Sentencia 2009-01247 de mayo 25 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 11001-03-15-000-2009-01247-01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Acción: Tutela

Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB S.A. ESP.

Demandado: Tribunal de Arbitramento de “ETB S.A. ESP vs. Comcel S.A.”.

Asunto: FALLO.

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil diez.

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB S.A. ESP, mediante apoderado, contra el fallo proferido el 21 de enero de 2010 por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la tutela.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que así se autoriza.

Dada su naturaleza subsidiaria, solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial, o en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que procederá como mecanismo transitorio de protección.

La sociedad demandante pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados con el laudo arbitral proferido el 15 de diciembre de 2006, dentro del proceso promovido por Comcel S.A. contra ETB S.A. ESP, en el que se condenó a esta última al pago de los cargos de acceso por la utilización de la red celular para terminar las comunicaciones de larga distancia internacional entrante, de conformidad con lo establecido en la Resolución 463 de 2001.

En primera instancia, el a quo consideró que la tutela no cumplía con el requisito de la inmediatez y que, si en efecto lo cumpliera, el asunto no reviste un asunto de relevancia constitucional que deba ser analizado por el juez constitucional. Adicionalmente, dijo que la tutela contra laudos arbitrales, estudiada por la Corte Constitucional en la SU 174 de 2007, estableció el respeto por el margen de la decisión autónoma de los árbitros, que le impide al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento.

Ahora bien, para determinar la posible afectación de los derechos fundamentales invocados, la Sala abordará los siguientes puntos: (i) se analizará si, como lo manifiesta el tribunal de arbitramento demandado y los intervinientes en esta acción, existe temeridad en la presente tutela; (ii) se estudiará la solicitud de tutela cumple con el requisito de la inmediatez y, por último, (iii) si el sub examine reviste un asunto de evidente relevancia constitucional que amerite ser estudiado para determinar si existe vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

De la temeridad en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone:

ART. 38.—Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

La actuación temeraria se predica en los eventos en que, sin motivo expresamente justificado, una misma persona presenta la acción de tutela ante varios despachos judiciales de manera sucesiva con base en los mismos hechos y para obtener la protección de los mismos derechos.

El fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que, de un lado, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con base en el principio de buena fe y, de otro lado, instituyen como deber de las personas el de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” y “colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

En el presente caso, la acción de tutela que conocieron la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Sección Quinta de esta misma corporación, fue interpuesta contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá integrado por los doctores Jaime Cabrera Bedoya, Fernando Sarmiento Cifuentes y Carlos Manrique Nieto, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Dicha acción fue rechazada porque se dirigió contra providencias judiciales.

Considera la sociedad demandante que existe un hecho nuevo que motivó la interposición de la acción de tutela, como lo es la sentencia del 21 de agosto de 2008, que anuló parcialmente la Resolución 489 de 2002, toda vez que con base en dicha resolución se resolvió el laudo arbitral en el que resultó desfavorecida.

Adviértase que la temeridad surge cuando una persona, sin motivo justificado, interpone múltiples acciones de tutela con base en unos hechos y en procura de la protección de unos mismos derechos, todo eso para confundir al sistema judicial y para abusar, sin duda, del mecanismo de la acción de tutela. En cambio, de haber un motivo que justifique la interposición sucesiva de una misma acción de tutela, se descarta la posibilidad de que surja un caso de temeridad de la acción.

La sola circunstancia de que exista un nuevo hecho que motive la interposición de la tutela, diferente al que se aludió en el proceso 2008-00791, elimina por completo una conducta temeraria por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

De la inmediatez en la presentación de la tutela

La acción de tutela está concebida como un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, que solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial.

Observa la Sala que, pese a que el laudo arbitral objeto de tutela fue proferido el 15 de diciembre de 2006, la acción de tutela se interpuso el 26 de noviembre de 2009, después de haber transcurrido casi tres años. En efecto, si bien la acción de tutela no tiene término de caducidad, este no es indefinido, pues, debe ejercerse en un tiempo razonable.

Ahora bien, si se parte de la base que existe un hecho nuevo que motivó una nueva interposición de tutela, como lo es la sentencia del 21 de agosto de 2008, aclarada el 29 de enero de 2009, se tiene que, de igual forma, la acción de tutela fue interpuesta después de haber transcurrido casi diez meses desde la notificación del auto que aclaró dicha sentencia. En consecuencia, la tutela no cumple con el requisito de la inmediatez.

En efecto, el interesado en obtener la protección de los derechos fundamentales  debe presentar la acción de tutela a partir de cuando tiene conocimiento de la consolidación del hecho o del acto o de la omisión que constituye la violación o amenaza, pues esta circunstancia marca el punto de partida para analizar si la acción ha sido interpuesta oportunamente. Una demora injustificada en ejercer la acción desvirtúa el fin de la acción de tutela, tonándola improcedente.

En relación con el requisito de la inmediatez, la Corte ha señalado en diversas oportunidades que existe un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la demanda(1), en la medida que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Ha dicho la Corte que para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

En el sub examine, el apoderado de la sociedad accionante no indicó las causas de su inactividad, situación que desconoce el principio mencionado y desvirtúa el posible perjuicio irremediable que se le hubiere causado con el laudo arbitral objeto de tutela.

De la relevancia del asunto sujeto a discusión

Por último, advierte la Sala que aun en el supuesto de que la acción de tutela hubiere cumplido con el requisito de la inmediatez que le es propio, una vez estudiada la procedencia de la tutela, de conformidad con las causales genéricas establecidas por la Corte Constitucional, la acción presentada por ETB S.A. ESP no reviste un asunto de evidente relevancia constitucional.

En efecto, en el sub examine aduce la actora que el tribunal de arbitramento que dirimió el conflicto suscitado entre Comcel S.A. y ETB S.A. ESP le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. No obstante, advierte la Sala que una vez visto el trámite del proceso arbitral, la demandante tuvo oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción respecto del laudo mencionado, contradicción que fue estudiada por la Sección Tercera de esta corporación que, finalmente, determinó que el procedimiento seguido por el tribunal accionado se ajustó a derecho.

Entonces, aún en el supuesto de considerar que el sub judice tuviera la relevancia constitucional que, se advierte, no tiene, tampoco observa la Sala la aludida transgresión de los derechos fundamentales invocados.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

CONFÍRMASE el fallo impugnado.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo, previa comunicación a las partes.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.»

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 2007.