Sentencia 2009-03599 de julio 17 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000200903599 01 (5099-15)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según acta de Sala 54

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, numeral 4º parágrafo 1º numeral 6º del artículo 112 Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, el fallo admite ese grado jurisdiccional de la consulta cuando no es apelado, y por ende, esta superioridad es competente para conocer del mismo, por haber sido proferido por una Sala Jurisdiccional disciplinaría del Consejo Seccional de la Judicatura del país.

2. De la inculpada.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados mediante certificado 6390, manifestó que la señora Martha Patricia Loaiza Castiblanco se identifica con la cédula de ciudadanía 51.915.949 y es portadora de la tarjeta profesional 71649.

3. Del Caso en Concreto.

La señora Martha Ludis Cogollo Contreras quien se encontraba recluida en la Cárcel el Buen Pastor, instauró queja contra la abogada disciplinada al considerarse engañada por la profesional, pues le prometió que por la amistad sostenida con los jueces y fiscales le tramitaría en cuatro meses la detención domiciliaria y la representaría ante la Fiscalía 30 de Justicia y Paz donde se encontraba postulada a la Ley 975 de 2005; para lo cual la togada le solicitó $ 10.000.000 como anticipo y suscribieron el poder, pero manifestó la denunciante que su apoderada no había realizado gestión alguna, al solicitarle la devolución del dinero esta aceptó devolvérselo, pero finalmente no le entregó nada.

4. Tipicidad.

El cargo por el cual se condenó a la jurista en el fallo consultado es el descrito en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la cual dispone:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Nótese, como en la audiencia de pruebas y calificación provisional llevada a cabo el 8 de agosto de 2012, la magistrada sustanciadora formuló cargos a la disciplinable, por su presunta vulneración al deber contemplado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007 con lo cual probablemente incurrió en la falta descrita en el artículo 37, numeral 1º, de la misma disposición con el agravante del artículo 45 literal c, numeral 7º, en la siguientes modalidades:

— Modalidad dolosa: por los hechos relacionados con la representación de la quejosa ante la Fiscalía 30 de Justicia y Paz, en cuanto estaba postulada para los beneficios de la Ley 975 de 2005, atribuyéndole el agravante del artículo 45 literal c, numeral 7º, pues la disciplinada no le solicitó poder con la finalidad de representarla en dicho trámite.

— Modalidad culposa: en relación a los hechos relacionados con la solicitud de prisión domiciliaria, en donde la disciplinada solamente radicó un memorial pidiendo la prisión domiciliaria pero no hizo gestión ni seguimiento al trámite.

5. Antijuridicidad.

Frente a los argumentos defensivos, es oportuno indicar que estos no son de recibo para la Sala, en primer lugar porque no tienen sustento probatorio alguno, compartiendo plenamente el criterio esbozado por el seccional de conocimiento, pues de las pruebas arrimadas al proceso se concluye fehacientemente que la conducta desplegada por la abogada se subsume en el tipo disciplinario transcrito, al estar demostrado que sin justificación alguna desconoció sus deberes profesionales para atender con celosa diligencia sus encargos profesionales encomendados.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados. Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado a la profesional de turno investigada, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado y tenido en cuenta por el a quo, surge causal alguna que justifique su conducta, o por el contrario, en ausencia de esta la indiligencia por ella desplegada en el sub lite, impone la confirmación de la sanción impuesta en el fallo que se consulta.

Es indiscutible que el actuar pasivo e indiligente de la litigante es de reproche, pues no obra justificación alguna, y desde luego vulneró el deber consagrado en el artículo 28 de la normatividad en comento, de atender el encargo profesional, con perjuicio de su poderdante. Esta objetividad de la falta reseñada encuentra eco o respaldo probatorio con las pruebas real y oportunamente allegadas al expediente disciplinario, como es la consignación realizada por la hermana de la quejosa en Bancolombia por valor de $ 10.000.000 a un familiar de la abogada disciplinada, tal como quedó demostrado con la copia de la consignación (fl. 8, c.o. primera instancia), oficio de la Fiscal Quinta Delegada ante el Tribunal para la Justicia y la Paz donde manifestó que dentro del trámite de la postulada Martha Ludis Cogollo Contreras esta le otorgó poder a la abogada disciplinada para que asumiera su defensa en el caso pero en el párrafo final manifestó “Es necesario precisarle que la doctora Martha Patricia Loaiza Castiblanco no ha actuado en diligencia alguna, por que quien ha venido representando a la señora Martha Ludis Cogollo Contreras es el doctor Carlos Arturo Granados Rodríguez” (fls. 172 y 173, c primera instancia), poder otorgado a la disciplinada dirigido al Juez Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá (fl. 26 anexo), oficio de la abogada disciplinada donde solicitó la acumulación de penas y la aplicación del principio de favorabilidad, los cuales ya habían sido solicitados (fls. 96 y 97 anexo).

De lo anterior queda claro que no hay prueba alguna la cual demuestre que la abogada disciplinada hubiese realizado las acciones necesarias encaminadas a lograr la prisión domiciliaria e hiciera la defensa ante la Fiscalía de Justicia y Paz, actuaciones por las cuales la abogada recibió la suma de $ 10.000.000, por tanto no cumplió con el compromiso profesional de atender con celosa diligencia sus encargos consagrados en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, según el cual:

“Son deberes del abogado:

(...).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales (...)”.

En el señalado orden de ideas, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada, pues es evidente la indiligencia en la cual incurrió la inculpada al no presentar y fundamentar la solicitud de prisión domiciliaria de su prohijada y tampoco realizó la defensa ante la Fiscalía de Justicia y Paz, conducta esta que se enmarca en el numeral 1º del artículo 37 del actual Código Deontológico del Abogado, que preceptúa:

“Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

6. Culpabilidad.

Respecto a este elemento constitutivo de la infracción disciplinaria, debe decirse que la falta a la debida diligencia profesional es un comportamiento por naturaleza en este caso culposo, por cuanto se omitió el deber objetivo de cuidado inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un mandato o son encargados de una labor de forma oficiosa.

Ahora, es evidente que dada la condición de abogada, de encontrarse en defensa de los intereses de una persona privada de la libertad, por su experiencia profesional, pues al haber sido referenciada por una de las reclusas, era plenamente conocedora de las acciones que debía emprender con el fin de lograr la prisión domiciliaria de su prohijada, debiendo haber realizado todas las acciones necesarias encaminadas a dicho objetivo, además encontrándose la quejosa privada de la libertad no tenía como corroborar lo informado por su abogada, confiando plenamente en la misma e ilusionándose cada vez más de su detención domiciliaria por lo afirmado en sus visitas por su representada donde le decía que ya faltaban pocos días, cuando realmente no estaba realizando ningún trámite o gestión encaminado a dicho fin.

Las exculpaciones argumentadas por la defensa, tales como que si bien es cierto no realizó todas las acciones encomendadas, sí solicitó la acumulación de procesos, el principio de favorabilidad, agregando que dentro del expediente no existen de pruebas contundentes, estas justificaciones no son de recibo como lo consignó el fallador de instancia, pues en efecto la señora Martha Ludis Cogollo Contreras, se encontraba privada de la libertad en la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor patio 4, con ocasión de las condenas impuestas por los Juzgados Promiscuo de Puerto López y Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, por lo que su representada debía encaminar sus esfuerzos para intentar obtener la prisión domiciliaría, pues si bien es cierto las gestiones de todo abogado son de medio más no resultado, el profesional del derecho sí debe utilizar todos los mecanismos judiciales necesarios en pro del beneficio de su prohijada, lo cual no se vislumbra en el presente caso.

Respecto a las gestiones encaminadas para obtener la prisión domiciliaria la abogada disciplinada solo allegó el poder para actuar y una solicitud de aplicar el principio de favorabilidad y acumulación jurídica de las penas, pero no solicitó la prisión domiciliaria, por lo cual la quejosa debió realizarlo de forma directa, siendo negada y recurriéndola ella misma sin tener conocimientos de derecho, habiendo contratado a la abogada encartada para tal fin.

Sobre el punto de la postulación para obtener los beneficios de la Ley 975 de 2005 la abogada disciplinada le manifestó a su defendida conocer a los funcionarios judiciales y poder realizar esa gestión prontamente, pero dentro del mencionado proceso no solicitó el principio de favorabilidad siendo indispensable, pues en virtud de esta ley empezaron a privilegiarse las personas alzadas en armas confesando sus delitos y teniendo una reparación integral, por tanto al igual que la otra gestión precitada necesitaba de un asesoramiento jurídico, por lo cual se itera, la quejosa de entregó a la disciplinada $ 10.000.000.

En el señalado orden de ideas, al no existir prueba demostrativa que justifique el actuar negligente de la togada investigada y ante la ausencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la Sala confirmará la sentencia sancionatoria consultada, por encontrar reunidos los presupuestos exigidos en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

7. Dosimetría de la Sanción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así, para la falta endilgada a la inculpada, consagra el artículo 40 del citado Estatuto Deontológico los tipos de sanciones, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por la doctora Martha Patricia Loaiza Castiblanco, a quien se le exigía actuar diligentemente en aras del compromiso profesional adquirido, y en razón a que existe en su contra un agravante cual es el contemplado en el artículo 45, literal c, numeral 7º de la normatividad imperativa, pues la conducta desplegada por la abogada encartada se realizó aprovechando la condición de necesidad de su cliente, siendo esta una persona privada de la libertad desde hace seis años para la época, la cual tuvo que recurrir a su hermana para cancelar los honorarios y quién con el deseo de poder purgar la pena en su casa, con sus menores hijos realizó un esfuerzo con el fin de entregarle los honorarios a la abogada disciplinada, comportamiento acorde a la sanción de suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión impuesta por el fallador de la primera instancia, estando acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con la suspensión a la implicada, pues esta imposición cumple con el fin de prevención particular.

Cumple igualmente esta sanción con el principio de proporcionalidad, dada la gravedad del hecho y el pleno conocimiento con que actuaba, asegurándose igualmente el principio de la legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario. De contera se cumple también con el principio de razonabilidad, referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria de suspensión impuesta al disciplinable de turno, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia C-530 del 11 de noviembre 1993, donde en uno de sus apartes dijo:

“(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Sobra hacer más elucubraciones para concluir que se encuentra probado no solo el aspecto material u objetivo de la conducta disciplinaria, sino el subjetivo o de responsabilidad frente a esta en cabeza de la letrada doctora Martha Patricia Loaiza Castiblanco, motivo por el cual el fallo consultado al no tener reparo alguno debe ser confirmado en su totalidad, no sin antes resaltar, la imposición de la referida sanción, la cual cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que en el futuro se abstenga de incurrir en nuevas faltas de las consagradas en esta ley especial, pues la situación jurídica se tornaría más gravosa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar en su integridad la sentencia consultada de fecha octubre 8 de 2012, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca sancionó a la doctora Martha Patricia Loaiza Castiblanco identificado con cédula de ciudadanía 51.915.949 y tarjeta profesional 71.649, con suspensión de tres meses del ejercicio de la profesión al encontrarla responsable de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al Consejo Seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».