Sentencia 2009-00916 de agosto 6 de 2009 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Registro de proyecto: 5 de agosto de 2009

Radicado 760011102000200900916 01

Aprobado según Acta de Sala 081 de la fecha

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil nueve

Objeto del pronunciamiento

La impugnación del fallo de tutela proferido el 18 de junio de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca (1) , mediante el cual declaró improcedente la acción de amparo incoada por el señor Pedro Pablo Cortez Quiñónez contra la gobernación del Valle del Cauca, por supuesta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, mínimo vital, trabajo y dignidad humana.

Hechos y antecedentes procesales

Hechos. El señor Pedro Pablo Cortez Quiñónez, promovió en su propio nombre acción de tutela contra la Gobernación del Valle del Cauca, teniendo como fundamento los hechos sintetizados en la sentencia de primera instancia (2) , los cuales se contraen a que siendo el actor gerente del Hospital de Buenaventura desde el 3 de agosto de 2004 y expirado el período de 3 años, el mismo se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2008 en razón de la Ley 1122 de 2007 que equiparó el período de alcaldes con gerentes de hospital, luego es nombrado en interinidad mientras se definía si se prorrogaba su período o se convocaba a concurso. Entonces, y pese a que presentó la evaluación no se tomó ninguna determinación por falta de capacitación del ministerio del ramo.

Sobrevino entonces la comunicación a él dirigida, donde se le puso de presente que mediante Decreto 1186 del 12 de noviembre de 2008 el gobernador nombró como gerente del Hospital de Buenaventura a la doctora María Leonor Amu Sinisterra, derogando con ello el decreto por el cual se le hizo la designación, sin que a la fecha haya tenido notificación alguna, tampoco ha podido conseguir explicación del tal hecho por parte de la administración departamental y presume, su desvinculación, se debe a factores políticos, pues la nombrada es prima del ex representante a la cámara Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Pretensiones. Con fundamento en los anteriores hechos, solicitó se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, trabajo y dignidad humana, en consecuencia se ordene al gobernador del Valle del Cauca revoque el Decreto 1186 del 12 de noviembre de 2008, por medio del cual se nombró como gerente del citado hospital a la doctora María Leonor Amu Sinisterra, por lo tanto se ordene su reintegro al cargo, aunque sea en provisionalidad.

Admisión. Una vez presentada esta acción de tutela y por llenar los requisitos de ley, en auto del 8 de junio de este año, se admitió la demanda de amparo, dispuso la práctica de pruebas e integrar el litis consorcio necesario (3) , para lo cual se libraron los correspondientes oficios 40 al 45.

Intervenciones. Concurrió a la demanda de tutela la gobernación del Valle del Cauca a través del secretario de recursos humanos, para afirmar que la acción de tutela no está llamada a prosperar, en tanto el acto administrativo ahora cuestionado a través de esta acción de amparo estuvo debidamente motivado, diferente es que quiera el actor poner en entredicho su legalidad alegando la falsa motivación y, para ello es preciso indicar que debió el interesado ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

El actor pretende utilizar este mecanismo para revivir unos términos que dejó vencer para actuar ante lo contencioso administrativo, pues “como regla general, no procede ni el cuestionamiento de la validez de un acto administrativo de desvinculación ni el reintegro a través de la tutela, más cuando el acto administrativo, objeto de la presente acción está motivado; otra cosa distinta es que al accionante no le guste la motivación expuesta por el nominador y no quiera centrar su entendimiento en aceptar que su desvinculación es legítima y legal” (4) .

Tampoco, insiste la institución accionada, se encuentra el actor en situación que le permita la procedencia de la tutela, pues no probó estar en estado de vulnerabilidad que reúna las circunstancias de inminencia, urgencia y gravedad para la existencia de un perjuicio irremediable, como para sustentar la vulneración de derechos fundamentales.

Decisión de primera instancia. Con sentencia del 18 de junio de esta anualidad, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, declaró improcedente la acción de tutela incoada por el señor Pedro Pablo Cortés Quiñónez, contra el gobernador de ese mismo departamento, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, trabajo, mínimo vital y vida digna, decisión que se adoptó en consideración a que “Comoquiera que lo que persigue el accionante es atacar la legalidad del acto administrativo, la vía judicial expedita para ello es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que ante la jurisdicción contencioso administrativa puede adelantar en el término de cuatro meses a partir de la fecha en que el afectado recibió notificación; lo que nos indica la improcedencia de la acción por contar el accionante con un mecanismo judicial idóneo para resolver de fondo el asunto” (...). En lo que tiene que ver con el derecho fundamental a la dignidad humana, que el accionante estima conculcado al no considerar que para la fecha en que se produjo el acto se encontraba incapacitado y no se dio espera al restablecimiento de su salud, es pertinente tener en cuenta tratándose de hechos consumados la tutela no puede restablecer el derecho, como la honorable corte(sic) Constitucional lo ha dicho entre otros pronunciamientos en Sentencia T-758...” (5) .

En conclusión, determinó el a quo como aspectos a considerar para la decisión en comento que la improcedibilidad deviene de la existencia de mecanismo judicial idóneo, falta de inmediatez y la consumación de los hechos que constituyen la vulneración a la dignidad humana.

Impugnación. El actor, inconforme con la decisión de tutela proferida por la Sala a quo, la impugnó, buscando su revocatoria y en su lugar se conceda el amparo deprecado, para lo cual planteó, a manera de resumen tres aspectos como eje central de su inconformidad, a saber:

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por supuesta falta de inmediatez, y contar el tutelante con otros medios de defensa judicial.

2. No haberse considerado en el fallo impugnado la ocurrencia de graves vías de hecho violatorias del debido proceso, que le impidió un reclamo más oportuno a la violación de sus derechos fundamentales.

3. No haber considerado y aplicado la doctrina de la Corte Constitucional que permite la procedencia incondicional de la acción de tutela en forma excepcional cuando se presentan vías de hecho como las relacionadas y demostradas en este caso.

Insiste que fuera de esa comunicación donde se designaba a la nueva gerente del hospital que él regentaba, no se le ha notificado acto administrativo alguno que le permite agotar la vía gubernativa e informa que su desvinculación es violatoria de la Constitución y las leyes, al revocar directamente su nombramiento, en tanto el decreto cuestionado se limita solamente a decretar el nombramiento de la nueva gerente. Alega además lo irregular del nuevo nombramiento en el hecho de ser la doctora Amu Sinisterra prima de un representante a la Cámara, a renglón seguido hace nuevamente la relación en el tiempo sobre la forma de vinculación al hospital en cita, para concluir que su último nombramiento se dio en interinidad mientras se realizaba el concurso de méritos, pero sorpresivamente fue relevado del cargo sin motivación y justificación alguna.

Consideraciones

Competencia. La Constitución Política de 1991 le asignó en su artículo 86 a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.

En tal sentido, la acción de tutela obedece a situaciones específicas y es el juez, quien determina su alcance frente a los hechos esgrimidos por la persona que cree amenazado un derecho fundamental. Además, procede ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Caso en concreto. El asunto sub lite se refiere a la acción de tutela impetrada por el señor Pedro Pablo Cortez Quiñónez contra la gobernación del Valle del Cauca, en búsqueda de protección a sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, trabajo, mínimo vital y dignidad humana, supuestamente vulnerados con la expedición del Decreto 1186 del 12 de noviembre de 2008, por el cual se nombró en su reemplazo como gerente del Hospital de Buenaventura a la doctora María Leonor Amu Sinisterra, lo cual implicó su desvinculación laboral, situación que pone de presente para demostrar no solo la inexistencia de acto administrativo que lo desvincula, también la falta de motivación del aludido decreto.

De la solución de asunto. Lo primero que hace el juez de tutela una vez aclara la inexistencia de vicios precisos de sanear, es determinar si conforme al artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción que se estudia en autos es procedente o no, antes de entrar al fondo del asunto debatido, test de procedibilidad respecto del cual se habilitaría la competencia para amparar o negar la protección de derechos fundamentales, pues de determinarse existencia de causal de improcedencia, se releva al juez constitucional de profundizar sobre el tema objeto de debate.

No se aprecia en el plenario documento alguno que soporte la existencia de perjuicio irremediable, pues la única alusión al respecto es la que hizo el actor frente a la pérdida del empleo que ostentaba como gerente del Hospital de Buenaventura, independiente de esa enunciación no existe una circunstancia probada que pueda evitarle la responsabilidad que le asiste de haber acudido a la instancia de la tutela como lo hacen en este instante, en un término que actualice el principio de inmediatez u oportunidad para no atentar contra la seguridad jurídica, que se materializa cuando quedan en firme las actuaciones de la administración.

Lo anterior, por cuanto mediante escrito de tutela del 5 de junio de 2009, se está atacando el Decreto 1186 del 12 de noviembre de 2008, lo cual implica que el paso del tiempo ha demostrado lo innecesario de la intervención del juez de tutela por la falta de apremio en el titular del derecho invocado para buscar su protección, es decir, la incuria demostrada conlleva a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, no sin antes poner de presente la motivación de ese actos administrativo y la revocatoria de su nombramiento previamente dado, como se extrae del mismo (6) :

“DECRETA:

“ART. 1º—Nombra en interinidad... en cargo de gerente del Hospital Departamental de Buenaventura, empresa social y comercial del Estado, mientras se surte el proceso administrativo de selección para la respectiva designación del Gerente de dicha entidad

(...)

ART. 3º—El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga toda disposición del orden departamental que le sea contraria, en especial el Decreto 0327 de marzo 31 de 2008” (se resalta fuera de texto).

Precisamente el decreto derogado, es el acto administrativo que lo había nombrado igualmente en interinidad, por cuanto la Ley 1122 de 2007 previó que el cargo de los gerentes de las ESE se ejercería solo hasta el 31 de marzo de 2008, interinidad subsiguiente al vencimiento del período que es la que pretende el actor convertir en generadora de estabilidad de derechos laborales.

Retomando entonces el caso frente al test aludido, ha de agregarse la incuria en no demostrar que acudió en el término de ley al juez natural para este tipo de controversias, como es la jurisdicción de lo contencioso administrativo en aras de cuestionar la legalidad de esa actuación departamental, por lo tanto, no es la tutela el mecanismo con la virtud de habilitar unos términos de razonabilidad que implican inmediatez para plantear su inconformidad frente a una decisión de la administración, la cual le afecta directamente, pues cuando se trata de derechos fundamentales, la circunstancia misma de su afectación obliga buscar en forma inmediata, evitar que se continúe su vulneración o que se dé cuando es inminente tal afectación. El transcurso del tiempo en exceso permite deducir lo innecesario de la acción de tutela.

Precisamente frente a la improcedencia por demorar su actuar ante la jurisdicción constitucional, lo cual traduce además en incuria no subsanable por vía de la acción de tutela, ha precisado la Corte Constitucional en la Sentencia T-890 del 2 de noviembre de 2006, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, en cuanto a la oportunidad como requisito de procedibilidad para el ejercicio de esta acción, resaltó:

“Según constante jurisprudencia de esta corporación, el carácter inmediato de la protección que depara la acción de tutela supone que el remedio adoptado por el juez sea de aplicación urgente, por lo cual quien acude al amparo constitucional debe hacer uso del mismo en forma oportuna.

Quiere significar lo anterior, que el juez no está obligado a atender una solicitud de amparo cuando el afectado injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla, pues la inmediatez es consustancial a la protección que brinda la acción de tutela como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales.

Ante la actual ausencia de un plazo para ejercer la acción de tutela y la indeterminación a priori de un lapso en forma general para todos los casos, por vía jurisprudencial se ha establecido la necesidad de que sea ejercida en un plazo razonable, para así permitir que el juez pueda tomar las medidas urgentes que demanda la protección del derecho fundamental vulnerado, término que por ahora debe ser ponderado por el juez en cada situación concreta, atendiendo la finalidad de dicha institución...

Además, es entendido que tratándose de procesos judiciales, por supuesto en cuanto pudiera presentarse una real vía de hecho, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser más riguroso, en comparación con los de otros casos que se llevan ante la justicia constitucional... Según la Corte Constitucional (7) , ‘la inmediatez tiene particular relevancia tratándose de la impugnación de providencias judiciales, porque no puede mantenerse indefinidamente la incertidumbre en torno a la firmeza de las decisiones judiciales’...

Así pues, cualquiera sea la posición asumida sobre el tema, la inmediatez es parámetro inicial obligado para valorar la oportunidad en el ejercicio del amparo constitucional, máxime en los muy excepcionales casos que puede dirigirse contra providencias judiciales, eventualmente constitutivas de verdaderas vías de hecho...

En suma: la oportunidad es un requisito esencial de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela, el cual debe ser verificado por el juez atendiendo las circunstancias fácticas de la situación a definir, debiendo ser especialmente exigente en los eventos en que por medio de este mecanismo se pretende cuestionar decisiones judiciales, dada la necesidad de asegurar la estabilidad del ordenamiento jurídico...” (subrayado y negrilla fuera del texto).

En la Sentencia T-815 del 27 de agosto de 2004, con ponencia del magistrado (e) Rodrigo Uprimny Yepes, se concluyó: “ para determinar la inmediatez del daño como requisito de procedibilidad en las peticiones de amparo, debe analizarse si el actor agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, si la no interposición de la acción de tutela fue debida a razones ajenas a su voluntad y si transcurrió un lapso breve entre la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y el recurso de amparo” (subrayado y negrilla fuera del texto).

De igual forma, en la Sentencia T-222 del 23 de marzo de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández, concluyó que el principio de inmediatez constituye un requisito sine qua non de procedibilidad de la acción de amparo, mientras no exista en el expediente razón o causa válida para justificar la demora en el ejercicio de la acción de amparo.

En cuanto al aludido principio la Corte indicó en aquella ocasión: “De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica...”.

Resaltó que desde sus primeras sentencias, esa Corte ha considerado a la inmediatez como característica propia de este medio judicial de defensa (Sent. C-542/93); que la inexistencia de un término de caducidad no significa que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable (Sent. SU-961/99); que ese plazo se mide por la urgencia manifiesta de proteger el derecho.

Oportuno es afirmar que el respeto por la seguridad jurídica y la efectividad de los derechos fundamentales de los asociados, no puede convertir la acción de tutela en un instrumento que desestabilice el orden institucional, pues mientras no se enerve la presunción de legalidad del acto atacado, el mismo deber surtir los efectos que la misma ley le ha otorgado. Es el principio de inmediatez uno de los instrumentos jurisprudenciales, en desarrollo del mismo artículo 86 de la Constitución Política con el que la Corte Constitucional ha pretendido resolver la tensión existente entre orden y seguridad, entre protección efectiva de los derechos y estabilidad.

Se ha considerado que el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser riguroso, pues fue el mismo legislador —constituyente primario— quien consideró este elemento al regular en el artículo 86 de la Constitución Política la obligación de acudir en forma inmediata al juez de tutela, principio que va en doble vía, en cuanto obliga al juez a proceder en forma inmediata al amparo del derecho que encuentre vulnerado.

Así pues, el plazo razonable no se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que lo determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término, como: 1) la existencia de un motivo válido para la inactividad de los actores; 2) si esa inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y, 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

Circunstancias todas estas ajenas o por lo menos ausentes en el caso de autos, pues ni se mencionó una justificante para el retardo considerable en acudir al juez de tutela, en tanto no es normal que se acuda en aproximados siete meses (7) meses ante el juez constitucional para presentar un hecho supuestamente anormal que le afecta derechos fundamentales, cuando por tener tal rango o carácter son personalísimos y la búsqueda de su protección en el tiempo debe ser consustancial a la naturaleza del mismo.

Son estas las razones que trascienden para que el juez de tutela no le de respuesta fehaciente a todas sus inquietudes, pues de hacerlo avoca el conocimiento del fondo del asunto, cuando ya se determinó que el caso sub lite no sobrepasó el test de procedibilidad, por cuanto se tornaría inconsecuente y contrario a la técnica usual en materia constitucional de tutela, abordar de fondo el cuestionamiento dado por el actor, cuando el test aludido es mecanismo previo en estudiarse a fin de encontrar la existencia de afectación grave a derechos fundamentales.

Por ello, la impugnación referente a que el seccional de instancia hizo caso omiso de precedentes constitucionales para amparar derechos de esta naturaleza, insistir en la falta de motivación del acto administrativo, argumentar el parentesco de su relevo con un representante a la Cámara y alegar su obligatoria permanencia en el cargo hasta tanto se surta un concurso, es asunto que únicamente puede evaluarse si el actor no estuviera incurso en incuria no solo para acudir al juez natural de los actos administrativos, sino a la acción de tutela misma, cuyo paso del tiempo impide que el juez de tutela se pronuncie al respecto

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo impugnado, conforme se motivó en esta providencia.

Previa las notificaciones de ley, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Nancy Ángel Müller—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial

(1) Providencia de Sala dual con ponencia de la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas.

(2) Sentencia que obra a folios 62 y siguientes y en la cual se extrajo el fundamento fáctico con precisión del extenso memorial por el cual incoó el actor la pretensión tutelar.

(3) Integró la litis según auto que obra a folio 39, con el gobernador del Valle del Cauca y como terceros con interés al secretario de salud departamental, secretario de desarrollo institucional, secretario jurídico de la gobernación y la nombrada gerente en el Hospital de Buenaventura doctora María Leonor Amu Sinisterra.

(4) Ver folios a folio 58 el texto de esta trascripción.

(5) Ver sentencia impugnada a folios 62 y siguientes.

(6) A folio 22 se tiene dicho acto expedido por la gobernación que consideró: “Con el propósito de asegurar la debida prestación del servicio del Hospital Departamental de Buenaventura, se hace necesario efectuar el nombramiento de un funcionario para desempeñar el cargo de gerente de la citada institución. Que mientras se surte el proceso administrativo de selección para la respectiva designación del gerente del Hospital Departamental de Buenaventura empresa social y comercial del Estado y con el fin de ajustar la actuación a los postulados del artículo 209 superior, resulta conveniente efectuar un nombramiento en interinidad en un profesional que cumpla con los requisitos y tenga la experiencia para desplegar la actividad encomendada...”.

(7) Sentencia T-013 de 2005 (19 de enero), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

__________________________________