Sentencia 2009-00782/42710 de abril 4 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 76001-23-31-000-2009-00782-01 (42.710)

Actor: CAAE y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Falla del servicio

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C, cuatro de abril de dos mil dieciocho.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver este caso por la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 determinó que la competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad corresponde a los tribunales administrativos en primera instancia y al Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía(6).

En relación con la vigencia de la acción, el numeral ocho del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de dos años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que originó el daño reclamado. Asimismo, la jurisprudencia(7) señaló que en estos eventos el lapso inicia el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluyó la investigación o que absolvió al procesado, ya que a partir de ese momento el afectado tiene conocimiento del carácter injusto de la detención.

Sobre esta base, la Sala observa que el juzgado quinto penal del circuito especializado de Cali absolvió a CAAE del delito de secuestro extorsivo el 7 de noviembre de 2007(8). El fallo cobró ejecutoria el día veinte de ese mes y año(9). Entonces, se constata que la demanda interpuesta el 19 de agosto de 2009 fue presentada en forma oportuna.

De la legitimación en la causa por activa, la Sala comprueba que las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son CAAE como víctima directa y JAAC y HIAC como sus hijos, parentesco que estos últimos acreditaron mediante sus respectivos registros civiles de nacimiento(10).

Por su parte, CCA compareció al proceso como cónyuge del señor AE, pero únicamente aportó una partida de matrimonio expedida por la Parroquia San Ignacio de Loyola de Medellín(11) como prueba del vínculo. La Sala aclara que este documento no tiene entidad suficiente para acreditar el matrimonio en sede contencioso administrativa, puesto que el enlace data del 9 de mayo de 1998, fecha en la que ya regía el Decreto 1260 de 1970, que en su artículo 105 prevé que “los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos”.

La mencionada ley también estableció que los tales documentos únicamente pueden ser despachados por notarios o, en su defecto, alcaldes municipales, quienes son los encargados de llevar el registro civil de las personas. Por ende, solo tienen carácter de prueba del estado civil las partidas expedidas por los mencionados funcionarios.

Por tanto, la Sala no encuentra prueba pertinente que permita afirmar de la señora CCA que es la cónyuge de señor CAAE. Declara en consecuencia la falta de legitimación para la causa de la señora CA.

En relación con la representación de la Nación, la colegiatura denota que el hecho reputado como generador del daño por la parte actora fue la privación de la libertad a la que la Fiscalía General de Nación sometió a CAAE. Por consiguiente, evidencia que la Fiscalía General de la Nación, está llamada a representar a la Nación como entidad demandada y legitimada para la causa, al tratarse del órgano que profirió la medida de aseguramiento glosada en la demanda.

3.2. Sobre los hechos probados.

En el proceso obra copia auténtica(12) del proceso penal 2007-0040 cursado contra CAAE y BAV por el delito de secuestro extorsivo, solicitada por ambas partes(13).

La Sala dispuso(14) que en el proceso contencioso administrativo la prueba trasladada debe cumplir los presupuestos del artículo 185 del C.P.C.(15) para ser apreciada sin la exigencia de formalidades adicionales.

De ahí que esta colegiatura valorará los documentos y testimonios que se trasladaron del proceso penal, al constatar que estos fueron requeridos por ambas partes, quienes al conocer su contenido no los tacharon de falsos ni les restaron mérito para probar.

3.2.1. De la prueba de los hechos relativos al daño y su imputación a la entidad demandada.

Según la parte demandante, el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la afrenta al derecho a la libertad de CAAE. Los demandantes lo imputaron a la demandada a título de privación injusta de la libertad (daño especial).

Para acreditar los hechos atinentes al daño y su carácter antijurídico, así como la imputación de este a la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Sala cuenta con los siguientes hechos probados:

• GAO denunció a CAAE por el delito de secuestro el 29 de abril de 1999(16). Relató que el día anterior se trasladó desde Manizales hasta Cali; que fue a una casa donde departían unos conocidos (“P”, “P” y “Beto”) porque le iban a gestionar unos papeles para salir del país y en el sitio apareció CA, a quien le vendió una camioneta Toyota dos años atrás, puesto que tenía un negocio de compraventa de vehículos.

Aseveró que aquel le reclamó porque el automotor estaba embargado, y le advirtió que lo había enajenado a unos guerrilleros, quienes irían por él esa noche para arreglar la situación. Que tipo 10:30 p.m. A salió de la casa, dejándole encerrado pues “P” le había dado las llaves, y regresó media hora después acompañado de unos sujetos armados para exigirle la entrega de $ 12.000.000 en efectivo o el traspaso de una propiedad a su nombre para dejarlo en libertad.

Indicó que “Beto” recibió un mensaje en su beeper relativo a unos medicamentos para su hija y de inmediato abrió la puerta para tomar un taxi, momento que él aprovechó para escapar en medio de los disparos que le hacían CA y los sujetos que le acompañaban. Con el auxilio de la policía llegó a la casa donde se hospedaba.

• La Fiscalía Especializada Delegada (sic) abrió la investigación el 18 de septiembre de 2000(17).

• AA(18), propietario de la casa ubicada en la carrera ## Nº ## - ## del barrio LS de Cali donde al parecer fue retenido el denunciante, afirmó que no conoció al arrendatario que tenía en esa época porque no suscribieron un contrato y manejaba el arriendo de forma desorganizada.

• XAHV(19) declaró haber sido novia de BAV (“Beto”), quien se dedicaba a la venta de carne con un amigo de nombre J. Negó conocer al denunciante y al procesado y agregó que aquel estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico.

• El área penal del circuito especializado de la seccional Valle del Cauca del DAS(20) informó que CAE y BAV se dedicaban a actividades ilícitas, tales como la estafa, el hurto y todas las modalidades de “negocios turbios”.

• La fiscalía catorce delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Cali abrió la instrucción y vinculó mediante indagatoria a CAAE y BAV por el delito de secuestro extorsivo el 9 de agosto de 2004(21). El despacho libró las respectivas órdenes de captura el 30 de agosto siguiente(22).

• BAV rindió indagatoria el 6 de noviembre de 2004(23). Afirmó conocer a CA, quien tenía un negocio de compraventa de autos en Cali. Contó que la reunión que refirió el denunciante tuvo lugar en una fábrica de ropa perteneciente a un amigo cuyo nombre no recordaba (luego dijo que era PO), que allí estaban GA, CA, P y creía que alguien llamado JJ. Comentó que A y A hablaron pero no estuvo presente en la conversación. Señaló que no sabía nada sobre los hombres armados en la casa o una privación de la libertad y que pensaba que todo se trataba de una patraña de GA porque necesitaba demostrar que estaba amenazado para recibir asilo político en Estados Unidos.

• La fiscalía primera delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Cali declaró persona ausente a CAAE y le designó defensor de oficio el 9 de noviembre de 2004(24).

• La fiscalía primera delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Cali impuso medida de aseguramiento a CAAE por el delito de secuestro extorsivo el 11 de enero de 2005(25). Manifestó que el testimonio de la víctima no fue desvirtuado y su relato era contundente, preciso y coordinado, pues describió su llegada a la vivienda, las personas que se encontraban allí y las razones de las amenazas proferidas en su contra, es decir, el móvil del delito.

Además, destacó que el sindicado fue condenado a 6 años de prisión por tráfico de estupefacientes y este hecho erigía un indicio grave de capacidad para delinquir.

• GAO amplió la denuncia el 1º de febrero de 2005(26). Narró que el 29 de abril de 1999 se encontró con BA en una agencia para gestionar un viaje a Guatemala y que luego se dirigieron a una vivienda en el barrio LS de Cali en una camioneta conducida por un señor apodado “P” (luego lo identifica como “P”). Explicó que cinco minutos después llegó CA, quien le reclamó por una camioneta que le vendió y resultó embargada, lo encerró en la casa, se fue y regresó con cuatro sujetos armados, quienes le dijeron que debía pagar $ 12.000.000 o traspasarles alguna propiedad para preservar su vida.

Mencionó que B recibió un mensaje relativo a unos medicamentos y cuando C le abrió la puerta para que saliera, aprovechó ese momento para escapar. Detalló que los individuos le dispararon, pero se escondió en un antejardín, rogó a la señora que vivía allí que llamara a la Policía y los uniformados lo acompañaron a la casa donde estuvo retenido, pero ya no había nadie. Finalmente, lo llevaron a su hospedaje.

Afirmó que BA no estaba involucrado en el secuestro y que todo fue una maniobra de “P”.

• El defensor de CAAE solicitó la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 18 de septiembre de 2000, inclusive. Expresó que se presentaron irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso y los principios que rigen la aplicación de la ley. Adujo que la denuncia estaba plagada de dudas que nunca se resolvieron y las resoluciones no estaban suficientemente motivadas(27).

• La fiscalía primera delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Cali precluyó la investigación en relación con BAV, acusó a CAAE como probable autor del delito de secuestro extorsivo y negó la nulidad deprecada por el defensor de este último el 23 de mayo de 2005(28). El ente acusador refirió que GA ofreció un relato similar en la denuncia y su ampliación y fue contundente al señalar a CA como su captor. Adicionó que se probó que el sindicado estuvo en la casa en la que el denunciante fue retenido la noche de marras y que el móvil del delito fue su inconformidad con el negocio que hizo con el señor A.

• El defensor del procesado repuso y apeló la resolución de acusación porque no se tramitó la nulidad invocada, sino que la Fiscalía se limitó a negarla y, además, resolvió en una providencia dos asuntos distintos, esto es, la nulidad y la calificación. Respecto a la acusación, alegó que no habían pruebas de cargo que incriminaran al procesado, pues el relato del denunciante contenía muchos vacíos(29).

• La fiscalía primera delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Cali no repuso la resolución de acusación el 11 de julio de 2005(30). Aclaró que el Código de Procedimiento Penal no ordenaba que la nulidad debía resolverse mediante incidente paralelo a la actuación y los argumentos que la sustentaron no tenían asidero jurídico. En lo relativo a la acusación, expuso que infirió los indicios de presencia en el lugar de los hechos, móvil del delito y existían pruebas que vinculaban al procesado con el narcotráfico en Colombia y en el exterior.

• El juzgado primero penal del circuito de Cali celebró la audiencia preparatoria el 29 de marzo de 2006(31). El juez decretó la práctica del testimonio de GA a través del consulado de México en Colombia, dado que el denunciante residía en dicho país e, igualmente, requirió que el Ministerio de Relaciones Exteriores oficiara a la delegación consular de aquel país para que informara si A era asilado y, de ser así, remitiera la documentación que anexó a su solicitud. Por último, solicitó los antecedentes penales del procesado.

• El CTI comunicó por escrito del 15 de diciembre de 2006 que no fue posible localizar a GA(32).

• El Ministerio de Relaciones Exteriores informó por medio de circular del 3 de enero de 2007 que no pudo cumplir la misión encomendada porque los procesos de asilo son confidenciales, según lo normado por la Convección de las Naciones Unidad sobre el Estatuto de Refugiados(33).

• La Policía Metropolitana de Cali capturó a CAAE el 22 de junio de 2007(34).

• El juzgado primero penal del circuito de Cali emitió boleta de encarcelación a CAAE el 25 de junio de 2007(35).

• El defensor del acusado solicitó la concesión de prisión domiciliaria, pero dicha medida fue negada por el juzgado quinto penal del circuito de Cali el 3 de octubre de 2007(36).

• El juzgado quinto penal del circuito especializado de Cali celebró la audiencia pública en el mes de octubre de 2007 (los folios de la primera sesión son ilegibles y la segunda tuvo lugar el 3 de octubre de 2007)(37). La Fiscalía y el defensor del procesado requirieron la absolución del procesado.

• El juzgado quinto penal del circuito especializado de Cali absolvió a CAAE del delito de secuestro extorsivo y ordenó su libertad el 7 de noviembre de 2007(38). El juez subrayó que la narración de la víctima era la única prueba contra el acusado, quien negó los cargos y aseveró que GAO le vendió un vehículo embargado, pagó $ 6.000.000 para solucionar el problema y le reclamó la devolución del dinero, pero que tal conversación tuvo lugar en el jardín de la casa de aquel.

El juez consideró que el relato de AO (denuncia y su ampliación) fue contradictorio y este no compareció a la audiencia pública para despejar las dudas que arrojó su versión, relativas a la amenaza proferida por la guerrilla, las características de la casa en la que permaneció, las circunstancias que rodearon su escape y la actuación de la policía cuando presentó la denuncia. De igual manera, BA, quien supuestamente presenció el hecho delictivo, no corroboró lo expuesto en la denuncia, sino que insinuó que el móvil de AO para inculpar al procesado del delito de secuestro extorsivo fue que pidió asilo político en Estados Unidos y necesitaba demostrar que era víctima de amenazas.

Con fundamento en lo expuesto, concluyó que las pruebas recabadas no ofrecían certeza respecto a la responsabilidad de CAAE en la comisión del delito enrostrado.

• CAAE recuperó la libertad el 9 de noviembre de 2007(39).

• El coordinador del área jurídica del Centro Penitenciario y Carcelario de Cali certificó que CAAE estuvo privado de la libertad en ese centro carcelario desde el 25 de junio hasta el 9 de noviembre de 2007(40).

3.3. Asunto a resolver por la Sala.

Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala verificará si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, labor en la que solucionará la siguiente cuestión:

¿Las pruebas recaudadas en el proceso penal revelaron negligencia grave de la víctima de la detención, determinante de la medida cautelar adoptada en su contra o, por el contrario, se cumplen los requisitos para decretar responsabilidad a cargo de la demandada por ordenar la detención preventiva sin acatar los estándares legales?

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado emerge cuando se configura un daño antijurídico, entendido como aquel que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo(41).

Con el fin de establecer el régimen de responsabilidad procedente, es preciso recordar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que preveía:

Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Posteriormente, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 dispuso que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”. Esta regla no impide abordar la responsabilidad estatal con fundamento en el criterio previamente referido. Esta disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación judicial legítima del Estado que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estas no tengan el deber jurídico de soportarlos.

La jurisprudencia unificada de la corporación(42) sostiene que la privación injusta de la libertad genera responsabilidad patrimonial del Estado cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía conducta punible o fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, sin consideración a que en la imposición de la restricción a la libertad se cumplieron las exigencias legales.

Para esta Corte, las anteriores hipótesis en el título de imputación de daño especial. La antijuridicidad del daño deviene de la absolución posterior del detenido, hecho que implica que no estaba en el deber de soportar la detención, pues en un Estado Social de Derecho la presunción de inocencia envuelve que la privación de la libertad sólo debe ser consecuencia de una sentencia condenatoria.

Pese a lo anterior, se resalta que cuando esté probado el daño antijurídico y se haya constatado que es en principio imputable de manera objetiva a la entidad demandada, antes de condenar se debe examinar si se presentó culpa exclusiva de la víctima de la privación injusta de la libertad, según lo reglado por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que prevé:

El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

Conforme a lo expuesto, la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por la privación de la libertad del procesado es esencialmente de carácter objetivo. Sin embargo, si se demuestra que la decisión restrictiva de la libertad fue ilegal opera un título de imputación subjetivo.

La Sección Tercera asumió esta postura en la sentencia de unificación aludida. Explicó que el régimen objetivo previsto para la mayoría de los casos no implica una restricción al alcance de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo noventa de la Constitución Política, lo que posibilita que cuando concurran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de aquel por falla en el servicio, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el caso pueda ser resuelto en aplicación del régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad, “pues el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable”.

Puesto en relación el marco normativo precedente con las circunstancias fácticas acreditadas en el proceso, la Sala observa que se probó el daño, esto es, la privación de la libertad que padeció CAAE a consecuencia de la detención preventiva decretada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso penal cursado por el delito de secuestro extorsivo. También se demostró que el juez de primera instancia absolvió al actor de dicho cargo. Entonces, forzoso es concluir que este ciudadano sufrió un daño que en principio no estaba obligado a soportar.

En lo concerniente al juicio de imputación, la Sala pone de presente que las pruebas aportadas sobre las circunstancias que rodearon la medida de aseguramiento y posterior absolución de CAAE mostraron que si bien el fundamento de esta última fue la duda acerca de la comisión de la conducta punible endilgada, hecho que en principio implicaría analizar el caso bajo el régimen objetivo de daño especial, su estudio debe realizarse en atención al régimen subjetivo, al constatarse la existencia de una falla del servicio imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, la Sala recapitula que los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 contemplaban la detención preventiva como la única medida de aseguramiento existente en el proceso penal. Asimismo, indicaban que esta procedía cuando concurrieran por lo menos dos indicios graves de responsabilidad contra el sindicado, inferidos de las pruebas legalmente producidas en el proceso. Por último, señalaban que su finalidad era garantizar la comparecencia del posible autor de la conducta pueble al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga, la continuación de la actividad delictual o las labores que emprendiera para ocultar, destruir, deformar o entorpecer la práctica de pruebas importantes para la instrucción.

La fiscalía primera delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Cali impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a CAAE como posible autor del delito de secuestro extorsivo. El ente acusador construyó los indicios de móvil del delito y capacidad para delinquir con el relato de la víctima y los antecedentes penales de aquel.

Ahora bien, la ley procesal penal exigía que los hechos indicadores de los indicios de responsabilidad provinieran de las pruebas legalmente practicadas en el proceso. Esta colegiatura observa que este presupuesto no se cumplió, ya que la denuncia no es una prueba(43) y el sistema penal colombiano es de acto, no de autor, por ende, los antecedentes penales de un procesado no son prueba de responsabilidad en su contra.

En efecto, la denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento que hace una persona, ofendida o no con la infracción, a la Fiscalía General de la Nación sobre un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar que le consten(44). Por consiguiente, es un acto propulsor de la actividad estatal que faculta al titular de la acción penal ejercerla e investigar la posible perpetración de un hecho punible, las situaciones que lo rodearon y los presuntos autores o partícipes. De ahí que la Fiscalía tiene el deber de verificar los acontecimientos expuestos en la denuncia.

Aunque el fiscal infirió el indicio de móvil del delito del testimonio de la víctima, lo cierto es que en ese momento solo contaba con la narración que GA hizo en la denuncia, pero no con su testimonio, pues el actor amplió la denuncia con posterioridad a resolución de la situación jurídica del procesado y no fue posible ubicarlo para que declarara en la audiencia pública porque supuestamente se trasladó a México.

Como se indicó, la denuncia tiene carácter informativo porque se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar unos hechos que posiblemente constituyen una conducta punible, mientras que el testimonio es toda declaración de ciencia o conocimiento que realiza una persona sobre hechos que interesan al proceso(45), sometido a unas reglas específicas por la Ley 600 de 2000(46).

De igual modo, considerar los antecedentes penales del actor para inferir un indicio de responsabilidad fue a todas luces desatinado y violatorio de los principios de presunción de inocencia, imparcialidad y cosa juzgada. Además, la Constitución colombiana consagró en su artículo 29 el derecho penal de acto al establecer que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable y no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

Entonces, el Fiscal erró al derivar el indicio de capacidad para delinquir de los antecedentes penales de CAAE, relativos a que purgó pena de prisión en Italia por un delito relacionado en el tráfico de estupefacientes(47) y ordenar la detención preventiva con fundamento en unos hechos ajenos al proceso cursado por secuestro extorsivo y que fueron juzgados por la ley penal de aquel país.

Por otra parte, la demandada alegó que se presentó la culpa exclusiva de la víctima como excluyente de la imputación. Señaló que el demandante no interpuso recurso alguno contra la medida de aseguramiento contribuyó a la prolongación de su reclusión.

Pues bien, como se indicó en líneas anteriores, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando esta actuó con culpa grave o dolo o no interpuso los recursos de ley. No obstante, el artículo 67 de esta normativa excluye dicho deber para los afectados por privación de la libertad ordenada por una providencia judicial.

Además, el entonces procesado fue declarado persona ausente en el trámite penal y su captura se materializó luego de la calificación del mérito del sumario, momento en el que su defensor solicitó la nulidad de todo lo actuado desde la apertura de la instrucción. A la postre, estos acontecimientos no fueron la causa determinante de la medida de aseguramiento. Tal decisión se cimentó en los indicios de móvil del delito y capacidad para delinquir que la Fiscalía construyó a partir de dos elementos que no tenían la connotación de prueba en el proceso, o lo que es lo mismo, la resolución fue producto de una falla del servicio.

En conclusión, la Sala verifica que la medida de aseguramiento impuesta a CAAE en el trámite del proceso penal adelantado por el punible de secuestro extorsivo no cumplió con los parámetros legales exigidos por la Ley 600 de 2000, en el entendido de que no concurrían los dos indicios de responsabilidad exigidos por el estatuto procesal penal para proceder de tal forma. Por tal motivo, se confirmará el fallo de primera instancia en lo atinente a la declaración de responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.

3.5.1. Perjuicios materiales.

3.5.1.1. Daño emergente.

Los accionantes requirieron el pago de 10.000.000 por concepto de los honorarios profesionales que el señor AE sufragó para procurar su defensa en el proceso penal. Comoquiera que no aportaron prueba alguna que demostrara dicho gasto, la Sala negará su reconocimiento.

3.5.1.2. Lucro cesante.

El a quo otorgó a CAE $ 3.038.514 como lucro cesante consolidado.

Si bien el actor aportó un certificado de Cámara de Comercio en el que figuraba como propietario de Autos Acacías, un establecimiento de comercio con matrícula Nº 426384-1 destinado a la compraventa de automotores usados(48), y un certificado asentado por un contador público que aseveró que AE devengaba $ 3.000.000 mensuales(49), el tribunal recalcó que el profesional no acreditó dato alguno en relación con los libros, cuentas o asientos correspondientes al negocio del demandado que respaldaran la contraprestación económica señalada en el documento. Por ende, tomó como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente.

Además, la liquidación efectuada por la primera instancia estableció como fecha de captura el 25 de junio de 2007, pero el actor fue aprehendido el 22 de junio de 2007. Sería del caso corregir dicho yerro y efectuar una nueva liquidación, pero la Nación - Fiscalía General de la Nación funge como apelante único y el principio de la no reformatio in pejus impide aumentar el monto reconocido como lucro cesante.

Por consiguiente, la Sala actualizará la condena impuesta, veamos:

1
 

3.5.2. Perjuicios inmateriales.

3.5.2.1. Perjuicios morales.

La Sección Tercera del Consejo de Estado(50) determinó en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral emanado de la privación injusta de la libertad se estima en salarios mínimos mensuales vigentes a partir de cinco niveles que se configuran según el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados y la duración de la privación de la libertad. La jurisprudencia también indicó que la calidad alegada se demuestra con la prueba del estado civil, la convivencia de los compañeros o de la relación afectiva, así:

2
 

En este asunto, la parte actora probó que la víctima directa de la privación de la libertad fue CAAE y que JAAC y HIAC son sus hijos.

Igualmente, los demandantes acreditaron que el señor AE estuvo privado de la libertad injustamente desde el 22 de junio hasta el 9 de noviembre de 2007, es decir, por un lapso de cuatro meses y dieciocho días. Entonces, a la víctima directa y cada uno de sus hijos corresponderían cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, el a quo ordenó el pago de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor AE y veinte para cada uno de sus hijos y, como se explicó, a la Sala le está vedado aumentar dichos rubros.

3.5.2.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Los demandantes requirieron cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos por “daño a la vida de relación”, sin explicar en qué consistió tal afectación.

Este tipo de daño se conoce actualmente por la denominación de afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, definido por la jurisprudencia unificada de esta corporación(51) en los siguientes términos:

Cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(52).

La citada jurisprudencia refirió también que se reconocerá de oficio o solicitud de parte si su padecimiento es concreto y sea menester su reparación integral. Además, se privilegia la compensación a través de una reparación no pecuniaria para la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente, parientes hasta el primer grado de consanguinidad, relaciones derivadas del parentesco civil y “de crianza”, aunque en casos excepcionales, cuando no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral, podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, a través de un monto de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando la indemnización no esté comprendida en el daño a la salud.

En este caso, la Sala denota que la parte actora no concretó el perjuicio solicitado y tampoco aportó elementos de convicción que faculten ordenar de oficio una reparación de esta índole. Aunque el señor GBR(53) declaró que el actor tenía un negocio de compraventa de vehículos en el barrio LA de Cali, su familia estaba compuesta por su esposa C (no se acordaba del apellido) y dos hijos, lo ayudó económicamente mientras estuvo detenido y al recobrar la libertad perdió su negocio y tuvo que dedicarse a manejar un taxi, estas situaciones atañen los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos.

3.6. Costas.

Esta colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el veintidós (22) de julio de dos mil once (2011). En su lugar:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de CCA.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de CAAE.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

a) Tres millones novecientos cinco mil trece pesos ($ 3.905.013) para CAAE, como lucro cesante consolidado.

b) A título de perjuicios morales, los valores que se determinan en la siguiente tabla:

NivelDemandanteCalidadIndemnización
CAAEVíctima30 SMLMV
JAACHija20 SMLMV
HIACHijo20 SMLMV

4. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

6.(sic) Sin condena en costas

7. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 2008-00009.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 1993, rads. 7407-7399; auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425; auto del 14 de agosto de 1997, Rad. 13.258; auto del 24 de septiembre de 1998, Rad. 13.626; sentencia del 18 de octubre de 2000, Rad. 12.228; auto del 2 de noviembre de 2000, Rad. 17.964 y sentencia del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392, entre otras.

8 Folios 169 a 197, c. 10.

9 Folio 213, c. 10.

10 Folios 3 a 4, c. 1.

11 Folio 2, c. 1.

12 Folio 117, c. 1.

13 Folio 109, c. 1.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1992, Rad. 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, Rad. 13.476 y sentencia de 5 de junio de 2008, Rad. 16.174.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Rad. 13.476.

15 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

16 Folios 2 a 3, c. 2.

17 Folios 15 a 16, c. 2.

18 Folios 100 a 102, c. 2.

19 Folios 109 a 111, c. 2.

20 Folios 128 a 130, c. 2.

21 Folios 144 a 152, c. 2.

22 Folios 154 y 165, c. 2.

23 Folios 193 a 197, c. 2.

24 Folios 218 a 219, c. 2.

25 Folios 278 a 282, c. 2.

26 Folios 9 a 11, c. 9.

27 Folios 49 a 64, c. 9.

28 Folios 83 a 94, c. 9.

29 Folios 102 a 113 y 166 a 193, c. 9.

30 Folios 151 a 161, c. 9.

31 Folios 235 a 239, c. 9.

32 Folios 87 a 88, c. 10.

33 Folio 91, c. 10.

34 Folios 116 a 117, c. 10.

35 Folio 119, c. 10.

36 Folios 145 a 150, c. 10.

37 Folios 151 a 152 y 156 a 157, c. 10.

38 Folios 169 a 197, c. 10.

39 Folios 198 y 198A, c. 10.

40 Folio 121, c. 1.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Rad. 17.042.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354.

43 El artículo 233 de la Ley 600 de 200 refiere que son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.

44 Corte Constitucional, Sentencia C-1177 de 2005.

45 Corte Constitucional, Sentencia C-782 de 2005.

46 “ART. 276.—Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:
1. Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el juramento y le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar.
2. A continuación, el funcionario le informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto le conste sobre los mismos.
Terminado éste, procederá el funcionario a interrogarlo si lo considera conveniente. Cumplido lo anterior, se les permitirá a los sujetos procesales interrogar.
Se permitirá provocar conceptos del declarante cuando sea una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia.
El funcionario podrá interrogar en cualquier momento que lo estime necesario. Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario deberá requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el objeto de la investigación”.

47 Folio 182, c. 2.

48 Folio 53, c. 1.

49 Folio 54, c. 1.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2014, rads. 32.988 y 26.251.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, rads. 19.031 y 38.222.

53 Folios 1 a 2, c .3.