Sentencia 2009-01112 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 080012331000200901112 01

Número interno: 2757-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e)

Demandante: Victoria Quintero de Gil

Demandada: Distrito, Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Corporación Distrital de Recreación y Deportes “Cordeportes” en Liquidación.

Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar sí la demandante tiene derecho al pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, respecto de las cesantías causadas por el no pago oportuno de esa prestación correspondiente al período 2005 y 2006.

Actos demandados

Acto ficto o presunto que operó respecto de las peticiones elevadas el 28 de octubre de 2008 ante el Alcalde Distrital de Barranquilla y el director de la Corporación Distrital de Recreación y Deportes “Cordeportes”, para que le cancelaran a Victoria Quintero de Gil la sanción moratoria por falta de pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 2005 y 2006.

Oficio (sic) de 9 de enero de 2009 presentado ante la directora distrital de liquidaciones (fls. 21 y 22). Esta es realmente una solicitud efectuada por Victoria Quintero de Gil en la fecha indicada, ante la directora distrital de liquidaciones de Cordeportes, solicitando el pago del saldo de las cesantías y demás prestaciones sociales definitivas reconocidas en la Resolución 180 de 2008, en el equivalente al 50% del valor total, porque ya le habían cancelado otro porcentaje igual el 9 de diciembre de 2008, por la suma de $ 12.530.255,00(10).

Por lo expuesto, la Sala se declarará inhibida para decidir de fondo frente a esa solicitud.

Artículo 2º de la Resolución 39 de 27 de marzo de 2009 emitida por la directora distrital de liquidaciones, entidad que funge como liquidadora de la Corporación Distrital de Recreación y Deportes de Barranquilla “Cordeportes” en Liquidación, que en el artículo mencionado rechazó las reclamaciones presentadas oportunamente frente a las cuales el proceso de auditoría encontró motivos que conducen al rechazo parcial o total de dichas reclamaciones, principalmente porque “(...) bajo las circunstancias arriba expuestas, la jurisprudencia nacional ha concluido que en los procesos de liquidación forzosa administrativa de instituciones financieras no es procedente reconocer sobre las acreencias intereses de mora causados con posterioridad a la fecha de la toma de posesión, por cuanto nos encontramos ante un verdadero caso de fuerza mayor (...).

Resolución 68 de 25 de agosto de 2009 (fls. 27 a 35) expedida por la directora distrital de liquidaciones, entidad que funge como liquidadora de la Corporación Distrital de Recreación y Deportes de Barranquilla “Cordeportes” en Liquidación, mediante la cual se confirmó la resolución anterior, por similares razones a las expuestas en la Resolución 39 de 2009.

De lo probado en el proceso

El comprobante de egreso EGI-0000009531 de 9 de diciembre de 2008 obrante a folio 20, da cuenta que con cheque 0787926, “(...) Banco Av Villas Corriente (...)”, se pagó a Victoria Quintero de Gil, por concepto de cesantías correspondientes a los años 2005, 2006 y 2008, según Resolución 180 de 2008, las siguientes sumas de dinero:

 

CuentaDébitoCrédito
2505020014.230.751.00 
2505020014.682.839.00 
2505020013.616.665.00 
  12.530.255.00
Total12.530.255.0012.530.255.00

 

En el aparte correspondiente a “Recibir” aparece una firma ilegible y la C.C. 32.651.328, documento de identidad que corresponde a la de Victoria Quintero de Gil, lo cual se deduce al comparar este dato con el número que aparece en el poder (fl. 10).

De la Corporación Distrital de recreación y Deportes de Barranquilla – Cordeportes

Mediante Acuerdo 1 de 2004 se facultó a la Alcaldía Distrital de Barranquilla para crear establecimientos públicos del orden distrital; en desarrollo del acuerdo anterior, expidió el Decreto 258 de 23 de julio de 2004, que creó la Corporación Distrital de recreación y Deportes de Barranquilla “Cordeportes”, como en establecimiento público descentralizado del orden distrital, adscrito al despacho del alcalde, dotado de personaría jurídica , patrimonio propio y autonomía administrativa, con el propósito de cumplir funciones relacionadas con el patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica del deporte.

Por Decreto 254 de 23 de julio de 2014, el alcalde distrital de Barranquilla ordenó la creación de la Superintendencia Distrital de Liquidaciones como un establecimiento público del orden distrital adscrito a la Superintendencia de Hacienda, que tiene por objeto la toma de posesión, apertura, ejecución y culminación de los procesos de reestructuración administrativa y/o disolución y liquidación de los entes descentralizados y establecimientos públicos de barranquilla, de acuerdo con los lineamientos del alcalde distrital.

El concejo de Barranquilla mediante Acuerdo Distrital 8 de 6 de junio de 2008 otorgó facultades al alcalde por un término de seis meses para crear, reestructurar, suprimir, liquidar, escindir, fusionar o transformar las entidades del sector descentralizado del orden distrital, como parte del proceso de reestructuración y modernización administrativa del distrito.

Dentro del proceso de reestructuración el alcalde del Distrito de Barranquilla profirió el Decreto 857 de 23 de diciembre de 2008, mediante el cual ordenó la supresión de Cordeportes y en consecuencia entró en proceso de liquidación.

En cumplimiento de los artículos 34 del Decreto 857 de 2003, 24 del Decreto-Ley 254 de 2000 y 26 del Decreto 2211 de 2004, es competencia del liquidador decidir sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, mediante resolución motivada.

El proceso de liquidación de Cordeportes se regirá por las disposiciones especiales contenidas en el Decreto 857 y el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, y las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero.

Mediante Resolución 91 de 3 de diciembre de 2009 proferida por la directora distrital de liquidaciones, entidad liquidadora de la Corporación Distrital de Recreación y Deportes de Barranquilla “Cordeportes” en Liquidación, se acogió el artículo 51 del Decreto 2211 de 2004 y en consecuencia la Dirección Distrital de Liquidaciones asumió a partir de la fecha de expedición la administración de las situaciones jurídicas no definidas de la citada corporación (fls. 186 a 189).

Por Resolución 94 de 3 de diciembre de 2009 (fls.451 a 457), la directora distrital de liquidaciones declaró terminada la Corporación Distrital de Recreación y Deportes de Barranquilla “Cordeportes” en Liquidación, habida cuenta de que el desequilibrio financiero presentado dentro del proceso liquidatorio, motivó a proceder de manera inmediata a un cierra anormal del proceso, bajo la figura de pago a los acreedores mediante la adjudicación forzosa de los activos existentes, pues de proseguir causaría mayores pasivos contables y tributarios.

Análisis de la Sala

La Ley 6ª de 1945 respecto al antiguo régimen de cesantías de los empleados públicos, en la sección tercera “De las prestaciones sociales”, artículo 17 dispone:

“(...) Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:

a) Auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicios. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestado con posterioridad al primero de enero de 1942 (...)”.

Por su parte, la Ley 35 de 1946, por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantías y jubilación, en el artículo primero prevé:

“(...) Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállanse o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro (...)”.

A su vez, el artículo primero del Decreto 1160 de 1847 establece:

“(...) Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállanse o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro a partir del 1º de enero de 1942.

ART. 2º—Lo dispuesto en el artículo anterior se extiende a los trabajadores de los departamentos, Intendencias, comisarías y municipios teniendo en cuenta respecto de estos lo dispuesto en el Decreto 2767 de 1945.

(...).

ART. 6º—De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567, de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales. comisariatos, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, sí este fuere menor de doce (12) meses.

PAR. 1º—Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones, pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono (...)” (se resalta).

Entretanto, el artículo 13 del mismo Decreto 1160 de 1947, prevé lo siguiente:

“(...) Las disposiciones del presente decreto, tanto en lo que se refiere a los trabajadores del servicio oficial como a los de las empresas particulares, solo le serán aplicables mientras no existan normas legales de carácter especial, o estipulaciones contractuales, que les concedan derechos más amplios o que regulen su situación jurídica en lo referente al auxilio de cesantía de una manera más favorable (...)” (resalta la Sala).

Sobre la normativa antes descrita, el consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“Las normas antes referidas tuvieron aplicación inicial para el sector público en los órdenes nacional, seccional y local. Además, contemplaron para efectos de su liquidación tener en cuenta el último salario fijo devengado —a menos que hubiere tenido variación en los tres últimos meses— y todo lo recibido por el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios. La preceptiva jurídica no contemplaba hasta este momento pago alguno por concepto de intereses” (negrillas).

Para concluir la primera parte, el régimen de cesantías tenía carácter retroactivo y, en tal virtud, se tenía en cuenta el último sueldo devengado por el servidor público para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que conllevaba a que el pago efectuado siempre fuera actualizado (...)”(11).

En cuanto al procedimiento que debe surtir la administración para la liquidación del auxilio de cesantía, la Ley 244 de 1995 previó lo siguiente:

“(...) ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo (...)” (resalta la Sala).

Una vez proferida la resolución de liquidación de liquidación de la cesantía, el artículo 2º ibídem, establece que el pago se efectuará dentro del siguiente término legal:

“(...) ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social (...)”.

A su vez el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, prevé la sanción moratoria en el pago de la cesantía, en caso de incumplirse los términos legales, con el siguiente tenor literal:

“(...) PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este (...)” (negrillas).

Sobre el particular, la Sala Plena del Concejo de Estado, dejó en claro que a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, en los siguientes términos:

“(...) Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria,

(...)

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria (...)”(12).

La anterior normativa prevé los términos legales con que cuenta la administración para la liquidación y pago de las cesantías, imponiendo una sanción moratoria por su incumplimiento; dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.

Ahora bien, en cuanto al nuevo régimen de cesantías para el sector público, el artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, indicó lo siguiente:

“(...) ART. 13.—Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.

<Inciso 3º. Inexequible>.

PAR.—El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (...)” (negrillas fuera del texto).

La anterior normativa fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que mediante Sentencia C-428 de declaró exequible la liquidación definitiva de cesantías por anualidad, sobre el particular indicó lo siguiente:

“(...) Con la salvedad hecha sobre beneficios incontrovertibles para los trabajadores, los cambios que contemple la nueva legislación únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se establecen después de haber entrado aquella en pleno vigor y, en consecuencia, excepto el caso de anuencia expresa y enteramente voluntaria del trabajador afectado, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos de trabajo que se venían ejecutando al producirse la reforma. Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia” (destaca la Sala).

Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, previó en relación con los servidores públicos del nivel territorial, que:

“(...) ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990, y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional del Ahorro, los aportes del mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998.

ART. 3º—En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (...)” (se destaca).

La sanción moratoria para el régimen de cesantías por anualidad está contemplada en el ordinal 30 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así:

“(...) El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo (...)”.

De la normativa transcrita anteriormente se puede concluir lo siguiente:

1. Los empleados públicos nacionales y territoriales tienen derecho al reconocimiento y pago de un mes de salario por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente por fracción, liquidados con base en el último salario devengado por el servidor público. A este sistema se denominó régimen retroactivo de cesantías.

2. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas por parte del empleado, la entidad patronal deberá expedir la liquidación. Una vez en firme la administración contará con 45 días hábiles para el pago.

3. luego del anterior término más cinco días de la notificación, comenzará a contar la sanción moratoria por el retraso en el pago correspondiente a un día de salario por cada día de retraso.

4. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 previó que a partir de su publicación las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán derecho al régimen anualizado de cesantías, esto es, que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación de la prestación y el valor liquidado se consignará antes del 15 de febrero del año subsiguiente en la cuenta individual del trabajador; el empleador que incumpla el plazo pagará un día de salario por cada día de retardo.

5. El Decreto 1582 de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 previó en relación con los servidores territoriales vinculados a partir del 31 de diciembre de1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías que su régimen será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás concordantes con la Ley 50 de 1990, y los que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el establecido en la Ley 432 de 1998.

6. Los servidores territoriales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y decidan acogerse al régimen anualizado, solicitarán el traslado a la entidad quien liquidará y entregará la prestación al fondo privado, contando con la posibilidad de emitir títulos de deuda pública para el pago de la deuda.

Del caso concreto

En el presente caso la demandante pretende que se le reconozca y pague la indemnización moratoria por la mora en la cancelación de las cesantías correspondientes al período trabajado 2005 y 2006, las cuales debieron consignarse en el fondo de cesantías elegido, antes del 15 de febrero de 2006 y 2007 respectivamente, y no hasta el 9 de diciembre de 2008.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no existe justificación para dejar de pagar las cesantías causadas por la actora en el régimen anualizado, pues es obligación del empleador consignadas en el fondo escogido por el funcionario a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que fueron causadas.

Lo anterior tiene como consecuencia que la entidad, al no consignar a tiempo las cesantías en el fondo seleccionado, incurre en la mora del pago de las mismas, la cual se contabiliza a partir del día siguiente en que debió consignarlas, hasta la fecha en que efectivamente se pagó.

La sanción moratoria entonces se tendrá que liquidar desde el 15 de febrero del año 2006 hasta el 9 de diciembre de 2008, fecha en que se verificó la consignación de las cesantías.

Como se incumplió la consignación de varias anualidades, la indemnización moratoria se causa desde la insatisfacción de la primera consignación con la base salarial que debió tomarse para calcular la cesantía dejada de consignar, pero como el empleador incumplió por segunda vez, el monto sigue causándose con base en el nuevo salario vigente en el año en que nuevamente se causó la cesantía dejada de depositar, y así sucesivamente, tal como lo ha considerado esta sección(13).

La deuda de mora generada por el pago tardío de las cesantías en el régimen anualizado es por el tiempo que no fue consignado el valor de las cesantías, sin embargo, como en el presente caso, la consignación tardía es por más de un año, no se considera una mora individual para cada año, sino que se liquidan los años que no se consignaron con el valor de lo que devengaba en cada año, respectivamente.

No se dispondrá que los valores correspondientes sean indexados, porque además de no ser una pretensión de la demanda, es improcedente, de acuerdo con la siguiente decisión proferida por esta corporación en un caso similar, que la Sala comparte:

“(...) no se ordenará indexación sobre lo que resulte de dicha suma atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional C-448 de 1996, la cual precisó:

“(...) la sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficacia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no solo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella (...)” (destacado original)(14).

Ahora bien, de acuerdo con la Resolución 91 de 3 de diciembre de 2009 (fls. 186 a 189), la directora distrital de liquidaciones asumió a partir de la fecha de expedición de dicha resolución, la administración de las situaciones jurídicas no definidas de Cordeportes.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a la Dirección Distrital de Liquidaciones asumir la situación jurídica de la demandante, y en tal sentido es del caso revocar la sentencia apelada.

El Consejo de Estado ha concluido(15) que la protección de los derechos laborales ha sido una prioridad tanto de las acreencias anteriores al inicio de los procesos de liquidación, como de las que se causaren dentro del mismo.

La Sala ha considerado en anteriores oportunidades(16), que dicha protección no ha sido solo de carácter interno, pues la Organización Internacional del Trabajo —OIT— a través del Convenio C-173 de 1972, también la ha previsto y ha sido muy específica en el caso de insolvencia del empleador.

Por lo tanto, no son de recibo los argumentos expuestos por la entidad demandada, pues como quedó expuesto, si bien es cierto la Corporación Distrital de Recreación y Deporte se encontraba en un proceso de liquidación, también lo es que el carácter de prestación de las cesantías no le permite al ente liquidador desconocer dichos derechos.

El a quo en la sentencia impugnada negó las pretensiones de la demanda argumentando que, siguiendo la línea jurisprudencial de esta corporación, la norma que ha debido citarse en la demanda como violada era la Ley 244 de 1995, puesto que había terminado la relación laboral de la actora con la entidad demandada Cordeportes, no obstante lo cual, en el libelo introductorio no se alegó la violación de la Ley 244 de 1995, ni se desarrolló dicho concepto de violación, toda vez que la norma señalada como violada fue el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que es aplicable siempre y cuando exista vínculo laboral.

La norma en comento no puede regir el caso estudiado, en razón a que si bien es cierto, la relación laboral de la señora Victoria Quintero de Gil con Cordeportes había terminado para la fecha de la presentación de la demanda, la parte actora en ningún momento solicitó la indemnización por pago extemporáneo de la cesantía definitiva, sino que se limitó a pedir la indemnización por la mora en el pago de las cesantías bajo el régimen anualizado, correspondientes a los años 2005 y 2006, que debieron ser canceladas antes del 15 de febrero de 2006 y 15 de febrero de 2007, respectivamente.

En efecto en el recurso de apelación la parte actora aclaró que “(...) cuando termina la relación laboral y el empleador no paga oportunamente dentro de los términos señalados las cesantías causadas (...) una vez terminada la vinculación laboral de mi mandante, con Cordeportes, y luego de estar figurando en nómina (sic) transitoria, se le reconocieron y pagaron sus cesantías y demás prestaciones dentro (sic) que estipula la ley, por consiguiente, y lógica deducción, no podía invocar ni reclamar moratorios abrazando el concepto estipulado en la Ley 244 de 1995 (sic) (...)”.

Por lo anterior es del caso revocar el proveído impugnado y en consecuencia declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, con excepción de la petición elevada por Victoria Quintero de Gil el 9 de enero del 2009 ante la directora distrital de liquidaciones, por las razones expuestas en la parte considerativa, frente a la cual la Sala se declarará inhibida.

Costas procesales

No habrá condena por este concepto respecto de la parte vencida, porque no se observa que haya asumido una conducta temeraria o de mala fe en esta actuación (artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 23 de marzo de 2012 proferida por el Tribuna! Administrativo del Atlántico, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda presentada por Victoria Quintero de Gil contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Corporación Distrital de Recreación y Departes CORDEPORTES, en Liquidación.

En su lugar DISPONE:

DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos administrativos.

Acto ficto o presunto que operó respecto de las peticiones presentadas el 28 de octubre de 2008 ante el alcalde distrital de Barranquilla y el director de la Corporación Distrital de recreación y Deportes “Cordeportes”, mediante los cuales le negaron a la actora, Victoria Quintero de Gil, la indemnización moratoria por pago tardío de las cesantías; del artículo 2º de la Resolución 39 de 27 de marzo del 2009 emitida por la directora distrital de liquidaciones de Cordeportes, por cuanto rechazó la reclamación presentada oportunamente por la demandante, por la mora en la consignación de las cesantías; y de la Resolución 68 de 25 de agosto de 2009 expedida por la directora distrital de liquidaciones de Cordeportes, que confirmó la Resolución 39 de 2009.

CÓNDENASE en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho a la Dirección Distrital de Liquidaciones del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a pagarle a Victoria Quintero de Gil, el equivalente a un día de salario por día de retraso, como sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de los años 2005 y 2006, desde el 15 de febrero de 2006 hasta el 9 de diciembre de 2008.

DECLÁRASE inhibida la Sala para decidir de fondo la solicitud de nulidad de la petición de 9 de enero de 2009 presentada por Victoria Quintero Gil ante la directora distrital de liquidaciones, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

CÚMPLASE esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

NO se condena en costas a la parte vencida, por las razones consignadas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese y, una vez ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

(10) Según el comprobante de egreso EGI-0000009531 de 9 de diciembre de 2008 y lo afirmado en la demanda, a la accionante le pagaron $ 4.230.751 y $ 4.682.839 correspondiente al valor de las cesantías de los años 2005 y 2006, respectivamente.

(11) Sentencia de 19 de julio de 2007, M.P. Jaime Moreno García, Expediente 15001-23-31-000-2000-02033-01 (9228-05), actor: Oscar Armando Rodríguez.

(12) Sentencia de 27 de marzo de 2007, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, Expediente 760012331000200002513 01 (2777-2004), actor: José Bolívar Caicedo Ruiz.

(13) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 26 de julio de 2008, radicación 76001-23-31-000-2005-03190-01 (2057-07), actora María Gladys Vélez Henao.

(14) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de septiembre de 2011. Radicación 27001-23-31-000-2008-00060-01 (2005-09). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(15) Ver, entre otras, las sentencias de 27 de enero de 2011, Expediente 1506 de 2008, actor: Mauricio Russo Janica, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez y de 10 de febrero de 2011, Expediente 0910-2010, actor Fabio Guerrero Salgado, M.P. Gustavo Gómez Aranguren

(16) Ibídem.