Sentencia 2009-02187 de noviembre 20 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000200902187 01 / 2912 F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 97 de la misma fecha

Bogotá, D. C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Carta Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, al fijar las funciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4º dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

2. Asunto a resolver.

Recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la doctora María Eugenia Libertad Lora Castaño, Fiscal Trece Especializada de Cali, contra el proveído del 23 de agosto de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca mediante el cual lo sancionó con sesenta (60) días de suspensión e inhabilidad especial en el ejercicio del cargo.

La anterior determinación fue tomada, con fundamento en el por la incursión en la falta disciplinaria del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, concretada en este caso, en la infracción injustificada de la prohibición consagrada en el numeral 21 del artículo 35 ibídem, los mencionados artículos establecen:

Ley 734 de 2002:

“Faltas disciplinarias

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

Prohibiciones

ART. 35.—Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

(…)

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

(…)

3. Decisión del caso.

En primer lugar es pertinente señalar que esta colegiatura comparte lo decidido por el a quo en razón a absolver a la funcionaria disciplinada de la falta contenida en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, toda vez que como bien se expresó en el proveído de primera instancia “no se indicó en la formulación de cargos, cual fue el precepto constitucional, la ley o el reglamento que no respetó o incumplió la disciplinada”.

Ahora bien, de acuerdo al acervo probatorio allegado a estas diligencias, podemos deducir que la inconformidad del quejoso se centra en las irregularidades en que incurrió el investigado al interior del despacho de la Fiscalía 13 Especializada de Cali en el que permitió el ingreso de persona ajena a esas dependencias y además la dejó manipular expedientes pertenecientes a dicho despacho.

En el sub lite, se allegaron copias de las piezas procesales del expediente de marras, evidenciando que el querellado incurrió en irregularidades que ameritan en su contra juicio de reproche.

Así las cosas se puede concluir lo siguiente:

— La disciplinada desconoció el mandato del artículo 35, numeral 21 de la Ley 734 de 2002, en razón a que dio lugar al acceso de expedientes, documentos o archivos a una persona no autorizada.

— La funcionaria investigada permitió a la señorita Chintia Fernández, el acceso a los expedientes del despacho a su cargo, sin que esta hicieron parte del mismo, situación que se confirma por lo señalado en el escrito de queja y ampliación de la misma de la señora Adriana Hernández Serna, la declaración rendida por asistente de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali, Zamara Hincapié Escobar y la propia disciplinada en sus descargos, quienes coincidieron en afirmar que en la Fiscalía 13 Especializada de Cali se desempeñaba en labores de archivo, correspondencia y foliatura de expedientes una persona ajena al despachos, quien asistía aproximadamente tres veces por semana y de acuerdo a su propia versión recibía remuneración por las labores desarrolladas.

— Es claro que la doctora Lora Castaño, permitió el acceso al despacho a una persona ajena al mismo en labores que esta realizaba aproximadamente tres veces por semana, y que no obstante sus exculpaciones sobre que no estaba siendo reemplazada en sus funciones como Fiscal, si era cierto que estaba incumpliendo la prohibición contenida en el artículo 35-21 de la Ley 734 de 2002.

Además, observa la Sala que dada la especialidad del despacho en el cual se atienden asuntos de carácter penal con reserva sumarial, es mucho más evidente la incursión en la falta disciplinaria por parte de la doctora Lora Castaño, sin que tengan para nada eco sus argumentaciones respecto de que no existió irregularidad alguna, pues no se dijo en la sentencia de primera instancia qué investigaciones fueron afectadas, pues la importancia de los asuntos que se llevan en su despacho es tal que no permite hacer este tipo de exculpaciones.

Por otra parte, recuérdese que las normas disciplinarias buscan encauzar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, imponiéndoles una serie de deberes para lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales, de manera que el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional y su incumplimiento determina la antijuridicidad de la conducta, empero, no es el mero desconocimiento formal del deber, sino la infracción sustancial del mismo, lo que atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia y altera el discurrir normal de los actos.

No existe duda en este caso, acerca del desconocimiento de los deberes legales a cargo del funcionario disciplinado, ni sobre su responsabilidad, pues su conducta se muestra carente de justificación, y aunado a ello, dada su formación profesional y su experiencia como servidor de la rama judicial, existe certeza sobre su conocimiento jurídico, por lo que el incumplimiento de las normas procesales en cita, tornan reprochable su conducta, a título de dolo grave, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, de cara a los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos en precedencia.

En cuanto a la sanción impuesta al funcionario disciplinable, será confirmada, por cuanto se ajusta a los parámetros establecidos para tal efecto en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, el cual señala que las sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados por la ley, teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales del infractor, y efectivamente la doctora María Eugenia Libertad Lora Castaño, Fiscal Trece Especializada de Cali, omitió cumplir, con los deberes a los cuales estaba obligado al incurrir en las irregularidades narradas anteriormente al permitir el ingreso de persona ajena a esas dependencias y además la dejó manipular expedientes perteneciente a dicho despacho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 23 de agosto de 2013 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante el cual sancionó a la doctora María Eugenia Libertad Lora Castaño, Fiscal Trece Especializada de Cali con sesenta (60) días de suspensión e inhabilidad especial en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la infracción injustificada de la prohibición consagrada en el numeral 21 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, actuación considerada como FALTA GRAVE realizada por la investigada a título de DOLO.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».