Sentencia 2009-04133 de octubre 23 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000200904133 01 (8495-16)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala 82

Bogotá D.C., veintitrés de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del presente asunto en el grado jurisdiccional de consulta, ante la no interposición de recurso de apelación, de la sentencia dictada el 23 de junio de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se sancionó con suspensión de un mes y quince días convertida en multa de 30 días de salario devengado en el ejercicio del cargo para el año 2009, a la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega, en condición de juez 33 penal del circuito de Bogotá, al encontrarla disciplinariamente responsable del desconocimiento del deber contemplado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 401 de la Ley 600 de 2000.

2. De la calidad de sujeto disciplinable.

Se acreditó la calidad de funcionaria judicial de la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega, como jueza 33 penal del circuito de Bogotá, mediante certificación remitida por la secretaría general del Tribunal Superior de Bogotá (fl. 43, cdno. o. primera instancia).

3. Del caso en concreto.

Establece el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuya incursión la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sancionó a la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega en condición de juez 33 penal del circuito de Bogotá, en concordancia con el artículo 401 de la Ley 600 de 2000, lo siguiente:

LEY 270 DE 1996 

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...) 15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

LEY 600 DE 2000 

ART. 401.—Audiencia preparatoria. Finalizado el término de traslado común, y una vez se haya constatado que la competencia no corresponde a una autoridad judicial de mayor jerarquía, el juez citará a los sujetos procesales para la realización de una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes, donde se resolverá sobre nulidades y pruebas a practicar en la audiencia pública, incluyendo la repetición de aquellas que los sujetos procesales no tuvieron posibilidad jurídica de controvertir. El juez podrá decretar pruebas de oficio.

Allí mismo se resolverá sobre la práctica de pruebas que por su naturaleza, por requerir de estudios previos o por imposibilidad de las personas de asistir a la audiencia pública, fundada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, deberán realizarse fuera de la sede del juzgado. Se practicarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

Se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes”.

Del material probatorio allegado al plenario se colige sin dubitación alguna que efectivamente, a la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega, en su condición de jueza 33 penal del circuito de Bogotá, le fue asignado el 3 de noviembre de 2004 la causa adelantada contra el señor Jorge Orlando Roa León, por los delitos de falsedad en documento privado y estafa, según denuncia formulada por Carlos Alirio Serrano Tibaduiza y José Cayetano Torres Gualteros.

La operadora de justicia acusada asumió conocimiento del referido proceso el 14 de diciembre de 2004 y fijó el 3 de febrero de 2005 para llevar a cabo la audiencia preparatoria, la realizó en la fecha señalada, ordenando la práctica de algunas pruebas de oficio e indicando que allegada la documental debía conferirse comisión al CTI, sección de grafología para que mediante experticio técnico determinaran si la grafía de los documentos correspondía a la del encartado.

Por auto dictado el 23 de noviembre de 2005, la jueza requirió al notificador por no imprimir trámite a las comunicaciones libradas por el despacho el 7 de julio de 2005.

El 28 de agosto de 2007 ingresó el expediente al despacho con informe secretarial en el cual se consigna haber encontrado el asunto en los procesos pendientes de remitir al archivo definitivo. En la misma fecha, la jueza Orjuela Vega previo a fijar fecha para la vista pública, ordenó oficiar al CTI para que rindiera el experticio grafológico.

La coordinadora del grupo de documentología del CTI seccional Bogotá informó a la juez que no contaba con personal suficiente, solicitando la remisión al laboratorio del material dubitado e indubitado, debidamente embalado, rotulado y con registro de cadena de custodia, especificando la clase de estudio solicitado, enviándose las diligencias el 31 de agosto de 2007.

Por auto del 24 de octubre de 2007, se ordenó requerir al CTI el dictamen pericial solicitado. El 14 de marzo de 2008, la jueza implicada dispuso remitir al grupo de documentología los documentos dubitados e indubitados objeto de la experticia.

Mediante Oficio 090 del 2 de mayo de 2008 la coordinación del grupo de secretaría colectiva del CTI devolvió las diligencias por no cumplir con el procedimiento de cadena de custodia.

En proveído emitido el 4 de noviembre de 2008, la disciplinable fijó el 10 de diciembre de 2008 para llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento, a la cual no compareció la defensa de oficio del acusado por incapacidad médica.

Nuevamente, el despacho ordenó oficiar al CTI para que regresaran las diligencias con el dictamen, previo a fijar fecha para la audiencia de juzgamiento.

El expediente ingresó el 3 de abril de 2009 con informe secretarial y en la misma fecha la juez 33 penal del circuito de Bogotá fijó el 30 de abril para llevar a cabo la vista pública.

El 8 de mayo de 2009, se designó nuevo defensor de oficio al acusado y se fijó el 22 de mayo de ese año para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento.

Mediante Oficio 14825 del 14 de mayo de 2009, el secretario del Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá rindió informe de las actuaciones surtidas al interior de la causa penal.

El 22 de mayo de 2009 se llevó a cabo diligencia de audiencia pública de juzgamiento, procediendo el juzgado a proferir sentencia absolutoria el día 18 de junio de la misma anualidad.

Del recuento procesal realizado por la Sala se evidencia mora a efectos de llevar a cabo la audiencia de juzgamiento, constituyendo un claro desconocimiento del artículo 401 de la Ley 600 de 2000, vigente para la época de los hechos, con lo cual tal como lo expuso el juez disciplinario de instancia, la funcionaria inculpada desconoció los principios de celeridad y eficiencia.

Aún sin excluir el cúmulo de trabajo del despacho judicial, el cual aparece reflejado en las estadísticas reportadas por la jueza 33 penal del circuito de Bogotá y como lo plasmó el juez disciplinario de primer grado, se evidencia que durante el año 2004 se laboraron 227 días, se produjeron 1.9 decisiones de fondo diarias e ingresaron 481 procesos; para el año 2005 se laboraron 231 y se emitieron 2.5 decisiones de fondo diarias, ingresaron 127 procesos ordinarios y 333 de tutela; en el año 2006 se laboraron 202 días y se produjeron 5.1 decisiones de fondo, ingresaron 76 procesos ordinarios y 490 de tutela; en el año 2007 se laboraron 216 días y se profirieron 2.9 decisiones de fondo diarias, ingresaron 267 procesos ordinarios y 437 de tutela; en el año 2008 se laboraron 228 días y se emitieron 3.5 providencias de fondo diarias, ingresaron 134 procesos ordinarios y 463 de tutela y en el año 2009 en los dos primero trimestres ingresaron por reparto 25 procesos ordinarios, 207 de tutela, se profirieron 279 decisiones de fondo.

Para esta colegiatura la carga laboral no alcanza a justificar la conducta negligente de la servidora judicial, pues la audiencia preparatoria se llevó a cabo el 3 de febrero de 2005 y ante los errores cometidos al interior del mencionado proceso, tales como el no diligenciamiento de los oficios por parte del notificador en el año 2005 o la falta de trámite de las diligencias por estar el expediente entre los procesos pendientes por remitir al archivo, así como la remisión de los documentos dubitados e indubitados sin cumplimiento del procedimiento de cadena de custodia; la funcionaria no adoptó ningún correctivo y se limitó a dictar autos requiriendo las pruebas y fijando las fechas para la vista pública, si detenerse a enderezar la causa penal, permitiendo que transcurriera un considerable lapso durante el cual estuvo el expediente en el despacho y solo hasta el 22 de mayo de 2009 se celebró la audiencia de juzgamiento (fls. 34 a 36, anexo 3).

Conforme lo señalan las pruebas, advertida para el año 2007 la tardanza en el trámite de las diligencias penales, ha debido la funcionaria acusada implementar un sistema de organización para efectos de la toma de decisiones de manera tal que no se presentaran situaciones como la reprochada en este caso, pues como directora del proceso, le correspondía adecuar su conducta a la norma, procediendo, una vez vencido el término, a señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia pública, actitud omisiva que se erige, precisamente en el reproche disciplinario objeto del presente proceso, sin que se pueda decir que la demora obedeció a la práctica de las pruebas pues ninguna medida adoptó encaminada a su adecuada práctica y tampoco puede alegar la carga laboral.

Adicionalmente, nos encontramos frente a un proceso de naturaleza penal en el que se vulneraron derechos fundamentales al debido proceso y la garantía del encausado de no permanecer sub judice por varios años, pues en el caso que ocupa la atención de la Sala el trámite tuvo una duración exagerada, ante la negligencia de la operadora judicial investigada, con grave perjuicio para la administración de justicia.

De este modo, ha dicho la Corte Constitucional que:

“(...)

Para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos. De esta manera, ‘puede afirmarse que, de conformidad con la doctrina sentada por esta corporación, la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora’.

“Por otra parte, la Corte ha puntualizado que no obstante los análisis que quepa hacer sobre la justificación del funcionario por la mora judicial, ‘el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial’. En tales eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo(1)”.

En cuanto atañe a la sanción impuesta, teniendo en cuenta que la falta fue calificada como grave a título de culpa, la sanción a imponer no podía ser otra que la suspensión convertida en multa comoquiera que la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega ya no se encuentra en el ejercicio del cargo, obedeciendo la impuesta a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, amén de acoplarse a los criterios señalados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, en tratándose de una funcionaria sin antecedentes registrados por lo cual habrá de confirmarse.

Sean suficientes las anteriores consideraciones para concluir que esta colegiatura confirmará en su integridad la providencia consultada, en cuanto sancionó a la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega, en su calidad de jueza 33 penal del circuito de Bogotá, como responsable de la falta que se le había imputado, consistente en el desconocimiento del deber previsto en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 401 de la Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo objeto de consulta, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 28 de junio de 2013, a través de la cual se le sancionó con suspensión de un (1) mes y quince días en el ejercicio del cargo, convertida en multa de treinta (30) días de salario devengado para la época de los hechos a la doctora Rosa Elvia Orjuela Vega en condición de jueza 33 penal del circuito de Bogotá, al encontrarla disciplinariamente responsable del desconocimiento del deber previsto en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 401 de la Ley 600 de 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE al consejo seccional de origen para que en primer lugar notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».

(1) T 693 A del 20 de septiembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.