Sentencia 2009-03250 de febrero 18 de 2010 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

TUTELA.

Rad.: 110010102000200903250 01

Registro: 17-02-2010

Magistrado Ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Aprobado según Acta 14 de la misma fecha

Asunto a tratar

Bogotá, D.C. dieciocho de febrero de dos mil diez.

Asunto a tratar

Se procede a resolver la impugnación formulada por el señor Octavio Trujillo Corredor, contra la sentencia del 14 de diciembre de 2009, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca(1), que negó el amparo de sus derechos fundamentales, contra la Corte Constitucional.

Antecedentes

1. Derechos alegados como vulnerados.

El señor Octavio Trujillo Corredor interpuso acción de tutela el 17 de noviembre de 2009, por considerar vulnerados su derecho de petición y del debido proceso, por la Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, en atención a una decisión cuyo ponente fue el doctor Rodrigo Escobar Gil.

2. Hechos.

— Refiere que en atención a la Sentencia T-1234 de 2008, donde el demandante era el doctor Augusto Moreno Barriga en su condición de gerente de la entonces, Caja Nacional de Previsión Social EICE hoy en liquidación, la accionada dispuso la suspensión prácticamente del artículo 86 de la Constitución Nacional, porque los jueces de tutela no pueden fallar en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, en liquidación, entidad que diariamente le está violando los derechos a los trabajadores pensionados valiéndose del caos estructural, entidad que califica de corrupta a su interior.

Y pasa a precisar, que en su caso, no puede hacer cumplir un fallo de la justicia ordinaria dictada en su favor por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, donde le ordenaban a Cajanal, cancelar el dinero que le adeudan por reliquidación de su pensión de vejez, como también del fallo de tutela emitido el 13 de mayo de 2009, pues al proponer el incidente de desacato, dicho despacho el 18 de agosto de 2009, lo negó, argumentando que debe atender el fallo arriba mencionado, emitido por el máximo órgano Constitucional.

— Entonces, que el 20 de octubre de 2009, elevó una petición al doctor Escobar Gil, solicitando que le indicara el camino a seguir con relación a lo decidido en la Sentencia T-1234 de 2008, por cuanto con esta providencia se vulneraban sus derechos de igualdad, buen nombre, vida digna, debido proceso y mínimo vital, sin embargo, que a la fecha de la presentación de la acción de tutela no había recibido comunicación alguna.

Actuación procesal

El 30 de noviembre de 2009, avocó conocimiento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y ordenó oficiar al doctor Rodrigo Escobar Gil o a quien haga sus veces y vincular como tercero con interés a la presidencia de la Corte Constitucional, de igual manera requirió al actor para que allegara el recibido de la petición, presentada ante la honorable Corte Constitucional (fl. 44, c.o.) .

Intervención de la autoridad accionada

— El doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo en su condición de magistrado de la Corte Constitucional, que se desempeña en ese cargo desde marzo de 2009, en reemplazo del doctor Rodrigo Escobar Gil, cuyo periodo constitucional venció el 31 de enero de 2009 y que ni allí, como tampoco en la secretaría general de la Corte ni en la oficina de correspondencia aparece radicado el escrito firmado por el señor Octavio Trujillo Corredor.

No obstante se ocupó del alcance del derecho de petición en actuaciones judiciales, así como a los desarrollos de la Sentencia T-1234 de 2008.

Que si bien es cierto, las personas están habilitadas para elevar peticiones respetuosas ante las autoridades y tienen derecho a recibir pronta respuesta, las solicitudes en torno a las actuaciones judiciales deben presentarse y tramitarse en el ámbito del respectivo proceso, sin que resulte procedente el ejercicio del derecho de petición por fuera del mismo.

Adicionalmente que el artículo 241 de la Constitución Política y la ley estatutaria de la administración de justicia, señala que la competencia de la Corte Constitucional no está para resolver consultas de ninguna naturaleza, ni la de pronunciarse por fuera de los procesos.

Sin embargo como esa Sala Cuarta de Revisión de Tutelas ha asumido el seguimiento de la Sentencia T-1234 de 2008, se refirió a algunas inquietudes del actor, así:

— Que la Sentencia T-1234 de 2008 consideró que la mora presentada en Cajanal en el trámite de los expedientes administrativos obedecía a una situación de fuerza mayor y por consiguiente no le era atribuible a título de culpa.

— Que por el volumen de represamiento y reiterado incumplimiento de las acciones de tutela, había dado lugar a una especie de vía de hecho por consecuencia en razón a las sanciones que por desacato se le imponían al director de Cajanal, a partir del hecho objetivo de incumplimiento.

— Que si bien es cierto las personas tienen derecho a obtener pronta respuestas de las autoridades, existen problemas estructurales del atraso, como el que se presenta en Cajanal y la tutela deja de ser operante para la protección de los derechos en los casos individuales, y exige tomar medidas estructurales que conduzcan a la mejoría del desempeño y en los tiempos de respuesta hasta que los mismos se ajusten estrictamente a la ley.

Entonces, en este contexto la Corte dispuso que se mantenía para Cajanal la obligación de responder oportunamente a los usuarios sobre las circunstancias que en cada caso en concreto, impiden las respuestas a sus solicitudes en los términos de ley, y sobre el tiempo estimado con el que, a la luz de las circunstancias específicas se compromete la entidad, plazo cuya razonabilidad, en cada caso corresponde evaluar el juez de tutela. Adicionalmente que la entidad debía presentar un plan de acción.

Que en el marco de seguimiento, se ha puntualizado que no existe justificación para que los fallos judiciales que reconocen prestaciones dejen de cumplirse en los términos en ellos previstos, de acuerdo con la ley, razón por la cual no se aprobó la propuesta en el plan de acción presentado por Cajanal, en el que se sujetaba el cumplimiento a a los tiempos señalados dentro del plan.

Así las cosas, que no se advertía una conducta por parte de esa corporación que estuviese vulnerando o colocando en peligro los derechos del peticionario. Anexó copia del Auto 305 de 2009 emitido por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas dentro del proceso de seguimiento de la Tutela T-1234 de 2008. (fl. 51)

Pruebas recaudadas

Obran en el expediente, las siguientes pruebas relevantes:

— Copia de la petición elevada a la Corte Constitucional, específicamente doctor Rodrigo Escobar Gil.

— Copia del fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva el 5 de febrero de 2009, donde se declara que la Caja Nacional de Previsión Social EICE liquidó de manera incorrecta la pensión de jubilación del señor Octavio Trujillo Corredor (fl. 11)

— Copia del fallo de tutela proferido el 13 de mayo de 2009 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, en el que se tutela el derecho de petición del señor Trujillo Corredor contra Cajanal EICE (fl. 22 ).

— Copia de la providencia del 18 de agosto de 2009, por medio de la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, en la que se declara que la accionada no ha incurrido en desacato. (fl. 28).

— Respuesta del coordinador PQR en misión regional sur Ibagué 472 la red postal de Colombia en el que se indica que el escrito dirigido al doctor Rodrigo Escobar Gil en el Palacio de Justicia Corte Constitucional Bogotá, fue entregado mediante planilla Nº 235 y recibida con sello de correspondencia del 17 de septiembre de 2009 y anexó planilla. (fl. 33)

— Copia del Auto 305 del 22 de octubre de 2009 por medio del cual la Corte Constitucional aprueba el plan de acción presentado por Cajanal EICE en liquidación, precisando cual era el tiempo razonable para responder las distintas solicitudes a ellos presentadas, los que se contabilizan desde la presentación de la respectiva solicitud, además que debía informársele al interesado cuáles documentos o requisitos debían acompañar. No se aprobaron los plazos estimados para el reconocimiento y pago del auxilio funerario, sustitución pensional, pensión de sobrevivientes, hasta tanto no se presente un nuevo estimado que se considere razonable, tampoco la aplicación de términos a los fallos judiciales que reconozcan prestaciones a cargo de Cajanal los cuales deberán cumplirse en los términos allí previstos, de acuerdo con la ley (fl. 55).

Sentencia de primera instancia

Fue emitida el 14 de diciembre de 2009, en la que se parte del presupuesto que no obstante que la accionada manifiesta que no recibió el derecho de petición, en el trámite tutelar se debía tener por presentado, en atención a la copia de la planilla y certificación expedida por servicios postales de Colombia. Así las cosas, pasó referir cuáles son las características propias del derecho de petición, y cómo no procede para solicitar que las autoridades judiciales cumplan con su deber o pongan en marcha el aparato judicial, por cuanto de existir alguna trasgresión, la misma está relacionada con el derecho al debido proceso y el derecho del acceso efectivo a la administración de justicia. Y ya en punto de valoración del caso específico refirió que la Corte Constitucional en el marco legal de sus funciones, según lo establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, no le corresponde ocuparse de estos derechos de petición tendientes a satisfacer inquietudes particulares sobre los efectos de una sentencia de tutela, solicitud que debió presentar ante el funcionario judicial que conoce del mecanismo constitucional que impetró contra la Caja Nacional de Previsión Nacional.

Entonces, sin perjuicio que no se haya dado respuesta al derecho de petición que presentó el actor, por ser improcedente estas solicitudes ante la Corte Constitucional, ante la ausencia de violación, se negó el amparo deprecado (fl. 66).

Impugnación del fallo

El actor manifestó que no compartía la decisión de la primera Instancia porque si bien es cierto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional restituyó los derechos vulnerados al doctor Moreno Barriga, también lo es, que con ello vulneró los derechos de otros ciudadanos, y lamenta que su escrito se haya extraviado, según lo admite el señor magistrado doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, cuando su único propósito era el de encontrar una respuesta a su incertidumbre respecto a su situación como pensionado, y ofrece disculpas por las molestias que haya podido causar.

Consideraciones

Competencia. En virtud del principio de jerarquía funcional y de los lineamientos de los artículos 86 y 256 numeral 4º de la Constitución Política, es competente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por el a quo dentro del radicado de la referencia.

2. De la procedencia de la acción de tutela y del caso en concreto.

Pues bien, para efectos de pasar a realizar la revisión de la decisión impugnada debe recordarse, que la tutela es un mecanismo que tienen las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando, estos sean vulnerados o teman que pudieren llegar a ser amenazados por la acción u omisión de las autoridades, entiéndase judiciales y administrativas, el que se caracteriza por su trámite preferente y sumario.

Y sin lugar a dudas, el derecho de petición, tiene el carácter de fundamental y como tal, intrínsicamente un concepto correlativo, por cuanto exige al administrado elevar la petición en forma respetuosa, y a las autoridades, el deber de responderlo en forma oportuna y acorde a lo solicitado (Cons. Pol., art. 23). Y es la máxima autoridad Constitucional quien se encargó de desarrollar este postulado, determinando en primer lugar, un conjunto de exigencias que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, en segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio, estos presupuestos básicamente son: (algunos de ellos referidos por el a quo):

(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que abarca otras prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión.

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada.

(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto cuestionado y (ii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo solicitado.

(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable de lo solicitado.

(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye prueba de su desconocimiento.

(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.

Advirtiendo, en cuanto a las peticiones elevadas ante las autoridades judiciales, que se presentan una serie de condiciones y restricciones(2), distinguiendo dos situaciones: la primera, cuando en ejercicio del derecho de petición se requieren asuntos que están vinculados de manera estricta a la función judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos de carácter meramente administrativo.

En el primer evento estas solicitudes encuentran sus límites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la presentación de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de términos y demás formalidades propias del proceso. Ahora, advierte la Corte, que cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a fin de hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, estas deben ser examinadas de manera minuciosa ya que la efectividad de la petición tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

En el segundo evento, cuando la solicitud versa sobre asuntos de índole administrativa, los parámetros que deben guiar su trámite son los establecidos en las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. En la sentencia mencionada, respecto de estas dos situaciones, se concluyó lo siguiente:

“Puede concluirse que cuando se trate de solicitudes de las partes de un proceso judicial en el curso, ambas tienen el carácter de derecho fundamental; pero para distinguir si se hacen en uso del derecho de petición (C.P., art. 23) o en el de postulación (art. 29, ibíd.), y por tanto, cuál sería el derecho esencial afectado con su desatención, es necesario establecer la esencia de la petición, y a ello se llega por la naturaleza de la respuesta; donde se debe identificar si esta implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que por tanto, está reglado para el proceso que debe seguirse en la actuación y así, el juez, por más que lo invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición, sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá dar prevalencia a las reglas propias del juicio que establecen los términos, procedimiento y contenido de las actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto él como las partes”.

Entonces, el derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, por cuanto es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal.

En el caso sometido a estudio el accionante en efecto, presentó una petición dirigida al magistrado ponente de la Sentencia T-1234 de 2008, cuyo contenido no es meramente administrativo sino que tiene el carácter de jurisdiccional, pues se trata de un sujeto cualificado en cuanto que, era parte en un trámite de tutela que concluyó a su favor, pero que en atención a la decisión de la Corte Constitucional y al alcance dado a la misma, el juez de tutela no obstante observar que la accionada no había dado cumplimiento a su fallo, consideró que ello obedecía a la decisión de la Corte, luego cualquier pretensión que gire en torno a este asunto debe realizarse al interior del proceso tutelar y si el mismo ya concluyó, estarse a las resultas del mismo.

Pero en momento alguno puede acudirse a la Corte Constitucional, específicamente a la Sala Cuarta de Revisión, para que se indique qué paso debe seguir, de un lado, porque en efecto no es un órgano de consulta, ni se encuentra dentro de sus funciones dar trámite a este tipo de pedimentos (Cons. Pol., art. 241) a lo que se suma que en contra de las sentencias de esa corporación no cabe recurso ni aclaración alguna.

Lo anterior sería suficiente para negar el amparo solicitado, bajo el entendido que el derecho de petición del actor, teniendo en cuenta los anteriores parámetros, no estaría amenazado; no obstante, la Sala encuentra, ante la preocupación que exterioriza el accionante, que la providencia que dio origen a su solicitud, no es de las que usualmente adopta la Corte Constitucional, como quiera que en ella se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en Cajanal, al encontrar un problema estructural en dicha entidad, y fue así como decidió realizar un seguimiento a los efectos de su decisión y al plan de acción para la superación del represamiento de solicitudes en Cajanal EICE, y si bien aprobó el plan presentado, también realizó algunas salvedades, que de alguna manera pueden resolver las inquietudes del señor Trujillo Corredor, esto sucedió al expedir el Auto 305 de 2009, circunstancia de más para entender, que el amparo solicitado debe ser negado, por cuanto definitivamente la accionada en su condición de máximo garante de los derechos fundamentales, por excelencia, asumió un papel activo con posterioridad a la emisión de su fallo.

El auto 305 en uno de sus apartes reza:

“(...) De conformidad con los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, además de la orden de protección que, cuando proceda, debe expedir el juez de tutela, le corresponde también “... establecer los demás efectos del fallo para el caso concreto”. Agrega el citado artículo 27 que “el juez (...) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza” (...).

3. Después de evaluar el plan de acción propuesto y la situación creada por la decisión del gobierno de liquidar a Cajanal EICE, concluye la Sala que, desde la perspectiva de la responsabilidad que corresponde a los representantes legales del ente en liquidación frente a las solicitudes de prestaciones de contenido económico, el esquema presentado obedece, en general, y con las salvedades que se harán a continuación,  a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en la medida en que permitirá, que, en un tiempo cierto, los usuarios de la caja cuyas solicitudes se encuentran represadas, obtengan una respuesta completa y definitiva (...).

“Por otra parte, para la Sala resulta injustificada la previsión conforme a la cual “a los fallos y sentencias se les dará el tratamiento de acuerdo con la prestación reconocida y de acuerdo con los tiempos señalados anteriormente”, porque no se expone razón alguna que impida que los fallos judiciales que reconocen prestaciones puedan cumplirse en los términos en ellos previstos, de acuerdo con la ley, ni parece razonable sujetar ese cumplimiento a los tiempos señalados dentro del plan para la atención de las solicitudes represadas.

4. Tal como se puso de presente en la Sentencia T-1234 de 2008, las anteriores consideraciones no pueden entenderse como un desconocimiento del derecho de petición cuando existan problemas estructurales en las entidades, por cuanto “... las personas conservan su derecho a obtener una respuesta oportuna, la cual debe surtirse en los términos de ley de la manera como han sido fijados en la jurisprudencia. Sin embargo, lo que es necesario tener en cuenta es que en esos casos, la acción de tutela no resulta el mecanismo adecuado de protección de los derechos en los casos individuales, porque ello exige la adopción de medidas estructurales, que pueden ser impulsadas por el juez constitucional, como ocurrió con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, que puede asociarse con la posterior mejoría en el desempeño y en los tiempos de respuesta”.

“De este modo, la presentación y aprobación del plan de acción no exonera a Cajanal de la obligación de responder oportunamente a los usuarios sobre las circunstancias que, en el caso concreto, impiden una respuesta a sus solicitudes en los términos de ley, y sobre el tiempo estimado con el que, a la luz de las circunstancias de cada caso, se compromete la entidad (...).

RESUELVE:

(...) Segundo. No se aprueban los plazos estimados para el reconocimiento y pago del auxilio funerario, de la sustitución pensional y de la pensión de sobreviventes, los cuales, mientras no sea presentado un nuevo estimado que se considere razonable por esta Sala, serán, para los efectos de lo dispuesto en la Sentencia T-1234 de 2008, los previstos en la ley.

Tampoco se aprueba la aplicación de los términos previstos en el plan de acción a los fallos judiciales que reconozcan prestaciones a cargo de Cajanal lo cuales deberán cumplirse en los términos en ellos previstos, de acuerdo con la ley (...)”.

Entonces, bajo estas condiciones, la autoridad llamada a absolver las inquietudes sobre la situación particular del señor Trujillo Corredor, es el juez que tuteló su derecho, escenario donde puede insistir para que allí se vele por el cumplimiento de la decisión adoptada, teniendo en cuenta las excepciones arriba resaltas, si fuere el caso del accionante.

Significa lo anterior, que el amparo solicitado por el sub examine debe ser negado, pues esta corporación no encuentra, que la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional haya vulnerado su derecho de petición, como quedara suficientemente ilustrado.

Así las cosas, se CONFIRMARÁ íntegramente la decisión proferida por la sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autorización de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 14 de diciembre de 2009, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por medio de la cual se negó el amparo solicitado por el señor Octavio Trujillo Corredor, por las razones consignadas en esta providencia.

2. NOTIFICAR a las partes la presente providencia por los medios más expeditos, así mismo se enviará copia al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, para lo de su cargo.

3. Envíese el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados:José Ovidio Claros Polanco. Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez. Vicepresidenta—Angelino Lizcano Rivera—Henry Villarraga Oliveros—Jorge Armando Otálora Gómez—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila. Secretaria judicial.

Para la calificación, estuvo bien abordado el problema jurídico y no hay objeción en torno a la presentación de la providencia.

(1) Magistrada ponente doctora Luz Helena Cristancho Acosta.

(2) T-920 del 18 de septiembre de 2008, providencia que sigue los lineamientos de la Sentencia T -272 de 2006.