Sentencia 2009-00895 de abril 8 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 08001-23-31-00-2009-00895-01(AC)

Consejera Ponente:

Dr. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Inirida Teresa Torres Carcamo

Demandado: Ministerio de Protección Social y otros

Bogotá, D.C., ocho de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1º establece: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Se advierte de la lectura del escrito de solicitud constitucional que lo que pretende en concreto la actora es que se ordene a las entidades accionadas que a la culminación del proceso liquidatorio de la ESE Redehospital de Barranquilla, sea reintegrada al mismo cargo en otra entidad pública. Así mismo, pretende la actora que se ordene a la agente liquidadora de la citada entidad el pago de las prestaciones sociales e indemnización con fundamento en la convención colectiva de trabajo. Advierte que es sujeto de protección especial del Estado ya que hace parte del retén social debido a su condición de madre cabeza de familia y sus graves quebrantos de salud, porque además, solicita que le brinden el tratamiento que requiere.

Así las cosas, considera la Sala que en el presente caso el problema jurídico consiste en establecer si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para lograr el reintegro de la actora a otra entidad como lo pretende, por tener derecho a permanecer en nómina al hacer parte de lo que la legislación ha denominado el retén social por su condición de madre cabeza de familia y como consecuencia de ese reintegro, se ordene el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

Es preciso advertir que en principio la acción de tutela es improcedente para obtener pretensiones derivadas de una relación laboral, por cuanto corresponde a la jurisdicción laboral dirimir las controversias que puedan surgir de esta, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo de carácter subsidiario.

No obstante, la excepción a esta regla se presenta en el momento en que se logra demostrar que los medios de defensa judicial correspondientes no son suficientes para evitar un perjuicio irremediable por parte de quien acude a la acción de tutela(1).

Ahora bien, la actora reclama la aplicación de los beneficios derivados del retén social, al respecto, la Corte Constitucional(2) ha señalado que estas personas pueden acudir a la acción de tutela para satisfacer sus pretensiones laborales, por cuanto están en condiciones especiales de vulnerabilidad, por tratarse de madres o padres cabeza de familia; disminuidos físicos y mentales o estar próximos a pensionarse. La figura del retén social fue una medida de protección dirigida a personas puestas en condiciones de especial vulnerabilidad, que se implantó en el marco del programa de renovación y modernización de la administración pública.

En virtud de lo anterior, se han determinado unos límites temporales para proteger al grupo de personas que no pueden ser afectadas con la liquidación de una determinada entidad y en consecuencia no pueden ser retiradas de una entidad en liquidación hasta el final de esta, dichos limites se encuentran establecidos en las leyes 790 de 2002(3) y 812 de 2003(4).

No obstante, recuerda la Sala que la Corte Constitucional(5) señaló, respecto al retén social, que su protección tenía como límite la culminación de los procesos de liquidación de las empresas, cuyo término debía contarse desde la fecha en que se decide formalmente liquidar una entidad. Para el caso de la señora Torres Cárcamo, resalta la Sala que el 23 de septiembre de 2009 se declaró la terminación definitiva de la existencia jurídica de esa entidad(6), por lo que no es procedente el amparo de los derechos invocados por la actora toda vez que se insiste que la Corte Constitucional estableció que el retén social con el que se favorecían a los trabajadores con incapacidad física, mental, visual o auditiva, se extendería hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la entidad.

Encuentra la Sala que, como se anotó, el beneficio de retén social operó hasta la terminación definitiva de la ESE Redehospital de Barranquilla, circunstancia que lleva a la supresión automática de los cargos y la consecuente terminación de los contratos.

Teniendo en cuenta lo anterior indica la Sala que la estabilidad laboral reforzada de la que venían gozando los beneficiarios del retén social tuvo vigencia hasta el 23 de septiembre de 2009, fecha en la que culminó el proceso liquidatorio de la ESE Redehospital de Barranquilla, razón por la que no es posible ordenar el reintegro de la actora a esa entidad ni a otra.

Respecto a la pretensión de la actora dirigida a que se ordene a las entidades accionadas la liquidación y pago de sus prestaciones sociales, precisa la Sala que el reconocimiento y pago de las mismas es un derecho de origen legal, reglamentario y convencional que por sí solo no constituye un derecho constitucional fundamental susceptible de amparo a través de la presente acción, además que frente a tal pretensión existen otros mecanismos y procedimientos administrativos y judiciales para su trámite.

Lo anterior por cuanto como se advirtió, la estabilidad laboral reforzada garantizada a la actora en virtud de pertenecer al retén social se limitó al fecha en la que culminó el proceso liquidatorio de la ESE Redehospital de Barranquilla y no se observa que en la actualidad la actora atraviese una situación que configure un perjuicio irremediable en virtud de su desvinculación de la entidad, situación que para la Sala es claro que causa un daño pero el mismo no es irreparable o por lo menos las condiciones de urgencia, necesidad y gravedad que lo caracterizan no se prueban siquiera de manera sumaria en el expediente.

Finalmente, la Sala observa que le asiste razón al tribunal al determinar que las pretensiones de la actora encaminadas a la prestación del servicio de salud, ya fueron objeto de amparo por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla en sentencia de 14 de enero de 2009 y por tanto no puede ser objeto de un nuevo pronunciamiento.

Concluye la Sala que de la actuación de las entidades accionadas no se advierte vulneración de los derechos fundamentales de la actora y en consecuencia se confirmará la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta - Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia de 4 de noviembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, objeto de impugnación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo,

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Perjuicio irremediable: “aquel daño que puede sufrir un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico, siempre y cuando sea inminente, grave, requiera la adopción de medidas urgentes y, por lo tanto, impostergables”. Corte Constitucional, sentencias T-056 de 1994 y T-1496 de 2000, entre otras.

(2) Sentencia SU-389 de 2005.

(3) “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública”.

(4) “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.

(5) C-991 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-993 de 2007 y T-009 de 2008, entre otras.

(6) Según se advierte del informe rendido por la vicepresidente de la Previsora S.A. (fl. 243).