Sentencia 2009-00940 de febrero 1º de 2011 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Sala Dual 4

Rad. 110011102000200900940-01

Magistrada ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: 31 de enero de 2012

Aprobado según acta de la fecha. 011 de la fecha

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Al tenor de lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011 —Reglamento interno de la Sala—, la Sala Dual es competente para conocer del grado de consulta en el presente proceso.

El caso. Se tiene en autos, como se viene anunciando, el proceso disciplinario tramitado contra el abogado José Gregorio Daniel Sabogal Barbos, para conocer o revisar en grado jurisdiccional de consulta, sobre la decisión de primera instancia que lo sancionó con suspensión de dos meses por faltar a la honradez del abogado, en tanto no devolvió o hizo entrega de la suma de $ 1.000.000 recibidos por cuenta del cliente —hoy quejoso—, a quien le giró diez letras, cada una por valor de $ 100.000, sin que se haya logrado su recaudo, pese a que instauró proceso ejecutivo con ese fin.

Solución del caso. Para resolver, se tiene una conducta objetiva consistente en haber recibido la suma de un millón de pesos de la empresa Caninos de Colombia, con destino al señor Euclides Dussán Mesa, por motivo de las prestaciones a que tenía derecho con ocasión de la relación laboral que tuvo con la misma durante un lapso de dos meses, pues habiéndose conciliado desde 1998 ese hecho, tan sólo en el año 2008 le giró las diez letras de cambio por valor de $ 100.000 cada una, sin que se hubiesen cancelados las mismas.

Por esta razón se le hizo responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 35-4, agravada conforme al ordinal c) numeral 4º, de la Ley 1123 de 2007, antes artículo 54-4 del Decreto 196 de 1971, normas en cuyo tenor literal rezan:

Artículo 35, numeral 4º de la Ley 1123. “Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Artículo 54, numeral 4º del Decreto 196 de 1971 “Constituyen faltas a la honradez del abogado:

Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero”.

Artículo 45, Ley 113 de 2007. Criterios de graduación de la sanción, entre ellos, el de agravación, esto es, “La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado”.

La prescripción. Tal como lo razonó la primera instancia y conforme lo tiene previsto la jurisprudencia disciplinaria, tal fenómeno no tiene ocurrencia en el caso de autos, por cuanto la conducta aún se sigue cometiendo, pues tal situación fenoménica inicia su conteo desde cuando se haga entrega por parte del abogado de aquello que no le pertenece y recibió con ocasión del mandato conferido.

Para el caso de autos, se tiene el reconocimiento de ese deber de hacer entrega del dinero al quejoso, cuando en el año 2008 libró letras de cambio para cubrir la obligación, sin embargo, las mismas resultaron impagadas, lo cual motivó el inicio de un proceso ejecutivo para hacerse por parte del señor Dussán Mesa a un peculio que nunca entregó a título traslaticio de dominio al abogado Sabogal Barbosa.

Así las cosas, en consonancia con lo advertido y decidido en primera instancia, frente a la pretensión de declarar prescrita la acción disciplinaria, no tiene vocación de prosperidad el pedido de la defensa ante el a quo.

Ahora, ante la coherencia de la queja y su posterior ratificación, junto con las pruebas aportadas con la misma y las que en el transcurso acopió la instancia, bien puede la jurisdicción pronunciarse en sentido adverso a los intereses absolutorios del disciplinado —aunque este sujeto procesal sólo actuó en recurso de apelación contra la sentencia a-quo, finalmente declarado extemporáneo— y su defensor, por cuanto todo apunta a la demostración de responsabilidad en el acaecimiento de la conducta que se le enrostró de faltar a la honradez del abogado, con la aclaración que la decisión será diferente en punto del agravante endilgado, como se desarrollará en el acápite correspondiente.

El sólo hecho de haber librado el disciplinado unas letras de cambio para ser cobradas por el señor Dussán Mesa, en contraprestación del dinero que recibió de la empresa Caninos de Colombia, su ex empleador, y que tenían como destino su poderdante, a quien le estaban cancelando a título de indemnización la suma de un millón de pesos fruto de esa pasada relación laboral, muestran como cierto el hecho de haber recibido el abogado Sabogal Barbosa tal peculio y no entregarlo conforme al deber profesional al legítimo titular del mismo.

Puede pensarse en cualquier momento que al no tenerse la versión de la empresa —su representante— y del togado inculpado al respecto, quedaría en entredicho la suscripción de esos títulos valores y por ende, la autoría en la conducta antiética; no obstante, se tiene que ante el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, el señor Dussán Mesa —quejoso— demandó ejecutivamente al abogado Sabogal Barbosa, precisamente por las diez letras de cambio que le giró en el año 2008 que resultaron impagadas.

Esa ejecución no puede darse si el abogado no hubiese girado dichos títulos valores, a su vez, ese deber de entregar no se hubiera adquirido por el togado en comento de no existir una obligación pendiente entre ambas partes, no otra que aquella derivada de la no entrega oportuna del dinero recibido en su gestión de medio que realizó ante la empresa para la cual laboró su mandante, con la inconcebible circunstancia que esa gestión profesional fue encomendada desde el año 1998, y tan sólo en el 2008 asumió la responsabilidad a medias, en tanto no hizo entrega del dinero como mandan los cánones de la ética profesional, esto es en forma inmediata, por el contrario, aplazó el cumplimiento del deber en punto de la hacer entrega de aquello que no le corresponde.

No se tiene prueba de ninguna naturaleza que permita deducir que el señor Dussán Mesa consintió la no entrega de ese peculio de parte del abogado Sabogal Barbosa, menos que lo haya dejado para su usufructo por más de ocho años, como tampoco puede afirmarse que por haber recibido las letras de cambio, se mutó la obligación a una situación de índole civil, dejando de ser contrario a la ética, como si se tratara de un consentimiento de tal mutación, por el contrario, ello es configurativo de conducta lesiva del deber profesional, pues no sólo no entregó oportunamente, sino que continuó engañando al cliente con la expedición de títulos impagados.

Aseveración que va de la mano con lo motivado por el a-quo, que al resolver en primera instancia, tuvo en cuenta que “es evidente que el denunciante no tenía una razón diferente para suscribir esos documentos cartulares, que la de la garantizar el pago de unos dineros, que el disciplinado, como su abogado, y en virtud de una indemnización por parte de su antiguo empleador Caninos de Colombia, pero que, a la fecha se ha retraído de hacer la respectiva entrega, lo que al no ser así, ponen en la palestra pública el desarrollo de tan importante mandato que les ha sido confiado y de contera generan desconfianza y concurren con su accionar a desprestigiar la profesión”.

Del agravante. Tal como se anunció en precedencia, la Sala dual revocará la determinación en punto de tal agravante deducido por el a quo, por razones elementales como el hecho de no poder una cosa ser y no ser a la vez, porque si se imputa la utilización de dineros prevista en el artículo 54-4 del Decreto 196 de 1971, como realmente corresponde en este caso, por haberse recibido el dinero para su cliente antes de la vigencia de la Ley 1123 de 2007, siendo en ese entonces un tipo disciplinario principal y autónomo, por ende, no puede ser tipo disciplinario y agravante a la vez.

Así las cosas, si bien el deber de hacer entrega en forma oportuna al cliente del dinero recibido por cuenta de la gestión, persiste en ambas codificaciones, el agravante por no existir en la anterior normativa resulta situación más benéfica para el disciplinado, razón por la cual, no puede serle imputada tal agravación de utilización, que como elemento normativo sólo aparece con la Ley 1123 de 2007.

De la ilicitud. Si bien la Ley 1123 de 2007 pregona la antijuridicidad en artículo 4º podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta se afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario(7).

Quiere decir que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable de ese mismo principio o su equivalente en material penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria(8).

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso que va de la mano del principio de lesividad, pues contrarió en forma grave el deber de actuar conforme la honradez del abogado, que según el artículo 35-4 de la Ley 1123 de 2007, tiene correlación directa con el deber previsto en el artículo 28 numeral 8º de ese mismo estatuto ético disciplinario, sin que sean atendibles las explicaciones de defensa vertidas en este expediente disciplinario. Situación de ilicitud o contrariedad con el deber contemplada en el artículo 47 numeral 4º del Decreto 196 de 1971, donde similarmente se exige a los abogados en ejercicio, actuar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

La sanción. No obstante que no se tendrá en cuenta el agravante deducido para cuantificar la sanción en primera instancia, por las razones antes aludidas, se confirmará la suspensión de dos meses para ejercer la abogacía al Dr. José Gregorio Daniel Sabogal Barbosa, por cuanto la misma se encuentra acorde con los parámetros establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, tal y como se analizó.

Una sanción de censura, como la mínima prevista en esta codificación, no confronta el principio de proporcionalidad entre el impacto de la conducta ilícita, que como tal refiere a deberes profesionales que involucra directamente la ética, aunque se trate de ética normativa como es la referida al ejercicio de la profesión, actuación dolosa como se dedujo en primera instancia, que implica una severidad mayor a dicho mínimo, lo cual resulta igualmente ejemplarizante y acorde al principio de razonabilidad.

Lo anterior, toda vez que el ejercicio de la abogacía requiere ser controlado con la finalidad de lograr la efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, con mayor razón cuando los juristas deben dar ejemplo de honradez en sus diversas actuaciones y en el caso sub lite, la conducta del disciplinado dista de la misión de todo profesional del derecho, cual es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.

Con todo lo anterior y, frente al hecho de estar en presencia de un abogado sin antecedentes disciplinarios, le queda a la segunda instancia limitarse a verificar la legalidad de la actuación, la cual no adolece de vicio que le pueda afectar, pues no sólo se le garantizaron los derechos del disciplinado, sino que la función de debida tipicidad estuvo ajustado a parámetros para ello diseñados, al igual que cada estadio en la estructura de la falta estuvo asistido de valoración adecuada, finalizando en una sanción respetuosa de los parámetros o extremos fijados por el legislador.

Carencia de antecedentes que no necesariamente obliga una rebaja de sanción, porque ante lo reprochable de la conducta, su acontecer doloso y el defraudar la confianza de quien en él depositó sus intereses económicos litigiosos, el mínimo de suspensión legalmente previsto consulta los fines de la sanción, ejemplarizante y preventiva frente a futuros posible trasgresores de la ética profesional.

En mérito de lo expuesto, la Sala Dual 4 Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia consultada, en el sentido de confirmar la sanción impuesta por el a quo al abogado José Gregorio Daniel Sabogal Barbosa, consistente en suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 54-4 del Decreto 196 de 1971, hoy en el artículo 35-4 de la Ley 1123 de 2007, pero no se tiene en cuenta la circunstancia de agravación deducida en primera instancia, tal como se motivó en esta providencia.

Notifíquese, comuníquese, regístrese la sanción en el registro nacional de abogados, para lo cual se le remitirá copia ejecutoriada de esta providencia, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

Devuélvase el expediente al seccional de origen a quien se le comisiona para que cumpla con la notificación personal o en su defecto por las subsidiarias previstas en la ley, para lo cual se le comisiona en forma expresa.

Notifíquese y cúmplase».

(7) Ver sentencias entre otras, Rad. 200801106. 26 de julio de 2010. Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

(8) Ídem.