Sentencia 2009-01517 de octubre 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 050012331000200901517 01 (20400)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Valencia y Henao y Cía. Colectiva Civil – En liquidación

Demandado: municipio de Envigado

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina si prospera la excepción de prescripción de la acción de cobro, que propuso la actora contra el mandamiento para el pago de la contribución de valorización de 4 predios de su propiedad.

En concreto, establece si el término prescriptivo de la acción de cobro debe contarse a partir del 14 de mayo de 2004, como lo pide la actora, o desde el 11 de junio de 2004, como lo alega la demandada.

Para decidir lo pertinente, se tienen como probados los siguientes hechos:

Por Resolución 655 de 17 de marzo de 2004, el municipio de Envigado asignó la contribución de valorización a cuatro predios de la actora por la ejecución de la obra “Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado en la Zona de Expansión Urbana y Alcantarillado en un Sector de la Vereda El Escobero”. Para el pago del gravamen, el acto dispuso lo siguiente:(21)

“Artículo Décimo: Ejecutoriado el Acto de la presente Resolución, el pago de las contribuciones asignadas, se hará exigible así:

[...]

Parágrafo Primero: El vencimiento del pago de la cuota inicial para los contribuyentes que se acojan al pago por el sistema de financiación, será el día Catorce (14) del mes de Mayo del año 2.004. El vencimiento de los pagos de las cuotas mensuales será el día Quince (15) de cada mes a partir del mes de Junio de 2004.

[...]

Artículo Décimotercero: Los contribuyentes que cancelen de contado la totalidad de la contribución asignada dentro del término fijado para el pago de la cuota inicial, es decir el día Catorce (14) de Mayo del año 2004, tendrán un descuento, del Diez por Ciento (10%).

[...]” (Se destaca)

Mediante Resolución 1203 de 5 de mayo de 2004, la Administración Municipal modificó la Resolución 655 de 17 de marzo de 2004, así(22):

“[...]

Artículo Primero: Modificar la fecha de vencimiento del pago de la primera cuota, correspondiente a la cuota inicial, para los contribuyentes que se acojan al pago por financiación; y el pago de contado de la totalidad de las contribuciones asignadas, con el respectivo descuento del 10%, fijado inicialmente en la Resolución Nro. 655 de marzo 17 de 2004 “Distribuidora de las contribuciones de valorización de la Obra 01-2003”, para el día Viernes Once (11) de Junio de 2004.” (Resalta la Sala)

No se discute en el proceso la ejecutoria del acto de asignación de la contribución (Resolución 655 de 17 de marzo de 2004), cuyo plazo para el pago fue ampliado por Resolución 1203 de 5 de mayo de 2004.

Por Resolución 0551 de 10 de marzo de 2009, el municipio de Envigado declaró a la actora, deudora morosa por concepto de contribución de valorización, en los siguientes términos:(23)

“Artículo Primero: Declarar deudor moroso del fisco municipal a favor del Municipio de Envigado a la Sociedad Valencia Henao y Cía. Colectiva, identificada con el Nit Nº 800032042, por la suma de $703.903.252.00 m/l (setecientos tres millones novecientos tres mil doscientos cincuenta y dos pesos m/l, correspondiente a los predios identificados con las cedulas catastrales Nº 20000030020000000000, 20000030020100000000, 20000030020300000000, 20000030020400000000 matrículas inmobiliarias 001-0135206, 001-5166661, 001-0135306, 001-0135063 respectivamente, que se hallan ubicados en la zona rural, (vereda 03) santa catalina, Calle 36 S Nº 23-96 Int 103,120, Municipio de Envigado:

Obra 01-2003 ValorizaciónPredioTotal
 001-0135206175.975.813
 001-5166661175.975.813
 001-0135306175.975.813
 001-0135063175.975.813
   
TOTAL 703.903.252

[...]”

Por auto 00191-2009 de 21 de mayo de 2009, el Municipio libró contra la actora mandamiento para el pago de la suma determinada en la resolución anterior(24). El mandamiento de pago, se notificó el 26 de mayo de 2009(25).

Contra el mandamiento de pago, la actora propuso la excepción de prescripción de la obligación fiscal(26), que fue rechazada mediante Resolución 1839 de 14 de julio de 2009(27).

Conforme con el artículo 817 del Estatuto Tributario(28), la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe a los 5 años, contados a partir de: i) la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente; ii) la fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea; iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores; y iv) la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

El artículo 829 del referido Estatuto prevé que los actos administrativos que sirven de título ejecutivo se entienden ejecutoriados en los siguientes eventos:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

Además, según lo prescrito por el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional, el término de prescripción de la acción de cobro solamente se interrumpe (i) por la notificación del mandamiento de pago; (ii) por el otorgamiento de facilidades para el pago; (iii) por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

En el caso en estudio, no se discute que el acto de asignación de la contribución a cargo de la actora quedó ejecutoriado. Sin embargo, al haber fijado este un plazo para el pago de la obligación o, lo que es lo mismo, para hacerla exigible, no es la fecha de ejecutoria del acto, sino la de la exigibilidad de la obligación, la que determina el momento a partir del cual debe empezar a correr el término de prescripción de la acción de cobro.

En efecto, como regla general, el término de prescripción de la acción de cobro se cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del acto que fija la obligación, porque la ejecutoria de la decisión hace que sea exigible la obligación a cargo del administrado. Sin embargo, en este asunto, la exigibilidad de la obligación no se produjo por la ejecutoria del acto de determinación de la contribución sino por el vencimiento del plazo consagrado para su cumplimiento.

Ahora bien, en el caso sub examine, la Resolución 655 de 17 de marzo de 2004, que asignó a la actora la contribución de valorización, estableció como plazo para el pago de la cuota inicial o del total de la contribución, con descuento del 10%, el 14 de mayo de 2004. Sin embargo, por Resolución 1203 de 5 de mayo de 2004 este plazo fue ampliado hasta el 11 de junio del mismo año.

A juicio de la actora, el término de la prescripción de la acción de cobro empezó a correr el 14 de mayo de 2004, fecha originalmente fijada por la Administración para el pago de la contribución por valorización, pues, en su criterio, el nuevo plazo para el pago del gravamen es un plazo adicional, concedido a todos los contribuyentes obligados a pagar el tributo, que no interrumpe el término de prescripción que ya había empezado a correr. Lo anterior, porque los actos que interrumpen la prescripción de la acción de cobro son solo los previstos en el Estatuto Tributario, y para interrumpir la prescripción no resulta admisible la concesión de plazos adicionales, las amnistías y otros instrumentos.

La Sala observa que no asiste razón a la actora, por cuanto el nuevo plazo para el pago, fijado en la Resolución 1203 de 5 de mayo de 2004, no constituye un plazo adicional e independiente del señalado en la Resolución 655 de 2004, precisamente porque cuando se expidió la Resolución 1203 de 2004 no había vencido aún el plazo inicialmente fijado para satisfacer la obligación (14 de mayo de 2009).

Lo anterior significa que el plazo para hacer exigible la obligación vencía el 11 de junio de 2004, fecha a partir de la cual empezaba a correr el término de prescripción de la acción de cobro. En consecuencia, el acto que amplió el plazo para el pago de la contribución no tuvo el efecto de interrumpir la prescripción no solo porque no encuadra dentro de los eventos del artículo 818 del Estatuto Tributario sino porque no puede interrumpirse un término de prescripción que no ha empezado a correr.

Por lo demás, la Resolución 1203 de 2004 no constituye una facilidad de pago en los términos del artículo 814 del Estatuto Tributario(29), pues la deuda no era todavía exigible, y por ello para su pago no era necesario el acuerdo entre la Administración y la actora o que el primero “facilitara” a la segunda el pago de la obligación, con las sanciones e intereses. Se reitera que el nuevo plazo para el pago constituye solo una nueva fecha de exigibilidad de la obligación.

De este modo, al constituirse una nueva fecha de exigibilidad de la obligación para todos los contribuyentes beneficiarios de la Obra 01-2003, no podía la Administración exigir el pago de esta antes del vencimiento o la expiración del nuevo plazo fijado por la Resolución 1203 de 5 de mayo de 2004, es decir, antes del 11 de junio de 2004. Ello, de conformidad con el artículo 1553 del Código Civil, conforme con el cual el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, lo que significa que es el vencimiento del plazo, el que determina la fecha de exigibilidad de la obligación.

Téngase en cuenta que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, el cual puede ser expreso o tácito(30), y comoquiera que para el presente asunto, la Administración expresamente fijó como plazo para el pago de la obligación el 11 de junio de 2004, es esta la fecha a partir de la cual se hizo exigible la deuda y empieza a correr el término de prescripción de la acción de cobro.

De acuerdo con lo anterior, el Municipio tenía hasta el 11 de junio de 2009, para iniciar, con la notificación del mandamiento de pago, el proceso administrativo de cobro de la obligación fiscal insoluta, so pena de que operara la prescripción de la acción de cobro.

Dado que el mandamiento de pago fue notificado a la demandante el 26 de mayo de 2009, se interrumpió la prescripción y, en consecuencia, fue oportuna la actuación de la Administración tendiente a la ejecución de las obligaciones fiscales insatisfechas por concepto de contribución de valorización. Por lo mismo, no había lugar a declarar probada la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta por la demandante contra el mandamiento de pago, como lo decidió el Tribunal.

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

21 Folios 26 a 33

22 Folios 34 a 35

23 Folios 83 a 84

24 Folios 108 a 109.

25 Folio 111.

26 Folio 115 a 121.

27 Folios 129 a 133.

28 Modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002.

29 “Artículo 814. Facilidades para el pago. <Artículo modificado por el artículo 91 de la Ley 6 de 1992> El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración. […]”
[…]”

30 Artículo 1551 del Código Civil.