Sentencia 2009-01644 de mayo 27 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-15-000-2009-01644-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: José Alfredo Escobar Araújo

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil diez.

Se decide la impugnación interpuesta por el doctor José Alfredo Escobar Araújo, contra el fallo de 12 de noviembre de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no accedió a las pretensiones de la tutela impetrada.

EXTRACTOS:«V. Consideraciones de la Sala

La impugnación del actor radica en la solicitud de rectificación del boletín de prensa de 31 de agosto de 2009, publicado en la página web de la Procuraduría General de la Nación, para que se expida otro boletín donde se informe de manera clara y precisa, que él no se encuentra relacionado en forma alguna con la investigación disciplinaria que adelanta la entidad en mención, en contra de funcionarios de la planta de personal de esta corporación, por conductas presuntamente delictivas.

El Boletín de Prensa 466-08, fue redactado y publicado en los siguientes términos:

PGN abre investigación disciplinaria contra empleados del Consejo de Estado.

Bogotá, D.C, 31 de agosto de 2009. Ante la solicitud que en el mes de julio hicieron algunos de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado designó a la procuradora delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, para adelantar la investigación disciplinaria por hechos irregulares que al parecer comprometen a servidores públicos de esa corporación.

Luego de hacer un análisis preliminar de la información, la procuraduría resolvió abrir investigación disciplinaria contra:

1. Carlos Arturo Fernández Trujillo, auxiliar judicial grado III en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2. Mayfren Padilla Téllez, magistrado auxiliar de la Sección Quinta.

3. Edilberto Samuel Casas Rojas, escribiente de la Sección Primera del Consejo de Estado.

4. Virgilio Almanza Ocampo, secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

5. Esmeralda Muñoz Collazos, profesional grado 18, con funciones en la procuraduría primera delegada de vigilancia administrativa.

Así mismo, se ordenó la suspensión provisional, de inmediato cumplimiento, sin derecho a remuneración, por el lapso de tres (3) meses, contra cuatro de los afectados.

El jefe del Ministerio Público compulsó copias de todo lo actuado ante la unidad nacional contra el terrorismo, de la Fiscalía General de la Nación para que por competencia, en razón a las conductas señaladas en la providencia, se investigue la responsabilidad penal de todos los involucrados en los hechos referidos por la presunta conducta de concierto para delinquir en concurso con lavado de activos, fraude procesal, concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros.

Esta decisión, fue comunicada al Presidente del Consejo de Estado y al secretario general de la Procuraduría General de la Nación así como a los investigados suspendidos.

Al mismo tiempo, se enviaron copias de este proceso a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen las posibles conductas penales y/o disciplinarias en las que pudo haber incurrido el doctor José Alfredo Escobar Araújo (este último aparte resaltado fuera de texto, es el que constituye el objeto de la controversia).

Para la Sala, en el caso sub examine no se vislumbra la vulneración del derecho al buen nombre del actor, pues como puede observarse en el auto de apertura de investigación, proferido por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio propio de sus funciones (ver fls. 61 a 143 del exp.), dentro de las personas que ordena investigar, no se encuentra relacionado el nombre del actor, lo que quiere significar de manera clara que él no es sujeto disciplinable. En ninguno de los apartes del aludido auto se hace mención o valoración alguna de actuaciones que le generen responsabilidad o compromiso, con los hechos objeto de la investigación que adelantaba la entidad a funcionarios de esta corporación.

Ahora bien, en reiteradas providencias la Corte Constitucional ha expresado que la apertura de una investigación disciplinaria o penal y la información que sobre la misma se dé, per se no puede afectar el derecho al buen nombre, circunstancia esta predicable en el caso de los funcionarios o empleados a quienes se refería el auto de pliego de cargos. Con mayor razón no puede afectarse el buen nombre en el caso del actor, si como ya se dijo, en la investigación a que alude el boletín, no es sujeto pasivo.

Al respecto, es pertinente traer a colación apartes de la Sentencia C-556 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis:

“Como lo ha señalado esta corporación, la sola iniciación de una investigación, de conformidad con las reglas establecidas para cada juicio (C.P., art. 29), no puede ser calificada como amenaza o violación de los derechos fundamentales, pues de lo contrario se impediría sin justificación alguna que las autoridades ejercieran sus funciones de control, lo que consecuentemente traería la impunidad y la irresponsabilidad de quienes con sus conductas han infringido el ordenamiento jurídico (C.P., art. 6º). En relación específicamente con los derechos a la honra y al buen nombre la Corte señalo al respecto que:

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar el derecho al buen nombre de las personas. Sin embargo, esta garantía, como todas las consagradas en la Carta, no es absoluta, pues encuentra límites en el interés social representado por las autoridades públicas, quienes, observando el ordenamiento jurídico, están facultadas para dar a conocer informaciones objetivas y veraces acerca del comportamiento de las personas que integran el conglomerado.

Cuando, en ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas vinculan a una persona, en legal forma, a un proceso judicial o administrativo, quien resulta incurso en él carece de fundamento para reclamar violación del derecho al buen nombre, pues la organización estatal se encuentra legitimada para iniciar y llevar hasta su culminación los trámites que permitan establecer si el sindicado es responsable del comportamiento objeto de investigación.

Los derechos a la honra y al buen nombre no significan la posibilidad de evadir los procesos e investigaciones que, de conformidad con el sistema jurídico, pueden y deben iniciar las autoridades públicas cuando tienen noticia acerca de una posible infracción.

Bien se sabe que la sola circunstancia de la indagación no compromete ni define la licitud de la conducta del individuo y que tan solo sobre la base de que aquella culmine, de conformidad con la ley y habiendo sido garantizado el debido proceso, pueden desvirtuarse las presunciones de inocencia y buena fe.

Así las cosas, antes de llegar a la definición judicial o administrativa, cuando el proceso o actuación apenas se halla en curso, nadie afirma ni puede afirmar que haya responsabilidad del investigado, por lo cual este no puede deducir de la sola iniciación del proceso el desconocimiento de sus derechos a la honra y al buen nombre.

Por lo anterior, considera la Sala que en este caso tales derechos no han sido quebrantados. Apenas acontece que contra el accionante se ha iniciado un proceso administrativo que puede concluir tanto en su condena como en su absolución”.

La Corte retoma estos argumentos para señalar que si la iniciación de la acción disciplinaria no vulnera el derecho a la honra y el buen nombre del disciplinado, la culminación del proceso disciplinario por prescripción tampoco lo hace pues en todo momento la presunción de inocencia opera en su favor. Mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado el servidor público o el particular que ejerza función pública se presume inocente.

Es preciso mencionar que la Procuraduría General de la Nación, como organismo de control, tiene dentro de sus funciones más importantes la de velar por el cumplimiento de las que le han sido impuestas por la Constitución y la ley, a los servidores públicos (C.N., arts. 275 a 278), por lo que mal podría esta entidad no dar cumplimiento a sus propias funciones, como lo es la compulsación de copias al juez natural del actor, que para el caso concreto sería la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes; todo con el fin de que investigue si existen o no conductas que puedan ser catalogadas como faltas disciplinarias o como delitos, lo que deja a salvo la presunción de inocencia, esto es que el actor se presume inocente hasta tanto su juez natural no lo declare culpable de la comisión de alguna conducta reprochable penal o disciplinariamente; y desde esta perspectiva, el boletín de prensa, que informó de la compulsación de copias a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, no atenta contra el derecho al buen nombre del actor, pues a través del mismo no se está propagando entre el público una información falsa, sino que, por el contrario, se está dando a conocer un hecho cierto, cual es el de la compulsación de copias.

Es deber de la entidad accionada, a través de su oficina de prensa, informar a la ciudadanía de las actuaciones que a su interior se adelantan con el fin de garantizar el derecho a la información, salvo las excepciones de ley.

Ahora bien, la Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación, con posterioridad a la sentencia de primer grado, dejó sin efecto el pliego de cargos a que se alude en la primera parte del boletín de prensa antes mencionado, providencia esta allegada por el demandante con miras a que se le proteja el derecho al buen nombre (ver fls. 248 a 258.)

Sobre el particular, cabe resaltar que dicho pronunciamiento no es relevante en este caso para infirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que el mismo no involucra ni afecta al demandante, pues el ente de control, como ya se anotó, no tiene competencia para vincularlo o exonerarlo de investigación disciplinaria alguna, de ahí que, precisamente, compulsó copias a su juez natural, que lo es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

Por lo anteriormente expresado, se confirmará la sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo de primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección A, que denegó el amparo solicitado por el actor.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de mayo de 2010».