Sentencia 2009-01784 de marzo 4 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-15-000-2009-01784-01(AC)

Ref.: Fallo segunda instancia

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor:María Isabel Acevedo y Otro

Demandado: Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos de la Defensoría del Pueblo

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS:«II. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1º establece:“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Mediante el ejercicio de la presente acción los actores pretenden el amparo de los derechos fundamentales de petición, a la vida digna y a la igualdad, de la interpretación favorable de las normas aplicables a la población desplazada y al debido proceso y en consecuencia, se ordene al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos de la Defensoría del Pueblo, efectuar el pago del cual son beneficiarios en virtud de la sentencia de acción de grupo proferida el 26 de enero de 2006 por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En primer lugar, la Sala se aparta de lo considerado por el a quo en el sentido de que la presente acción se torna improcedente ya que los actores cuentan con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Lo anterior por cuanto se debe tener en cuenta que se trata de personas en situación de desplazamiento, quienes cuentan con la protección especial del Estado debido a su alto riesgo de vulnerabilidad y en consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tutela es el mecanismo idóneo y expedito para lograr la protección de los derechos fundamentales a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, en vista de la precaria situación en la que se encuentran y del peligro inminente que afrontan, situaciones que no les permiten esperar hasta que la jurisdicción ordinaria se ocupe de su caso. En virtud de lo anterior se estudiará de fondo la presente acción de tutela.

Una vez aclarado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer sí la entidad accionada vulnera los derechos fundamentales de los accionantes al negarles el pago de la indemnización ordenada en la sentencia de 26 de enero de 2006 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, de los perjuicios sufridos por las personas desplazadas del corregimiento de la Gabarra en el municipio de Tibú (Norte de Santander), con ocasión de la incursión paramilitar ocurrida el 29 de mayo de 1999.

La entidad accionada aduce que la negativa en efectuar el pago de la indemnización a los actores se fundamenta en que la citada providencia ordenó hacerlo a quienes se presentaran dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, lo cual no ocurrió en el presente caso y por lo tanto no le es permitido interpretar las sentencias, solo acatarlas.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 establece:

“ART. 65.—Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:

1. El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.

2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley.

3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:

(...).

4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización”(negrillas de la Sala).

Para el análisis de la anterior disposición, la Sala acoge las consideraciones presentadas en la sentencia de 14 de diciembre de 2009 proferida por la Sección Primera de esta corporación(1), dentro de una  acción de tutela en la que los hechos y pretensiones fueron los mismos que se consignan en la presente acción. En esa oportunidad se analizaron los debates que se llevaron a cabo en el Congreso de la República en el trámite y aprobación de la Ley 472 de 1998 en lo relacionado con los artículos 66 y 77 de la citada ley.

En virtud del análisis anterior, la Sección Primera de esta corporación concluyó:

“No puede perderse de vista que la intención del legislador —y así se denota en las actas de discusión del proyecto en el Congreso— fue la de resaltar que la finalidad de la acción de grupo es la efectiva reparación del daño ocasionado a los miembros del grupo, propósito que no puede anularse con requisitos de trámite propios de la actuación administrativa que se surte ante la Defensoría del Pueblo, una vez dictada la sentencia” (negrillas originales del texto).

Así mismo, es del caso señalar que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-215 de 1993(2), precisó que la indemnización decretada en virtud de una acción de grupo, no se refiere únicamente al resarcimiento por la violación de derechos individuales, sino que se trata de la reparación de los daños causados por la vulneración a derechos e intereses colectivos, es decir en beneficio de toda una comunidad afectada. Por ello, no puede perderse el derecho a reclamar dicha indemnización por el hecho de no haberla reclamado el beneficiario dentro del plazo fijado en la ley que resulta irrazonable por su brevedad. Sin embargo, ello no significa que no haya prescripción alguna para reclamar dicha indemnización, pues subsiste respecto del reclamo del pago de la indemnización decretada por el juez, la prescripción ordinaria de la acción ejecutiva correspondiente, plazo que cumple con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad acordes con el ordenamiento superior.

Teniendo en cuenta que el asunto que ocupa la atención de la Sala se trata del derecho a reclamar la indemnización reconocida en una sentencia como consecuencia de la vulneración de derechos e intereses colectivos, la interpretación de la Corte Constitucional en la referida sentencia, debe aplicarse en esta oportunidad.

Además, considera la Sala, tal como lo señaló el actor en el escrito de impugnación, que resulta inadmisible que luego de un largo proceso judicial en el que se declara responsable al Estado de un daño ocasionado a un grupo de personas y se ordena la indemnización de perjuicios, deba ahora avalarse la posición de la administración en relación con la prescripción del derecho del beneficiario y declarar que no puede acceder a la indemnización ordenada en la sentencia para compensar los perjuicios ocasionados, porque transcurridos 20 días desde la publicación de la sentencia en un diario, no se enteró oportunamente de la decisión.

Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que con la actuación de la entidad accionada se vulneran los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la interpretación favorable de las normas a favor de la población desplazada y al debido proceso y, en consecuencia se procederá a revocar el fallo impugnado que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por los señores María Isabel Acevedo y José Gregorio Parada Bacca y en su lugar, se ordenará a la accionada que inicie los trámites administrativos necesarios para que, previa la comparecencia de los actores, se verifique su calidad de beneficiarios y efectué el pago de la indemnización que les corresponde a cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la providencia de 3 de diciembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección “B”, objeto de impugnación y, en su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la vida digna, al debido proceso, a la salud y a la interpretación favorable de las normas a favor de la población desplazadade los señores María Isabel Acevedo y José Gregorio Parada Bacca.

ORDÉNASE al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie los trámites administrativos necesarios para que, previa la comparecencia de los actores, se verifique su calidad de beneficiarios, y dentro de los treinta (30) días siguientes al término antes referido, efectúe el pago de la indemnización que les corresponde a los señores María Isabel Acevedo y José Gregorio Parada Bacca.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo,

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 14 de diciembre de 2009, Consejera ponente (e): María Claudia Rojas Lasso; Expediente 25000 23 15 000 2009 01370 01. Actor: Yeferson Alberto Amaris Quintero.

(2) En la que la Corte declaró inexequible la expresión: “... o cuando este no concurriere a reclamarlo dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la sentencia” contenida en el literal c) del artículo 70 de la Ley 472 de 1998.