Sentencia 2009-05099 de octubre 30 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000200905099 01

Aprobado según acta de Sala 84 de la fecha

Registro de proyecto 30 de octubre de 2013

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Descontado el hecho que la Sala tiene competencia para conocer en consulta el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(8) y 59 de la Ley 1123 de 2007(9); se procede a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Si bien es cierto, la esencia de la Ley 1123 de 2007 radica fundamentalmente en un precepto de orden constitucional, el cual en el artículo 26 consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Ahora, teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, se procede entonces a estudiar el comportamiento de la togada Olga Lucía Rodríguez Rolón, a efecto de valorar si su conducta en el caso puesto en conocimiento de esta colegiatura se ajustó o no a estos parámetros.

La falta atribuida en el fallo de primera instancia, se encuentra consagrada en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007 en los siguientes términos:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesional.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible la certeza sobre la materialidad de la falta y la responsabilidad; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios de la ley procesal que conforman el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Así las cosas, analizado el sentido del fallo, la intervención del defensor de oficio y el material probatorio allegado, se advierte desde ya que la decisión objeto de revisión será revocada.

En efecto, la abogada Olga Lucía Rodríguez Rolón fue encontrada responsable disciplinariamente por el incumplimiento al deber consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, consistente en “Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el registro nacional de abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”.

Ahora, el abogado defensor expuso como alegaciones que dentro del plenario no existía prueba alguna que llevará a concluir que su representada estaba ejerciendo efectivamente la profesión, razón por la cual y bajo el entendido que el deber de mantener actualizado el domicilio le era exigible a los profesionales del derecho que ejercieran la abogacía, no era dado imputar a la investigada responsabilidad o culpa alguna por la supuesta infracción del deber, en tanto como anunció, no se tenía certeza que ejerciera la labor profesional.

Pues bien, frente a lo anterior, es importante precisar que el régimen jurídico disciplinario aplicable a los abogados se instituyó como una expresión de control y vigilancia pública ejercida por el Estado y desarrollada por el legislador, el cual en ejercicio de esa facultad impone a los profesionales de derecho restricciones mediante el establecimiento de reglas, mandatos y prohibiciones con las cuales, según la Corte Constitucional se “busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”.

Los regímenes disciplinarios instituidos por el legislador y dirigidos a los abogados —D. 196/71 y L. 1123/2007— establecen pautas, principios, tipificación de conductas contrarias a la defensa del derecho, la justicia y el orden social, en que puedan llegar a incurrir aquellos profesionales del derecho “en ejercicio de su profesión” y dispone las respectivas sanciones para dichos eventos.

Para tomar la decisión en el presente asunto, es importante entrar a establecerse por esta superioridad lo relacionado a qué se debe entender por “ejercicio de la profesión de abogado”.

Frente a este tema no ha sido poco el debate jurisprudencial que se ha desarrollado, ejemplo de ello se tiene que desde 1997 el Consejo de Estado ha venido exponiendo que:

“El ejercicio de la profesión de abogado es una actividad que tradicionalmente, se ha entendido en los términos precisos de la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o sea “... defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consultan”, es decir, actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse reducida y estrecha, ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las actividades comprendidas en ese ejercicio..., quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía al litigio”(10).

Igualmente dispuso en sentencia del 12 de julio de 2001, que “... la práctica de la abogacía comprende la participación en la realización de la recta y cumplida administración de justicia, así como defender en justicia los derechos de la sociedad y los particulares, permite concluir que actividades tales como el litigio, la asistencia y representación de litigantes y la asesoría y consultoría, tanto en forma independiente como subordinada, así como las mismas actividades cumplidas en el ejercicio de cargos en todas las ramas del poder y en los demás órganos del Estado y en empleos privados constituyen ejercicio de la abogacía. Incluye, por supuesto, el ejercicio de cargos de funcionario en la Rama Judicial, en cuanto están orientadas a la realización de la justicia y exigen como requisito ineludible para ejercerlos el de ser profesional de la abogacía. Así lo establece expresamente la ley”(11).

Por su parte, en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha manifestado que “El abogado cumple su tarea en dos campos distintos, a saber: dentro del juicio y fuera de él, en el primer caso por medio de la representación judicial y en el segundo, con la asesoría y el consejo, actividades éstas que contribuyen al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado social de derecho”(12).

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia”(13).

... En tal sentido, este tribunal ha afirmado que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”(14).

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse “el ejercicio de la profesión de abogados” como la función que desarrollan los profesionales del derecho no solo en los campos del litigio y la asesoría, sino también en todos aquellos cuando para realizar determinada actividad requiere de la condición de abogado y por ende la utilización de sus conocimientos jurídicos.

Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 256 numeral 3º dispuso:

“ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley (resaltado nuestro).

La anterior disposición es desarrollada legalmente por la Ley 1123 de 2007 de la siguiente manera:

“ART. 2º—Titularidad. Corresponde al Estado, a través de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos superior y seccionales de la judicatura, conocer de los procesos que por la comisión de alguna de las faltas previstas en la ley se adelanten contra los abogados en ejercicio de su profesión.

“ART. 19.—Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional.

Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título.

Como se ve, la propia Ley 1123 de 2007 establece que son destinatarios directos de la acción disciplinaria, aquellos abogados que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, entendiendo estos actos según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como:

Asesorar: Dar consejo o dictamen; tomar consejo del letrado asesor, o consultar su dictamen; dicho de una persona: tomar consejo de otra, o ilustrarse con su parecer.

Patrocinar: Defender, proteger, amparar, favorecer; apoyar o financiar una actividad frecuentemente con fines publicitarios.

Asistir: Acompañar a alguien en un acto público; servir o atender a alguien, especialmente de un modo eventual o desempeñando tareas específicas; servir interinamente; socorrer, favorecer, ayudar; cuidar enfermos y procurar su curación; dicho de la razón, del derecho, etc.; estar de parte de alguien.

Entonces, establecido quienes son destinatarios del régimen disciplinario de los abogados, ha de precisarse sin duda alguna, que en la actualidad existe un universo de profesionales del derecho con tarjeta profesional vigente, pero para efectos de lo que traduce ejercicio de la profesión no lo son todos, es decir, si bien quienes están titulados son potenciales sujetos disciplinables, no por ello siempre lo serán, pues ha de verificarse primero si están en el ejercicio de la profesión, condicionante constitucional sine qua non para visualizar la acción disciplinaria.

En efecto, en aras de establecer o no la responsabilidad de la Dra. Olga Lucía Rodríguez Rolón y atendiendo a que todo fallo debe estar fundamentado en prueba legal y oportunamente allegada al proceso, se ordenó mediante auto del 22 de agosto de 2013 que “por secretaría judicial se oficie a la oficina judicial de reparto de toda clase de asuntos judiciales de esta ciudad capital, con el fin de que se informe de manera inmediata si obra en sus registros presentación de alguna demanda o asunto en la cual haya actuado como abogada la Dra. Olga Lucía Rodríguez Rolón”.

En atención al anterior requerimiento, se allegaron las siguientes respuestas:

Oficio suscrito el 22 de agosto de 2013 por Gloria Patricia Mejía Bravo, coordinadora de la oficina de administración y apoyo judicial de Paloquemao, en el cual informó que “consultado nuestro archivo sistematizado de reparto SARJ Ley 600/2000 desde el 1º de abril de 2003 hasta la fecha, no se halló proceso alguno y/o acción constitucional que coincida con los parámetros relacionados...”.

Respuesta de Yenny Andrea Barrios Barrera, coordinadora de la oficina de apoyo de los juzgados administrativos, en el cual informa que una vez revisada la base de datos de registros de justicia XXI, no se encontraron registros en los cuales hubiere actuado la investigada.

Oficio del 27 de agosto de la presente anualidad, suscrito por Sandra Sirley Trujillo, coordinadora de reparto de la jurisdicción ordinaria en lo civil, familia y laborales, donde informó que revisado el sistema de administración de reparto judicial (SARJ), no se encontró información alguna en relación a la disciplinada.

Respuesta suscrita el 26 de agosto de 2013(15) por Silvia González Cáceres, profesional universitario grado 16 del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá en la cual manifestó que una vez solicitado a la persona encargada del área de sistemas se ese centro de servicios, realizada la búsqueda general con los datos suministrados, no se encontró registro alguno.

En atención a lo anterior, y revisado el plenario, se debe decir que le asiste razón al defensor de oficio cuando manifestó que no existía prueba dentro del expediente que acreditara el ejercicio profesional de la investigada, requisito sine qua non para ser destinataria de la ley disciplinaria de abogados.

En efecto, si bien se constató según certificado 03133-2012 expedido por la unidad de registro nacional de abogados que la Dra. Olga Lucía Rodríguez Rolón se encuentra inscrita como abogada y es portadora de tarjeta profesional que se encontraba vigente, no se logró establecer con la certeza(16) necesaria que la togada para la fecha de los hechos ejercía efectivamente la profesión, es decir que la misma asesorara, asistiera o patrocinara algún negocio judicial en favor de un tercero o a nombre propio, por lo que no se puede concretar la configuración de la falta y responsabilidad disciplinaria alguna.

Lo anterior bajo el entendido que la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado imputada a la togada por infringir el deber relacionado con el domicilio profesional consistente este en “Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el registro nacional de abogados para la atención de los asuntos que se le encomiendan, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”, le es por su naturaleza exigible a todo abogado que ejerza la profesión en alguno de los escenarios que ya se identificaron, es decir, si bien, la norma no hace ninguna distinción expresa, como se vio en precedencia, el propio legislador estableció como destinatarios del estatuto disciplinario a “los abogado en ejercicio de su profesión”.

Por tanto y en aras de preservar la presunción de inocencia prevista en el artículo 29 de la Constitución Política y en el 8º de la Ley 1123 de 2007, se dará aplicación al principio de in dubio pro disciplinado para absolver a la togada investigada.

Inconcebible se torna una sanción por el solo hecho de no tener actualizado su registro y con ello llegar a la convicción que se atentó o contrarió la recta y leal realización de la administración de justicia y los fines del Estado, pues tal postura de la no aparición al escenario del abogado(a) con la mera confrontación de la norma, es que antaño se aplica como responsabilidad objetiva, precisamente hoy proscrita del derecho sancionador como una gran conquista del Estado liberal, sobre todo, social de derecho; tal forma de sancionar desconoce el postulado base por el cual se permite una averiguación disciplinaria desde la misma norma superior, esto es, indagar primero sobre el ejercicio de la profesión de quien es sujeto disciplinable.

Quiere decir lo anterior que no se puede sancionar por el solo hecho de ser abogado, sino que realmente se dé en el profesional el ejercicio de la profesión, y, en esa función desacate los deberes previamente reglados.

Una forma de colaborar con la administración de justicia es tener los datos actualizados en un registro, con ello, al litigante o, a quien ejerce la profesión se le ubica, requiere e indaga para efectivizar notificaciones, publicaciones y permitir la actividad procesal en forma normal pero dinámica. En conclusión, deberán verificarse por ende dos condiciones, el que el sujeto sea abogado y esté en ejercicio de la profesión para que opere la jurisdicción disciplinaria.

Y es que no se puede, como lo hizo la Sala a quo, fundamentar un fallo sancionatorio en meras conjeturas o suposiciones sobre el ejercicio de la profesión, pues si bien no se debe obviar que los abogados al momento de obtener el título que los acredita como tal se obligan al cumplimiento de las obligaciones y deberes que les asisten, lo cierto es que, como sujetos disciplinables, está amparado por las garantías procesales que en materia de derecho sancionador se han previsto por el ordenamiento jurídico, tal es el caso de la necesidad de la prueba, a partir del cual el juzgador debe desplegar la tarea investigativa, de recaudo y valoración, que le permita aproximarse en lo posible a la verdad real, y de no ser posible llegar a tal convicción, no queda otro camino que absolver.

Este tema se ha venido tratando por la Sala en el sentido de establecer en estos casos, que “frente a la duda sobre la responsabilidad del abogado resulta imperante la aplicación del principio in dubio pro disciplinado,... el Estado como titular de la carga de la prueba no logró acreditar la comisión de las faltas irrogadas en primera instancia, deberá absolverse al jurista, esencialmente por cuanto no se desvirtuó la presunción de inocencia”(17).

Además sobre el in dubio pro disciplinado ha dicho la Corte Constitucional:

“El “in dubio pro disciplinado”, al igual que el “in dubio pro reo” emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado”(18).

Lo anterior, lleva a la conclusión entonces que un fallo a favor o en contra siempre debe fundamentarse en un acervo probatorio que, analizado conjuntamente, lleve al administrador de justicia a una certeza sobre la comisión del hecho y su responsabilidad. De ser imposible llegar a tal convicción, no queda otro camino que absolver.

Tal contundencia del acervo probatorio no existe en el presente proceso, pues no fueron suficientes los esfuerzos realizados para demostrar que la abogada Olga Lucía Rodríguez Rólon ejerce la profesión, y por ende afirmar o infirmar el cumplimiento los requisitos para aplicar la ley disciplinaria a la investigada, queda en el ambiente una duda difícil de eliminar a esta altura del proceso, la cual ha de resolverse en favor de la togada, teniendo como resultado de ello la revocatoria de la decisión objeto de alzada y en su lugar la absolución de la investiga conforme lo estipula el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007:

“... A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla” (resaltado fuera de texto).

Para finalizar, valga aclarar que la presente decisión no es una brecha para legitimar la impunidad en casos en que los abogados aleguen dicho argumento exculpativo, pues para cada caso en concreto ha de analizarse por el operador jurídico de manera independiente y autónoma las conductas asumidas por el profesional del derecho, es decir debe mediar un completo y detallado entendimiento y análisis de la situación fáctica, jurídica y probatoria de cada asunto en concreto.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo consultado por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con CENSURA a la abogada Olga Lucía Rodríguez Rolón al hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, en su lugar ABSOLVERLA, conforme las razones consignadas en las motivaciones de esta providencia.

2. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión, de no ser posible la comparecencia de la interesada efectúese el procedimiento establecido en la ley.

3. Cumplido lo anterior devuélvase el expediente al consejo seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(8) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

(9) “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, en los términos previstos en la ley estatutaria de la administración de justicia y en este código...”.

(10) Radicado 1628, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía, 18 de abril de 1997. Radicación 1628.

(11) Radicado 11001032800020000035-01, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

(12) Sentencia C-060/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(13) Sentencia C-060/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(14) Sentencia C-884/2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(15) Folio 49, cuaderno de segunda instancia.

(16) Artículo 97 Ley 1123 de 2007.

(17) Sentencia del 22 de septiembre de 2010 dentro del rad. 500011102000200700345 02.

(18) Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.