Sentencia 2009-00900 de diciembre 3 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 76001-23-31-000-2009-00900-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: John Edwin Herrera Sandoval

Demandado: Ministerio de Defensa

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El artículo 86 de la Carta Política establece que las personas pueden interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los eventos especificados. Se trata de un mecanismo residual y subsidiario, pues solamente opera en ausencia de otra vía de defensa judicial, salvo cuando se ejerce como mecanismo transitorio con el propósito de evitar un perjuicio irremediable.

Realizadas las consideraciones generales anteriores, la Sala observa que la presente acción se endereza a reclamar protección constitucional de los derechos a la salud, en conexidad con la vida y obtener un concepto de la junta médico laboral sobre el estado de salud del actor a través del cual, se puedan establecer los derechos y prestaciones a que este pudiere eventualmente acceder.

Esta corporación anticipa que la sentencia de primera instancia será confirmada.

Para efectos de sustentar esa decisión es necesario examinar los siguientes aspectos a fin de determinar si la Dirección Nacional de Sanidad del Ejército vulneró o amenazó derechos fundamentales al señor John Edwin Herrera Sandoval.

En primer lugar; es procedente establecer, a partir de las pruebas aportadas, la situación particular en que se encuentra el demandante y que sustenta las pretensiones. Con base en lo anterior, determinar si las razones que la parte demandada aduce para negar la convocatoria de la junta médico laboral, son admisibles o, por el contrario, vulnera alguno de los derechos que alega el accionante u otro de igual entidad.

1. Situación del actor

A partir de las manifestaciones realizadas en la demanda y en el escrito de impugnación contra la misma, se puede establecer que, en efecto, el actor prestó el servicio militar lo que supone que al momento de su incorporación, se encontraba en normal estado de salud física y mental.

Aunque no se hace referencia en la solicitud ni en su contestación, se desprende de los documentos aportados como pruebas por la parte demandante a folios 6 a 20, que el actor ha recibido tratamiento médico siquiátrico en la Clínica de Nuestra Señora de la Paz por orden del Juzgado 14 de Instrucción Penal Militar a raíz de un proceso penal en el que el demandante fue sindicado como autor del delito de homicidio; hecho este que se habría presentado cuando el accionante, estando en servicio activo, dio muerte a uno de sus compañeros.

A pesar de que no se encuentra probado de manera palmaria dentro de la presente acción, sí se infiere de las solicitudes elevadas por el padre del actor ante la entidad demandada, que en el momento de la comisión del hecho punible de homicidio, John Edwin Herrera Sandoval, padecía una enfermedad siquiátrica que determinó que el Juzgado 6 Penal Militar lo juzgara como inimputable.

2. ¿Es consecuente o no con los derechos fundamentales del tutelante, la negativa de la demandada a convocar a la autoridad médico laboral?

Fundamentó la entidad accionada su negativa a la convocatoria de la junta médico laboral y su oposición al amparo concedido por el tribunal de primera instancia, en que la inexistencia de los respectivos exámenes médicos de retiro obedeció a la propia negligencia e inactividad del interesado para su práctica.

Frente a esa posición y, a partir de lo analizado en el punto anterior relativo a la salud mental del paciente, la Sala considera que la aplicación objetiva que hace la demandada de las reglas del Decreto 1796 de 2000 y sin realizar miramiento a las condiciones particulares de debilidad manifiesta que presenta el solicitante y que determinaron su internamiento en centro médico especializado, no obedece a una evaluación ponderada del derecho a la igualdad pues, no se observa la aplicación diferente de la norma, frente a una persona que debe tratarse en consideración a su patología que la ubica en situación de inferioridad manifiesta.

Esta sección, en una situación similar consideró sobre el tema:

"En síntesis, de acuerdo con el anterior recuento normativo, la práctica de los exámenes de retiro de los soldados profesionales dentro de los dos (2) meses siguientes a su desvinculación es una responsabilidad de las Fuerzas Militares que no pueden eludir, ni siquiera en el evento de que el militar retirado sin justa causa deje de presentarse para tales efectos a los organismos de sanidad militar en dicho término, pues en tal caso, se impone como sanción al uniformado la pérdida de las indemnizaciones a que pudiera tener derecho, y el pago por su cuenta del valor de los respectivos exámenes, pero en ningún caso ello releva a la institución militar del cumplimiento de la referida obligación. Y, emitidos los resultados de los exámenes de retiro, el Director de Sanidad Militar tiene que convocar la junta médico laboral para que se defina la situación médico laboral del ex soldado profesional, para efectos de determinar si tiene derecho a pensión de invalidez o indemnización conforme al grado de disminución de la capacidad laboral"(1) (Texto resaltado por fuera del original).

Corresponde entonces a la garantía de derecho al debido proceso administrativo del actor, dirigido a orientar una futura actuación administrativa para una reclamación prestacional, que pueda obtener de la junta médico laboral el concepto que establezca las incidencias de su patología para que a continuación, si es del caso, reclame los eventuales derechos prestacionales que se deriven del dictamen rendido por la autoridad competente.

No es de recibo para esta corporación, sustentar la negativa a la convocatoria de la autoridad médica laboral en la prescripción de las prestaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 1796 de 2000.

Lo anterior, por cuanto la prescripción como fenómeno jurídico a través del cual se adquieren o extinguen derechos, puede predicarse solo respecto de quien haya sido titular del derecho pretendido.

Es procedente entonces alegar que ha operado la prescripción extintiva de un derecho, únicamente frente a quien fue su titular pero no frente a aquel que no ha podido acceder a este, como ocurre en el caso del accionante, quien al no ser valorado médicamente por la junta médico laboral, tiene vedada la posibilidad de presentar cualquier reclamación indemnizatoria o prestacional por su estado de salud actual que lo atribuye a secuelas del servicio militar que prestó.

3. La decisión.

En el caso bajo examen no admitir la práctica de evaluación médica impide que se reúna el requisito para solicitar el reconocimiento de un derecho prestacional como sería una posible pensión de invalidez.

Además es necesario tener en cuenta que muy posiblemente las condiciones, al parecer deficitarias de salud mental del actor, fueron la causa de que no se presentara al examen médico de retiro en el plazo señalado en la norma.

Bajo los anteriores razonamientos, la Sala concluye que el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas del señor John Edwin Herrera Sandoval, resulta amenazado en razón a la denegación de de la práctica de examen psicofísico y, en consecuencia, por hallarse, en condiciones de debilidad manifiesta debido a la enfermedad mental que padece, debe garantizarse su derecho a la igualdad respecto a la no aplicación con rigor de las normas que reglamentan la práctica del examen médico que reclama. Por lo tanto se impone a la autoridad pública el deber, como ya atrás se dijo, de concederle en este sentido, un tratamiento diferenciado.

En consecuencia se confirmará la sentencia del 6 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que concedió el amparo al derecho fundamental a la vida del señor John Edwin Herrera Sandoval.

2. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente al de ejecutoria de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia del 28 de mayo de 2009 proferida dentro del Radicado 68001-23-31-000-2009-00126-01. C.P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón.