Sentencia 2009-00905 de junio 8 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref: Expediente 1100102030002009-00905-00

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil nueve.

Decide la Corte el amparo constitucional pedido por el Centro Médico Valle de Atriz, Empresa Unipersonal, contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.

Antecedentes

Persigue por este medio el accionante la tutela de su derecho constitucional al debido proceso que considera conculcado, por cuanto en la ejecución promovida en contra suya por Ximar Ltda., el tribunal en sentencia de 4 de mayo de 2009 (fl. 265) revocó la del a quo de 1º de septiembre de 2008 (fl. 70) que había dejado sin efecto el mandamiento ejecutivo y dispuesto la terminación del cobro forzado, incurriendo así en vía de hecho, pues, entre otras razones, Óscar Julio Figueroa Medina, suscriptor de las facturas cambiarias de compraventa aducidas como títulos ejecutivos, nunca tuvo poder o representación legal o autorización de la empresa demandada para firmarlas en su nombre, aunque sí colaboraba en la misma como auditor médico, razón por la que ha debido tenerlo como obligado personalmente, máxime si no presentó poder para ello ni el representante de la presunta deudora las ratificó, fuera de que no tienen la constancia de la entrega real y material de las mercaderías ni la identificación completa de las mismas, dado que faltan detalles como la fecha de fabricación y vencimiento, el lote, la referencia y el laboratorio que fabricó los medicamentos objeto de las mismas.

Respuesta de los accionados

Los magistrados dijeron que la Sala analizó suficientemente y de conformidad con la normatividad comercial los documentos base del recaudo coactivo, y que fruto de ese estudio llegó a la conclusión de que los mismos cumplían los requisitos necesarios para ser considerados como títulos ejecutivos.

Consideraciones

1. El amparo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución Política que se dirija a atacar pronunciamientos judiciales solo resulta procedente si los mismos configuran “vía de hecho”, vale decir, cuando el funcionario desatiende el ordenamiento jurídico y actúa guiado por su particular y veleidoso designio, a tal punto que su decisión quebrante o amenace los derechos fundamentales, siempre que el titular de dichas prerrogativas carezca de otros instrumentos expeditos para demandar ante los jueces su rápida y efectiva protección, puesto que, en caso de haber tenido o de tener todavía alguno, la acción tutelar no puede operar, debido a su rígida naturaleza residual.

2. De acuerdo con el concepto expresado en el numeral anterior, en este asunto es evidente la inviabilidad del mecanismo constitucional aquí promovido, teniendo en cuenta cómo, en ejercicio de la facultad autónoma e independiente de que está investida por la Constitución y la ley para la composición de los litigios a su cargo, la Sala accionada en fallo de 4 de mayo de 2009 (fl. 265), realizó una cabal ponderación de las disposiciones llamadas a ser aplicadas para la solución del litigio, así como del conjunto de medios probativos acopiados, que no luce, prima facie, caprichosa o arbitraria, sino circunscrita a la situación de hecho planteada por las partes y a lo evidenciado en el expediente.

Por tanto, la razonada valoración expuesta en el mencionado proveído resulta sostenible frente al ataque impetrado mediante la acción de tutela, circunstancia que torna improcedente aquella pretensión, por cuanto es lo cierto que emana del estudio conjunto de las pruebas recaudadas, acorde con lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, así como de un enfoque jurídico producto del examen de las normas llamadas a regular la situación planteada, juicio que, se reitera, al no aparecer a simple vista antojadizo, en consecuencia no puede alcanzar a vulnerar o poner en peligro los derechos superiores invocados en la demanda de amparo constitucional.

3. Es de verse cómo, para revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, disponer la continuación del cobro forzado, consideró el tribunal, entre otros temas relevantes, una parte de los argumentos que ahora trae la empresa promotora de la tutela para apoyar su pretensión, así como los aspectos directamente ligados a la ejecución promovida en contra de la misma.

En efecto, tras examinar algunas de las probanzas acopiadas, en particular con las declaraciones de Lilian Stella Ordóñez Realpe, Carlos Iván Muñoz Villota, Adriana Soledad Mosquera Ibarra, Óscar Julio Figueroa Medina, Lida Yaneth Campaña y unas facturas emitidas por otros proveedores, resaltó que el gerente de la empresa ejecutada casi nunca firmaba los títulos valores, pues ello lo realizaba era quien recibía la mercancía, según autorización que se concedía verbalmente, porque él permanecía muy poco tiempo en Pasto, sin que existiera una persona específica delegada para suscribirlos, y que las facturas correspondientes a medicamentos de alto costo requeridos de manera urgente eran firmadas por el médico Figueroa Medina, condiciones en las cuales posteriormente eran pagadas a las empresas vendedoras.

El tribunal con esta forma de apreciar la situación dejó entrever que para solucionar el caso recurrió a la hipótesis del inciso 3º, artículo 640 del Código de Comercio, según la cual no podrá proponer la excepción de falta de representación en el suscriptor “quien haya dado lugar, con hechos positivos u omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos [valores] en su nombre”, norma que, observa la Corte, recoge la teoría del error común como fuente creadora de derecho, de la apariencia o del mandato aparente, cuya teleología indudablemente se encamina a proteger la buena fe de los terceros, así como la seguridad en los negocios jurídicos, al tener como real o verdadero un derecho en principio inexistente.

Acerca del sentido y alcance de la mencionada doctrina expuesta por la Corte en la sentencia de 20 de mayo de 1938 (XLIII, p. 49) y reiterada en pronunciamientos de 27 de julio de 1945, G.J. t, LIX; 18 de mayo de 1955, G.J. t, LXXX, página 338; 23 de junio de 1958, G.J. t, LXXXVIII, página 230; 25 de abril de 1960, G.J. t, XCII, página 452; 28 de mayo de 1963, G.J. t, CII, página 99; 17 de febrero de 1964, G.J. t, CVI, página 85; 11 de mayo y 17 de junio de 1964, G.J. t, CVII, páginas 147 y 311; 7 de noviembre de 1967, G.J. t, CXIX, página 283, entre otros, insistió en el último de los citados fallos en que “la máxima error communis facit ius requiere indispensablemente y con exigente calificación probatoria, que se demuestre la existencia de un error común o colectivo, que sea excusable e invencible y limpio de toda culpa y en el cual se haya incurrido con perfecta buena fe”.

Es así como con apoyo en la situación engañosa creada por el Centro Médico Valle de Atriz, se hizo creer al colectivo de empresarios encargados de suministrarle los productos necesarios para el desarrollo de su objeto comercial que cualquiera de sus empleados podía suscribir las facturas cambiarias de compraventa creadas contra la misma, al punto que esa circunstancia no impedía el posterior pago de los respectivos valores, comportamiento que a la vez no les permitía descubrir la falacia, pues era tenido como el modo regular de proceder; por tanto, es claro que en el asunto particular decidido, el tribunal otorgó primacía a la creencia que de buena fe depositó la parte ejecutante en la aparente validez y conformidad de la rúbrica de Óscar Julio Figueroa Medina estampada en los citados documentos, como proveniente de persona autorizada para aceptar los títulos valores base del cobro forzado, sin que fuera indispensable facultad expresa ni escrita para ello, como en forma equivocada lo había considerado el a quo en su sentencia, ya que ninguna alusión hizo a motivo justificativo de un trato diferente en la negociación con Ximar Ltda.

Tal conclusión la reforzó con la valoración de la prueba testimonial que evidenciaba cómo ese médico, cual se indicó antes, era el encargado de firmar las facturas de los medicamentos de alto costo reclamados con urgencia para suministrarlos a pacientes en grave estado de enfermedad, así como en la certificación emitida por el subdirector de seguridad social de Nariño de que en la documentación del Centro Médico Valle de Atriz que allí reposaba, Figueroa Medina figuraba como su director, gerente o responsable.

Fortaleció el tribunal dicho entendimiento con la prueba de que las facturas 1547 y 1562 aportadas como base del recaudo ejecutivo fueron canceladas por Coomeva SPS a la Fundación de Asesorías y Servicios Profesionales Faser y que los pacientes de dicha EPS, a quienes se aplicaron los medicamentos especificados en tales documentos, fueron atendidos en el Centro de Terapias Fasers, ahora Centro Médico Valle de Atriz, dando a entender que la parte ejecutada sí había obtenido beneficios económicos con las medicinas que le suministró Ximar Ltda. y que ahora, en forma ladina y de mala fe, se negaba a pagarle, desconociendo, sin razón, la validez de los instrumentos contentivos de ese crédito.

También concluyó razonadamente el tribunal que los documentos acompañados a la demanda cumplían todos los requisitos para ser tenidos como títulos valores y que, por tanto, ameritaban la continuación del cobro coactivo.

Este es, en consecuencia, uno de aquellos casos donde la Corte entiende que debe hacerse actuar con vigor el principio general de la buena fe, en la medida en que el empresario demandado, por su descuido, ausencia constante de la ciudad de Pasto y falta de diligencia en el manejo de los negocios materia del objeto para el cual fue creado el Centro Médico Valle de Atriz, Empresa Unipersonal, incluso por haber tolerado la situación que se deja descrita, dio lugar a la formación de la apariencia de que cualquier empleado estaba facultado para aceptar en su nombre las facturas cambiarias de compraventa que se creaban a raíz de la adquisición de los productos que necesitaba, siempre que tales mercaderías efectivamente fueran recibidas, a tal punto que el precio era pagado con posterioridad sin ningún reparo, motivo por el que su excepción tocante con la presunta ausencia de representación del médico Figueroa Medina cuando suscribió en su nombre los títulos valores aportados como base de la acción cambiaria ejercida por Ximar Ltda. no merece ser admitida, ni puede ahora excusarse de efectuar el pago forzado exigido, so pretexto de la real falta de autorización para obligarla, pues tal conducta constituiría una auténtica engañifa, que a la postre vendría a menoscabar los intereses de la sociedad vendedora y a desconocer la rectitud de su actuación.

Estas son, por consiguiente, algunas razones que conducen a la Sala a concluir que, ni por asomo, la vía de hecho argüida en la demanda de tutela se estructura ni puede dar lugar al despacho favorable del derecho de amparo formulado, tanto más si ese instrumento no se creó a semejanza de una tercera instancia que permita la revisión integral de la actuación cuestionada.

4. En suma, al no estar demostrada conducta de la Sala accionada que constituya el yerro aducido por la empresa accionante, es claro que no existe causa valedera para dar prosperidad a la protección excepcional pretendida en este trámite, como así se dispondrá.

Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado por el Centro Médico Valle de Atriz, Empresa Unipersonal.

Notifíquese lo aquí resuelto a las partes, y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla

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