Sentencia 2009-00827 de mayo 28 de 2009

 

Sentencia 2009-00827 de mayo 28 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2009-00827-00

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil nueve.

Discutido y aprobado en Sala de 27 de mayo de 2009.

Se resuelve la acción de tutela que promueve a través de su representante legal la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial contra la Sala de Decisión Civil Familia Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca integrada por los magistrados Myriam Ávila de Ardila, Juan Manuel Dúmez Arias y Alberto Rafael Prieto Cely, extensiva por decisión oficiosa al Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza.

Antecedentes

1. Reclama la entidad accionante contra la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso ordinario reivindicatorio instaurado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial contra William Contreras Carrillo, radicado en primera instancia ante el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza bajo el número 2008-0032, pues en su criterio con esa providencia se le conculcó su derecho fundamental al debido proceso.

2. Indica la entidad promotora del amparo que a través de demanda presentada contra quien había sido pastor de la misión, el señor William Contreras Carrillo, se dio inicio al proceso para el que ahora pide protección constitucional.

3. Destaca la demandante constitucional que las mejoras, que constituyen el objeto del proceso, fueron adquiridas “por la demandante a la Iglesia Panamericana de Colombia, pues el terreno donde se encuentran construidas, pertenece al municipio de Cáqueza”, lo cual se instrumentó a través de un contrato de promesa de compraventa de fecha 9 de mayo de 1994.

4. Relata la entidad accionante que el demandado, una vez notificado del auto admisorio de la demanda, propuso excepciones entre las que se resalta la de inexistencia del derecho pretendido, a la cual se le reconoció prosperidad en la sentencia de primera instancia al tiempo que se desecharon las pretensiones de la demanda, pues en esa providencia se dedujo que las mejoras no se pueden reivindicar, pues se trata de “un derecho de crédito en favor de quien las plantó y a cargo del municipio”.

5. Apelada la sentencia de primera instancia por la entidad demandante, esta fue confirmada en fallo del 26 de marzo de 2009 en el que según manifiesta la accionante, el tribunal concluyó que la recurrente “tampoco tendría legitimación en la causa por activa para iniciara (sic) una acción reivindicatoria, por tratarse de venta de mejoras en la que nunca hubo venta del dominio”.

6. Solicita en sede constitucional, que “se revoque el fallo de segunda instancia (...) y en su lugar se tutele el derecho al debido proceso, esto es, aplicación (sic) de la normatividad vigente para la materia y la consecuente entrega de las mejoras de la litis”.

Consideraciones

1. Conviene precisar como punto de partida, que la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.

Igualmente que, como regla general, el mecanismo no actúa de cara a providencias judiciales, salvo que se esté en frente del evento, excepcional y extremo, respecto del que de tiempo atrás se ha dicho que puede tornar viable la acción de tutela, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (sent. jul. 16/99, exp. 6621).

2. Con base en el marco antes señalado, la Sala advierte que la solicitud de amparo no ha sido erigida como un recurso o una instancia adicionales, que no es un escenario apropiado para debatir el acierto de las decisiones adoptadas por otras autoridades judiciales en el ejercicio de sus atribuciones legales, que, por regla general, no es tema de linaje constitucional el discernimiento sobre la valoración que esas autoridades le han brindado a los diferentes medios probatorios en que se basaron o debieron basar sus decisiones, y que la divergencia de opiniones entre la parte interesada y las autoridades acusadas no es base suficiente para la prosperidad de la acción de tutela.

3. En cuanto se refiere a las decisiones acusadas, debe resaltar la Sala que ni estas, ni las actuaciones desplegadas por las autoridades que las profirieron, lucen arbitrarias, ni irregulares, ni contrarias al ordenamiento jurídico que deben respetar, o dicho en otras palabras, que tanto la actividad desarrollada por los jueces accionados, como las determinaciones por ellos adoptadas, fueron guiadas por un criterio razonable, luego en sede de tutela no pueden ser ellas escrutadas con posibilidad de que la censura de los mismos pueda hallar prosperidad.

En efecto, encuentra la Sala que las decisiones censuradas no son irrazonables ni absurdas, y, en contraste, que son fruto de un criterio plausible de apreciación de las pruebas recaudadas y del ordenamiento jurídico aplicable al tema, de los que se deduce que la prosperidad de la pretensión reivindicatoria depende, entre otros factores, de la acreditación que el demandante realice de su titularidad respecto de un derecho real —ordinariamente, el domino— en relación con el bien poseído por su contraparte, circunstancia que, según se advierte, no ocurrió en el asunto que se analiza, toda vez que únicamente se acreditó haberse celebrado un contrato atinente a mejoras implantadas en terreno ajeno, respecto de las cuales, como lo tiene decantado la jurisprudencia, no se puede predicar dominio, sino únicamente un derecho personal o de crédito contra el dueño del terreno para reclamar el valor de la respectiva mejora, ya que, como es igualmente conocido, los principios y las reglas de la accesión de mueble a inmueble no permiten que quien realice una mejora, en este caso una edificación, o su sucesor, se pueda considerar dueño de la misma, ya que por aplicación del mencionado modo de adquirir, el derecho real sobre la respectiva construcción ingresa al patrimonio del dueño del terreno en el que ella se haya construido, subsistiendo, en todo caso, el señalado derecho personal para cobrar el valor de la mejora.

Son suficientes los argumentos expuestos para negar la prosperidad de la tutela.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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