Sentencia 2009-03023 de enero 22 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000 2009-03023-02

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Bogotá, D.C., enero veintidós del dos mil catorce.

Aprobado según acta Nº... de la misma fecha.

EXTRACTOS: «Consideraciones

A. Competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto en los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, 112, numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996 y 194 de la Ley 734 de 2002.

B. La Falta Disciplinaria

Advertida la ausencia de vicios que determinen la nulidad la actuación, corresponde proferir el fallo que en derecho procede.

Una vez estudiada la prueba allegada al expediente se concluye la procedencia de la decisión sancionatoria al doctor Luis Eduardo Beltrán Farías, Exjuez Quinto Penal Municipal de Bogotá, por incurrir en la falta disciplinaria gravísima estipulada en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al haber realizado la conducta típica descrita en el artículo 413 del Código Penal correspondiente a prevaricato por acción, y, por ende, desconocer el deber contemplado en el numeral 1º del artículo 153 del estatuto de la administración de justicia, dado que se halla demostrada la existencia de la conducta reprochable y la responsabilidad del investigado, con lo que se reúnen los dos requisitos probatorios exigidos por el artículo 142 del Código Disciplinario Único(31), para proferir fallo sancionatorio. De igual manera, se detecta que, acorde con el artículo 5º ibídem(32), la conducta demostrada del funcionario afecta, sin justificación, sus deberes funcionales, con lo que se percibe la ilicitud sustancial de la conducta investigada. Esta falta se encuentra sancionable a título de dolo, acorde con el artículo 13 ib.

1. Aspectos jurídicos.

Al doctor Luis Eduardo Beltrán Farías, se le imputó la mencionada falta disciplinaria gravísima del artículo 48 ibíd.:

“Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo...”.

El tipo penal realizado por el imputado se describe en el artículo 413 del Código Penal de la siguiente manera:

“Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

Esta conducta se encuentra agravada dado que el delito respecto del cual se incurrió en el prevaricato es el de narcotráfico, como lo dispone el artículo 415 del precitado código:

“Circunstancia de agravación punitiva. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de..., narcotráfico,....”.

En otras palabras, se le sancionó en primera instancia, por haber realizado la conducta típica descrita para el delito de prevaricato por acción, en la modalidad de dolo y con ocasión del ejercicio del cargo, lo que determinó la incursión en falta disciplinaria gravísima.

2. Aspectos fácticos.

Los mencionados elementos que configuraron la falta, se hallan plenamente demostrados en el plenario de la siguiente manera:

Primero, la condición de funcionario judicial, al momento de los hechos, se halla probada por el acta de posesión del doctor Beltrán Farías como Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, del 18 de julio de 1997 y el respectivo informe, remitido por la secretaría general del Tribunal Superior de Bogotá del 12 de agosto de 2009 (acta de posesión y oficio, fls. 46-47, C.P.).

Segundo, en tal condición, el funcionario conoció de la solicitud de habeas corpus presentada por los señores Juan Felipe Sierra Fernández, Jhon Fredy Manco Torres y Camilo Torres Martínez, repartida el 10 de junio de 2009 (escrito y acta de reparto, fls. 2-27 y 28, anexo).

Tercero, el juez avocó el conocimiento del mecanismo constitucional y ordenó la práctica de inspección judicial y requirió constancia del ingreso a la Cárcel La Picota, de los solicitantes, mediante pronunciamiento del 10 de junio del mismo año (auto, fl. 29, anexo).

Cuarto, mediante providencia del 16 de junio de 2009, concedió el habeas corpus y ordenó la libertad inmediata e incondicional de los requirentes. Igualmente, en forma no solicitada y sin ser de su competencia, decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura de la instrucción (auto, fls. 39-48, anexo).

Los fundamentos para esta decisión se resumen de la siguiente manera:

— En primer lugar, hace el juez una serie de consideraciones generales (obiter dicta), en extensión de más del 60% de la parte considerativa, acerca del recurso de habeas corpus, sus requisitos y posiciones jurisprudenciales al respecto (decisión, fls. 41-44, anexo);

— Posteriormente, sustenta la decisión, en forma parca y sin ilación con los razonamientos precedentes, en un solo párrafo, así: “Como quera (sic) que se evidencia que le asiste razón a los peticionarios por cuanto en el momento de su captura y judicialización para la época se encontraba vigente la Ley 906 de 2004 en el Distrito Judicial de Antioquia,... por lo que hay una clara y flagrante violación al debido proceso, al derecho a la defensa y al principio de legalidad protegido constitucionalmente” (decisión, fl. 45, anexo);

— Finaliza con una serie de argumentaciones de derecho transitorio, tendientes a reforzar la conclusión antes esbozada, de las cuales deduce la aplicabilidad al proceso penal en que se hallan involucrados los solicitantes del beneficio constitucional, de la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 de 2000 (decisión, fls. 45-47, anexo);

— Como consecuencia de esta decisión, se profirieron las boletas de libertad del Juzgado Quinto Penal Municipal 001 y 002 del 16 de junio de 2009, respectivamente a los señores Jhon Fredy Manco Torres y Camilo Torres Martínez, y F-058094 del 17 de junio del mismo año, del Juzgado Promiscuo Municipal de Combita, Boyacá, en cumplimiento de despachos comisorios de aquel juzgado, al señor Juan Felipe Sierra Fernández (boletas, fls. 49, 50 y 68 y despachos, fls. 51 y 64, anexo).

— A esta noticia se dio amplia difusión en los medios nacionales (El Tiempo, fls. 2-5 y El Espectador, fl. 8, C.P.).

— Como consecuencia de estas decisiones judiciales, el inculpado fue juzgado por el delito de prevaricato por acción agravado y condenado a 44 meses de prisión e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 40 meses (constancia, fls. 272-273, C.P.).

3. Adecuación de la conducta.

a. Certeza de la existencia de la falta

Las consideraciones legales que anteceden y los elementos probatorios precedentes, permiten afirmar que, efectivamente, el exjuez incurrió en todos los elementos que configuran la falta gravísima descrita en el artículo 48.1 del Código Disciplinario Único.

Efectivamente, las condiciones objetivas de configuración del referido comportamiento sancionable son, según vimos anteriormente: (i) Haber realizado la conducta típica delictiva, (ii) Haberlo hecho en la modalidad de dolo, y (iii) Con ocasión del ejercicio del cargo.

(i) Haber realizado una conducta típica delictiva. La conducta típica está claramente realizada por el investigado, en la medida que incurrió en las siguientes irregularidades en la decisión de que comenta, que dieron lugar a una decisión manifiestamente contraria a la ley por las siguientes razones:

— Fundamentó su decisión en que las normas aplicables eran las de la Ley 600 de 2000 y no las de la Ley 906 de 2004, lo que en su parecer determinó ilegalidad de la captura ordenada a los solicitantes del recurso constitucional.

Para llegar a tal conclusión arguyó, erróneamente, que la fecha para determinar la aplicación del sistema penal acusatorio eran las de la captura de los implicados, acaecida el 4 de agosto de 2008, siendo que el artículo 530 de la Ley 906 de 2004(33) cuando señala expresamente que la fecha de aplicación del nuevo régimen en el Distrito Judicial de Antioquia, es el 1º de enero de 2007, se refiere no a la de la captura, sino a la de la comisión de la conducta punible, como se deriva de lo señalado por el artículo 533 ib. que a la letra dice:

“Derogatoria y vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero del año 2005...”.

Y los hechos investigados, se remontan, según la notitia criminis, consistente en la comunicación del oficial de enlace de la Embajada de la República Federal Alemana del 14 de mayo de 2006, al primer semestre de 2006, a raíz de la cual se inició la actuación.

Esto implica un flagrante desconocimiento, mediante una interpretación equivocada de las normas aplicables, del régimen procesal penal aplicable, lo cual claramente implica la realización típica del delito de prevaricato, lo que ameritó el inicio y culminación condenatoria de un proceso penal.

— Profirió la decisión seis días después de serle repartida, el 16 de junio de 2009, con lo cual se excedió en más de 108 horas, después de vencido el término de 36 horas para decidir, según lo ordena el artículo 30 de la Constitución Política.

— En evidente extralimitación de sus funciones como juez encargado de decidir un habeas corpus, declara la nulidad de todo lo actuado a partir del inicio de la investigación penal, para lo cual no tenía atribuciones legales, pues de lo que se trataba era, exclusivamente, de decidir la ilegalidad de la retención de los imputados, siguiendo los lineamientos contenidos en la Ley 1095 de 2006, reglamentaria del habeas corpus.

No verificó ni consideró que el mecanismo había sido solicitado y negado anteriormente, lo cual inhibe de su posterior consideración, de acuerdo con la Ley 1095 de 2006(34).

Estas últimas tres irregularidades se aúnan a la primera, para determinar la gravedad de la falta cometida por el funcionario.

(ii) Haberlo hecho en la modalidad de dolo. El dolo es evidente en el presente caso, pues resultan tan inapropiadas e irrelevantes las argumentaciones del juez para justificar la concesión del beneficio de libertad inmediata e incondicional a los solicitantes, que no de otra manera se explica cómo pudo, un funcionario con un permanencia de casi doce (12) años en el cargo de juez penal, incurrir en tan serio error de interpretación de la ley. Es decir, su experiencia y condiciones profesionales lo hacían plenamente consciente de lo indebido de otorgar el beneficio de habeas corpus, y sin embargo, a pesar de este conocimiento, adoptó la decisión reprochable.

Esto determina la demostración de esta modalidad de culpabilidad para la configuración de esta falta gravísima.

(iii) Con ocasión del ejercicio del cargo. Obviamente, la decisión fue proferida en ejercicio de su cargo de funcionario judicial y con ocasión del mismo. Con lo cual se cumple también este requisito para la incursión en la falta gravísima que se comenta.

Los mencionados elementos, demostrados en el plenario, determinan la incursión en la falta que se comenta por parte del funcionario inculpado, aunado al hecho de que en el proceso penal se profirió sentencia condenatoria, como se expresó anteriormente, con lo que se cumple con el primer requisito descrito en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, respecto de la certeza de la existencia de la falta.

b. Responsabilidad del investigado

En torno a la responsabilidad del juez, es evidente que era su obligación proferir el fallo en acatamiento pleno de la ley, sin desviar su decisión, por razones diferentes, y este deber era solo a cargo de él, pues es el funcionario judicial quien debía decidir el hábeas corpus, sin que se esperara que otro servidor público en el despacho o fuera de él lo hiciera. Esto denota la clara responsabilidad del funcionario acusado, en la comisión de la falta; el mismo inculpado así lo reconoció, en el proceso criminal que se siguió en su contra, hecho que determinó la reducción de la sanción penal.

En efecto, la obligación de cumplir la Constitución y las leyes en sus decisiones judiciales recae directamente en el funcionario judicial, para lo cual no existe exculpación alguna determinada en este proceso, ni invocada ni implícita, según se indicó.

Así, se halla plenamente demostrada la responsabilidad del procesado por la conducta investigada.

c. Ilicitud sustancial

Por último, la antijuridicidad de la conducta está claramente establecida, pues con ella se afectó el buen nombre de la administración de justicia, a tal punto, que se trató de una noticia de nivel nacional que vulneró seriamente la imagen de la justicia en Colombia y generó toda suerte de comentarios dañinos en contra de esta rama del poder público. Está así establecida la ilicitud sustancial de la conducta, en cumplimiento del requisito estipulado en el artículo 5º del Código Disciplinario Único para las falta disciplinarias. De modo que ninguna duda existe respecto a la antijuridicidad de la conducta, requisito esencial para la estructuración de la falta disciplinaria, por ilicitud sustancial, según se indicó anteriormente.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que existe certeza sobre la existencia de la falta, la responsabilidad del investigado y la antijuridicidad de su conducta.

C. La misión de la administración de justicia

Desde el punto de vista teleológico, debe resaltar la Sala que el comportamiento del funcionario, constituye desconocimiento de la sagrada misión asignada a la Administración de Justicia, contemplada en el artículo 1º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en los siguientes términos:

“Administración de justicia. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.

En efecto, esta misión demandaba que el juez, en aras de proteger tales derechos y garantías constitucionales del grupo social, profiriera una decisión debidamente fundamentada que fuera clara y directa consecuencia de una adecuada interpretación y aplicación de la ley relevante, lo cual hubiera derivado en la protección a los asociados frente a la presencia en su medio, de personas que, por presunta violación de la ley criminal, debía estar recluida en un centro penitenciario, alejados físicamente del conglomerado social, para así minimizar los eventuales dañinos efectos de sus comportamientos ilegales, en tanto fuera proferida una determinación judicial definitiva de su situación legal.

Esta misión es consecuencia de la característica de nuestro estado social de derecho, uno de cuyos fines esenciales es “... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes...”, según lo establece el artículo 2º de la Constitución Política. Los funcionarios judiciales en especial, están obligados a garantizar estos fines esenciales en punto a la efectividad de los derechos de los asociados sin desconocer la ley que rige para la privación de libertad de los sindicados de delitos graves como el que nos ocupa, en protección de la sociedad.

Nada de esto, acató el juez sancionado, al proferir la decisión abiertamente ilegal.

D. La sanción

Por último, se observa que la sanción de destitución es apropiada y adecuada, en atención a los razonamientos de anteceden y además, la única procedente, pues así lo dispone expresamente el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 precitado, el cual establece una presunción iuris et de iure en torno a dicha proporcionalidad en función de la gravedad que se atribuye por tarifa legal a una falta de esta índole.

Esta dosificación legal, en lo atinente a la destitución, no es susceptible de controversia, una vez determinada la calidad de gravísima dolosa de la falta, como se ha hecho en el presente asunto y debe ser, por tanto, acatada rigorosamente.

No obstante, no se coincide con la condición de permanente dada a la sanción accesoria de inhabilidad general por parte del a quo, en atención a lo dispuesto por el artículo 46 del Código Disciplinario Único, que establece los límites legales de las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos, en los siguiente términos:

“La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente”.

Se observa de la atenta lectura de la norma, que el único caso en que se acepta el carácter de permanente de la inhabilidad general, es cuando se afecta el patrimonio económico del Estado, sin interesar lo grave de la conducta en casos de afectar otros intereses, en cuyo caso, la sanción accesoria aplicable, no puede ser superior a veinte años.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en providencia C-948 de 2002, mediante la cual declaró la exequibilidad del artículo 46 en mención, después de reconocer la facultad legislativa para fijar la duración de la inhabilidad, puntualizó que dicha atribución debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada a la finalidad correccional perseguida:

“Esta corporación en reiteradas ocasiones ha señalado que el legislador puede hacer uso de una amplia potestad de configuración normativa para establecer el régimen de inhabilidades de quienes aspiran a la función pública, por lo que la definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad como de su duración en el tiempo, son competencia del legislador y objeto de una potestad discrecional amplia pero subordinada a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos. Lo que indica que el resultado del ejercicio de la misma no puede ser irrazonable ni desproporcionado frente a la finalidad que se persigue, y mucho menos desconocer otros derechos fundamentales estrechamente relacionados, como ocurre con el derecho a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio” (resaltado fuera del texto).

Y, específicamente, respecto de la inhabilidad general permanente, sostuvo la alta corporación, que la únicainhabilidad de carácter permanente que puede establecerse legalmente, es la que afecte el patrimonio económico del Estado, en virtud de la restricción que al efecto dispone el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política que dice:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”.

Con base en ello, encuentra conforme al Estatuto Político Superior, la admisión solo para faltas que afecten el patrimonio económico estatal, de la inhabilidad permanente, dada por el Código Disciplinario Único, razón por la cual determinó, en su parte resolutiva que:

“Decimoprimero. Declarar exequible, la expresión “pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estadola inhabilidad será permanente” contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política”.

Obviamente, el delito y por ende la falta disciplinaria, por la cual se sanciona al juez, no implican afectación directa del patrimonio económico del Estado, al tratarse de falta gravísima por realización típica del delito de prevaricato por acción, pero en relación con la decisión de una solicitud de hábeas corpus, sin incidencia directa demostrada, en dicho patrimonio.

De acuerdo con esto, se modificará la sanción aplicada, exclusivamente en cuanto a que la inhabilidad general impuesta al implicado, será de veinte (20) años, confirmándose la providencia impugnada en todo lo demás.

Con tal modificación, se encuentra proporcionada y legal la sanción impuesta, como lo exige el artículo 18 del estatuto disciplinario(35).

Con fundamento en las anteriores razones, se encuentra que el doctor Luis Eduardo Beltrán Farías, Exjuez Quinto Penal Municipal de Bogotá, incurrió, con ocasión de funciones judiciales, en la falta gravísima estipulada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, por realización de la descripción típica del artículo 413 del Código Penal, prevaricato por acción, agravado al tenor del artículo 415 ib., en la modalidad de dolo, por lo que se confirmará, en este grado de consulta, la sanción impuesta en primera instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFÍCASE el fallo consultado, únicamente en cuanto a que la sanción accesoria impuesta es de INHABILIDAD GENERAL DE VEINTE (AÑOS), conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

2. CONFIRMAR el fallo consultado en todo lo demás. En consecuencia el numeral primero del fallo disciplinario queda como sigue:

“DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al doctor LUIS EDUARDO BELTRÁN FARÍAS, identificado con C.C. 79.105.989, Exjuez Quinto Penal Municipal de Bogotá, de la falta gravísima estipulada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, por realización de la descripción típica del artículo 413 del Código Penal, prevaricato por acción agravado, en la modalidad de DOLO, y por tanto, se lo sanciona con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL DE VEINTE (20) AÑOS”.

Los demás numerales de la providencia consultada permanecen igual.

3. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión al disciplinado, indicándosele que contra ella no procede recurso alguno, conforme al artículo 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, para lo cual se comisiona a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por un término de diez (10) días más las distancias.

4. Ejecutoriada la presente providencia, comuníquese a la oficina de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para los efectos previstos en los artículos 172, 173, 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.

Notifíquese y cúmplase».

(31) “Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”.

(32) “Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

(33) “ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008”.

(34) “ART. 1º—Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional... Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine” (resaltado fuera del texto).

(35) “Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley”.