Sentencia 2009-01296/49636 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 49636

Radicado: 050012331000200901296 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Yeferson Muñoz Ramírez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., seis de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

IV. Competencia

9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, Sala Quinta de Decisión, en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

10. Se advierte que el presente proceso, no obstante ingresó al despacho para elaborar proyecto de sentencia el 25 de febrero de 2015 (fl. 425, c. ppl.), puede ser de conocimiento de la Sala de Subsección. Esto por cuanto comprende dos tópicos que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, debidamente facultada para el efecto conforme a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, dispuso que pueden solventarse sin sujeción al orden cronológico de turnos y, en todo caso, de forma preferente.

10.1. En efecto, el asunto de la referencia versa sobre las lesiones que padeció un conscripto en un enfrentamiento entre la fuerza pública y militantes de grupos subversivos, lo que hace que la Sala pueda proceder a su resolución preferentemente y sin sujeción al turno normal de fallo. Lo anterior, por cuanto se trata del juzgamiento de los efectos negativos derivados del conflicto armado interno (Acta 02 del 26 de enero de 2017), situación que reviste al presente caso de especial trascendencia social, y porque el objeto de análisis comprende la situación particular de un individuo que se encontraba prestando el servicio militar obligatorio (Acta 10 del 25 de abril de 2013), aspecto que implica la verificación de la jurisprudencia reiterada de esta corporación.

11. Finalmente, conviene precisar que como ambas partes impugnaron la decisión del a quo, la Sala no se encuentra atada a la observancia irrestricta del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(2) de la Constitución Política, pero sí a las limitaciones que la argumentación elevada en los correspondientes escritos de apelación constituyen, siguiendo así lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(3).

11.1. Por este motivo, definida la responsabilidad de la entidad demandada en los términos en que lo hizo el tribunal a quo, sin que las partes manifestaran inconformidad alguna con este punto, el estudio en esta instancia implicará establecer la probidad de las indemnizaciones decretadas que fueron objeto de discrepancia por la parte accionada y, respecto de las discutidas por los accionantes ante su denegatoria, verificar su procedencia conforme al material probatorio existente y la tipología de perjuicios que resultan viables decretar en el marco del estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado por las lesiones causadas a un conscripto.

V. hechos probados.

12. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

12.1. Yeferson Muñoz Ramírez “era orgánico [del Batallón Plan Especial Energético Vial Nº 8] y se encontraba agregado operacionalmente al Bárbula, (…) prestando servicio militar obligatorio, devengando un sueldo de 62.937,00 pesos según (…) nómina del mes de diciembre de 2007” (respuesta a exhorto fechado 23 de noviembre de 2010 por el Batallón Especial Energético Vial Nº 8, fls. 144-145, c. 1). Este “ingresó como soldado regular mediante ORDIA Nº 248 de 20060910 con novedad fiscal 20060815 [y] se retiró en el grado de soldado regular por incapacidad permanente parcial mediante OAP-EJC Nº 1447 de 12 de agosto de 2008 con novedad fiscal de 22 de abril de 2008, con un tiempo de servicio prestado a las fuerzas militares de 1 año, 7 meses y 1 día hasta el 22 de abril de 2008” (certificación del 22 de diciembre de 2008 de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, fl. 166, c. 1).

12.2. Yeferson Muñoz Ramírez “perteneció al Ejército Nacional y laboró en el Batallón Plan Especial Energético y Vial Nº 8 en Segovia - Antioquia (…)”, y el 8 de julio de 2007, “durante combate, suf[rió] heridas por arma de fuego en abdomen valoradas y tratadas quirúrgicamente por cirugía general con laparotomía exploratoria que dej[aron] como secuelas: a) perivisceritis dolorosa por síndrome adherencial y b) cicatriz traumática”, produciéndole una “incapacidad permanente parcial” y “una disminución de la capacidad laboral de: veinticuatro punto cuatro por ciento (24.4%), circunstancia imputable al servicio puesto que ocurrió “por acción directa del enemigo [presuntos subversivos] en el restablecimiento del orden público, o conflicto internacional, de acuerdo al informativo Nº 2/2007, relacionado por el BPEEV Nº 8” (acta del 9 de noviembre de 2009 del Tribunal Médico Laboral de Revisión militar y de Policía Nº 400 (02), fls. 240-243, c. 1).

12.3. Mediante Resolución 82314 del 26 de enero de 2009, reajustada el 4 de enero de 2010 a través de la Resolución 95994, la división de prestaciones sociales del Ejército Nacional reconoció y ordenó pagar a favor del ex soldado regular Yeferson Muñoz Ramírez una “indemnización, por Disminución de la Capacidad Laboral del 24.4%” (copia de las resoluciones, fls. 171-172, 188-189, c. 1).

12.4. Yeferson Muñoz Ramírez, nacido el 7 de agosto de 1987, es hijo de los también demandantes María Ofelia Ramírez Ibarra y José Ober Muñoz Cárdenas (copia auténtica del registro de nacimiento; fl. 61, c. 1).

12.5. Ober Alejandro, Jeraldine, Michael Stid y Tivisay Muñoz Ramírez son hijos de María Ofelia Ramírez Ibarra y José Ober Muñoz Cárdenas, de lo que se colige su calidad de hermanos respecto de Yeferson Muñoz Ramírez (copias auténticas de los registros de nacimiento; fls. 62, 63, 64, 65, c. 1).

VI. Problema jurídico.

13. La Sala debe establecer si una vez declarada la responsabilidad de la entidad demandada en la providencia emitida el 20 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, Sala Quinta de Decisión, por las lesiones ocasionadas a Yeferson Muñoz Ramírez el 8 de julio de 2007, como en efecto se definió en el fallo de primera instancia, hay lugar a: i) reajustar lo reconocido a los actores por concepto de indemnización por perjuicio moral, ii) acceder a lo pretendido en el libelo introductorio consistente en el resarcimiento de los menoscabos inmateriales por daño a la vida de relación, al proyecto de vida, alteración a las condiciones de existencia y por pérdida de la capacidad laboral permanente; y iii) modificar lo reconocido a título de perjuicio material por lucro cesante.

VII. Análisis de la Sala

14. Como se anticipó, en tanto la discusión acerca de la responsabilidad de la entidad accionada quedó zanjada con la sentencia adoptada por el a quo, el estudio en esta instancia implica establecer la probidad de las indemnizaciones decretadas que fueron objeto de discrepancia por la parte accionada y, respecto de las que se discutieron por los accionantes ante su denegatoria, verificar su procedencia conforme al material probatorio existente y la tipología de perjuicios que resultan viables decretar en el marco del estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado por las lesiones causadas a un conscripto. Por este motivo, pasa la Sala a proveer conforme corresponda.

VIII. Liquidación de perjuicios

15. Con el fin de verificar el quantum de la indemnización por el perjuicio moral derivado de las lesiones padecidas por Yeferson Muñoz Ramírez, discutido por ambas partes en sus escritos de impugnación, la Sala acudirá al criterio jurisprudencial unificado que estableció(4):

La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

TABLAXXX
 

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%.

16. Como en el presente asunto las lesiones del conscripto fueron estimadas en el 24.4% de pérdida de capacidad laboral (supra párr. 12.2), se advierte que lo reconocido por el tribunal a favor de la víctima directa (40 S.M.L.M.V.) resulta acorde con el precitado criterio jurisprudencial, en la medida en que así se estipuló para los eventos en que la gravedad de la lesión sufrida “es igual o superior al 20% e inferior al 30%”, lo que impone su confirmación.

17. Frente a los familiares del soldado regular lesionado, se tiene que para el reconocimiento del daño moral estos tenían el deber mínimo de demostrar su existencia (artículo 177 C.P.C.), tal y como lo hicieron (supra párr. 12.4, 12.5), para que con la prueba del parentesco se constituyera un indicio del que se derivara la afectación moral. Al respecto la Sala ha señalado:

Para la Sala es razonable inferir la existencia de un daño moral sufrido por una persona que, como el señor Juan Alberto Caicedo, ha sido privada de su libertad. Igualmente, la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración(5).

18. Así las cosas, la Sala, siguiendo el citado parámetro de esta corporación, fijará la indemnización de perjuicios morales a favor de los padres del lesionado Yeferson Muñoz Ramírez, María Ofelia Ramírez Ibarra y José Ober Muñoz Cárdenas, estando estos en el primer nivel de cercanía, en la suma equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos (40 S.M.L.M.V.), así como a favor de sus hermanos Ober Alejandro, Jeraldine, Michael Stid y Tivisay Muñoz Ramírez, ubicados en el nivel 2 de relación afectiva, en el monto correspondiente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos (20 S.M.L.M.V.).

19. Ahora, en cuanto a lo pretendido en el libelo introductorio a favor de la totalidad de los demandantes por concepto de daño a la vida de relación, al proyecto de vida y alteración a las condiciones de existencia, y respecto de lo solicitado exclusivamente para el perjudicado directo por la pérdida de la capacidad laboral permanente, la Sala estima que tales tipologías de perjuicios, sustentados en la afectación social y familiar de los actores, y en la imposibilidad de que el lesionado lleve una vida normal, no resultan viables en asuntos como el analizado.

20. Conforme a la jurisprudencia de esta corporación, cuando el daño tiene origen en una lesión corporal, únicamente resulta viable solicitar, y eventualmente acceder, al reconocimiento de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante, y de menoscabos inmateriales de tipo moral y por daño a la salud:

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios –siempre que estén acreditados en el proceso–:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(6).

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud(7).

21. En esa medida, dado que en el asunto de la referencia se pretende la indemnización correspondiente a una tipología de perjuicios que no ha cobijado la jurisprudencia contencioso administrativa como plausibles en casos como el de la referencia, lo procedente sería desestimar tales solicitudes. Sin embargo, toda vez que la sustentación elevada, materializada en una afectación personal, social y familiar derivada de una lesión corporal, se corresponde con el perjuicio inmaterial por daño a la salud, siendo precisamente dicho aspecto objeto de reparo frente al fallo del a quo –que desestimó las pretensiones inmateriales salvo lo correspondiente al perjuicio moral–, la Sala determinará su procedencia.

22. Comoquiera que se encuentra debidamente acreditado que Yeferson Muñoz Ramírez padeció una lesión, resultando con incapacidad permanente y una pérdida de capacidad laboral del 24.4% (supra párr. 12.2), lo que de lógica inferencia permite considerar la existencia de una alteración funcional de su derecho a la salud y a la integridad corporal, entonces es viable el reconocimiento de una indemnización a título de reparación por el daño a la salud causado, la cual, se advierte, conforme a la jurisprudencia ut infra, resulta procedente solo para el perjudicado directo.

23. Ahora bien, sobre la forma en la que debe ser tasado el daño a la salud, mediante providencia del 28 de agosto de 2014(8) la Sala Plena de la Sección Tercera estableció lo siguiente:

Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado(9).

Lo anterior, en ejercicio del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para tal efecto se utilizarán –a modo de parangón– los siguientes parámetros o baremos:

Gravedad de la lesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 SMMLV

24. Teniendo en cuenta que como consecuencia de la lesión padecida por Yeferson Muñoz Ramírez se le determinó una incapacidad permanente y una pérdida en su capacidad laboral del 24,4%, entonces hay lugar, en los términos del precitado criterio jurisprudencial, a condenar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagarle al demandante la suma de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.

25. En relación con la pretensión de la demanda consistente en que se le indemnizara a la víctima directa y a sus progenitores los perjuicios materiales por lucro cesante, misma que fue avalada por el tribunal en el fallo de primera instancia (supra párr. 5.3) pero que fue discutida en su integridad por la entidad demandada en el escrito de apelación (supra párr. 6.1), la Sala, en el marco de su competencia, procederá a determinar su procedencia y, evento favorable, liquidará nuevamente el perjuicio conforme corresponda, con la debida precisión de que no podrá mejorarse la situación de la parte actora, ya que se encontraba conforme con lo reconocido en su momento por este concepto.

26. Comoquiera que está probado que Yeferson Muñoz Ramírez ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular (supra párr. 12.1), que es una de las modalidades previstas en el artículo 13 de la Ley 48 de 1993 para la prestación del servicio militar obligatorio(10), entonces se entiende que no percibía remuneración formal alguna distinta a la bonificación normal existente (supra párr. 12.1)(11), lo que implicaría, en principio, la negación del perjuicio solicitado –el consolidado–. Lo anterior, ya que el vínculo del conscripto para con el Estado surgió del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas y, por lo mismo, tal relación no estuvo revestida de carácter laboral alguno.

27. No obstante lo dicho, la Sala, en virtud del criterio de la corporación según el cual se entiende que a partir de que el soldado regular culmina la prestación del servicio militar obligatorio inicia su vida productiva(12), considera dable acceder al perjuicio solicitado únicamente a su favor, como pasará a examinarse.

28. Es preciso advertir que el Consejo de Estado ha entendido que en los eventos en los que una persona pierde un porcentaje de su capacidad laboral, este ve mermada en un porcentaje la posibilidad de procurar su sustento adelantando un trabajo, haciéndosele más difícil desarrollar las actividades que de antaño realizaba sin apuro, circunstancia que ciertamente repercute en su patrimonio, con independencia de que con posterioridad haya continuado laborando en una actividad productiva:

Al respecto, resulta oportuno hacer mención a lo dicho por la Sección en sentencia proferida el 10 de septiembre de 1998 dentro del proceso radicado bajo el número 10537 con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque, en la que se abordó el tema del reconocimiento del lucro cesante cuando una persona que ha sufrido una lesión de carácter permanente parcial continúa laborando en su oficio habitual, como ocurrió en el caso de autos. En la citada oportunidad la corporación manifestó:

“En relación con la persona que no obstante sufrir una incapacidad permanente parcial sigue laborando en su oficio habitual, la Sala ha sostenido dos posiciones opuestas con respecto al reconocimiento del lucro cesante. Según la primera, no hay lugar a conceder la indemnización porque el perjuicio en este caso no es real. Al respecto expresó la Sala: “… el mero hecho de que la sección de Medicina Legal determine la existencia de la incapacidad, no es suficiente para que se ordene el pago de la indemnización, dado que existe prueba en contra de tal certificación, prueba que demuestra que ese perjuicio no es cierto, porque la lesionada siguió laborando normalmente en el mismo oficio que desempeñaba. La indemnización por pérdida de la capacidad laboral debe corresponder a que se haya perdido total o parcialmente tal capacidad, si así no sucede no hay lugar a indemnización porque tal perjuicio no es real”. La otra posición considera, por el contrario que debe indemnizarse a la persona aunque continúe laborando en su profesión u oficio habitual porque la incapacidad reduce sus opciones de vida. Dijo la Sala: “… toda persona tiene derecho a disfrutar de la integridad personal que le permita tener la libertad real de escoger entre trabajar y no hacerlo y, decidiéndose por la afirmativa, poder optar entre una y otra profesión. Si estas facultades de trabajo se ven disminuidas el responsable deberá indemnizar, ya que si la víctima recibe oferta de trabajo deberá rechazarla a causa de su incapacidad, y, justamente, ello constituye un daño que debe ser reparado. Al sentir de la Sala, esta última posición es la más acertada en tanto consulta los principios de equidad y de reparación integral del daño consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, pues lo que se repara en estos eventos es la pérdida de la posibilidad de desempeñar la labor u oficio lucrativo que la víctima aspire a realizar ya que el daño es real cuando se produce una disminución de las posibilidades de la persona de obtener una retribución con el desempeño de una actividad para la cual estaba habilitado física o síquicamente antes de sufrir la lesión y no pierde esa connotación porque al momento de proferir el fallo se verifique que a pesar de sus limitaciones la persona continúa laborando, pues las opciones de vida de la persona se ven afectadas con su invalidez así ella sea parcial y es esto lo que debe repararse. Esta es la razón por la cual también hay lugar a condenar al demandado cuando el que se ve afectado en su capacidad laboral no tenía empleo o este no era remunerado al momento de sufrir el daño” (Destaca la Sala).

Considera la Sala que las razones expuestas en la providencia que vienen de verse son suficientes para acoger, como en aquella oportunidad, la última de las posiciones jurisprudenciales esbozadas, ya que cuando se determina la existencia de una merma permanente en la capacidad normal para laborar, se configura, sin lugar a dudas, un perjuicio que seguramente, aunque no lo imposibilite, dificultará el desarrollo cotidiano de la actividad que el lesionado acostumbre realizar y, además, lo limitará para escoger cualquier otro oficio que implique un mayor esfuerzo (destaca la Sala)(13).

29. Con observancia de lo expuesto y debido a que está acreditado que en el caso concreto la pérdida de capacidad laboral del señor Muñoz Ramírez fue de un 24,4%, considera la Sala que no existe impedimento alguno para proceder a liquidar en concreto, tanto el lucro cesante consolidado como el futuro del lesionado.

30. Sin embargo, no puede predicarse lo mismo respecto de los progenitores del lesionado, en la medida en que, no obstante se presume que la víctima directa iniciará su vida productiva una vez finiquite la prestación del servicio militar obligatorio, es inviable suponer, adicional a la presunción ya establecida, la forma en que en esa circunstancia hipotética (pero revestida de certidumbre) el ex conscripto dispondrá de su patrimonio. En otras palabras, lo procedente en este tipo de eventos (de lesiones), es reconocer la indemnización a que hubiera lugar exclusivamente para el perjudicado directo, ya que, como este sigue con vida, destinará sus ingresos –v. gr. el monto acá decretado en su beneficio– conforme considere.

31. Lo anterior es así por cuanto lo que se pretende compensar en este tipo de casos es la reducción porcentual en la posibilidad de procurar un sustento adelantando un trabajo, circunstancia que repercute exclusivamente en el patrimonio de la víctima directa, con independencia de que con posterioridad, como este persiste con vida, continúe ejerciendo una actividad productiva.

32. Ahora, en lo referente a que el lucro cesante resultaba improcedente en la medida que ya se había dispuesto una indemnización de tipo laboral para el efecto (supra párr. 4.5), cabe destacar que si bien se acreditó que la entidad demandada presupuestó a favor del lesionado un monto de dinero como compensación por la pérdida de su capacidad laboral (supra párr. 12.3), se advierte que no obra prueba fehaciente que acredite que se efectuó el desembolso del dinero respectivo y, en cualquier caso, el hecho de que la víctima hubiere recibido el pago correspondiente no resultaría excluyente de la indemnización que se determine en el presente juicio de responsabilidad, por concepto del perjuicio aducido. Al respecto, la Sala ha mencionado que:

[E]n efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales –que en derecho francés se han denominado “indemnización a forfait”(14)– su reconocimiento es compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley y, la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad, es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y por lo tanto no se excluyen entre sí(15).

33. De esta manera, con la revocatoria de lo reconocido en la sentencia de primera instancia a favor de los progenitores de la víctima directa, el tiempo a indemnizar de este último iría desde el momento en que fue retirado de la institución castrense, es decir, el 22 de abril de 2008 (supra párr. 12.1), hasta el término de su vida probable(16). De otro lado, sería factible calcular este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para el momento de proferir esta sentencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos. Lo anterior, debido a que la actualización del salario mínimo legal vigente para la época del secuestro del conscripto resultaría inferior al valor actual del salario mínimo legal, esto es, setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($ 737 717).

34. Ahora bien, habría lugar a aumentar dicho monto en un 25%, incremento que corresponde a las prestaciones sociales que operan por disposición de ley, dando como resultado la suma de novecientos veintidós mil ciento cuarenta y seis pesos con veinticinco centavos ($ 922 146,25), suma a la cual se le debe extraer el 24,4% que equivale a la pérdida de la capacidad laboral sufrida por el lesionado y que se constituiría en la base de la liquidación para obtener los valores que le corresponderían asumir a la entidad demandada, operación que tiene como producto el valor de doscientos veinticinco mil tres pesos con sesenta y ocho centavos ($ 225 003, 68).

35. El periodo consolidado para indemnizar al referido damnificado iría desde el día siguiente en que fue retirado de la institución castrense –23 de abril de 2008– (supra párr. 12.1), hasta la fecha de esta sentencia –28 de junio de 2017– y equivale a 110,16 meses (9 años, 2 meses y cinco días).

S = Ra (1+ i)n - 1

I

S = $ 225 003,68 x (1+0,004867)110,16 -1

0,004867

S = $ 32 693 682,19

36. Por su parte, la indemnización del periodo futuro iría desde el momento en que se profiere esta sentencia hasta el resto de vida probable del actor, quien para el momento que se retiró del servicio –22 de abril de 2008– tenía 20 años de edad (8 meses y 15 días) (supra párr. 12.4) y, por ende, su expectativa de vida en ese momento, según la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 1112 del 29 de junio de 2007, expedida por la Superintendencia Financiera, era de 54,31 años adicionales.

37. Se observa que debido a que ya se liquidó el periodo consolidado, el término respectivo debería ser reducido al del periodo futuro a indemnizar, lo cual determina el tiempo restante de vida probable del señor Muñoz Ramírez desde el día siguiente en que se adopta esta decisión –29 de junio de 2017–, en el equivalente a 45,13 años, es decir a 541,56 meses.

S = Ra (1+ i)n- 1

i (1+ i)n

S = $225 003,68 x (1+0,004867)541,56 - 1

0,004867 (1+0,004867)541,56

S = $ 42 896 175,87

38. Sumados los valores de las indemnizaciones consolidada y futura obtenidos en la liquidación que antecede, se obtiene el total de setenta y cinco millones quinientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con cero punto seis centavos ($ 75 589 858, 06), monto que sería del caso reconocer a favor de Yeferson Muñoz Ramírez por concepto de lucro cesante. Esto si no se advirtiera que se mejoraría injustificadamente la situación de la parte actora, en la medida que la misma se encontraba conforme íntegramente con lo decretado por el Tribunal en cuanto a esta tipología de perjuicio (supra párr. 6), monto que resulta menor a la liquidación efectuada en esta instancia.

39. En efecto, el a quo decretó una indemnización a favor del señor Muñoz Ramírez por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, en suma, de $ 24 956 372,05, así como a favor de sus padres, restándole una porción al primero, de $ 6 257 382,55 (supra párr. 5.3, 5.4), lo que en total arrojó el valor de $ 31 213 754,6, suma que actualizada a la fecha de la presente sentencia, conforme a la formula normalmente utilizada, corresponde al monto de $ 38 079 785,13, es decir, un valor inferior al que hubiera correspondido reconocerle a la víctima directa si hubiera discrepado de lo reconocido en la sentencia de primera frente a este punto específico.

40. En esa medida, lo correspondiente en el presente asunto es acceder al reconocimiento del lucro cesante, tanto consolidado como futuro, causado al ex soldado regular, pero en el monto total, decretado tanto para este como a sus padres (estos últimos disminuyendo lo del primero), que fue determinado por el tribunal en la providencia de primera instancia y respecto del cual, se insiste, los accionantes no manifestaron reparo alguno. Lo anterior, en todo caso, con la debida actualización a la fecha en que se adopta el presente proveído.

IX. Costas

41. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia del 20 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa, Sala Quinta de Decisión, la cual quedará de la siguiente forma:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas por el soldado regular Yeferson Muñoz Ramírez el 8 de julio de 2007.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero como indemnización de perjuicios:

Perjuicios morales:

— A Yeferson Muñoz Ramírez (víctima), María Ofelia Ramírez Ibarra (madre) y José Ober Muñoz Cárdenas (padre), la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— A Ober Alejandro Muñoz Ramírez, Jeraldine Muñoz Ramírez, Michael Stid Muñoz Ramírez y Tivisay Muñoz Ramírez (hermanos), la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Perjuicios por daño a la salud:

— A Yeferson Muñoz Ramírez (víctima), la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios materiales:

— A Yeferson Muñoz Ramírez la suma de treinta y ocho millones setenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos con trece centavos ($ 38 079 785,13) por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.

3. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

4. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

5. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

7. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La Sala encuentra que el presente asunto, tal y como ya fue definido en el proveído admisorio de los recursos de apelación presentados (supra párr. 7), es de doble instancia ante esta corporación, comoquiera que su cuantía (supra párr. 1), establecida por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, resulta superior a los 500 S.M.L.M.V. exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para los procesos iniciados en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2009.

2 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

3 “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

5 Sentencia del 12 de mayo de 2011, Exp. 18902, C. P. Danilo Rojas Betancourth.

6 [51] “‘Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico’ Gil Botero, Enrique ‘Daño Corporal – Daño Biológico – Daño a la vida de relación’, pág. 10”.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 1994-00020 (19031), C.P. Enrique Gil Botero.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 1997-01172 (31170), C. P. Enrique Gil Botero.

9 [458] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz”.

10 De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, existen cuatro modalidades para la prestación del servicio militar obligatorio: a) como soldado regular; b) como soldado bachiller; c) como auxiliar de policía bachiller y d) como soldado campesino. Esto sin perjuicio de la facultad que le asiste al gobierno nacional de establecer otras modalidades para atender la obligación de prestar el servicio militar obligatorio.

11 Sin perjuicio de que pueda acreditarse lo contrario.

12 Véanse las sentencias de 4 febrero de 2010, Exp. 15.061 y 15.527 (acumulados), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 29 de agosto de 2012, Exp. 17.823, 21984, 21976, 21965 y 32010 (acumulados), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 21 de enero de 2012, Exp. 1999-00531 (21508), C. P. Hernán Andrade Rincón.

14 [14] Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C. P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C. P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, C. P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C. P. Ramiro Saavedra.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Exp. 85001 23 31 000 1998 00438 01 (15583 acumulado con el 17287), actor: Antonio Velandia Torres y otros, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

16 No fue allegada al proceso prueba alguna tendiente a demostrar que la invalidez del lesionado hubiera tenido o fuera a tener punto de recuperación, estando probar esas circunstancias a cargo de la entidad demandada de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., sino que por el contrario, el dictamen de la junta médica laboral consideró permanente la pérdida de capacidad laboral del señor Muñoz Ramírez.