SENTENCIA 2009-00691/1579-2015 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2016

 

Sentencia 2009-00691/1579-2015 de septiembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 68001-2331-000-2009-00691-01 (1579-2015)

Consejero ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Bogotá D.C., quince de septiembre de dos mil dieciséis.

Actor: Saúl José Sánchez Mesa

Demandado: ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de enero de 2015 proferida por la Sala de Asuntos Laborales, Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, que negó las súplicas de la demanda instaurada por el señor Saúl José Sánchez Mesa en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la actuación administrativa por medio de la cual la E.S.E. Francisco de Paula Santander en Liquidación le negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales solicitadas con ocasión de su vinculación en el cargo de médico ginecólogo.

Extractos: «Consideraciones

Problema jurídico

En el presente asunto se trata de determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento del contrato realidad, durante los periodos en los cuales se vinculó con la E.S.E. Francisco de Paula Santander a través de contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo en calidad de médico ginecólogo.

Para dilucidar la cuestión litigiosa, se verificará el desarrollo jurisprudencial en torno a la figura del contrato realidad, para luego del análisis del acervo probatorio definir, si en el caso concreto, se cumplieron los requerimientos que legalmente se exigen para su configuración, todo ello enmarcado dentro de lo que se alegó en el recurso de apelación.

Del contrato realidad

La Corte Constitucional al examinar la exequibilidad del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, determinó la posibilidad que existe de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, y luego de definir sus características y establecer las diferencias con el contrato de trabajo señaló, que el ejercicio de tal potestad se ajusta a la Carta Política, siempre y cuando la Administración no lo utilice para esconder la existencia de una verdadera relación laboral personal, subordinada y dependiente(10).

Por su parte, esta Corporación en varias decisiones(11) ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten fehacientemente los tres elementos que le son propios, a saber: la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Tal posición se complementa con la expuesta en anterior jurisprudencia de la Sala Plena de esta corporación, en la que se sostuvo, que entre contratante y contratista podía existir una relación coordinada para el desarrollo eficiente de la labor encomendada, que incluía el cumplimiento de un horario y el hecho de recibir instrucciones de los superiores o reportar informes sobre resultados, sin que ello significara necesariamente la configuración del elemento subordinación(12).

En la actualidad se tiene, que para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos; especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público.

Contrario sensu, se constituye una relación contractual, que se rige por la Ley 80 de 1993 cuando: se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; le pagan honorarios por los servicios prestados; y, la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, que se debe restringir a aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional; porque si contrata por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual.

Entonces, cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra, que esa relación laboral que se ocultó bajo el manto solapado de un contrato estatal; ello, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental. Con lo que se superó esa prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados(13).

En cuanto a la prescripción de los derechos prestacionales derivados del contrato realidad, otrora esta Sección concluyó sobre su no prescripción, en tanto su exigibilidad es imposible antes de que se produzca la sentencia, porque es en tal decisión judicial en la que se declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo; es decir, que es a partir del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podía operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo(14).

Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó, que aunque es cierto, que es desde la sentencia, que se hacen exigibles las prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es, que el particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral dentro de un término prudencial, que no exceda la prescripción de los derechos que pretende; lo que significa, que debe solicitar la declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor a tres años(15).

Teniendo en cuenta el tratamiento jurisprudencial que se ha dado a los contratos realidad, se concluye en cuanto a su configuración, que constituye requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración respectiva, y en particular, la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación continuada que se alega, no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito(16).

A lo que se debe agregar, que la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, según el aforismo «onus probandi incumbit actori», dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y a acreditar la presencia real de los elementos anteriormente señalados dentro de la actividad desplegada, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que de manera primordial desentraña la existencia de una relación laboral encubierta.

Así, se deben revisar en cada caso, las condiciones bajo las cuales se prestaron los servicios, en aras de esclarecer bajo el análisis probatorio pertinente, la verdadera naturaleza de la relación existente entre las partes, para no adoptar conceptos que de manera formal y restrictiva homogenicen las causas propuestas ante esta Jurisdicción, en detrimento del análisis sustancial particular que amerita cada caso.

Atendiendo a lo anteriormente precisado se procederá a efectuar el examen probatorio correspondiente.

De lo acreditado en el proceso

Obran en el plenario contratos de prestación de servicios suscritos sucesivamente por el Instituto de Seguros Sociales y el actor entre los años 1995 y 2001, para desempeñarse como médico especialista, los cuales se relacionan de la siguiente manera(17):

• Contrato 225 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de abril de 1995 con un plazo de seis meses.

• Contrato 000470 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de septiembre de 1996 con un plazo de tres meses.

• Contrato 000628 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de diciembre de 1996 con un plazo de dos meses.

• Contrato 00086 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de febrero de 1997 con un plazo de siete meses.

• Contrato 00422 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de septiembre de 1997 con un plazo de seis meses.

• Contrato 00186 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 2 de marzo de 1998 con un plazo de cuatro meses.

• Contrato 00383 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 2 de julio de 1998 con un plazo de cuatro meses.

• Contrato 00443 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 3 de noviembre de 1998 con un plazo de cuatro meses.

• Contrato 00008 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 10 de marzo de 1999 con un plazo de seis meses y veintiún días.

• Contrato 00375 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de octubre de 1999 con un plazo de cuatro meses.

• Contrato 00098 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de febrero de 2000 con un plazo de cuatro meses.

• Contrato 00605 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 2 de octubre de 2000 con un plazo de dos meses y diecinueve días.

• Contrato 00209 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 1º de febrero de 2001 con un plazo de cuatro meses.

• Contrato 00515 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 22 de junio de 2001 con un plazo de tres meses y nueve días.

• Contrato 00752 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 4 de octubre de 2001 con un plazo de veintiocho días.

• Contrato 01002 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 2 de noviembre de 2001 con un plazo de veintinueve días.

• Contrato 001251 cuya fecha de inicio de ejecución fue el 14 de diciembre de 2001 con un plazo de dos meses y diecisiete días.

El 31 de julio de 2009 el actor presentó petición ante la ESE Francisco de Paula Santander, a fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral y pago de los derechos laborales y convencionales (fls. 19 y s.s., cdno. 1).

Mediante Oficio LIO-14039 (acto acusado), la apoderada general del Consorcio Liquidación ESE Francisco de Paula Santander, respondió negativamente a la anterior solicitud, argumentando que «no existe y nunca existió una relación laboral entre el Dr. Saúl José Sánchez Mesa y la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación, teniendo en cuenta que en ningún caso los contratos de prestación de servicios generan relaciones laborales». (fls. 25 y 26, cdno. 1).

El 31 de agosto de 2009 el demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial, a fin de que le fuera reconocida la calidad de empleado público y obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, vacaciones y demás derechos laborales y convencionales a que haya lugar, dicha actuación la adelantó el Procurador Judicial 17 Administrativo, quien declaró fallida la audiencia porque la convocada manifestó no tener ánimo conciliatorio. (fls. 37 y 38, cdno. 1).

Adicionalmente, reposa a folio 484 del cuaderno 1 el Acta de la audiencia pública de recepción de testimonio del señor Antonio José Gómez Serrano en la que consta:

«PREGUNTADO: Sabe usted quien (sic) es el señor SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic) MESA. CONTESTO SI se, es un compañero de trabajo ginecólogo, trabajó con migo (sic) en el ISS., clínica comuneros., y en la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y actualmente trabajamos en la clínica metropolitana. PREGUNTADO Cuando usted ingresa a la clínica comuneros el señor SANCHEZ (sic) MESA, ya laboraba en dicha institución CONTESTO yo entre (sic) un mes antes de él al ISS. No recuerdo el año PREGUNTADO tiene usted conocimiento desde cuando lo hacía CONTESTO no recuerdo la fecha. (…) PREGUNTADO manifieste al despacho si el Dr., SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic), cumplió o cumplía un horario de trabajo en la clínica comuneros CONTESTO si, el Dr. SANCHEZ (sic), cumplía un horario de trabajo, consecuencia normalmente hacíamos cirugía electiva al día siguiente teníamos turno diurno, después hacíamos consulta externa y turno noche, descansábamos creo que dos días y se repetía la secuencia, igualmente todos los martes había reunión administrativa con el gerente o con la encargada de la clínica quien era la representante legal de la clínica, se cumplía con la misma agenda que los ginecólogos de planta. PREGUNTADO manifieste al Despacho si el Dr. SAUL (sic) SANCHEZ (sic) MESA, en su cargo como ginecólogo debía cumplir órdenes y si su respuesta es afirmativa, por parte de quién CONTESTO si cumplía ordenes (sic), se cumplían los turnos publicados por el departamento, firmados por la gerente, esa lista salía todos los meses, es decir si cumplía ordenes (sic), hasta reuniones administrativas asistíamos.»

Del testimonio de la señora Ana Sofía Morales Gandur se destaca lo siguiente:

«PREGUNTADO: Sabe usted quien (sic) es el señor SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic) MESA CONTESTO Si se, es un médico ginecólogo que conocí cuando empecé mi trabajo en la clínica comuneros en 1998, PREGUNTADO Cuando usted ingresa a la clínica comuneros el señor SANCHEZ (sic) MESA, ya laboraba en dicha institución CONTESTO si, PREGUNTADO tiene usted conocimiento desde cuando lo hacía CONTESTO no, no se, PREGUNTADO tiene usted conocimiento hasta cuando laboró el señor SAUL JOSE SANCHEZ MESA en la clínica comuneros CONTESTO estuvimos trabajando continuamente mientras fue instituto de seguros sociales, luego ocurrió la escisión de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, hasta que dejó de existir, se liquidó (…) PREGUNTADO manifieste al despacho si el Dr., SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic), cumplió o cumplía un horario de trabajo en la clínica comuneros CONTESTO si, el Dr. SANCHEZ (sic), cumplía agenda mensual con turnos de 12 horas diurnos o nocturnos y jornadas de 6 horas de consulta o cirugía programada, PREGUNTADO manifieste al Despacho si el Dr. SAUL (sic) SANCHEZ (sic) MESA, en su cargo como ginecólogo debía cumplir ordenes (sic) y su respuesta es afirmativa, por parte de quién CONTESTO si cumplía ordenes (sic), como en primera instancia del gerente de la clínica, del subgerente médico y había un jefe del departamento de ginecoobstetricia, que daba las normas.» (fol. 485, cdno. 1).

De la audiencia pública de recepción de testimonio del señor Pedro Ignacio Silva Pérez sobresale lo siguiente:

«PREGUNTADO Sabe usted quien (sic) es el señor SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic) MESA CONTESTO Si se, es un médico ginecólogo, lo conocí como compañero de trabajo en la clínica comuneros cuando era del SEGURO SOCIAL y luego de la ESE., y también en la Universidad de Santander, como docente PREGUNTADO Cuando usted ingresa a la clínica comuneros el señor SANCHEZ (sic) MESA, ya laboraba en dicha institución CONTESTO el ingresa después de que yo estaba en la clínica, PREGUNTADO tiene usted conocimiento desde cuando lo hacía CONTESTO no, la recuerdo, yo entre (sic) en diciembre de 1987 de planta al seguro y el entró unos años después PREGUNTADO tiene usted conocimiento hasta cuando laboró el señor SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic) MESA en la clínica comuneros CONTESTO creo que hasta que liquidaron la clínica, hubo dos liquidaciones primero la del Seguro y luego la de la ESE., y estuvo en las dos liquidaciones (…) PREGUNTADO manifieste al despacho si el Dr., SAUL (sic) JOSE (sic) SANCHEZ (sic), cumplió o cumplía un horario de trabajo en la clínica comuneros CONTESTO si, todos teníamos un horario de trabajo que establecía la clínica, donde nos fijaban las fechas de turnos de urgencias y demás actividades que se programaban como cirugías y consultas externas PREGUNTADO manifieste al Despacho si el Dr. SAUL (sic) SANCHEZ (sic) MESA, en su cargo como ginecólogo debía cumplir ordenes (sic) y si su respuesta es afirmativa, por parte de quién CONTESTO si cumplía ordenes (sic), el estaba un grupo de ginecólogos que contrataron que hacían las mismas funciones que hacíamos los de planta, pero con un contrato diferente, pero las programaciones eran iguales.» (fol. 499, cdno. p.pal.).

Del caso concreto

Al analizar el presente asunto en primer lugar advierte la Sala que no obra prueba en el expediente de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor Saul José Sanchez Mesa y la E.S.E. Francisco de Paula Santander, que acrediten su vinculación entre el 23 de junio de 2005 y el 30 de febrero de 2007 en el cargo de médico ginecólogo.

Ahora bien, los testimonios de los señores Antonio José Gómez Serrano, Ana Sofía Morales Gandur y Pedro Ignacio Silva Pérez evidencian que el actor efectivamente laboró para la accionada a través de contratos de prestación de servicios y que en el cumplimiento de la labor asignada en calidad de médico ginecólogo, adelantó todo el esfuerzo personal que la misma requería, situación que permite, en principio, corroborar la presencia del elemento prestación personal del servicio, sin embargo en esas declaraciones no se señala de manera clara y precisa el periodo en el cual desempeñó dicha actividad.

Respecto de la remuneración o contraprestación económica por la labor personal que realizó al servicio de la demandada, tampoco obra constancia de pago a favor del demandante por concepto de honorarios y en los testimonios relacionados, no se hizo referencia a este aspecto.

En cuanto al elemento subordinación y dependencia, a pesar de que los testigos coincidieron en señalar que el demandante cumplía un horario de trabajo y debía acatar órdenes, dichas afirmaciones no coinciden en cuanto a quiénes ejercían como superiores y cómo llevaba a cabo la agenda que se debía cumplir, sumado a que los testigos se encuentran en igual situación que el demandante pues tanto Antonio José Gómez, como Ana Sofía Morales Gandur y Pedro Ignacio Silva Pérez iniciaron acciones judiciales en contra de la demandada con ocasión de los contratos de servicios y de las órdenes de prestación de servicios por ellos ejecutadas.

Con lo anterior la Sala echa de menos la prueba idónea de la que fehacientemente se pueda inferir que el actor no tenía la posibilidad de actuar con independencia, es decir, que laboraba de manera subordinada porque debía cumplir la intensidad horaria al igual que los demás funcionarios de planta o que tenía que solicitar permiso para ausentarse del lugar de trabajo, así como tampoco, obran en el expediente llamados de atención, reglamentos, informes, órdenes o instrucciones; es decir, no existe evidencia de que el demandante debía cumplir la prestación del servicio en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le eran fijadas de antemano por la ESE Francisco de Paula Santander y de las cuales se derivara la obligación para el demandante de acatar órdenes de sus superiores jerárquicos, rendir informes, desempeñar funciones idénticas a las asignadas a los médicos ginecólogos de planta; elementos todos que denoten el carácter subordinado con el cual adelantaba su trabajo.

En este punto se hace necesario destacar que cuando una controversia debe ser dirimida por el juez competente, a éste le corresponderá definirla a partir del análisis que realice del acervo probatorio que está en la obligación de adelantar de acuerdo con las reglas que le impone el sistema de la sana crítica, lo que implica que debe confrontarlo, además, permitir que las partes las lo contradigan y, si es del caso, lo desvirtúen, y ponderarlo en su conjunto a la luz de su saber técnico específico y de su experiencia.

Por todo lo anterior, es evidente la falta de actividad probatoria de la parte demandante de quien, como se dijo, dependía exclusivamente dicha carga según el aforismo «onus probandi incumbit actori», dirigida en este caso a desvirtuar: (i) la naturaleza contractual de la relación establecida, con la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos de la relación laboral, en especial la subordinación o dependencia del cual claramente se pudiera inferir que el desarrollo de la actividad encomendada se tuvo que desplegar conforme a los parámetros, órdenes y horarios señalados por la ESE Francisco de Paula Santander; y (ii) los extremos temporales respecto de los cuales predicaba la existencia de un contrato realidad, pues sólo de esta manera era viable acceder a las pretensiones formuladas, por lo que se impone para la Sala confirmar la sentencia apelada en cuanto el a quo negó el petitum de la demanda, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Confírmese la sentencia de 29 de enero de 2015 proferida por la Sala de Asuntos Laborales, Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander en el proceso iniciado por el señor Saúl José Sánchez Mesa contra La ESE Francisco de Paula Santander, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(10) Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.

(11) Entre otras, sentencia de 23 de junio de 2005 proferida en el Expediente 245 con ponencia de Jesús María Lemos Bustamante.

(12) Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 18 de noviembre de 2003. Expediente IJ-0039. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

(13) Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A. Sentencia de 17 de abril de 2008. Expediente 2776-05. C.P. Jaime Moreno García; Sentencia de 17 de abril de 2008. Expediente 1694 -07. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(14) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 2152-06. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(15) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 9 de abril de 2014. Expediente 131-13. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(16) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 19 de febrero de 2009. Expediente 3074-2005. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(17) Fols. 47 y s.s., cdno. 1.