Sentencia 2009-00886/44084 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002331000200900886 01 (44084)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: R. M. H. y otros.

Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación.

Asunto: Reparación directa (Sentencia)

Bogotá D.C, veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y los números de cédulas y teléfonos reemplazados por XXX con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(18), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes R. M. H. en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, R. V.(19)-(20) (compañera permanente), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Delegadas en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(21), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(22). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(23).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(24).

En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2007 lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 17 de octubre de 2009.

Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 31 de julio de 2009 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 8 de octubre de 2009 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio de las partes, según se observa en el acta suscrita ese mismo día(25).

Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 2 meses, 1 semana y 1 día (69 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 29 de diciembre de 2009 y la demanda fue presentada el 26 de octubre de 2009, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(26).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(27) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(28).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(29).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(30).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(31)-(32), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(33).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(34).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

(…)” (Subraya fuera del texto).

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, esta Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(35).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos y los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala procede a analizar si en el caso de autos las entidades demandadas son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue víctima R. M. H. o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad - culpa exclusiva y grave de la víctima.

De conformidad con el proveído emitido el 16 de agosto de 2006(36) por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado - Unidad Nacional contra el Terrorismo Despacho Diecisiete, en la que se resolvió la situación jurídica del aquí demandante R. M. H., junto con los demás procesados, y en la que además se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, se puede inferir que la captura de R. M. H. obedeció a:

“Mediante información suministrada por una fuente humana que manifestó no revelar su identidad por razones de seguridad, en la que da cuenta que en los municipios de La Palma y Circunvecinos existe un grupo armado de personas quienes pertenecieron a organizaciones al margen de la ley tales como AUC, FARC y en la actualidad confirmaron una banda dedicada a la comisión de homicidios, hurtos, extorsiones y amenazas entre otros, esta banda criminal según información recibida (…) se encuentra compuesta entre otros conocidos como (…) por R. M. H. alias P.””(37).

R. M. H. fue capturado el 3 de agosto de 2006(38), según obra en el acta de lectura de los derechos del capturado, la cual está suscrita por el mismo actor.

Sin embargo, el 27 de julio de 2007 la Fiscalía Delegada(39) precluyó la investigación adelantada en contra del demandante, en aplicación del principio procesal de in dubio pro reo, otorgándole la libertad inmediata con fundamento en:

“R. M. H. señalado en los informes de Policía Judicial como alias P. y quien en diligencia de indagatoria confesó haber sido parte de un grupo paramilitar que operaba en Cundinamarca y que se conoce con el sobre nombre J. aunque se respalda en que se desmovilizó en diciembre del año anterior y había durado con los paracos como cuatro años en donde tenía como cargo patrullero y era el segundo hombre de primera escuadra en el municipio, es indagado porque en los informes de inteligencia que obran en el proceso se le señala como parte de los paramilitares que actualmente operan en Cundinamarca responde desconocer cual (sic) la razón, insiste ya desmovilizó. Sin embargo el declarante J. F. B. R. lo reconoce como parte de la agrupación de paramilitares que no se desmovilizó y lo conoce como R. M. o P.”

Así que ante este escenario probatorio que otrora sirvió de soporte para enrostrar en su contra medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación observa esta fiscalía luego del examen integral de las probanzas que se aportan a favor y en contra del mismo que las primeras superan a las segundas y en consecuencia resulta dable reconocerle a esta instancia procesal el beneficio de DUDA a su favor y su consecuente beneficio de libertad provisional, no solamente por la duda que reviste la escasa sindicación procesal que como se observa y hace énfasis el escrito defensivo obrante a folio 128 del C.O Nº 6, el declarante de cargos arriba referenciados es (sic) muy tibios en enrostrarle sin la contundencia ´probatoria que se exige a esta altura procesal el cargo de concierto para delinquir de que trata el artículo 340 inciso 2º de la C.P., Ley 599/2000”(40).

La providencia anterior fue notificada al señor R. M. H. el 31 de julio de 2007(41) y contra ella se interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá en fallo del 11 de octubre de 2007, donde confirmó la decisión(42).

Así las cosas, de conformidad con el anterior material probatorio la Sala encuentra demostrado que al señor R. M. H. estuvo efectivamente privado de la libertad desde el 3 de agosto de 2006, fecha en la que fue capturado, hasta el 27 de julio de 2007, fecha en la que recobró la libertad, es decir, en total durante el término de 11,08 meses, pero el proceso penal adelantado en su contra, a la postre, fue decidido a su favor mediante resolución de preclusión en donde se dio aplicación al in dubio pro reo.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, tal y como lo señaló el A quo, o si por el contrario, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

Al respecto, aunado a los señalamientos efectuados por particulares en contra de R. M. H., los cuales lo identificaban como militante de grupos al margen de la ley, también observa la Sala que existieron comportamientos del aquí demandante que lo vincularon a la investigación y agravaron su condición ante las autoridades penales, de modo que él mismo dio lugar a la investigación penal que se adelantó en su contra y dentro de la cual se surtió la privación de la libertad.

Es así que, a partir de la labor investigativa de campo y los testimonios recolectados por las unidades investigativas, los declarantes E. M.(43), E. O. M. M.(44) y J. F. B. R., para el año 2006 identificaron a R. M. H. como miembro del grupo paramilitar AUC y dijeron haberlo visto en compañía de integrantes de grupos al margen de la ley —AUC y Guerrilla— trabajando con ellos o cumpliendo órdenes de algún cabecilla o alto mando de dichas organizaciones ilegales.

En este sentido los declarantes ante la Policía Judicial - Grupo de Delitos contra la Vida e Integridad Personal informaron:

— El 27 de mayo de 2006 al peguntarle qué conocimiento tenía de la presencia de grupos armados ilegales en la jurisdicción del municipio “La Palma” - Cundinamarca, E. M. respondió:

“la otra vez que venían allí abajo, venía F., P., un hijo de D. A. de nombre G., un muchacho que trabajó con los paras R. M. H., tenían un ganado en la corraleja y me dijeron que si les compraba un ganado cuarenta reses que tenían, les compre cinco, reses que valieron cinco millones, yo les di tres millones y los otros al fiao” … “a las seis de la tarde yo estaba frente a la casa, entregando un cerdo que había vendido yo, cuando llegó el Capitán de Pacho” … “el (sic) me pregunto (sic) que si yo me había robado un ganado, yo le dije que no, que yo había comprado un ganado y lo tenía en el matadero, me llevaron y me detuvieron” … “yo les dije quienes me lo habían vendido, entonces el intendente D. y el intendente R., le avisaron al C., para que le avisaran a los otros y se fueran” … “y ellos se volaron pero eso fue en segundos”(45).

— El 25 de julio de 2006(46), E. O. M. M., sobre al ganado robado expresó que el Capitán G. y el Intendente

“fueron a buscar el ganado, ellos fueron donde mi tío E. M. y lo metieron preso porque el celador del matadero dijo que esos seis toros eran de mi tío pero mi tío se los había comprado a alias P. (…) y ahí mi tío le dijo al Capitán a quién le había comprado el ganado, que era P. y que con él estaba (…) también R. M. H. que le dicen R. M. o P. él se llama R. M. H.”.

— El 30 de junio de 2006, J. F. B. R.(47), sobre los grupos armados al margen de la ley que operaran en el municipio de “La Palma” - Cundinamarca, relató:

“Si aquí (sic) grupos armados la Guerrilla, después estuvo la Autodefensa, porque algunos se fueron de la región porque se reinsertaron y otros que continúan delinquiendo, ahí están (…) R. M. H. él es del serro (sic) 26 para el lado de las parcelas a él le dicen P. o R. M.”.

Ahora bien, con relación a los hechos que eran objeto de investigación, en la diligencia de indagatoria(48) realizada el 6 de agosto de 2006 ante la Unidad de Atención Inmediata - Dirección Seccional de Cundinamarca, R. M. H. afirmó haber sido “paraco” durante 4 años y, posteriormente, fue desmovilizado; y al peguntarle si tenía conocimiento de las conductas delictivas realizadas por sujetos de las AUC manifestó

“El tal F. de los paramilitares, me contrató para ir a traer un ganado a Pital, no me dijo nada, sino que fuéramos a traerle un ganado, por el camino nos dijo que era un ganado de la guerrilla, yo iba con F.; con P. P., y J. y G. V. o J. que llaman, y yo, todos llegamos al Pital creo que es de la Peña y cogimos por un camino arriba y P. P. nos iba mostrando cuál ganado era el que teníamos que sacar, Él decía que ese ganado era de la guerrilla, hasta que salimos arriba y recogimos el ganado, eran 50 reses, bajamos al Pital con el ganado y ahí estaba P. y G. o Gr., era un man que era de la guerrilla pero trabajaba con el C.; y llevamos el ganado hasta el puesto de monta de La Palma, y ahí lo recibió P. y P. le entregó el ganado al C.; porque era el encargado de los paramilitares y de ahí para adelante no sé nada”(49).

Asimismo, respecto a la reacción que adoptó cuando supo que el ganado era robado, el demandante manifestó:

“me fui a las cuatro de la tarde para la casa, porque me tocaba presentarme el sábado en Yacopí, y yo fui y le comenté a R., por teléfono que me tocaba presentarme en la fiscalía por lo del ganado el día lunes a las ocho de la mañana, y El (sic) me dijo que esos maricas no saben hacer una vuelta, y no mas (sic) y me dijo preséntese, y yo me presenté a las ocho de la mañana en la fiscalía de La Palma, y ahí el fiscal me citó para el jueves, y ya el jueves cuando yo llegué ya tenía arreglado eso, o sea el C. arregló eso, no sé qué haría, cuando yo llegué a presentarme me dijeron que ya dejara así, que ya estaba arreglado, y ya no me tocó presentarme más”(50).

Igualmente, para concluir la diligencia se cuestionó a R. M. H. sobre su relación con C. J. R. alias el C., ante lo cual respondió: “nada de relación, El (sic) era el que mandaba en los paramilitares”.

Finalmente, en la ampliación de indagatoria realizada el 20 de febrero de 2007(51) por R. M. H., este reiteró el incidente ocurrido con el ganado reportado como robado, dijo que “eso fue en el año 2003”(52), época en la que aún era integrante de los paramilitares, “porque todavía no me había desmovilizado de las autodefensas ya que me desmovilicé el ocho (8) de diciembre del año dos mil cuatro (2004)”(53), de manera que “yo lo llevé del Pital a La Palma y era militante paramilitar y actué como paramilitar en ese hurto”(54).

Dados los medios probatorios que antes se especificaron, y aunque la justicia penal no tuvo medios probatorios suficientes para proferir resolución de acusación en contra de R. M. H., ello no quiere decir que, per se, se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no pueden pasarse por alto los comportamientos adversos desarrollados por el demandante, como el de concertarse con personas integrantes de grupos al margen de la ley a fin de cometer delitos; quien admitió no solo su colaboración con estos grupos insurgentes, sino además el conocimiento de que aquellos eran paramilitares, tal y como quedo expuesto en el relato que hizo de su participación en el transporte de ganado que fue hurtado, y en el cual expresó “Yo lo hice porque nos ofrecieron doscientos mil pesos entre cuatro, es que yo no los conozco por el nombre era P.; J. y otro hermano y J. el hijo de A. V. Ese ofrecimiento lo hizo F. V.”(55).

Aunado a ello, además del transporte del ganado, el hoy demandante omitió acudir ante las autoridades y denunciar lo ocurrido, por el contrario, cuando fue citado en razón a estos hechos acudió a miembros de los grupos ilegales - paramilitares para que le ayudaran a solucionar, porque conocía de la ilicitud de sus actos cometidos y sabía que el ganado era de la güerilla. De manera que R. M. H. asumió el riesgo al desarrollar actividades ilegales en coparticipación con grupos al margen de la ley - paramilitares.

Dicho de otra manera, la Sala encuentra demostrado que R. M. H. (hoy demandante) ejecutó actividades ilícitas bajo las ordenes y perteneciendo al grupo subversivo de los paramilitares, empero aun cuando aquel decidió reinsertarse a la vida civil, los hechos causales de investigación ocurrieron en vigencia de su auge delictivo, al punto que el mismo demandante aceptó su presencia y participación en el transporte del vacuno de procedencia aparentemente hurtada.

En este orden de ideas, debe preverse que en el caso de autos se vislumbra, más que una actuación culposa del demandante, una clara intención dolosa - maliciosa, infractora e ilegal de quebrantar el ordenamiento penal, pues para la época de la ocurrencia de los hechos conocía y era consciente de las actividades delincuenciales de las que era participe, así como de las consecuencias que ellas le generarían, es decir, el aquí demandante debe responder por sus mismo daños, y en virtud de ello no cabe razón al demandante para su petitium demandatorio.

Dadas las particularidades del presente caso y los elementos de prueba a los cuales se hizo alusión, está demostrada en el expediente la conducta dolosa y exclusiva de la víctima —R. M. H. en el acaecimiento del daño— privación injusta de la libertad, por lo que no es posible endilgarle responsabilidad a la entidad demandada.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el ente investigador, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de concierto parta delinquir, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque la justicia penal precluyó la investigación penal adelantada en contra del demandante, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada. 

En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección tercera - Subsección C - Descongestión, por las razones aquí expuestas.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

19 Obra declaración extra procesos de C. R. B. y B. A. T. (Fls.5-6 C.3)

20 Con relación a las declaraciones extra proceso, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de noviembre de 2014. Exp.: 27.578 y de 27 de agosto de 2015. Exp.:48.995 “El artículo 298 del C.P.C. taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación. Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. (…) No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”. En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de la declaración extra proceso sobre la cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate, también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo, dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos sobre el simplemente formal o procesal”.

21 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (Subrayado fuera de texto).

22 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

23 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

24 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

25 Fls.23 C.2

26 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

27 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p.174.

28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente: 10923.

29 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

31 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

32 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

33 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

34 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

36 Fls. 230 256 C13

37 Fl 230 - 231 C13

38 Fl 64 C13

39 Fls 41 – 93 C8

40 Fls 88 C8

41 Fl 101 C8

42 Fls 5 – 23 C5

43 Fl 23 – 25 C14

44 Fls 180 – 186 C14

45 Fl 23 C14

46 Fl 86 C14

47 Fl 74

48 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

49 Fl 110 C13

50 Fl 110 C13

51 Fls 115 – 116 C10

52 Fl 115 C10

53 Fl 115 C10

54 Fl 116 C10

55 Fl 115 C10