Sentencia 2009-01066 de junio 25 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-02-03-000-2009-01066-00

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil diez.

La Corte decide la demanda de exequátur formulada por Neysa María Julie Pérez Ghisays para la sentencia de 27 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Número 22 de Madrid (España), decisión mediante la cual se declaró la disolución por divorcio del matrimonio canónico celebrado entre la demandante y Mario Antonio Correa Prados.

Antecedentes

1. Neysa María Julie Pérez Ghisays —ciudadana colombiana— y Mario Antonio Correa Prados —de nacionalidad española—, contrajeron matrimonio canónico el 27 de junio de 1987, en la parroquia ‘Inmaculado Corazón de María’ de Madrid (España), acto que fue registrado ante el consulado de Colombia en la ciudad de Madrid, e inscrito el 10 de enero de 1990 en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena.

2. Del matrimonio nacieron dos hijos, de nombres Araceli María Correa Pérez y Julie Correa Pérez.

3. Posteriormente, Mario Antonio Correa Prados promovió demanda de divorcio contra Neysa María Julie Pérez Ghisays, petición que fue acogida por el Juzgado de Primera Instancia Número 22 de Madrid (España), mediante la sentencia de 27 de mayo de 2008. Según la peticionaria del exequátur, la causal reconocida en el fallo extranjero fue el “mutuo consentimiento logrado dentro del procedimiento inicialmente contencioso” (fl. 27).

4. Adujo la peticionaria que el referido fallo no versa sobre bienes situados en territorio colombiano, ni se opone a las leyes o disposiciones nacionales de orden público, pues el divorcio vincular está instituido en las leyes 1ª de 1976 y 25 de 1992; además, agregó, la sentencia se encuentra en firme acorde con las leyes del país origen, no existiendo en Colombia proceso en curso, ni fallo ejecutoriado sobre el mismo asunto.

5. Admitida la demanda, mediante auto del 24 de junio de 2009 (fl. 32), de ella se dio traslado a los procuradores delegados para la defensa de la familia (fl. 33) y para asuntos civiles (fl. 34), también se notificó a Mario Antonio Correa Prados por conducta concluyente (fl. 52). Enseguida se decretaron las pruebas del proceso (fl. 58), y se corrió traslado para alegar (fl. 84).

Consideraciones de la Corte

1. La facultad soberana de administrar justicia en el territorio nacional implica que solo las sentencias de los jueces y árbitros del Estado colombiano tienen efectos jurídicos plenos, regla general morigerada dentro del contexto de la globalización como consecuencia práctica del constante flujo de personas y bienes, fenómenos que exigen acoger en el ordenamiento interno las decisiones judiciales y los laudos arbitrales extranjeros, a condición de que tanto la solicitud como esas providencias cumplan cabalmente con los requisitos legales.

El artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, dispone que las sentencias foráneas tendrán en Colombia la misma fuerza que otros ordenamientos jurídicos reconocen allí a las providencias expedidas por los jueces nacionales, sea que el dicho reconocimiento provenga de la celebración de tratados internacionales (reciprocidad diplomática), o de la normatividad extranjera de la cual provenga la decisión cuyo exequátur se solicita (reciprocidad legislativa).

La Corte ha dicho que los fallos dictados por jueces de otros Estados producen efectos en el territorio colombiano, en la medida en que exista “un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, que es lo que se conoce como reciprocidad diplomática. En su defecto, lo que al respecto prevea la ley foránea o la práctica judicial imperante, fenómenos que en su orden se denominan reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho. Adicionalmente, en cualquiera de esas eventualidades, para que los efectos jurídicos de los fallos extranjeros se extiendan en el territorio patrio, es necesario de la concesión del exequátur, mediante sentencia que se dictará una vez agotado el trámite previsto en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 694, ibídem, y en el tratado, en la ley o en la jurisprudencia respectiva” (sent. exequátur de jun. 27/2003, Exp. 148, reiterada en sent. exequátur de jun. 29/2004, Exp. 00225-01).

Viene de lo anterior que hay una doble modalidad para obtener el reconocimiento de una decisión judicial foránea en el ámbito patrio; el primero, subordinado a los tratados y otros instrumentos internacionales suscritos entre Colombia y el país donde se emite el acto jurisdiccional para el cual se pide el exequátur —sistema conocido como de reciprocidad diplomática—, mientras que el segundo, de suyo subsidiario, atañe al sistema de reciprocidad legislativa, en el que se mira si las sentencias de jueces colombianos tienen acogida en el país extranjero cuyas autoridades profieren el fallo cuya vigencia interna se solicita.

2. Ahora bien, las normas que regulan el matrimonio en el Código Civil Colombiano, están fundadas, a no dudar, sobre el deseo de proteger a la familia como núcleo esencial de la sociedad.

En ese sentido, el legislador ha querido que la familia surgida con ocasión del vínculo matrimonial tenga vocación de perdurabilidad, atendidas las múltiples relaciones que de ella se derivan para la sociedad, para la pareja y para los demás miembros, principalmente los hijos habidos. Sin embargo, consciente ha sido el legislador de que si bien “el matrimonio se contrae para toda la vida” y “los esposos se comprometen en unión perpetua”, de todas maneras “quien dice perpetuidad no dice necesariamente indisolubilidad. La unión de un hombre y una mujer, que debería ser una causa de paz y concordia, una garantía de moralidad, a veces no realiza su fin. La vida en común llega a ser imposible, se rompe, o bien si continúa, el hogar se convierte en un foco de disgustos; en una causa permanente de conflictos. Es un problema que resulta de las pasiones y debilidades humanas. Se trata de una situación de hecho que el legislador obligatoriamente debe tomar en cuenta, porque es responsable del orden y las buenas costumbres; debe intervenir...”(1).

Por ello, el ordenamiento jurídico nacional, a partir de la Ley 25 de 1992 admitió la pérdida de efectos civiles del matrimonio católico, equiparándolo en lo atinente a esa materia, a las uniones de carácter civil, que desde la expedición del Código Civil y más adelante con las modificaciones de la Ley 1ª de 1976, podían ser objeto de divorcio.

Sin embargo, la normatividad en ningún momento ha dejado al libre designio de alguno de los cónyuges la facultad de romper la unión así conformada, sino que, por el contrario, propendiendo aún por la protección familiar, estableció un sistema de causales que restringen la posibilidad de que el matrimonio se acabe por la decisión unilateral del marido o de la mujer, de modo que existen limitaciones de carácter legal —por supuesto, de orden público— que han de ser atendidas en esa materia.

Bajo esa consideración, el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio procede, según el caso: a) solo en los casos taxativamente señalados en el artículo 154 del Código Civil, b) previa demostración de la hipótesis fáctica en que se funda la respectiva causal; c) en algunos eventos, probando la culpa del demandado; d) solo cuando lo solicita el cónyuge que no ha dado lugar a los hechos alegados y, e) cuando se pide dentro de los términos contemplados en el artículo 156 ibídem.

3. Sucede, empero, que existen otras legislaciones no se basan en un sistema de causales de divorcio, sino que, como ocurre en España, es posible declarar judicialmente el divorcio “cualquiera sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro...”. La norma transcrita, que corresponde al artículo 86 del Código Civil Español —modificado por la L. 15/2005—, en armonía con el artículo 81 ibídem, precisa como único requisito para solicitar el divorcio que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio, a no ser que exista riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, casos en los cuales ni siquiera es preciso esperar ese lapso.

4. Al comparar esa preceptiva con la regulación nacional, se concluye que en principio los dos regímenes solo son compatibles cuando se trata de la solicitud de terminar el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo de los cónyuges, porque las demás formas de pedir el divorcio en España, no acompasan con las causales del Código Civil Colombiano, en especial porque las foráneas no tienen el carácter tuitivo que inspira a las del derecho patrio. A diferencia de lo que aquí sucede, en España es posible que baste la manifestación unilateral de uno de los cónyuges para romper el vínculo matrimonial, sin que se analice la realización de hechos o actos culposos, la legitimidad para alegarlo o la pérdida del derecho a pedir el divorcio por el paso del tiempo.

En esas condiciones y atendiendo el estado actual de las cosas, para que pueda homologarse la sentencia de divorcio proferida por las autoridades jurisdiccionales españolas, el demandante debe demostrar que el divorcio fue el resultado de la mutua petición de las partes, en tanto que, se repite, esa es la única causa que resulta compatible con la legislación nacional.

5. En el caso que aquí se juzga, encuentra la Corte que la demandante afirmó que el divorcio decretado en la sentencia de 27 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Número 22 de Madrid (España), se produjo por “mutuo consentimiento” de los contrayentes.

Sin embargo, al analizar el referido fallo, se advierte que en él no se precisa cuál fue el motivo que originó el divorcio. De hecho, en la providencia se cataloga el divorcio como “contencioso” y se deja constancia de la citación y contestación de la demandada, lo cual descarta la posibilidad de que la petición haya sido mancomunada.

Por lo demás, la conducta de la demandada en el curso del proceso, esto es, el silencio, la aceptación de los hechos o el allanamiento frente a la pretensión de divorcio, no significa que la causa de terminación del matrimonio haya sido de mutuo acuerdo. Lo que importa a la hora de determinar si la sentencia extranjera es susceptible de homologación, es la hipótesis legal que se invocó para sentenciar el divorcio, pues es a partir de ella, en abstracto, que la Corte debe hacer el examen de compatibilidad con las normas colombianas.

No se demostró, entonces, que el divorcio cuya homologación se pretende sea compatible con los preceptos que regulan en mismo acto en Colombia, circunstancia que, por contera, conduce a denegar la solicitud de exequátur.

En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NEGAR el exequátur de la sentencia de 27 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Número 22 de Madrid (España), decisión mediante la cual se decretó el divorcio del matrimonio canónico celebrado entre Neysa María Julie Pérez Ghisays y Mario Antonio Correa.

Sin costas. Notifíquese.

Magistrados: César Julio Valencia CopeteJaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz RuedaPedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

(1) Planiol Marcel, Ripert Georges, Derecho Civil, Biblioteca Clásicos del Derecho, Editorial Mexicana, México, 1997, Pág. 153.