha de la presente providencia, que por tratarse de índices que se publican mes vencido, corresponde al de mayo de 2017.

(56) IPC vigente para la fecha de pago, enero y febrero de 2006, respectivamente.

(57) IPC vigente a la fecha de la presente providencia. Se precisa que se toma el IPC de mayo de 2017, habida cuenta de que estos índices se publican mes vencido.

(58) IPC vigente para la fecha de la sentencia de la primera instancia (junio de 2012).