Sentencia 2009-00751 de mayo 15 de 2009

 

Sentencia 2009-00751 de mayo 15 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente T. 11001 02 03 000 2009 00751 00

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Discutido y aprobado en Sala de 12-05-2009

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil nueve.

Se decide en primera instancia la acción de tutela promovida por Liberty Seguros S.A., a través de apoderado especial, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, integrada por los magistrados Dora Elena Hernández Giraldo, Julián Valencia Castaño y Gloria Patricia Montoya Arbeláez.

El reclamo constitucional y su fundamento

1. Demandó la sociedad peticionaria la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el proceso ordinario de mayor cuantía iniciado por Constructora Diez Limitada frente a Nuria del Socorro Zapata Marín y Latinoamericana de Seguros S.A., absorbida por Liberty Seguros S.A.

2. Sustentó su solicitud en los siguientes hechos relevantes:

2.1. Que la Compañía Latinoamericana de Seguros S.A. garantizó las obligaciones derivadas del contrato de suministro Nº 15, suscrito el 16 de septiembre de 1997, entre la Constructora Diez Limitada y Nuria del Socorro Zapata Marín, expidiendo para tal efecto la póliza de seguro Nº 495908, el 10 de septiembre del mismo año, que incluía la garantía de anticipo por $ 35’000.000, con vigencia entre el 1º de diciembre de 1997 y el 30 de abril de 1998; la garantía de cumplimiento por $ 1’890.844, con vigencia entre el 1º de diciembre de 1997 y el 30 de julio de 1998; y la garantía de calidad de los bienes suministrados por $ 1’890.844, con una vigencia de dos años, a partir de la entrega a satisfacción.

2.2. Que la sentencia de segunda instancia, emitida el 24 de marzo de 2009 por la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal accionado, incurrió en las siguientes vías de hecho:

2.2.1. Declaró la resolución del contrato de suministro y condenó a la aseguradora a pagar perjuicios en cuantía de $ 35’000.000, por el incumplimiento del contrato asegurado, y al pago de intereses no solicitados ni aplicables al contrato de seguro, desconociendo el principio de congruencia.

2.2.2. Declaró probado, sin estarlo, que la Constructora Diez Limitada entregó a Nuria del Socorro Zapata Marín el anticipo garantizado, no obstante probarse que el supuesto adelanto se materializó a través de pactos comerciales (entrega de vehículo y venta de apartamento) extraños al contrato de seguro.

2.2.3. Declaró no probadas, estándolo, las excepciones de nulidad relativa y prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, con respecto al amparo del anticipo, pese a que la tomadora no declaró sinceramente las circunstancias que determinarían el riesgo.

2.2.4. No se pronunció sobre la excepción de inexistencia del contrato y las planteadas en los alegatos de conclusión (falta de prueba de la ocurrencia del siniestro en vigencia de la póliza de seguro, ausencia de cobertura y ocurrencia de los hechos antes del traslado del riesgo al asegurador), pese a que faltó uno de sus elementos esenciales, como era el riesgo asegurable con respecto al anticipo, y a que el siniestro aconteció antes de entrar en vigencia el contrato de seguro.

3. Solicitó, en consecuencia, que se declare la nulidad de la sentencia atacada y se ordene al tribunal accionado que emita nuevamente la decisión de segunda instancia, respetando las disposiciones de las leyes sustancial y procesal que regulan el contrato de seguro y la congruencia que debe existir entre el fallo, las pretensiones, los hechos y las pruebas, además de resolver las excepciones sobre las que no hubo pronunciamiento.

La respuesta de la autoridad accionada

La autoridad judicial acusada y los terceros intervinientes no contestaron la petición de tutela, pese a ser notificados legal y oportunamente.

Consideraciones

1. La Corte ha reiterado que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Del mismo modo, ha insistido en que esta procede excepcionalmente contra providencias judiciales, sólo si representan una vía de hecho, es decir, si se apartan ostensiblemente de la normatividad vigente o responden al capricho o arbitrariedad del juzgador.

2. En el presente caso, es inviable de la solicitud de tutela, en la medida que no se vislumbran las vías de hecho endilgadas, por las siguientes razones:

2.1. El tribunal concluyó, con sustento en la apreciación conjunta de las pruebas, que el anticipo prometido por la Constructora Diez Limitada a la contratista Nuria del Socorro zapata Marín, fue efectivamente entregado, no en dinero, como quedó consignado en el contrato de suministro afianzado, sino representado en un carro avaluado en $ 14’000.000 y en la imputación de $ 21’000.000 que se le hizo a Julio César Ochoa, en un negocio de compraventa de un apartamento celebrado por él con la constructora, con el cual se saldó una deuda que la contratista tenía con él por igual valor, forma de pago que consideró admisible. Respecto del incumplimiento contractual imputado a la contratista demandada, la sentencia tuvo por probado ese hecho con la mera declaración de la sociedad demandante, pues, por tratarse de una negación indefinida, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil lo eximía de dicha carga, trasladándola a la contraparte, quien no demostró su cumplimiento, estando obligada a hacerlo.

2.2. La indemnización de perjuicios a cargo de la contratista incumplida y de la compañía de seguros que la afianzó, fue fundamentada por la sentencia censurada en los artículos 1602, 1604, 1613 y 63 del Código Civil, 973 y 884 del Código de Comercio, en doctrina autorizada y en jurisprudencia de esta corporación, de tal manera que el daño emergente al que fueron condenadas a pagar, junto con los intereses moratorios, no fue producto del capricho de la autoridad accionada sino que fue la consecuencia legal del incumplimiento contractual enrostrado a la primera de las demandadas, precisando que la excepción de contrato no cumplido, con base en la cual el juzgador de primer grado desestimó las pretensiones de la demanda, no fue probada, pues, como se concluyó en el numeral anterior, la constructora demandante, a juicio del tribunal, sí cumplió con la obligación de entregar oportuna y totalmente el anticipo convenido.

2.3. Las excepciones de inexistencia del contrato de seguro por no existir al momento de su celebración el riesgo asegurable y de nulidad relativa por no haberse entregado el anticipo en la forma como se le informó a la aseguradora, fueron abordadas también en la sentencia atacada, concluyendo que esta debía cubrir el siniestro hasta el importe garantizado, pues, de un lado, recalcó que el interés asegurable lo constituía el patrimonio de la sociedad contratante, amenazado frente a un eventual incumplimiento del contratista afianzado, y el riesgo asegurable lo representaba esa eventualidad, siendo esta la circunstancia futura e incierta de la cual dependía la obligación de la compañía de seguros de indemnizar al beneficiario el daño que el incumplimiento le causare y, del otro, puntualizó que, si bien la inexactitud al declarar el estado del riesgo son causales de nulidad o de reducción de la prestación a cargo de la aseguradora, esta no probó, mediante declaración dirigida o espontánea, que la tomadora faltó a la verdad. La misma suerte corrió la excepción de prescripción de la acción ordinaria, respecto de la cual, estimó, que entre la fecha del siniestro y la notificación del auto admisorio de la demanda no transcurrieron los dos años previstos por la ley para incoar la acción ordinaria.

2.4. Los medios de defensa planteados en el escrito de alegaciones de conclusión (falta de prueba de la ocurrencia del siniestro en vigencia de la póliza de seguro, ausencia de cobertura y ocurrencia de los hechos antes del traslado del riesgo al asegurador), fueron abordados en la sentencia cuestionada, pues, aparte de hacer una referencia expresa sobre ellos en el acápite de los antecedentes, también se ocupó de su examen de fondo al decidir sobre la excepción de inexistencia del contrato de seguro por ausencia del riesgo asegurable, dado que esos nuevos alegatos están inmersos o íntimamente relacionados con este aspecto.

3. Corolario de lo anteriormente expuesto, es claro que la sentencia acusada conserva incólume su presunción de certeza, habida cuenta que, de una parte, observó el principio de congruencia, en la medida que se pronunció sobre las pretensiones, excepciones y demás medios de defensa planteados y, de otra, las decisiones allí adoptadas, independientemente de que la Corte las prohíje, no constituyen un desatino mayúsculo, que permita calificarlas de absurdas, todo en observancia de los principios de autonomía e independencia que la Constitución Nacional le reconoce a los jueces de la República.

Con todo, es pertinente reiterar que la acción de tutela no es el escenario adecuado para promover controversias relativas a los contratos y a su valoración probatoria, pues, dada su complejidad, es irrefragable que el proceso y el juez ordinarios son los que ofrecen mayores garantías a las partes para zanjar las diferencias que emanen de su interpretación y cumplimiento.

En este orden de ideas y sin más elucubraciones, la Corte negará la protección constitucional solicitada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de tutela impetrada, por las razones expuestas en este proveído.

Comuníquese esta decisión a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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