Sentencia 2009-01525 de enero 22 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 050011102000200901525 01 / 2719 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 2 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política; 112.4 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y los capítulos IV y V, del título I, del Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011, mediante el cual se modifica y adopta el reglamento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el recurso de apelación formulado por el disciplinable contra la decisión del 13 de diciembre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Carlos Alberto Acevedo Rivera con suspensión en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses, al hallarlo responsable de haber faltado a sus deberes previstos en el artículo 28 numerales 6º, 16 y por ende, incurrió en la falta contra la recta y leal realización de justicia establecida en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

2. Estudio de fondo.

Procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el mismo togado disciplinado.

En ese orden de ideas, se tiene que el abogado Carlos Alberto Acevedo Rivera fue llamado a juicio y hallado responsable de infringir el artículo 33.8. de la Ley 1123 de 2007, por cuanto, se investigó cuál fue la conducta en la cual ha podido incurrir el abogado investigado de conformidad con lo expuesto en que se dio origen a las presentes diligencias la compulsa de copias que ordenó la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, en auto del 16 de junio de 2009, a fin de que se investigara la conducta disciplinaria en la que pudo incurrir al abogado Carlos Alberto Acevedo Rivera, al presentar recusación contra funcionario judicial sin fundamento alguno, sintetizando en varias las consideraciones que lo llevaron a reprochar el fallo de instancia, las cuales para efectos de estudio por esta Sala serán reducidas a dos, en tanto ellas se condensan en una sola. Veamos:

Manifiesta el recurrente que no fue debidamente probada pues si se resalta en la providencia alzada los señores magistrados, se refieren a mi recusación como si fundamento alguno, lo que deja ver al mismo tiempo una sentencia, bajo una fuente objetiva en esencia, y sin agotar un solo paso en el tema de subjetividad; transgrediendo con ello, principios constitucionales y normas legales contenidas incluso en el Código Disciplinario del Abogado, artículo 5º de la Ley 1123 de 2007; por medio del cual se erradica toda forma de responsabilidad objetiva; por otra parte señala que las testigos señoras Miriam González y María del Socorro Mora González, sí son oídas en juicio, pero reparo que de su versión y dentro del texto y contexto de la sentencia, los señores magistrados, omitan todo pronunciamiento al respecto, cuando son ellas las que me proporcionan una defensa a mis intereses; como también indica; que la recusación al señor juez, fue el producto o efecto de sus malos tratos, y el querer cumplir mis deberes como procurador judicial, por cuanto no es cierto, que en la audiencia, interpele la intervención del juez, de una manera incorrecta, sino que pedí con todo respeto se me concediera la palabra, y de manera grotesca por parte de señor juez, se me impidió (...) momento en el cual invoque la causal 9 del artículo 150 con pleno convencimiento que ante su concienzudo estudio ella prosperaría; lo que no sucedió; sin significar ello verifique en legal y debida forma si la actitud por mí desplegada y en el caso concreto implica temeridad o dilación injustificada del proceso, reproches estos que se abrevian en uno solo por girar los dos en torno al propósito de la disciplinada en la comisión de la falta, y frente a este se pronunciará la Sala.

Se advierte que, contrariamente la intención del doctor Carlos Alberto Acevedo Rivera sí fue demostrada en el proceso, toda vez que la conducta investigada fue realizada en forma consciente y voluntaria, pues es claro que quedó demostrado de acuerdo a las existencias del expediente de acuerdo al presupuesto normativo de la causal 9 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil las situaciones fácticas generan una incongruencia, en la actuación advertida, pues como señalo fue por un disgusto por la manera como el funcionario dirigió la diligencia de interrogatorio al testigo que de entrada no constituye motivo suficiente para recusar, además de que no argumentó de manera concreta el porqué de su recusación a sabiendas de que se trata de una norma taxativa para dar su aplicación, y si bien arguyó como defensa que la solicitud se presentó bajo la convicción de que efectivamente era anómala la actitud del señor juez es claro que el investigado como abogado conocedor de la ley no ignoraba los presupuestos de hecho de las causales de impedimento y recusación y por lo tanto era conocedor que no tenía base legal para invocar recusación alguna acomodando la situación en una enemistad inexistente, es así que la preceptuado por el recurrente para dar certeza sobre la existencia y la responsabilidad de la falta cometida, tal y como reza el artículo 33, numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad”.

La falta transcrita y endilgada al abogado cierra el tipo disciplinario con la advertencia de castigar sus actuaciones. Por esta razón también se desestiman los argumentos del abogado, más cuando es evidente que la jurista cometió el hecho. Es oportuno precisar que esta corporación en las distintas ocasiones en que ha tenido la oportunidad de tratar el tema de las conductas consagradas en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007, ha entendido que las actuaciones hechas por el jurista fueron efectuadas, en busca de la supuestas anomalías realizadas en un interrogatorio de parte por la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, efectuaba una nueva traba por lo decidido es así que queda claro la intención del abogado disciplinado de entorpecer el desarrollo del proceso causando una traba en el aparato judicial.

En definitiva, no encontrando eco en esta Sala ninguna de las líneas argumentales expuestas por el apelante, y encontrándose debidamente probada en grado de certeza la falta al respeto a la administración de justicia y autoridades administrativas, por la que fue convocada a juicio disciplinario el doctor Carlos Alberto Acevedo Rivera, esta Sala le impartirá confirmación en su integridad a la sentencia apelada.

Finalmente en cuanto a la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un cuatro meses a la investigada, y dentro del margen de discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción, le corresponde al juez disciplinario valorar la explícita consagración de los deberes del abogado, los intereses jurídicos y particularmente criterios que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, en fin todos aquellos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que a su vez imponen la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria(2).

En este orden no es que la Sala considere que los abogados y demás personas que intervienen en los asuntos profesionales; respecto a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado endilgada por el fallador de instancia con base en la transgresión al artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007, se ha demostrado que el togado dilato con sus actuaciones el proceso, siendo argumentado de acuerdo a las pruebas y en el mismo proceso que su proceder fue contrario a los fines del estado y generando trabas en el mismo, su conducta se tornó omisiva.

Bajo las circunstancias analizadas, no existe ninguna duda para deprecar responsabilidad disciplinaria al encartado, en los términos y condiciones expuestas en el fallo consultado, por lo cual se confirmará, así como la sanción impuesta consistente en suspensión en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses, la que se encuentra ajustada a los lineamientos señalados en el artículo 33, numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, máxime si se tiene en cuenta que la censura impuesta es la mínima prevista para esta clase de falta disciplinaria.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 13 de diciembre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses, al hallarlo responsable de haber faltado a sus deberes previstos en el artículo 28 numerales 6º, 16 y por ende, incurrió en la falta contra la recta y leal realización de justicia establecida en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que, en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso; y, en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) C-290-08.