Sentencia 2009-01010/20786 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Radicación: 05001-23-31-000-2009-01010-01 (20786)

Demandante: Hierros e Inversiones Lafer Ltda. en Liquidación

Demandado: DIAN

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. Notificación de actos administrativos tributarios en zonas rurales. Reiteración jurisprudencial.

Bogotá D.C., julio catorce de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, y de acuerdo con el marco de competencia del juez de segunda instancia, le corresponde a la Sala determinar si el emplazamiento para corregir 110632005000100 del 28 de septiembre de 2005, fue o no notificado en debida forma y en consecuencia, si interrumpió o no, el término de seis meses para que operara el beneficio de auditoría respecto de la declaración privada del impuesto de renta presentada por Hierros e Inversiones Lafer Ltda. por el año 2004.

2. Notificaciones devueltas por el correo en zonas rurales. Reiteración jurisprudencial.

3.1.(sic) Según el artículo 565(6) del estatuto tributario vigente al momento de expedición del emplazamiento para corregir, la notificación de las actuaciones de la administración tributaria puede surtirse i) personalmente o ii) mediante correo.

Tratándose de la notificación por correo, el artículo 566 ibídem, en concordancia con los artículos 563 y 564 id., disponía la entrega de una copia del acto correspondiente, en la dirección informada por el contribuyente a la administración, a) en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, b) en el formato oficial de cambio de dirección, o c) a la dirección procesal informada en el trámite de fiscalización.

Conforme al artículo 555-2 del estatuto tributario, adicionado por la Ley 863 de 2003, el registro único tributario, RUT, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta.

Atendiendo tales disposiciones, solo en aquellos casos en que no se hubiere informado una dirección en el RUT, en la declaración privada, en el formato oficial de cambio de dirección o dentro del procedimiento de fiscalización, resultaba procedente su búsqueda por otros medios, mediante la verificación directa o la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria, según el artículo 563 ib.

La explicación es clara: es el contribuyente el que tiene el deber de informar su domicilio, pues nadie más que él sabe dónde pueden darle a conocer los actos de la DIAN.

3.2. De otra parte, el artículo 568(7) ib., vigente para la época de expedición del emplazamiento, ordenaba que aquellos actos remitidos por correo, que por cualquier razón fueran devueltos, se notificarían mediante aviso en un periódico de circulación nacional.

3.3. Sobre la devolución de notificaciones enviadas por correo a zonas rurales, la Sala ha dicho que corresponde al contribuyente que informa en el RUT una dirección rural a la que no puede acceder el servicio postal, consultar en la oficina de mensajería de la cabecera municipal la recepción de un correo a su nombre.

Esa carga no solo surge del deber específico mencionado, sino del genérico, que deriva de la buena fe —diligencia—, entendida esta como la confianza en que tanto el Estado como los administrados, asumirán una conducta justa, recta, leal y honesta en todas las relaciones sociales y jurídicas.

Por eso, en la sentencia del 27 de agosto de 2009, exp. 16342(8), en la que se discutió un asunto similar al presente, la Sala concluyó(9):

“Cuando se suministra una dirección rural, es un hecho conocido que no hay servicio de correo hasta el predio, por lo tanto es deber de la persona recoger en la oficina de Adpostal en la cabecera municipal la correspondencia. Su conducta negligente al no reclamarla y los efectos derivados de ella, debe sufrirlos quien incurre en ese descuido”.

Así mismo, en sentencia del 6 de marzo de 1998, la Sala precisó que la posibilidad de acceder a la dirección informada por el contribuyente era requisito natural para que la notificación pudiera surtirse en la misma, de ahí que, cuando se trata de direcciones a las que no se tiene acceso, la obligación de la administración se concreta en intentar remitir los actos que deba notificar, y ante su devolución, realizar el trámite subsidiario autorizado por la ley (publicación en un diario de amplia circulación). En esa oportunidad, la Sección indicó:

“Por supuesto, no hace falta que el legislador prevea explícitamente, la asequibilidad de la dirección informada, esto es, que la notificación que, con todo derecho aspira a recibir el declarante, sea normalmente posible, pues la existencia o viabilidad de los supuestos de hecho en que se funda toda pretensión. Es requisito imprescindible para la aplicación y efecto jurídico de la ley(10)”.

3.4. En conclusión, si la devolución de las notificaciones que remite la administración tributaria a zonas rurales, no es atribuible a esta última, como lo es en el caso que se estudia, no puede concluirse que existe indebida notificación. Según ha señalado la jurisprudencia de la Sala que en esta ocasión se reitera, se trata de un “... error o negligencia del administrado, que además de obstruir el procedimiento administrativo de determinación y discusión del tributo, implica la falta de legitimación para desvirtuar la notificación postal(11)”.

Naturalmente que esa circunstancia puede ser desvirtuada por el contribuyente, si demuestra que la falta de notificación no le es imputable, de acuerdo con las pautas señaladas en esta sentencia.

4. Caso concreto.

4.1. En el caso concreto se discute si el emplazamiento para corregir 110632005000100 del 28 de septiembre de 2005 fue o no notificado en debida forma y, por lo tanto, si interrumpió o no el término de ley para que se configurara el beneficio de auditoría respecto de la declaración de renta de Hierros e Inversiones Lafer Ltda., correspondiente al año 2004.

4.2. Para la Sala, de acuerdo con las pautas fijadas en el punto 3) de esta sentencia, la DIAN adelantó el trámite de notificación del emplazamiento de conformidad con las disposiciones del estatuto tributario, pues i) remitió copia de dicho acto a la dirección suministrada por la demandante en el RUT, que es la misma registrada en la declaración privada, tal como lo ordenaban los artículos 563 y 565 del estatuto tributario, en concordancia con el 555-2 ib., esto es, a la finca La Alquería, en zona rural del municipio de Venecia, Antioquia(12), ii) una vez fue devuelta por encontrarse en un área fuera de cobertura de la empresa de mensajería (Adpostal), realizó la publicación en el diario Portafolio(13), de acuerdo con lo que al respecto señalaba el artículo 568 ib., y iii) no aparece ninguna prueba que acredite que tal circunstancia no es atribuible al contribuyente.

No puede perderse de vista, que la devolución del correo no obedeció a razones imputables a la demandada, en tanto que, como se precisó anteriormente, los contribuyentes que informan una dirección rural en el RUT tienen el deber de consultar en la oficina postal ubicada en la cabecera municipal sobre la existencia de correos a su nombre.

De lo contrario, se trasladaría a la administración tributaria una carga que corresponde al contribuyente. Recuérdese que la obligación de recoger la correspondencia en el lugar designado para tales efectos en los centros urbanos de las áreas rurales no se predica exclusivamente de los asuntos tributarios, pues esta es común a todo tipo de correos, v. gr. los de índole personal. De manera que no se trata de una carga extraordinaria o materialmente imposible de cumplir.

4.3. Dicha carga, se insiste, se configura por una circunstancia especial: la indicación de una zona rural inaccesible como domicilio para efectos de las notificaciones de la administración tributaria. Tal condición hace que la carga probatoria en estos casos no recaiga exclusivamente en la autoridad, de manera que corresponde al contribuyente acreditar que cumplió con el deber de verificar el correo en la oficina postal municipal o que, en todo caso, pese a no haber sido diligente en el cumplimiento de esa obligación, obró de buena fe.

Ese deber —obrar de buena fe—, supone que el contribuyente actúe de forma consistente durante todo el trámite administrativo, de manera que, si afirma haberse enterado por medio de la publicación de un aviso acerca de la existencia de determinado acto, y en consecuencia, presenta su oposición, así mismo obre respecto de los demás actos que se profieran en curso del mismo procedimiento administrativo.

No obstante, en el caso concreto se constató que a pesar de que la notificación de los actos proferidos durante la fiscalización que realizó la DIAN respecto de la declaración de renta del año 2004, se hizo de la misma manera (primero por correo y ante su devolución, por publicación en un diario), asunto que no es objeto de discusión, Hierros e Inversiones Lafer Ltda. se pronunció respecto de algunos, en tanto que guardó silencio en relación con otros.

Nótese que el emplazamiento para corregir, cuya notificación se surtió en idéntica forma al requerimiento especial (publicado una vez fue devuelto por el servicio postal), fue conocido por la demandante y contestado dentro del término de ley, para solicitar que se declarara prescrita la facultad de la administración de modificar la liquidación privada.

4.4. Adicionalmente, en el caso concreto, tal deber —verificar la correspondencia—resulta indiscutible, toda vez que:

i) Respecto de la declaración privada del impuesto de renta, el contribuyente esperaba que se configurara el beneficio de auditoría, de manera que durante los seis meses siguientes a su presentación, era su obligación estar presto a consultar la existencia de correos en los que se notificara alguna decisión en relación con el denuncio rentístico privado.

ii) La gerente y la subgerente de la empresa estaban enteradas de las investigaciones que realizaba la DIAN en relación con la declaración de renta del año 2004, pues fueron citadas mediante oficios de agosto 12 de 2005, para que informaran acerca de las actividades realizadas por la actora durante dicho periodo gravable, y estas atendieron la citación mediante apoderado judicial(14).

Por lo dicho, no puede afirmarse que la existencia de correspondencia proveniente de la DIAN, relativa a la declaración de renta objeto de discusión, fuese un asunto que la demandante estuviera en imposibilidad de prever y que, por lo tanto, resultara absolutamente desproporcionado exigírsele verificar de manera periódica la llegada de correos a su nombre.

4.5. Lo anterior significa, que a diferencia de lo que se concluyó en primera instancia, la administración sí agotó en debida forma el trámite de notificación personal.

Además, las sentencias a las que hizo referencia el a quo, relativas al deber de buscar en otras fuentes de información la dirección del contribuyente, no son aplicables al caso concreto, pues se trata de supuestos distintos.

En efecto, el tribunal se refirió a las sentencias proferidas en los procesos 12451, 15411 y 18577, en las que se precisó el carácter excepcional que tiene la notificación por aviso, pues esta supone que se agote en debida forma la notificación personal o por correo; afirmación que, valga aclarar, se reitera en esta oportunidad.

No obstante, la conclusión en este caso varía en relación con la decisión adoptada en tales pronunciamientos, pues como ya se advirtió, la administración sí adelantó el trámite de notificación por correo de conformidad con la ley, a diferencia de lo que se determinó en las sentencias citadas por el a quo.

La primera de ellas, del 23 de noviembre de 2001(15), declaró la nulidad de los actos que impusieron sanción por no informar, fundada en el hecho de que la DIAN envió el pliego de cargos a la dirección antigua del contribuyente, pese a que este había informado con antelación el cambio de la misma.

En la segunda(16) se discutió la legalidad de los actos en los que se impuso sanción por no enviar información, y la Sala declaró su nulidad porque concluyó que existieron irregularidades en el trámite de notificación, habida cuenta de que los actos anteriores a la resolución sanción sí fueron recibidos por la demandante en la dirección informada por esta, y aun así, aquella fue devuelta, presuntamente por la causal “no reside”.

Finalmente, en la sentencia dictada el 2 de agosto de 2012 dentro del proceso 18577(17), se declaró la nulidad de la liquidación oficial de revisión demandada, porque el error en la notificación por correo era atribuible a la DIAN, toda vez que esta envió el acto acusado a la dirección procesal informada por el abogado de la demandante, pero la rotuló con el nombre del poderdante. De manera que, fue devuelta pues ese no era el domicilio de la empresa contribuyente.

A diferencia de lo dicho por el a quo, el precedente invocado por la DIAN(18), sobre la notificación en zonas rurales, reiterado en esta providencia, sí es aplicable al caso concreto, toda vez que se trata de los mismos supuestos de hecho y de derecho: la devolución de correos para notificar decisiones de la autoridad tributaria, por problemas de cobertura del servicio postal en zonas rurales y el correlativo deber del contribuyente de verificar la llegada de mensajería a su nombre.

El elemento que permite predicar su aplicación radica en que se trata de la notificación en zonas rurales, amén de que en dicho precedente no se dijo nada respecto de que “no se contaba con ningún otro tipo de información que permitiera la ubicación del sujeto pasivo de la obligación tributaria”, pues ese aspecto no fue objeto de pronunciamiento alguno(19).

Precisado todo lo anterior, es claro que la DIAN estaba habilitada para acudir a la notificación subsidiaria, que se reitera, se surtía mediante la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional.

4.6. Ahora bien, sobre la circulación de diarios, esta Sala ha precisado que la cobertura hace referencia a la disponibilidad de los mismos, de tal forma que las personas en diferentes lugares del país pueden acceder a estos, y no necesariamente que lleguen a todos los puntos de la geografía nacional, pues la redacción de la norma no impone dicha condición(20).

En particular, acerca del periódico Portafolio, ha señalado que este se cataloga como de amplia circulación nacional, pues “pertenece a la Casa Editorial El Tiempo y utiliza su red de comercialización en los diferentes lugares donde circulan conjuntamente con otras publicaciones, con lo cual, se asegura la distribución del periódico de forma continua y masiva en los lugares donde se distribuye. Por lo tanto, se concluye que la publicación por aviso de la liquidación oficial de revisión se ajustó al artículo 568 de estatuto tributario(21)”.

Por lo tanto, la publicación hecha en dicho medio es válida, en tanto cumple con las condiciones fijadas por el artículo 568 del estatuto tributario.

Ahora, según el artículo 568 ib., la notificación para efectos de los términos de la administración, se surte desde la introducción al correo del respectivo acto, que para el caso en examen acaeció el 28 de septiembre de 2005.

Así las cosas, el emplazamiento para corregir 110632005000100 del 28 de septiembre de 2005 fue notificado en debida forma y, por lo tanto, interrumpió el término de firmeza(22) previsto por el artículo 689-1 del estatuto tributario como consecuencia del beneficio de auditoría. En esas condiciones, la administración era competente para modificar la liquidación privada mediante la liquidación oficial de revisión demandada.

4.7. En vista de que el recurso de apelación contra el fundamento de la decisión atacada prospera, la Sala se pronunciará sobre los cargos restantes (configuración de un acto ficto y notificación extemporánea de la liquidación oficial de revisión), a los que no se refirió el juez de primera instancia, en tanto consideró que se había logrado desvirtuar la legalidad de los actos demandados por la notificación indebida del emplazamiento para declarar, y en ese orden, se relevó de analizar los demás planteamientos de la demanda.

Todo, porque aunque no fueron objeto de la apelación, no puede perderse de vista que los mismos fueron planteados por el demandante, que no apeló porque no tenía interés para recurrir, toda vez que la sentencia le fue favorable.

4.7.1. De la notificación extemporánea de la liquidación oficial de revisión.

4.7.1.1. Para la demandante, la liquidación oficial de revisión se notificó por fuera del término que dispone el artículo 710 del estatuto tributario(23) para el efecto, porque el requerimiento especial fue introducido al correo el 16 de abril de 2007, de manera que el plazo para contestarlo terminaba el 16 de julio del mismo año.

A partir de ese momento se computaban los seis meses que tenía la DIAN para notificar la LOR, esto es, hasta el 16 de enero de 2008. No obstante, la demandada expidió e introdujo al correo la liquidación oficial de revisión el 24 de enero de 2008.

4.7.1.2. El cargo no prosperará, por las siguientes razones:

De acuerdo con el artículo 710 del estatuto tributario, en armonía con el 707 ib., la liquidación oficial de revisión puede ser notificada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial, que es de tres meses, contados a partir de su notificación.

Por su parte, el artículo 568 ib.(24), prevé que cuando la notificación de las actuaciones de la autoridad tributaria se haga mediante aviso en un diario, esta se entiende surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso.

De manera que, para establecer si la liquidación oficial de revisión 110642008000008 fue notificada en el término de ley, es menester precisar que el cómputo del término para dar respuesta al requerimiento especial, debe hacerse a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso en el periódico El Tiempo, que tuvo lugar el 3 de mayo de 2007(25), en vista de que este, al igual que el emplazamiento para corregir, fue notificado mediante publicación porque la empresa de servicio postal no tenía acceso a la dirección rural informada por la contribuyente.

En esas condiciones, los seis meses para notificar la liquidación oficial de revisión empezaban a contar desde el 6 de agosto de 2007(26); luego, estos finalizaban el 6 de febrero de 2008.

La liquidación oficial de revisión fue proferida el 24 de enero de 2008, y ese mismo día fue introducida al correo(27).

Se reitera que conforme al artículo 568 del estatuto tributario, la notificación por aviso, para efectos de los términos de la administración, se surte desde la introducción al correo del respectivo acto, es en esa fecha que se entiende notificada la liquidación oficial.

De lo anterior se impone concluir, que esta no fue extemporánea, comoquiera que fue anterior al 6 de febrero de 2008.

4.7.2. De la configuración del silencio administrativo positivo en el caso concreto.

4.7.2.1. La actora afirma que la falta de respuesta a la solicitud que presentó con oportunidad de la respuesta al requerimiento especial, para que se declarara la prescripción de la acción de fiscalización, dio lugar a un acto ficto positivo, protocolizado en la escritura pública 344 de febrero 18 de 2008.

El cargo no prosperará porque es claro que en este caso no se configuró el silencio administrativo positivo, por las razones que pasan a explicarse:

4.7.2.2. Las solicitudes que se hacen en respuesta al requerimiento especial no son peticiones independientes y autónomas, respecto de las cuales se produce la figura del silencio administrativo. En estricto sentido, son consecuencia natural de la defensa y oposición que hace el contribuyente frente a las glosas de la administración.

En este caso, Hierros e Inversiones Lafer Ltda. consideraba que la DIAN no era competente para variar su liquidación privada, porque esta gozaba del beneficio de auditoría y, en consecuencia, pidió que la autoridad cesara la acción de fiscalización en su contra, como parte de su defensa frente al requerimiento.

4.7.2.3. El silencio administrativo es, por regla general, negativo. En asuntos tributarios existe una norma especial que trata el silencio de la administración como una decisión en favor del contribuyente, pero solo cuando no se resuelven los recursos de sede administrativa en el término de ley, esto es, en un año contado a partir de su interposición en debida forma(28).

En este caso, la prescripción de la acción de fiscalización se solicitó con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, no de la presentación un recurso, por lo tanto, se trata de un supuesto diametralmente diferente al de las normas de silencio administrativo en el estatuto tributario.

4.8. En conclusión, la Sala revocará los ordinales segundo a quinto de la sentencia de primera instancia, que declararon la nulidad de la liquidación oficial de revisión 110642008000008 y la Resolución 900023, y ordenó la devolución de lo pagado en cumplimiento de dichos actos, porque la administración sí era competente para modificar la declaración privada, en vista de que frente a la misma no se perfeccionó el beneficio de auditoría. En su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, se REVOCAN los ordinales segundo a quinto de la sentencia del 30 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar,

2. Se NIEGAN las pretensiones de la demanda.

2. Se CONFIRMAN los ordinales primero y sexto de la sentencia apelada.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6 “ART. 565.—Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación”.

7 “ART. 568.—Las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

8 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

9 En el mismo sentido ver sentencias del 10 de octubre de 2007, exp. 15601. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 9 de octubre de 2003, exp. 10506, C.P. Germán Ayala Mantilla; diciembre 1º de 1994, exp. 6095, C.P. Consuelo Sarria Olcos; y del 23 de agosto de 1996, exp. 7759 y 2 de julio de 1999, exp. 9234, ambas con ponencia del consejero Delio Gómez Leyva.

10 C.P. Julio Correa Restrepo. Actor: Electrobello vs. DIAN. Se trataba de un caso similar al presente, en el que se discutían los efectos de la notificación realizada en una finca en zona rural del municipio de Chocontá. Aunque en esa ocasión se remitió la citación para que el apoderado se presentase a recoger el respectivo acto y se notificara personalmente del mismo, el precedente es aplicable, tal como expresamente se reconoció en la misma sentencia, al señalar que “... de conformidad con el artículo 565 citado, la notificación de la liquidación oficial, entre otras actuaciones administrativas, puede hacerse, indistintamente, por correo o personalmente’: resulta perfectamente claro que las dos formas de notificación se hallan en el mismo nivel de eficacia, sin que sea viable distingo alguno, relativo a la mayor ‘perfección” de una forma sobre la otra, porque el legislador no lo hace.
Conclusión necesaria, por ende, es la de que la posibilidad del acceso normal a la dirección informada, se predica, también indistintamente de las dos formas de notificación mencionadas” (subrayas fuera del texto).
En idéntico sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 24 de noviembre de 1995, C.P. Consuelo Sarria Olcos. Actor: Rafael Espinosa Hermanos y Cía. SCA, en la que se había informado la misma dirección en el municipio de Chocontá.

11 Sentencia del 9 de octubre de 2003. Exp. 10506. C.P. Germán Ayala Mantilla.

12 Fl. 25. Cuaderno principal.

13 Fl. 26. Cuaderno principal.

14 Ver folios 27 y 88 del cuaderno de antecedentes.

15 C.P. Ligia López Díaz. Actor: Mario Eduardo Forero Forero vs. DIAN.

16 Sentencia del 6 de marzo de 2008. Exp. 15411. C.P. Héctor Romero Díaz. Actor: Tierra de Colombia Ltda. en liquidación vs. DIAN.

17 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Actor: Compañía Colombiana de Tabaco S.A., Coltabaco vs. DIAN.

18 Sentencia del 27 de agosto de 2009, Exp. 16342, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

19 En la sentencia no existe referencia alguna a dicha circunstancia.

20 Cfr. Sentencia del 5 de diciembre de 2011. Exp. 18325. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

21 Sentencia ib.

22 El 7 de octubre de 2005, era el plazo máximo que tenía la administración para notificar el emplazamiento para corregir.

23 “ART. 710.—Término para notificar la liquidación de revisión. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso, la administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello.
Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior se suspenderá por el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante el término se suspenderá mientras dure la inspección.
Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante dos meses”.

24 Tal como fue modificado por la Ley 1111 de 2006.

25 Fl. 103 cuaderno de antecedentes.

26 Los tres meses finalizan el 4 de agosto de 2007, pero en vista de que ese día no fue hábil, se corre el término hasta el día hábil siguiente, esto es, el 6 de agosto.

27 Fl. 68. Cuaderno principal.

28 Artículos 732 y 734 del estatuto tributario.