Sentencia 2009-00901 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 08001233100020090090101

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Nº interno: 18907

Demandante: Luis Carlos Quiñones Quevedo

Demandado: Departamento del Atlántico

Asunto: Acción de nulidad

Fallo

Bogotá, D. C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el departamento del Atlántico, parte demandada en el proceso, la Sala decide sobre la nulidad del numeral 2 del artículo 281 del Decreto Ordenanzal 823 de 2003 – Estatuto Tributario del departamento del Atlántico.

Para el efecto, lo pertinente sería hacer el análisis respectivo sobre los puntos objeto de la litis, esto es, sobre si las entidades territoriales gozan de autonomía para establecer sanciones por infracción de la obligación tributaria(2) y si es pertinente aplicar al caso concreto los principios de proporcionalidad y razonabilidad en materia administrativa sancionatoria(3).

Sin embargo, la Sala advierte que el decreto ordenanzal demandando se expidió con fundamento en la Ordenanza 18 de 2006, “Por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario del departamento del Atlántico (Decreto Ordenanzal 823 de 2003)”.

Mediante los artículos 2º, 3º, 4º y 6º por los cuales se modificaron los artículos 173, 174, 175 y 177 del Decreto Ordenanzal 823 de 2003, la Asamblea Departamental del Atlántico reguló el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la causación de la estampilla pro Hospital Universitario CARI ESE, respectivamente.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2012, declaró la nulidad de los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la Ordenanza 18 de 2006, por considerar que violaban directamente la Ley 645 de 2001 y el artículo 71, numeral 5, del Decreto-Ley 1222 de 1986. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por esta Sección, mediante sentencia del 20 de marzo de 2014(4).

En la providencia del 20 de marzo de 2014, la Sala precisó que la Asamblea Departamental del Atlántico se extralimitó en sus facultades al fijar el hecho generador de la estampilla pro Hospital Universitario CARI ESE por fuera del marco establecido en la ley que la autorizó.

Que, adicionalmente, incurrió en la prohibición señalada en el artículo 71 numeral 5 del Decreto-Ley 1222 de 1986, al imponer un gravamen sobre objetos o industrias gravados por la ley, en este caso, gravados con el impuesto de industria y comercio.

Para esos efectos, la Sala señaló:

(…) el hecho generador de la estampilla previsto en el artículo 3º de la ordenanza demandada lo constituye, en general, cualquier documento que soporte ingresos, que expidan las personas naturales o jurídicas y sus asimiladas en ‘desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios’ (se destaca) en la jurisdicción del departamento. Hecho imponible que guarda identidad con el previsto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 para el impuesto de industria y comercio, toda vez que este recae “sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos” (negrillas de la Sala).

Y concluyó:

(…) si es ilegal establecer como hecho generador de la estampilla pro Hospital Universitario CARI ESE la expedición de facturas, documentos equivalentes y en general, cualquier documento que soporte ingresos, que expidan las personas naturales y jurídicas y sus asimiladas en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en jurisdicción del departamento del Atlántico (art. 3º), la misma suerte deben correr los demás elementos del tributo señalados en los artículos 2º (sujeto pasivo), 4º (base gravable) y 6º (causación) de la ordenanza demandada.

En el presente proceso las partes alegaron, únicamente, que la sanción prevista en numeral 2 del artículo 281 del Decreto Ordenanzal 823 de 2003 violaba los principios de proporcionalidad y de razonabilidad. No se alegó nada respecto a la legalidad de la Ordenanza 18 de 2006.

No obstante, no es del caso hacer un examen sobre la proporcionalidad de la sanción, en tanto que como consecuencia de la nulidad de la Ordenanza 18 de 2006, no es posible determinar si la medida sancionatoria establecida en la norma demandada guardaba proporcionalidad y razonabilidad con la infracción tributaria por no declarar, pues a la fecha ya no existe un referente normativo que regule el tributo a efectos de hacer la respectiva comparación y el análisis pertinente.

Huelga concluir, entonces, que al ser ilegal el hecho generador del tributo cuya omisión genera la sanción por no declararlo, la sanción establecida para estos efectos también deviene en ilegal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

(2) Sobre el particular, consúltese la sentencia del 6 de diciembre de 2012. Rad.: 850012331000200700059 01. Nº interno: 18016. Demandante: Mauricio Alfredo Plazas Vega. Demandado: Municipio de Tauramena. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D. C.

(3) Sobre el particular, consúltese la sentencia del 18 de mayo de 2006. Rad.: 250002327000200101135 02. Nº interno: 13961, y del 10 de noviembre de 2000. Rad.: 25000232700019990715 01. Nº interno: 10870. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D. C.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2014. M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.: 080012331000201000990-02. Nº interno: 20211. Demandado: Departamento del Atlántico. Demandante: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.