Sentencia 2009-01109/43721 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 760012331000200901109 01

Núm.: 43.721

Actor: P. J. R. R. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de los litigios y controversias en los que haga parte una entidad estatal, de acuerdo con el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, que introdujo el denominado criterio orgánico de jurisdicción.

El Consejo de Estado es competente, en segunda instancia, de los asuntos que versen sobre la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional, esto es, cuando se invoque (i) el error jurisdiccional, (ii) la privación injusta de la libertad de ciudadanos, o (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

1.2. Ejercicio oportuno de la acción o medio de control.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, establece que la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los casos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(2).

En el sub examine, el 19 de diciembre de 2007 el Juzgado Sexto Penal Especializado del Circuito de Cali decretó la extinción de la acción penal por haber operado la prescripción (fl. 21 cdno. 1). Contra la decisión no se interpuso ningún recurso, por lo que cobró ejecutoria el 14 de enero de 2008, según da cuenta la constancia secretarial que obra a folio 23 del cuaderno número 1.

En consecuencia, la parte actora contaba hasta el 15 de enero de 2010 para la presentación de la demanda, y comoquiera que esta se formuló el 26 noviembre de 2009, la Sala concluye que fue radicada de forma oportuna.

1.3. Legitimación en la causa.

P. J. R. R. y sus familiares tienen interés jurídico en el proceso, por cuanto aquel es el sujeto pasivo de la investigación penal y estos conforman su grupo familiar.

La Nación está legitimada en la causa por pasiva por ser el centro jurídico de imputación que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de los delitos.

Además, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial representan en este caso a la Nación, por ser las entidades encargadas de la investigación y juzgamiento, respectivamente, del delito que se le imputó al demandante.

2. Principio de congruencia y ámbito de la apelación.

El recurso de apelación, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, determina la competencia del superior. De allí que, son los argumentos desarrollados en la impugnación los que fijan y marcan el derrotero del juzgador de segunda instancia(3).

Por lo tanto, la Sala circunscribirá el análisis de instancia a las razones de oposición expuestas por el apelante único, esto es, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sin que se pueda hacer más gravosa la condena en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus.

3. Los hechos probados.

De conformidad con las copias auténticas del proceso penal —solicitado por ambas partes— están probados los siguientes hechos:

2.1. El 23 de diciembre de 1999, la Policía Metropolitana de Cali capturó a P. J. R. R. y a otras cuatro personas, por estar vinculadas a un proceso por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes. Los capturados fueron puestos a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación el 24 de ese mismo mes y año (fl. 37 y 38 cdno. pbas. 3).

Al momento de la captura, P. J. R. R. se encontraba en el campus de la U. V. tenía en su poder 30 cigarrillos de marihuana, 13 papeletas de bazuco y 5 cápsulas de metacualona (fl. 38 y 40 cdno. pbas. 3).

2.2. El 28 de diciembre de 1998, rindió indagatoria el señor P. J. R. R.; de esa diligencia se extraen los siguientes apartes:

“(…) actualmente me dedico a la artesanía, trabajo la cabuya y vendo artesanías, soy separado, tengo tres hijos que se llaman A. M. (sic), H. (sic) y J. (sic), estuve detenido una vez por Ley 30, por cuenta de una Fiscalía no me acuerdo de cual, me dieron libertad como a los ocho días, pagué una fianza, no sé en qué está el proceso. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted sabe o presume cuál es el motivo por el cual se encuentra rindiendo indagatoria (el despacho deja constancia que previo a la diligencia de indagatoria se presenta a todos los capturados dentro del presente proceso el video aportado como prueba técnica al expediente). CONTESTÓ. Pues si algo. PREGUNTADO. Ya que dice saber el motivo, sírvase hacer al Despacho un relato de los hechos por los cuales dice estar rindiendo esta diligencia. CONTESTÓ. Pues según lo que vi en el video vi que yo estaba ahí en el video pues fumando marihuana, soy adicto a la marihuana, vi también un maletín que es mío. PREGUNTADO. En estas diligencias aparecen pruebas testimoniales y técnicas de las cuales resultan cargos en contra suya como una de las personas que se reúnen en el sector de la plazoleta de las banderas de la U. V. sitio conocido como “el aeropuerto” en donde se expenden sustancias estupefacientes a las diferentes personas que llegan allí a comprar marihuana, bazuco y drogas sintéticas, qué puede manifestar frente a estos cargos. CONTESTÓ. Pues primero que todo voy es los fines de semana, hace tres meses que llegué a la universidad y sinceramente no distingo a nadie y llego a llevar a una finca, de Bitaco donde yo vivo. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted se reconoce vendiendo sustancias estupefacientes. CONTESTÓ. No, como te digo de vez en cuando vendo algo como para el transporte, pero no todos los días, yo no estudio allá. PREGUNTADO. Entonces reconoce o no que usted vende droga en la U. V.. CONTESTÓ. Sí vendo pero de vez en cuando…” (fl. 54 y 55 cdno. pruebas 3 — mayúsculas del original).

2.3. El 6 de enero de 2000, la Fiscalía Once Seccional de Cali les impuso a los sindicados, incluido al señor P. J. R. R., medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario (fl. 96 a 106 cdno. pbas. 3).

2.4. El 11 de abril de 2001, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Especializados de Cali profirió resolución de acusación contra los sindicados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes (fl. 229 a 231 cdno. pbas. 4).

2.5. El 31 de octubre de 2001, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali denegó los recursos de apelación interpuestos y, por lo tanto, confirmó la resolución de acusación (fl. 8 a 23 cdno. pbas. 4).

2.6. El 28 de diciembre de 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali negó la petición de libertad elevada por el procesado E. N. G. (fl. 56 a 60 cdno. pbas. 4).

2.7. El 24 de enero de 2002, Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali se abstuvo de analizar la solicitud de nulidad del proceso presentada por E. N. G. para ser decidida en la audiencia preparatoria. De igual forma, le hizo un duro llamado de atención debido a la forma irrespetuosa de sus memoriales (fl. 82 a 85 cdno. pbas. 4).

2.8. El 30 de enero de 2002, los apoderados de varios de los procesados solicitaron el decreto y práctica de múltiples pruebas testimoniales, documentales y técnicas (fl. 86 a 95 cdno. pbas. 4).

2.9. Igualmente, el 30 de enero de 2002, la apoderada judicial del sindicado M. P. solicitó la nulidad del proceso a partir del auto que negó la libertad (fl. 111 a 116 cdno. pbas. 4).

2.10. En ese mismo sentido, la apoderada judicial del sindicado M. P. D. deprecó que se aplazara la fecha para la realización de la audiencia preparatoria, solicitud que fue denegada mediante proveído del 19 de febrero de 2002 (fl. 153 y 154 cdno. pbas. 4).

2.11. Uno de los apoderados no compareció a la audiencia preparatoria que estaba dispuesta para el 28 de febrero de 2002, lo que generó su aplazamiento. En consecuencia, en auto del 5 de marzo de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali le exigió que justificara su inasistencia a la diligencia (fl. 186 y 187 cdno. pbas. 4).

2.12. El 19 de marzo de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia preparatoria el 2 de abril de 2002 (fl. 217 cdno. pbas. 4).

2.13. P. J. R. R. presentó petición para que se declarara la cesación del procedimiento, de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali negó la solicitud mediante auto del 8 de abril de 2002, lo que generó un nuevo aplazamiento de la audiencia preparatoria (fl. 256 a 267 cdno. pbas. 4).

2.14. El 7 de junio de 2002, el abogado de E. C. C., solicitó que se oficiara al servicio de sanidad médica de la Cárcel Distrital de Cali para que allegaran al proceso la historia clínica de su prohijado. La anterior petición fue denegada a través de proveído del 7 de junio de 2002 (fl. 42 cdno. pbas. 4).

2.15. El 22 de agosto de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali negó la petición de nulidad del proceso formulada por el acusado E. N. G. y, en consecuencia, ordenó continuar con la actuación (fl. 172 a 173 cdno. pbas. 4).

2.16. El 26 de agosto de 2002, se realizó la audiencia preparatoria (fl. 194 a 202 cdno. pbas. 4).

2.17. En auto del 29 de agosto de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali requirió a los apoderados de los señores E. N. G. y L. E. C. C. para que justificaran su ausencia a la diligencia, pese a habérseles citado con un tiempo prudencial. De otro lado, se fijó como fecha para continuar con la diligencia el 16 de septiembre de 2002 (fl. 204 y 205 cdno. pbas. 4).

2.18. Los apoderados de los acusados A. F. S. y J. G. T. deprecaron su libertad provisional, la cual fue denegada en auto del 7 de noviembre de 2002 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali (fl. 177 cdno. pbas. 4).

La providencia anterior fue parcialmente revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali. En efecto, concedió la libertad provisional de J. G. T., pero denegó la de A. F. S. (fl. 37 a 51 cdno. pbas. 4).

Una de las magistradas que integraron la Sala de Decisión salvó el voto porque consideró que los días no debían ser descontados ante la constatación de las maniobras dilatorias de los apoderados y sus defendidos en la realización de la audiencia pública (fl. 54 y 55 cdno. pbas. 4).

2.19. El 3 de junio de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali le concedió a P. J. R. R. la libertad provisional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. (fl. 1 a 8 cdno. pbas. 5).

2.20. De ahí en adelante, todos los demás procesados solicitaron la libertad provisional al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, motivo por el cual se profirieron varias decisiones en unos casos negando y en otros concediendo el señalado beneficio (fl. 43 a 192 cdno. pbas. 5).

2.21. El 30 de junio de 2005, se adelantó la audiencia pública de juzgamiento a la cual comparecieron los acusados y sus defensores (fl. 212 a 225 cdno. pbas. 5).

2.22. El 19 de diciembre de 2007, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Cali —en virtud de la distribución de procesos— profirió el auto interlocutorio 187 en el que decretó la extinción de la acción penal por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción (fl. 260 a 266 cdno. pbas. 5).

La decisión se fundamentó en el razonamiento que se transcribe:

“Acorde con lo anterior, comoquiera que la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 1º de noviembre de 2001, han transcurrido a la fecha seis (6) años, un (1) mes y diecinueve (19) días, comoquiera que nos encontramos en la etapa de la causa y tal como lo establece el artículo 86 en concordancia con el artículo 83 del Código de Penas, el tiempo de prescripción será la mitad del máximo de la pena y en ningún momento podrá ser inferior a cinco años, así las cosas se tendría que el máximo de la pena para esta conducta punible es de quince años. Pero se debe tener en cuenta que el 24 de julio de 2001 entró en vigencia la nueva codificación penal, Ley 599 de 2000, en su artículo 340 establece que para este tipo de conductas punibles concierto para delinquir con fines de narcotráfico, la pena a imponer es de seis (6) a doce (12) años de prisión y multa de dos mil a veinte mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si bien es cierto cuando se produjo la infracción al código de penas regía el entonces Decreto 100 de 1980, el mismo fue derogado por la Ley 599 de 2000, por consiguiente comoquiera que la nueva normativa penal establece una pena más favorable para los procesados a quienes se les va a definir de plano su situación, se debe aplicar por favorabilidad la Ley 599 de 2000, situación que obliga a decretar la prescripción de la acción penal para los señores… pues el máximo de la pena aplicable sería de doce años, y éste al correr por la mitad para el fenómeno de la prescripción sería de seis años, tiempo que ya fue superado sin que hubiese pronunciamiento de fondo en la presente actuación”.

3. La privación de la libertad como escenario de responsabilidad de la administración de justicia.

La Sala ha sostenido de forma reiterada que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(4), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia del 2 de mayo de 2007 se precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(5).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una ultractividad del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(6).

De modo que, el Estado será responsable por daño especial —régimen objetivo— en aquellos casos en que la absolución o preclusión de la investigación se adopte por cualquiera de las siguientes causales: (i) porque el hecho imputado no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) el hecho o conducta no era punible, o (iv) por aplicación del principio de in dubio pro reo(7).

Por el contrario, si la causal de absolución o preclusión tiene un fundamento distinto, la parte actora estará compelida a acreditar una falla del servicio —régimen subjetivo—.

Por último, la Sala ha sostenido que en todos los casos —responsabilidad objetiva u subjetiva— es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable a una fuerza mayor, el hecho determinante y exclusivo de un tercero, o que provenga de la culpa grave de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

4. Caso concreto.

El daño se encuentra demostrado porque el señor P. J. R. R. fue capturado el 23 de diciembre de 1999, se le otorgó la libertad provisional el 3 de junio de 2004 y, finalmente, se decretó la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal el 19 de diciembre de 2007.

De allí que, P. J. R. R. estuvo privado de su libertad de manera física (intramural) durante cuatro años, cinco meses y diez días; de otro lado, la restricción jurídica de su libertad se prolongó durante tres años, seis meses y dieciséis días.

Además, se acreditó que la cesación del procedimiento se dispuso con apoyo en los artículos 82 y siguientes del Código Penal (L. 599/2000), esto es, por prescripción de la acción penal.

En consecuencia, el título de imputación aplicable en el sub lite es la falla del servicio por lo que corresponde establecer si el daño es atribuible a las entidades demandadas en virtud de un desconocimiento a su carga obligacional.

La Sala, a partir del análisis del acervo probatorio del proceso, concluye que el daño en el caso concreto es imputable a la culpa grave de la víctima y el hecho de un tercero, tal y como se explica a continuación:

En efecto, P. J. R. R. motivó la investigación seguida en su contra, pues fue capturado en cuasi flagrancia con elementos e insumos que daban cuenta de la posible configuración de los delitos por los que se adelantó el proceso penal.

En relación con el valor probatorio de las diligencias de indagatoria o versión libre, la Subsección ha sostenido que, por regla general, aquellas no son objeto de análisis, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que carecen de la formalidad del juramento(8). Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades les ha reconocido poder suasorio con el objetivo de arribar a la verdad material:

“Valga aclarar que la Sala Plena de esta corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica.(9)

A su turno, esta Sala recientemente tuvo como elemento de convicción, la indagatoria rendida en el proceso penal por la misma persona que pretendía obtener una indemnización por la privación de la libertad de que fue objeto injustamente, para, finalmente, concluir que fue ella quien motivó su investigación, lo que configuró la culpa exclusiva de la víctima(10)”.

En similar sentido, la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación ha señalado:

“Así las cosas, la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no autoincriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios.

En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal (…).

En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento…”(11).

Por su parte, la Subsección C de esta Sección, específicamente en lo relacionado con la indagatoria, ha considerado que existen eventos en los cuales es aceptable la valoración de dicha prueba como indicio, pero solamente cuando se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se aprecien en conjunto con todo el acervo probatorio(12).

Ahora bien, para el caso concreto, la indagatoria del señor P. J. R. R. es susceptible de ser analizada, comoquiera que es una declaración rendida por la persona que ahora pretende ser indemnizada por la privación injusta de que fue objeto, todo en aras de buscar la justicia material.

Como es apenas lógico, la Sala no puede obviar el hecho de que la parte actora haya solicitado que la prueba antes mencionada fuera traída al proceso de reparación directa, lo que implica su posibilidad de valoración tanto en lo que le resulte favorable, como en lo que no(13).

La Sala, en punto de los requisitos para considerar que concurre en un supuesto específico el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, ha expresado:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

‘…Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor M. R. G., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….’(14).

De igual forma, se ha dicho:

‘…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a este, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración...’”(15)-(16) (se destaca).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —se repite, activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello comoquiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así,

‘... se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la ‘teoría de la equivalencia de las condiciones’ y ‘la teoría de la causalidad adecuada’. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(17)-(18).

En el sub lite, la conducta del demandante tuvo injerencia para que se produjera su captura, se adelantara el proceso penal en su contra y se le impusiera la medida de aseguramiento porque fue detenido, se insiste, en cuasiflagrancia con elementos del delito. No obstante, el daño no es imputable de manera exclusiva y determinante a su comportamiento porque, se reitera, en su producción confluyó también las maniobras dilatorias de los otros detenidos (hecho de un tercero).

En efecto, la propia víctima directa reconoció que fue capturado al interior de la U. V., que tenía en su poder el material incautado y que vendía estupefacientes al interior del citado centro educativo.

Así las cosas, el señor P. J. R. R. actuó con dolo o culpa grave en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, por lo que el daño resulta imputable, en un porcentaje, a su conducta.

De igual forma, el daño es imputable al hecho de un tercero porque en el sub iudice quedaron plenamente acreditadas maniobras dilatorias de los demás procesados.

En efecto, del análisis del proceso penal se desprende que los apoderados y sus defendidos usaron los siguientes métodos de dilación o retardo: interposición exacerbada de recursos, solicitudes de nulidad en la etapa de investigación como de juicio, múltiples peticiones de libertad provisional y ausencia injustificada a las audiencias preparatorias y de juzgamiento programadas con la suficiente antelación(19).

Y si bien, esta Sección ha sostenido en otras oportunidades que el hecho de un tercero no puede operar como causal eximente de responsabilidad tratándose de eventos de privación injusta de la libertad(20), es necesario precisar esa tesis, comoquiera que en casos de cesación del procedimiento en virtud de prescripción de la acción penal resulta perfectamente viable analizar la incidencia del comportamiento de la víctima y de otros detenidos (terceros) en la producción del daño.

En el sub examine, la actuación de los apoderados y de los detenidos no da lugar a dudas en cuanto se refiere a la innegable intención de prolongar de manera injustificada el proceso penal. En efecto, las maniobras dilatorias persistieron hasta mayo de 2005, fecha en que se realizó la audiencia de juzgamiento, tal y como lo evidencia el expediente penal trasladado.

En ese orden de ideas, el daño antijurídico en el sub lite es imputable al comportamiento de la propia víctima (culpa grave) al aceptar que expedía estupefacientes en el centro universitario y, de otro lado, a las maniobras dilatorias de los abogados de todos los procesados quienes en reiteradas oportunidades presentaron memoriales innecesarios e inasistieron a múltiples audiencias previamente programadas.

La Sala considera pertinente hacer un fuerte llamado de atención a los abogados que obraron como apoderados en el proceso penal, porque en el caso de marras se desveló su estrategia antiética que, más que procurar la defensa técnica y adecuada de sus prohijados, estuvo encaminada a prolongar de forma injustificada el proceso penal.

Los abogados desarrollan un importante papel en la sociedad y, por lo tanto, no solo están obligados —contractual y legalmente— a servir con diligencia y cuidado a sus clientes en la tarea encomendada, sino que, de igual forma, tienen obligaciones que se desprenden del papel ético que desarrollan en la sociedad.

Como corolario de lo anterior, la Sala revocará la decisión apelada porque que en la producción del daño concurrió el dolo o culpa grave de la víctima y el hecho de terceros que generaron que la privación de la libertad se prolongara en el tiempo, y el proceso terminara con la prescripción de la acción penal.

5. Costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 —que modificó el artículo 170 del CCA— indica que sólo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 20 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Sentencias del 14 de febrero de 2002, rad. 13.622 y del 11 de agosto de 2011 rad. 21.801.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 9 de febrero de 2012, rad. 21.060, y rad. 20.104.

4 “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15.463.

6 En este sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre 2011, rad. 19.151.

7 Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2011. Exp. 21.047.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, rad. 11001-03-15-000-2011-00125-00, sentencia de 5 de noviembre de 2014. Consultar también: Radicado 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

10 Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, rad. 38.079.

11 Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 “la jurisprudencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando ‘establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar (…) ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario’. Con similares argumentos la jurisprudencia de la misma Subsección considera que las indagatorias deben ser contrastadas con los demás medios probatorios ‘para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan’ con fundamento en los artículos 1.1, 2º, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Sentencia de 1º de febrero de 2016, rad. 48.842, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

13 Se reitera que de acuerdo con la sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 36.170, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en aras de propender por la justicia material, existe la posibilidad de valorar la indagatoria rendida en el proceso penal tanto en lo beneficioso como en lo que no.

14 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

15 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002, rad. 13262.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

17 Nota original de la sentencia citada: Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2., Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre de 2000, radicación 11981; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros.

19 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de septiembre de 1999, rad. 14.859 y del 10 de agosto de 2005, rad. 14.678.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, rad. 41.167, sentencia del 21 de septiembre de 2016, rad. 40.352, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, rad. 43.499, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de julio de 2016, rad. 40.608, M.P. Guillermo Sánchez Luque, entre otras.