Sentencia 2009-01512 de abril 29 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 050011102000200901512-01 (8736-17)

Aprobado según acta de Sala 32

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogado está demostrada con la certificación del registro nacional de abogados, en la cual se informó que el investigado Juan Manuel Trujillo Jaramillo está inscrito como profesional del derecho, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 71.593.914 y con tarjeta profesional vigente 78016 (fl. 12, c.o. primera instancia).

4. De la materialidad de la conducta.

Corresponde a esta Sala verificar en las pruebas acopiadas, la responsabilidad del profesional del derecho, no sin antes señalar que al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad de la disciplinable.

4.1. Tipicidad.

Conforme quedó consignado en la sentencia de primera instancia, al abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo se le sancionó por la infracción a la falta contenida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto es el siguiente:

“LEY 1123 DE 2007

• ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

• Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Ahora bien, en aras de establecer en grado de certeza la responsabilidad del letrado Juan Manuel Trujillo Jaramillo en la comisión de la falta endilgada en sede de primera instancia, procede esta colegiatura a analizar las pruebas allegadas al dossier, veamos:

1. Obra dictamen pericial emitido por el doctor Jorge Mario Henao Márquez, (médico especialista en la valoración del daño corporal), adiado el 12 de julio de 2007 mediante el cual le dirigía al abogado, aquí disciplinado, informe “la evaluación integral de los perjuicios sufridos por el menor Juan Pablo Benítez Ospina” (fls. 4 al 6, c.o. 1ª instancia).

2. A folio 7 del cuaderno original de primera instancia obra documento del 27 de enero de 2009, aportado por la quejosa, referenciado como “trámite de conciliación y arbitraje”, en el que el togado investigado figuraba como coadyuvante en una solicitud elevada al “Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio de Medellín” (sic, para lo transcrito).

3. A folio 8 del cuaderno de primera instancia, obro copia de un comprobante de pago suscrito por el investigado en el cual se lee, “concepto de tramite proceso conciliación indemnización de perjuicios del menor Juan Pablo Benítez, total factura de $ 715.000” (sic para lo transcrito).

4. El jefe de la unidad de conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín el 23 de abril de 2013 certificó que una vez revisado el sistema de información y archivo de esa entidad, no se encontró que en ese centro de conciliación se hubiere pagado o adelantado una conciliación a favor de la señora Paula Yenifer Ospina Arango (fls. 98 y 99, c.o. 1ª instancia).

5. El 15 de abril de 2013 la señora Paula Yenifer Ospina Arango, (quejosa), otorgó poder amplio y suficiente a otro abogado para que en su nombre iniciara proceso verbal de mayor cuantía de responsabilidad civil extracontractual contra de la Urbanización Mirador de los Alpes, demanda presentada ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín y reconocida personería jurídica el 14 de enero de 2013 por ese despacho judicial.

6. En el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Secretaria Judicial de esta Sala en la cual al togado investigado le figuraba una sanción de exclusión dentro del radicado 05001110200020140099602, con fecha de iniciación del 19 de agosto de 2010.

De lo anterior, esta Sala evidencia, de la prueba recaudada que el encartado desde el 27 de enero de 2009 (data en la que se logró demostrar la relación contractual entre el hoy disciplinado y la quejosa) hasta el 19 de agosto de 2010 (fecha en la que inició la ejecución de la sanción de exclusión impuesta mediante sentencia judicial de ene. 21/2010) no realizó ninguna actuación tendiente a la obtención de la indemnización de daños y perjuicios.

En consecuencia, de las probanzas anteriormente relacionadas esta corporación en grado de certeza, advierte la materialización de la falta endilgada al disciplinado en sede de primera instancia, por cuanto el abogado investigado no realizó ninguna gestión tendiente a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en el accidente sufrido por el hijo de su cliente en las instalaciones de la Urbanización Mirador de los Alpes, pues no efectuó los trámites correspondientes para los cuales fue contratado, como lo era la conciliación prejudicial, y promover proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual en favor de su prohijada.

Así las cosas, encuentra esta colegiatura probada la comisión de la falta a la debida diligencia, pues de las actuaciones reseñadas se colige sin dubitación alguna que el profesional del derecho fue indilgente(sic) pues no realizó ninguna actuación en procura de la realización de la audiencia conciliación ante la Cámara de Comercio de Medellín, como tampoco, la iniciación de un proceso ordinario, al punto que su mandante, se vio en la obligación de contratar los servicios profesionales de otro abogado, tal como se evidenció con el poder y el auto emanado del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín por medio del cual el operador de la causa le reconoció personería jurídica a otro litigante.

Frente a la falta endilgada al inculpado la Sala precisa, que cuando el abogado asume un compromiso profesional, se obliga a realizar oportunamente todas las actividades necesarias en procura de cumplir las gestiones a él encomendadas; momento a partir del cual cobra vigencia el deber de atender con celosa diligencia los asuntos a su cargo, pues este compromiso envuelve la obligación de actuar con prontitud y celeridad en las diligencias tendientes a llevar a feliz término los compromisos profesionales adquiridos. Por tanto, cuando el togado se aparta injustificadamente de la obligación de atender con prontitud los asuntos profesionales que le corresponden, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional.

4.2. Antijuridicidad.

De otro lado, preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su el artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputada al profesional investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte del inculpado de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

Analizado este elemento por la Sala, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se concluye en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el estatuto del ejercicio de la abogacía al abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo en tanto, de los hechos y de las pruebas recaudas por el a quo como la certificaciones de la Cámara de Comercio de Medellín, los documentos aportados por la quejosa (dictamen pericial dirigido al togado y comprobante de recibo del dinero entregado al investigado) (fls. 4 al 8, 98 del 1ª instancia) lograron demostrar que el encartado no inició trámite alguno para obtener la indemnización pecuniaria para la cual fue encargado, pues no ejecutó la conciliación ante la Cámara de Comercio de Medellín, como tampoco impetró la demanda ante la jurisdicción ordinaria, viéndose forzada la quejosa a contactar a otro abogado.

En consecuencia, encuentra este cuerpo colegiado que el investigado con su proceder omisivo, causó perjuicios económicos a su cliente toda vez que el mandato iba dirigido a conseguir una indemnización dineraria por los daños sufridos por su menor hijo, adicionalmente, el investigado recibió el valor de $ 715.000 para la ejecución de una conciliación ante la cámara de comercio, transacción que nunca se adelantó, circunstancias por las cuales conllevaron a la señora Ospina Arango a contratar los servicios profesionales de otro jurista.

En suma, esta Sala denotó en el actuar pasivo y negligente del inculpado, materializada la conducta endilgada en sede de primera instancia pues al no evidenciar ninguna causal de exculpación para que el togado investigado se sustrajera de efectuar los trámites encomendados ante la Cámara de Comercio y la Jurisdicción ordinaria, causándole a su mandante perjuicios económicos.

Así las cosas, queda demostrado el injustificado incumplimiento por parte del abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo de los deberes profesionales que está inexorablemente obligado a cumplir todo abogado, los cuales para el caso sub examine, se encuentran compilados en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.

(…)”.

En consecuencia, es evidente que el jurista encartado, incurrió en la falta a la debida diligencia por su conducta omisiva, y sin emerger justificación alguna por su proceder, esta jurisdicción disciplinaria le enrostró en sede de instancia el cargo por el cual viene sancionado, por inobservancia al deber descrito en precedencia.

4.3. Culpabilidad.

Respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta a la debida diligencia profesional imputada a la inculpada constituye un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto incurrió en ella por inobservancia de los deberes de cuidado propios de su ejercicio profesional, pues siendo conocedora de los especiales deberes a su cargo, los cuales lo obligaban a ser diligente.

En efecto, en el caso de estudio observa la Sala que el abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo se comprometió con la señora Paula Yenifer Ospina Arango a tramitar una conciliación pre-judicial ante la Cámara de Comercio de Medellín (fl. 4 al 8, c.o. 1ª instancia) con la cual se pretendía una indemnización por las lesiones sufridas por su menor hijo en un accidente ocurrido en las instalaciones de la piscina de la Urbanización Mirador de los Alpes, gestión que no realizó, como tampoco, promovió el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual contra la referida propiedad horizontal, en aras de obtener el resarcimiento de los perjuicios en mención.

Así pues, en reiteradas oportunidades esta colegiatura ha sostenido que el tipo disciplinario endilgado al profesional del derecho, materializado al no adelantar la gestión encomendada se considera cometido a título de culpa, al evidenciarse violación de los deberes objetivos de cuidado, que deben tener los abogados manifestados en una falta de diligencia en el compromiso profesional otorgado por sus clientes.

5. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al investigado consagra el artículo 37 numeral 1º de la norma en cita cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión, la máxima aplicable la de exclusión.

Sanciones contempladas en el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, norma que adicionó al capítulo de sanciones la multa, la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

Ahora bien, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo, a quien se le exigía un actuar diligente en aras de la protección de los derechos de su prohijada en el asunto de marras, la sanción de doce meses en el ejercicio de la profesión, impuesta en la sentencia materia de consulta, cumple con criterios legales y constitucionales.

En efecto, la gravedad de la infracción disciplinaria en la cual incurrió el disciplinado, quien omitió su deber de diligencia en los términos ya referidos, se concretó al sustraerse éste de iniciar las gestiones encomendadas por su mandante, situación por la cual el quejoso debió acudir a los servicios profesionales de otro litigante, generándole un perjuicio al no acceder de forma pronta a sus pretensiones.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era permitido al operador disciplinario sancionar con doce meses en el ejercicio de la profesión al jurista Juan Manuel Trujillo Jaramillo, en tanto, la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple con tal propósito, pues

“(…) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (…)”(2).

Igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido éste como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, en el presente caso, para el abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo que en el futuro se abstenga de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Finalmente, se consuma también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria de doce meses en el ejercicio de la profesión impuesta al togado, pues es acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala confirmará la providencia consultada proferida el 16 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con suspensión de doce meses en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo identificado con cedula de ciudadanía con Nº 71.593.914 y tarjeta profesional 78016 como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia consultada proferida el 16 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con suspensión de doce meses en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Manuel Trujillo Jaramillo identificado con cedula de ciudadanía con Nº 71.593.914 y tarjeta profesional 78016 como autora responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por secretaria judicial comisiónese la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que notifique al disciplinado de la presente providencia, una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes

Notifíquese y cúmplase.»

(2) Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008, págs. 45 y 46.

Salvamento de voto

Cuando, como en el caso concreto, los hechos generadores de la responsabilidad civil extracontractual a que se comprometió elucidar el disciplinable, aparecen tan defectuosamente descritos que ni siquiera es posible establecer si la acción disciplinaria está o no prescrita, claramente concurre lo que la Corte Constitucional asume como defecto por “decisión sin motivación”(1).

Si en el ámbito sancionatorio nuestros regímenes adoptaron el sistema de la doble imputación —imputación fáctica e imputación jurídica— y la primera de ellas es inmutable, vacíos en su aspecto descriptivo difícilmente pueden tolerarse, como quiera que constituyen yerros epistemológicos, es decir, fallas en el conocimiento.

Interrogantes, entonces, tales como ¿la responsabilidad civil extracontractual a cargo del disciplinable fue por hecho ajeno? ¿Fue por causa de un delito? ¿En qué época acaecieron los hechos que la suscitaron?, debieron ser probatoriamente despejados, entre otras cosas, con el fin de determinar si los cubría la prescripción extraordinaria de tres años.

El profesor argentino Rodolfo Luis Vigo, con sobrados fundamentos lógicos, metodológicos y epistemológicos, advierte que “la verdad en el conocimiento de los hechos es condición de la justicia”(2).

Significa, en consecuencia, que entre los hechos, lo fáctico y la decisión justo material del caso, existe una relación indisoluble, inclusive hasta el punto de que —como ya se señaló— nuestros ordenamientos sancionatorios resolvieron optar por un sistema dual de imputación: imputación fáctica + imputación jurídica.

Si de la imputación fáctica —la cual depende de los hechos— se deriva la imputación jurídica, no considera la suscrita que en un pronunciamiento tan de fondo como la sentencia, que es la más importante decisión que se adopta dentro de cualquier proceso judicial, con el ítem, además, de que es proferida por una Corte como órgano límite, pueda irse haciendo de cualquier manera la descripción de los hechos.

También para ese tipo de descripción existe un método, un orden, una secuencia y del resorte del decisor en la sentencia es ponerlo en práctica, de manera tal que para todo el mundo quede claro cuál es el sustrato material del asunto y, sobre todo, para facilitarles a sus destinatarios el ejercicio de un cabal control de la racionalidad de la decisión.

No podría olvidarse que, según lineamientos jurisprudenciales suficientemente conocidos, la imputación fáctica no es modificable, como sí lo es la imputación jurídica, justamente porque desde la visión antropológica(3), una vez sucedidos los hechos, lo único que de ellos puede modificarse es la forma de representárselos o interpretarlos un determinado sujeto, más no los hechos mismos.

Así las cosas, cuando en un pronunciamiento por medio del cual un órgano límite zanja definitivamente un conflicto o define de esa manera un caso, vacíos en la descripción fáctica, relación de prueba pero sin ejercicio valoratorio alguno y “gaseoso” señalamiento de los cargos, son tres problemas que dicen de la presencia inocultable de defectos fácticos según los términos de las sentencias C-590 de 2005 y T-429 de 2011, que es a lo que la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia denomina motivación incompleta(4), que imponen a la suscrita el deber de distanciarse respetuosamente.

María Mercedes López Mora 

Fecha ut supra 

(1) Sentencia T-429 de 2011.

(2) Vigo, Rodolfo Luis, Constitucionalización y Judicialización del Derecho, Colección Internacional Nº 42, U. Javeriana, Bogotá, 2012, pág. 41.

(3) Hawkesworth, Mary E., Knowers, Knowing, Known: Feminist Theory and Claims of Truth, Signs, primavera 1989, págs. 533-557.

(4) Sentencia 17738 de 2004.