Sentencia 2009-01104/41991 de junio 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 08001-23-31-000-2009-01104-01(41991)

Actor: A.C.P. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Bogotá D.C., nueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 CCA).

Caducidad.

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la sección tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —4 de agosto de 1999— porque la parte demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 14 de agosto de 1997, fecha en que quedó en firme la resolución que cesó el procedimiento [hecho probado 6.10].

Legitimación en la causa.

4. A.C.P., C.A.R.C., J.F.C. y C.A.V.S. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que son los sujetos pasivos de la investigación penal militar.

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional está legitimada en la causa por pasiva, pues de conformidad con el artículo 352 del Decreto 2550 de 1998 —vigente para la época— fue la entidad encargada de la captura, investigación y de dictar medida de aseguramiento en contra de A.C.P., C.A.R.C., J.F.C. y C.A.V.

La llamada en garantía A.C.T. está legitimada en la causa, en su calidad de juez 85 de instrucción penal militar de Barranquilla, pues tuvo a cargo la investigación.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la cesación del procedimiento con fundamento en la ausencia de pruebas de cargo, torna en injusta la privación de la libertad.

III. Análisis de la Sala

Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. No se entrará a estudiar la absolución de la llamada en garantía porque no fue objeto del recurso.

5. Las copias simples serán valoradas, porque la sección tercera, en fallo de unificación(5), consideró que dichas copias tendrían mérito probatorio.

Hechos probados.

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 28 de febrero de 1995, el juzgado 85 de instrucción penal militar de Barranquilla decretó la detención preventiva en contra de A.C.P. y C.A.R.C. por el delito de hurto agravado, según da cuenta copia simple del proveído de la referencia (fls. 61 a 97 c. 1).

6.2. El 3 de marzo de 1995, A.C.P. y C.A.R.C. fueron recluidos en la cárcel para miembros de la Policía Nacional en Facatativá, según da cuenta certificación del Inpec (fl. 524 c.p.).

6.3. El 23 de marzo de 1995, el juzgado 85 de instrucción penal militar de Barranquilla decretó la detención preventiva en contra de J.F.C. y A.V.S. por el delito de hurto agravado, según da cuenta copia simple de la providencia de esa fecha (fls. 143 a 157 c. 1).

6.4. El 28 de marzo de 1995, J.F.C. y C.A.V.S. fueron recluidos en la cárcel para miembros de la Policía Nacional en Facatativá, según da cuenta certificación del Inpec (fl. 524 c.p.).

6.5. El 18 de abril de 1995, el Tribunal Superior Militar revocó la medida de aseguramiento dictada en contra de A.C.P. y C.A.R.C. y ordenó su libertad, según da cuenta copia simple de la providencia (fls. 161 a 169 c. 1).

6.6. El 18 de abril de 1995, A.C.P. y C.A.R.C. recuperaron la libertad, según da cuenta certificación del Inpec (fl. 524 c.p.).

6.7. El 15 de mayo de 1995, el Tribunal Superior Militar revocó la medida de aseguramiento dictada en contra de J.F.C. y C.A.V.S., según da cuenta copia simple del proveído de la referencia (fls. 207 a 201 c. 1).

6.8. El 16 de mayo de 1995, J.F.C. y C.A.V.S. recuperaron la libertad, según da cuenta certificación del Inpec (fl. 524 c.p.).

6.9. El 29 de mayo de 1997, el juzgado de inspección general de la Policía Nacional cesó el procedimiento a favor de A.C.P., C.A.R.C., J.F.C. y A.V.S. por ausencia de pruebas de cargo, según da cuenta copia simple de la providencia (fls. 217 a 222 c. 1).

6.10. El 4 de agosto de 1997, el Tribunal Superior Militar, en grado de consulta, confirmó la decisión de primera instancia, según da cuenta copia simple de la decisión (fls. 177 a 181 c. 1).

Los artículos 413 y 415 del Decreto 2550 de 1988 disponen que la notificación personal a los sindicados que no estuviesen detenidos del auto que cesó el procedimiento se haría dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la providencia en la secretaría, de no ser posible por edicto dentro de los 5 días siguientes y como obra certificación expedida por la Inspección General de la Policía, en la que consta que quedó ejecutoriada, pero no hay prueba de la notificación personal, la providencia se notificó por edicto el 14 de agosto de 1997 (fl. vto. 181 c. 1).

La privación de la libertad fue injusta por una falla del servicio.

7. El daño antijurídico está demostrado porque A.C.P. y C.A.R.C. estuvieron privados de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 3 de marzo hasta el 18 de abril de 1995 y J.F.C. y C.A.V.S. desde el 28 de marzo hasta el 16 de mayo de 1995 [hechos probados 6.2, 6.4, 6.6 y 6.8]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(7) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN(8).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(9).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

9. El juzgado 85 de instrucción penal militar de Barranquilla dictó detención preventiva a A.C.P. y C.A.R.C. porque el testigo C.A.A.R., los sindicó como los policías que lo forzaron a ingresar a un establecimiento comercial para robar la mercancía y a J.F.C. y A.V.S. se les dictó detención preventiva porque acudieron al lugar del hurto [hechos probados 6.1 y 6.3].

Sin embargo, el Tribunal Superior Militar cesó el procedimiento por ausencia de pruebas de cargo, pues el testigo C.A.A.R. cambió su versión, al manifestar que unos integrantes de la Sijin lo obligaron a declarar en contra de los hoy demandantes:

Luego de varias diligencias el testigo secreto fue identificado, C.A.R., quien afirma que fue presionado y obligado por miembros de la Sijin para acusar a los policías y reconocerlos en fila de personas.

[…] En efecto no hay en el proceso declaración alguna que certifique que vieron a los indagados sacar elementos del almacén V., tampoco les fueron encontrados elementos de los sustraídos y por otra parte los procesados niegan toda participación en el punible, ante lo cual no queda indicio ni declaración que comprometa su responsabilidad (fl. 180 c. 1).

Así las cosas, como la cesación del procedimiento de los demandantes fue con fundamento en la falta de pruebas de cargo y se probó que miembros de la institución presionaron al testigo de cargo, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, lo que torna en injusta la privación de la libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y, por ello, se confirmará la sentencia de primera instancia.

Indemnización de perjuicios.

10. La demanda solicitó el reconocimiento de 5.000 gramos oros para cada demandante, por concepto de perjuicios morales. La sentencia de primera instancia reconoció a A.C.P. y C.A.R.C. 30 smlmv y a J.F.C. y C.A.V.S. 35 smlmv para cada uno. La demandada solicitó ajustar este perjuicio.

Recientemente, la sección tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(10). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3º de consanguinidad Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 smlmvsmlmvsmlmvsmlmvsmlmv
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

A.C.P. y C.A.R.C. fueron privados de la libertad durante un periodo de 1.6 meses y J.F.C. y C.A.V.S. por un periodo de 1.7 meses [hechos probados 6.2, 6.4, 6.6 y 6.8].

Como los montos concedidos por el tribunal aumentarían para A.C.P. y C.A.R.C. y la Nación - Fiscalía General de la Nación está amparada por el principio de la non reformatio in peius, según el cual el superior no puede agravar la condena impuesta al apelante único (art. 31 C.N.), se confirmará la decisión impugnada.

11. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante, 5.000 gramos oros para cada demandante, por los sueldos dejados de percibir en calidad de miembros de la Policía. El tribunal condenó en abstracto. La demandada solicitó no reconocer este aspecto.

A.C.P., C.A.R.C., J.F.C. y C.A.V.S., para la época la privación injusta de la libertad, trabajaban como agentes de la Policía Nacional y fueron suspendidos del cargo con ocasión de la medida de detención preventiva [hechos probados 6.1 y 6.3].

El Decreto 574 de 1995 en su artículo 1º establece que cuando se suspenda del cargo a un agente, percibirá las primas, subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente y, que si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento, se le reintegrará el porcentaje del sueldo básico retenido.

Como A.C.P., C.A.R.C., J.F.C. y C.A.V.S. se les decretó la cesación del procedimiento el 29 de mayo de 1997 [hechos probados 6.9 y 6.10], esto es, bajo la vigencia de este decreto, no se les reconocerá el lucro cesante pretendido.

12. La demanda solicitó el reconocimiento del daño emergente, 5.000 gramos oro para cada demandante, por los honorarios del abogado en la causa penal militar y los gastos de transporte de los familiares para visitarlos en la cárcel. El tribunal condenó en abstracto. La demandada solicitó no reconocer este aspecto.

12.1. En los eventos en los cuales se solicita el pago por honorarios de abogado, debe probarse la defensa en el proceso penal y el pago por los servicios prestados(11). Como no está acreditado el pago de honorarios por parte de los demandantes, se negará este reconocimiento.

12.2. En la demanda se solicitó el pago de los gastos de trasporte en que incurrieron los familiares para las visitas a los demandantes. Como no se demostraron estos gastos, la pretensión será negada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 19 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por la privación injusta de la libertad de A.C.P., C.A.R.C., J.F.C. y C.A.V.S.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a pagar por perjuicios morales a A.C.P. y C.A.R.C. la suma equivalente en pesos a treinta (30) smlmv para cada uno y a J.F.C. y C.A.V.S. la suma equivalente en pesos a treinta y cinco (35) smlmv, para cada uno.

3. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda respecto de A.C.T. juez 85 de instrucción penal militar de Barranquilla.

4. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de conformidad con el estatuto procesal vigente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala plena de lo contencioso administrativo contenido en el Auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

6 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

7 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

8 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

9 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

10 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149 [fundamento jurídico 7.1].

11 Cfr. Consejo de Estado sección tercera las sentencias del 8 de junio de 2011, Rad. 19.576 [fundamento jurídico 3.6].