Sentencia 2009-00718/41886 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001233100020090071801 (41.886)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Diego Fernando García Medina

Demandado: Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, pues en casos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), opera un factor orgánico que confiere competencia, en primera instancia, a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, a esta corporación(1).

2.2. Oportunidad de la acción.

La acción impetrada pretende la declaratoria de responsabilidad de la demandada por una falla en la administración de justicia —error judicial—, pues a pesar de que en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario seguido contra la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria el acá demandante adquirió, conforme a las disposiciones legales y de buena fe, los bienes objeto de remate, la Corte Constitucional, mediante sentencia de tutela del 27 de julio de 2006, puso de presente la omisión en que incurrió el juez ordinario respecto del precedente jurisprudencial y, en consecuencia, decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de la liquidación del crédito en ese proceso y ordenó la terminación y el archivo del mismo, decisión que —según la demanda— le produjo al acá actor importantes perjuicios patrimoniales, teniendo en cuenta lo que invirtió durante el proceso, lo que gastó en la adecuación de los bienes y lo que tuvo que sufragar por incumplimiento del contrato de compraventa que ya había celebrado.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al sub examine(2), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Se encuentra acreditado en el plenario que la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-591 del 27 de julio de 2006(3), decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario seguido contra la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria —a partir de la actuación siguiente a la reliquidación del crédito— y ordenó al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali que, dentro de los 5 días siguientes, contados a partir de la notificación de la sentencia, decretara la terminación del proceso y ordenara el archivo del expediente, por violación del debido proceso de la tutelante, toda vez que esta, a pesar de haber solicitado en varias oportunidades que se aplicara el artículo 42 (parágrafo tercero) de la Ley 546 de 1999(4) y que, en consecuencia, se diera por terminado el proceso ejecutivo adelantado en su contra, tanto el citado Juzgado como la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali omitieron injustificadamente tales peticiones.

Así, es claro que la sentencia del 27 de julio de 2006, proferida por la Corte Constitucional, puso en evidencia las actuaciones de la rama judicial a partir de las cuales se derivó el daño alegado; por lo tanto, como la demanda de reparación directa fue instaurada el 14 de diciembre de 2007, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.

Antes de que entrara a regir la Constitución Política de 1991, la Sección Tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó: i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales(5) y ii) responsabilidad derivada del error judicial, que en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los que funcionarios judiciales incurrieren en errores en desarrollo de su actividad, de los que se derivaran daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado.

En ese mismo sentido, se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(6).

De manera excepcional, la corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, había incurrido en una vía de hecho y causado lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(7).

La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión del 22 de julio de 1994 (exp. 9043), la sección tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales podían ser fuente de reclamaciones por quienes resultaran dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, que estableció la posibilidad de reabrir un proceso ya clausurado, cuando se incurriera en error judicial. Dicha acción constituía una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada.

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la administración de justicia— reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la ley estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho; así, para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial, ii) que esta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

No es necesario para configurar el error judicial que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(8), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegue a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(9).

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que, en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 —inclusive desde antes— y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran su responsabilidad, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que este resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y la segunda.

2.4. Caso concreto y análisis probatorio.

Se encuentra acreditado que, mediante escritura pública 8489 del 3 de septiembre de 1990, de la Notaría Décima del Círculo de Cali, registrada en los folios de matrícula inmobiliaria 370-139306 (anotación 9) y 370-139295 (anotación 9), la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria adquirió el apartamento 301 D y el garaje 4D, respectivamente, ubicados en la calle 13 A 64-50, de Cali (fls. 18 a 25 y 28 a 31, cdno. 3).

El 6 de marzo de 1998 Ahorramás instauró una demanda ejecutiva hipotecaria contra la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria, en la que aseguró haberle otorgado un crédito por $ 5.950.000, previa constitución de una hipoteca abierta a su favor; comoquiera que la deudora incumplió el pago de la obligación, la entidad bancaria solicitó en la demanda que se librara mandamiento de pago por las sumas adeudadas y que se ordenara el embargo y el secuestro de los inmuebles hipotecados (fls. 41 a 46, cdno. 3).

Por autos del 15 de abril y del 30 de junio de 1998, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali libró mandamiento de pago en contra de la actora y decretó el embargo de los citados inmuebles, esto es, del apartamento y del garaje (fls. 48 y 64, cdno. 3).

El 13 de agosto de ese mismo año, el juzgado decretó la venta, en pública subasta, de los inmuebles dados en garantía, “para que con su producto se paguen a la entidad demandante el crédito y las costas (…), las que serán tasadas oportunamente”, y ordenó el avalúo de los bienes y que se practicara la liquidación del crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 521 el C. de P.C. (fl. 69, cdno. 3).

El 25 de noviembre de 1998 se aprobó la liquidación del crédito practicada por la secretaría del juzgado, por $ 13.437.717, la cual no fue objetada por las partes. El 27 de noviembre siguiente se realizó la diligencia de secuestro de los bienes embargados, los cuales fueron avaluados en $ 65.000.000 (fls. 71 a 72, 79 y 81 a 82, cdno. 3).

El 28 de junio de 1999, el juzgado inició la diligencia de remate de los inmuebles; sin embargo, como no comparecieron postores, esta se declaró desierta (fl. 93, cdno. 3).

El 22 de abril de 2003, se practicó nuevamente diligencia de remate de los bienes embargados y secuestrados de propiedad de la señora Bedoya Gaviria, los cuales fueron adjudicados al señor Diego Fernando García Medina, acá demandante, por valor de $ 46.350.000. El 15 de mayo siguiente, el juzgado aprobó la diligencia de remate y decretó la cancelación del embargo y secuestro de los inmuebles y de la hipoteca constituida sobre estos. Estos actos fueron inscritos el 22 de junio de 2004 en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos de Cali (fls. 166 a 167, 177, 178, 345 a 350, cdno. 3).

El 19 de abril de 2004, el juzgado libró despacho comisorio para que se realizara la entrega de los bienes rematados al señor Diego Fernando García Medina; en consecuencia, el 10 de junio de ese año, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Descongestión de Cali llevó a cabo la respectiva diligencia de entrega de los bienes al apoderado del rematante (fls. 198 y 253 a 256, cdno. 3).

El 26 de enero de 2005, el señor Diego Fernando García Medina suscribió promesa de compraventa, autenticada en la Notaría Quinta de Cali, en la que se obligó a vender los mencionados bienes a la señora Martha Lucía Estela Gómez; en consecuencia, mediante escritura pública 184 del 11 de febrero del mismo año, registrada en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, cedió el derecho de dominio a la señora Martha Lucía Estela Gómez, al señor Oscar Sossa Estela y a los menores de edad Andrea Carolina y Andrés Felipe Sossa Estela (fls. 87 a 90, cdno. 1 y 345 y 350, cdno. 3).

La señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria formuló ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali y la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de esa misma ciudad que, en primera y segunda instancia, respectivamente, negaron la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo hipotecario y, en consecuencia, a su juicio, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y vivienda digna, por violación de las normas que regulan el otorgamiento de créditos y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (según antecedente de providencia de la Corte Suprema de Justicia, fls. 52 y 53, cdno. 1).

El 11 de enero de 2006, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela(10), decisión que fue confirmada el 21 de febrero de ese año por la Sala de Casación Laboral de dicha corporación(11); sin embargo, en Sentencia T-591 del 27 de julio de 2006(12), la Corte Constitucional revocó estas últimas decisiones, decretó la nulidad del proceso ejecutivo seguido en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali contra la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria(13), a partir de la actuación siguiente a la reliquidación del crédito, y ordenó al Juzgado que, “dentro de un término de cinco (5) días (sic) contados a partir de la notificación de la presente sentencia, declare la terminación del proceso y ordene el archivo del expediente”; al respecto, la Corte Constitucional dijo (se transcribe textualmente):

“4.2 Observa la sala que el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil el Tribunal Superior de esa ciudad es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y al parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.

“La Sala constata con claridad que el proceso adelantado por Banco AV Villas contra la aquí demandante en sede de tutela fue iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 y, por este concepto, cumplía con los supuestos de hecho previstos en la Ley 546 de 1999 para que se suspendiera para aplicar el alivio previsto en ella y, una vez reliquidado el crédito, el juez procediera a darlo por terminado.

“4.3 Ahora bien, observa la sala que desde finales el año 2003, la actora venía solicitando la terminación del proceso sin que ninguna de las dos instancias judiciales demandadas aceptara su petición; en contra de lo dicho en reiteradas oportunidades por esta corporación en el sentido de que estos procesos, hecha la reliquidación del crédito prevista en la Ley 546 de 1999, debían terminar por ministerio de la ley.

“4.4 Considera la sala hacer una especial referencia al hecho de que, como en los casos resueltos en las sentencias T-080 de 2006, T-1181 y T-495 de 2005, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se adelantó contra la señora Bedoya Gaviria, los bienes que servían de garantía al crédito adquirido con ‘Ahorramas’ ya fueron rematados, adjudicados y entregados a su adquiriente. Ello por cuanto este hecho no modifica la existencia de una vía de hecho violatoria del derecho al debido proceso del que es titular la demandante en sede de tutela. Aunque el tercero adquiriente de los bienes los haya adquirido de buena fe, ello no obsta para que la protección y restablecimiento de un derecho de rango fundamental - el debido proceso prevalezca sobe un derecho constitucional mas no fundamental, como el de la propiedad del tercero de buena fe, conforme a lo previsto en el artículo 5º superior y a lo expuesto en la doctrina constitucional. Es el deber de esta sala recordar que en un conflicto entre un derecho fundamental y uno de carácter patrimonial, siempre debe primar el de carácter fundamental. No obstante, como efecto de la decisión que aquí se toma, considera la sala que el señor Diego Fernando García Medina puede acudir a los mecanismos judiciales ordinarios pertinentes para obtener el reembolso de lo pagado, de acuerdo con la ley” (se resalta, fls. 64 y 65, cdno. 1).

A fin de entender los alcances del fallo acabado de transcribir, resulta pertinente manifestar que, mediante sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 18 a 23, 134 a 136, 138 y 140 del Decreto 663 de 1993 (estatuto orgánico el sistema financiero) y puso fin al sistema de financiación de vivienda denominado UPAC, por lo que fue promulgada la Ley 546 de 1999, que incluyó disposiciones relativas al período de transición para el paso del antiguo sistema de financiación UPAC al nuevo UVR; así, por ejemplo, el artículo 42 de la norma en cita dispuso:

“Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siemprequeeldeudormanifiesteporescritoalaentidadfinancierasudeseodeacogersealareliquidacióndelcrédito,dentrodelosnoventa(90)díassiguientesalavigenciadelaley. Cumplidoloanterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. A su turno, el Gobierno nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.

(…)

“Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales quedentrodelosnoventa(90)díassiguientesalaentradaenvigenciadelapresenteleydecidanacogersealareliquidacióndesucréditohipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Sidentrodelañosiguientealareestructuracióndelcréditoeldeudorincurrierenuevamenteenmora,losprocesossereiniciaránasolicituddelaentidadfinancierayconlasolademostracióndelamora,enlaetapaenqueseencontrabanalmomentodelasuspensión,ypreviaactualizacióndesucuantía” (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-955 de 2000).

Una vez aceptada la reliquidación de la obligación por parte de la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria y solicitada la finalización del proceso ejecutivo al juez civil, era deber de este, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo recién transcrito, dar por terminado el asunto; no obstante y en contravía de jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que esta se había pronunciado sobre la aplicación de dicha norma, el juez no procedió de esa manera y, en su lugar, continuó con el trámite del proceso, al punto que se remataron, se adjudicaron y se entregaron los bienes a un tercero de buena fe —el acá demandante— quien, en consecuencia, resultó afectado con la declaración de nulidad de lo actuado en ese proceso.

Para la sala es evidente que se incurrió, entonces, en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como en efecto lo advirtió el juez de tutela, lo que dio lugar a que se declarara la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario y, con ello, a que tanto la adjudicación de los bienes inmuebles, llevada a cabo a favor del acá demandante, como la venta que este hizo de los mismos a terceros quedaran sin efecto; de hecho, mediante auto del 25 de septiembre de 2006, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali ordenó al señor Diego Fernando García Medina “hacer entrega del inmueble subastado a la demandante (sic) Fabiola Estela Bedoya Gaviria”(14), circunstancia que él no tenía porqué soportar y que, por tanto, permite que el daño sea calificado como antijurídico.

Al respecto se precisa que, no obstante que la parte actora aseguró que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, a la luz de lo señalado por la Corte Constitucional, incurrieron en un error judicial, para la sala, la omisión y las actuaciones de esas autoridades judiciales de las que se derivó la nulidad procesal se enmarcan en lo que se conoce como un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(15) que le impone el deber de resarcir los daños derivados de dicha falla(16).

Ahora, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados, en el asunto sub judice. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(17), las cuales no fueron acreditadas en el plenario.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

III. Indemnización de perjuicios

3.1. Perjuicios materiales.

El actor pidió que se condenara a la demandada a pagar las sumas que se demostraran en el proceso, por daño emergente y lucro cesante (fl. 69, cdno. 1).

Pues bien, sea lo primero señalar que, aunque el sistema procesal civil colombiano consagra el principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, lo cierto es que la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago(18) y, conforme al derecho comercial, el recibo(19), documentos que reflejan que la obligación se encuentra satisfecha, a lo cual se agrega que el inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil señala que: “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión” (se resalta).

De conformidad con lo anterior, la sala advierte que si bien es cierto el señor Diego Fernando García Medina suscribió un contrato de “construcción a todo costo”(20), en el que se obligó a pagar $ 23.250.000 al señor Ernesto Barco, porconceptodearreglosyadecuaciones al apartamento adjudicado, el perjuicio material, en la modalidad de daño emergente no se acreditó en debida forma, dado que no se aportó al plenario prueba alguna del pago o pagos realizados por dicho concepto.

Lo mismo ocurre respecto de la suma que el actor dijo haber pagado porconceptodelacláusulapenal pactada en la promesa de compraventa; pues, aunque en dicho contrato se acordó el pago del 30% del valor del predio en caso de incumplimiento, no milita en el expediente ningún documento que dé cuenta de que la señora Martha Lucía Estela Gómez recibió el pago de lo allí acordado.

De igual manera, a pesar de que el actor manifestó en la demanda que, como consecuencia de la venta de los inmuebles, pagó un 3% del valor del negocio, porconceptodecomisión, nada aportó al proceso para respaldar su dicho.

En cuanto al pago de una asesoríapara participar en la diligencia de remate, obra en el expediente un certificado en el que el señor César Insignares manifestó que recibió $ 4.550.000 de Diego Fernando García Medina, “por concepto de honorarios del remate efectuado en el Juzgado 9 Civil del Circuito dentro del proceso instaurado por la corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas en contra de Fabiola Estella Bedoya G., diligencia de remate que se efectuó el día 22 de abril del año 2003”(21); sin embargo, en este caso la sala no le otorgará valor probatorio a dicha pieza procesal, toda vez que en el acta de la diligencia de remate se dejó constancia de que el acá demandante asistió solo y actuó en nombre propio; es decir, no estuvo representado ni acompañado —siquiera— por el señor César Insignares.

Ahora, si bien es cierto que en el plenario se encuentran los recibos de pago del impuestopredialydevalorización respecto de los mencionados inmuebles, también es cierto que el Juzgado Noveno del Circuito de Cali, mediante auto del 15 de mayo de 2003, ordenó el reintegro de lo pagado por ese concepto a favor del rematante, es decir, del señor Diego Fernando García Medina (fls. 173, 174y 176, cdno. 3).

De otro lado, se pone de presente que a pesar de que está demostrado en el proceso que el demandante pagó, porconceptodeadministración de la propiedad horizontal de agosto, septiembre y octubre de 2004, la suma de $ 450.000 ($ 150.000 cada mes)(22), no hay lugar a reconocer indemnización por dicho pago, pues aunque la Corte Constitucional declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo, en los términos atrás transcritos, lo cierto es que durante esos meses el señor Diego Fernando García era el propietario de los inmuebles, tuvo la disposición de los mismos y disfrutó de ellos, de manera que era su deber asumir tales rubros.

Ahora, lo que sí está acreditado en el proceso es que, en mayo de 2003, previa adjudicación del inmueble, el señor Diego Fernando García Medina sufragó el 3% del valor de la subasta, de conformidad con lo que disponía el artículo 7º de la Ley 11 de 1987, vigente para la época de los hechos; es decir, pagó $ 1.390.500(23), valor que le corresponde a la sala actualizar, a través de la siguiente fórmula, donde la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 1.390.500) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se realizó el pago (mayo de 2003) (índice inicial), así:

IPC (f)

Ra = Rh -------------

IPC (i)

índice final - octubre/2017 (138.07)

Ra = ($ 1.390.500) ---------------------------------------------------

índice inicial - junio/2004 (79.52)

Ra = $ 2.414.315

También se acreditó que el señor Diego Fernando García Medina, con ocasión del remate, durante junio de 2004 incurrió en los siguientes gastos: boleta fiscal del registro de remate ($ 867.804)(24), boleta fiscal de levantamiento de hipoteca ($ 53.633)(25), registro del acta de remate en los folios de matrícula inmobiliarios ($ 231.800)(26), para un valor total de $ 1.153.237, valor que la sala actualizará, de conformidad con la fórmula recién mencionada, así:

índice final - octubre/2017 (138.07)

Ra = ($ 1.153.237) -------------------------------------------------

índice inicial - junio/2004 (79.52)

Ra = $ 2.002.357

También obra en el expediente un recibo de pago del 18 de diciembre de 2003 por $ 7.000, que el demandante canceló por concepto de expedición de certificado de libertad y tradición del inmueble a él adjudicado(27), valor que será actualizado de conformidad con la anterior fórmula, así:

índice final - octubre/2017 (138.07)

Ra = ($ 7.000) -----------------------------------------------------

índice inicial - diciembre/2003 (76.02)

Ra = $ 12.713

También se probó que el actor, en calidad de nuevo propietario de los inmuebles, concilió con el “Conjunto Residencial Los Yarumos - propiedad horizontal” el pago del dinero que se adeudaba por concepto de administración hasta julio de 2004 y, en consecuencia, canceló $ 6.000.000 (acta de conciliación, fls. 323 a 324, cdno. 3).

Sobre este último particular se advierte que, según las respectivas anotaciones en los folios de matrícula inmobiliarios, el demandante figura como propietario de los inmuebles desde el 22 de junio de 2004, de manera que era su deber pagar los cánones de administración de la propiedad horizontal a partir de julio de ese año; en consecuencia, para efectos de indemnizar el perjuicio material a él causado por lo que pagó por concepto de administración adeudada, se restará el valor de la administración de un mes ($ 169.000)(28) a los $ 6.000.000 que pagó en la mencionada conciliación; en consecuencia, el valor que le corresponde a la sala actualizar es de $ 5.831.000, a través de la fórmula atrás mencionada, así:

IPC (f)

Ra = Rh -------------

IPC (i)

índice final - octubre/2017 (138.07)

Ra = ($ 5.831.000) ------------------------------------------------------

índice inicial - noviembre/2004 (79.96)

Ra = $ 10.068.611

En consecuencia, el valor total de la indemnización por daño emergente, a favor de Diego Fernando García Medina, es de catorce millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos noventa y seis pesos ($ 14.497.996).

3.4. (sic) Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 30 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, evidenciado en el curso del proceso ejecutivo seguido contra la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali.

b) CONDÉNASE a la Nación - Rama judicial a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, catorce millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos noventa y seis pesos ($ 14.497.996), a favor del señor Diego Fernando García Medina.

c) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

d) Sin condena en costas.

e) DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.

f) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Sala Plena del Consejo de Estado, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

2 Ley 446/1998 (art. 44).

3 Fls. 56 a 66, cdno. 1.

4 “PAR. 3º—Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde (dentro del plazo) la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”.

5 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 1967, exp. 868; del 31 de julio de 1976, exp. 1808; y del 24 de mayo de 1990 (exp. 5451).

6 El artículo 40 del C. de P.C. disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la Ley estatutaria de la administración de justicia.

7 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 16 de diciembre de 1987 (exp. R-01).

8 Sentencia C-037 de 1996.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1997 (exp. 10.285).

10 FL. 52 a 55, cdno. 1.

11 FL. 35 a 51, cdno. 1.

12 FL. 56 a 66, cdno. 1.

13 En los folios de matrícula inmobiliarios se realizaron las respectivas anotaciones, en el sentido de restituir los bienes a la señora Fabiola Estela Bedoya Gaviria y dejar vigentes las hipotecas constituidas a favor de AV Villas (Fl. 531, vto., cdno. 3).

14 Fl. 16, cdno. 1.

15 La Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21.515, señaló que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia; así, el “uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado (…)”, sin que ello implique de manera alguna la variación de la causa petendi.

16 Mediante sentencia del 10 de agosto de 2016, esta subsección se pronunció en términos similares en el sentido de condenar al Estado por los perjuicios causados a la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria, con ocasión del remate de los bienes que, en el mismo proceso, le fueron adjudicados al señor Diego Fernando García Medina (exp. 40.745).
Fl. 4 y 5, cdno. 1.

17 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), 15 de abril de 2011 (exp. 18.284) y 26 de mayo de 2001 (exp. 20.299), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

18 Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

19 Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

20 Fl. 12 y 13, cdno. 1.

21 Fl. 14, cdno. 1.

22 Fls. 328 a 330 y 332 a 334, cdno. 3.

23 Fl. 177, cdno. 3.

24 Fl. 34, cdno. 1, tercer recibo.

25 Fl. 34, cdno. 1, segundo recibo.

26 Fl. 33, cdno. 1, segundo recibo.

27 Fl. 34, cdno. 1, primer recibo.

28 Según certificado que obra a folio 327, cdno. 3.