Sentencia 2009-05942 de marzo 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000 2009 05942 02

Aprobado en Sala Nº 020 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Bogotá D.C., marzo once de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las apelaciones que se interpongan contra las decisiones proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, facultad otorgada por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, función que se cumple en armonía con el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Otras consideraciones

Es de aclarar que a quien funge como ponente le fue asignado el presente proceso el día 26 de febrero de 2015, por decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación(17), esto es, cuando ya había prescrito la acción disciplinaria respecto de la actuación surtida en el trámite de la acción de tutela, igualmente coadyuvada por el disciplinable.

II. Procedencia del recurso de apelación.

La sentencia proferida el 18 de octubre de 2012, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al doctor Armando Castro Mendoza, es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, que prescribe:

“ART. 81.—Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia(18).

III. Competencia del Juez de segunda instancia.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala, a emitir su pronunciamiento a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando, como límite de competencia, los aspectos impugnados por el disciplinable pues, esta Sala ha acogido el criterio según el cual se entiende que no suscitan inconformidad en el sujeto procesal los tópicos no cuestionados.

Así las cosas, la Sala itera su falta de libertad para decidir en segunda instancia, no obstante, lo anterior no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Sobre el particular, es menester resaltar que la sustentación del recurso se erige, igualmente, en límite de la competencia del ad quem, por cuanto, si el fallador de segunda instancia debe referirse a los tópicos presentados por el censor en el escrito impugnatorio, mismos deben estar desarrollados de forma razonable a efecto que contar con elementos —jurídicos y fácticos— para su análisis.

Siguiendo los argumentos esbozados y poniendo de presente las inconformidades sustento del recurso de apelación, se observa que en el mismo se cuestiona la decisión del a quo en tres puntos fundamentales, a saber: (ii) la supuesta irrelevancia de la conducta para la acción disciplinaria; (i) y la ejecución de un comportamiento por fuera de la calidad de abogado.

Los puntos antes señalados serán abordados uno a uno no sin antes remembrar los hechos que dieron lugar a la presente investigación disciplinaria, a fin de desarrollarlos de manera metodológica.

De esta forma, se retiene que el querellante denunció al doctor Armando Castro Mendoza pues, éste colaboró con su compañera permanente para desplazarlo del encargo encomendado y, en los documentos y peticiones suscritos para ello, incluyeron manifestaciones injuriosas. En ese sentido el seccional tuvo en cuenta la ausencia de poder en favor del disciplinable para terminar la actuación respecto de la falta a la lealtad y honradez con los colegas. Sin embargo elevó cargos pues el togado encartado habría faltado al deber contenido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al no observar el debido respeto en las relaciones con sus colegas.

En consideración a ello, en primera instancia se imputó cargos al disciplinable por la presunta incursión, a título de dolo, en la falta contemplada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, según la cual:

“Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

Ahora bien, la respectiva imputación jurídica se elevó con relación a dos conductas o situaciones fácticas, esto es (I) con respecto del escrito contentivo de la súplica de amparo constitucional presentado por la señora Eleonora Chitiva Parra y coadyuvado por el abogado encartado el 30 de julio de 2009 y (II) con relación al documento por medio del cual, estos mismos, manifestaron revocar el poder al doctor Gonzalo Salcedo Forero, radicado el 25 de marzo de 2010.

Comoquiera que la imputada es una falta de ejecución instantánea, el término de prescripción debe ser contado a partir del momento en el cual se consolidó, esto es, el 30 de julio de 2009, en el caso de la presentación de la acción de tutela cuyo radicado fue el 2009-1930. En ese sentido, desde la data señalada, el titular de la acción cuenta con (5) años para el ejercicio de la misma, teniéndose como trascurridos el 30 de julio de 2014, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007(19). Así las cosas, forzoso es para la Sala terminar el proceso(20) por prescripción de la acción disciplinaria, con respecto de la referida conducta, tal como lo prescribe la norma indicada y, en consecuencia, se dará por extinta la acción disciplinaria en lo referente a dicha imputación fáctica(21).

No ocurre lo mismo con el reproche consistente en haber hecho manifestaciones injuriosas dentro del memorial radicado el 25 de marzo de 2010, por medio del cual se pretendió revocar el poder del colega pues, de toda evidencia, con respecto del señalado comportamiento no ha acaecido el fenómeno de la prescripción. En tal consideración, los puntos de la apelación se resolverán teniendo en cuenta esta única conducta.

i) La atipicidad de la conducta

De acuerdo con el fallo apelado, el disciplinable, en escrito de revocatoria del poder, radicado el 25 de marzo de 2010 hizo al quejoso imputaciones de carácter deshonroso, delictivo y disciplinario, lesionando el deber contenido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123, pues desnaturalizó la forma como los profesionales del derecho deben dirigirse a los demás abogados y a las personas que intervengan en los asuntos de su profesión, incurriendo con ello, a título de dolo, en la falta contemplada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, revisadas las pruebas obrantes en el plenario, esta Sala constata la material y fehaciente presencia del referido escrito(22), contentivo de 14 folios, dentro de los cuales se lee, de manera textual las imputaciones injuriosas elevadas por el disciplinable al quejoso y entre éstas las reprochadas en primera instancia, pues efectivamente, a folio 147 el togado investigado tilda a su colega de: su colega de “desleal, que pretende engañar a los operadores jurídicos de tutela, rábula de barandilla municipal, tinterillo, pica pleitos, que actúa de mala fe y temerariamente, que se abroga facultad de voltear un negocio jurídico, de inducirla en un fraude procesal mediante actos criminales…”.

Por otro lado, la integridad del documento está dirigido a imputar, sin fundamento alguno, delitos de gravosa entidad al doctor Gonzalo Salcedo Forero, para finalizar el memorial sosteniendo: “En estas condiciones cómo puede desempeñarse un abobado como defensor de derechos fundamentales de la comunidad, buscando prebendas mínimas - que pobreza intelectual, moral y humana, da tristeza a lo que llega un profesional del derecho…”(23). Manifestaciones que fueron, incluso, admitidas por el disciplinable en su versión libre.

De esta forma, se encuentra plenamente demostrada para esta colegiatura la conducta endilgada. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado por el recurrente, el disciplinable no actuó en calidad de profesional del derecho, en consecuencia no es destinatario del Código Disciplinario del Abogado, por lo cual en el caso de marras, el sujeto activo del tipo no sería el contenido en la norma prescriptiva de la falta disciplinaria, configurándose la atipicidad de la conducta.

Para su demostración el defensor de oficio del disciplinable recurre a la descripción de los fenómenos de empoderamiento y coadyuvancia para concluir la no ejecución de la conducta en calidad de abogado. Sin embargo, la Sala no comparte los criterios esbozados por el apelante pues, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, no se requiere adelantar ninguna actuación con poder para ser destinatario de Código Disciplinario del Abogado.

En efecto, de acuerdo con el artículo 19 precitado:

“Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional”.

Nótese que la norma es clara, son destinatarios, los abogados en ejercicio de la profesión. De hecho, sin importar cuál de las actividades propias de la misma esté ejerciendo, es decir, asesoría, patrocinio, asistencia, misiones para las cuales no se requiere tener derecho de postulación ni haber recibido o aceptado poder. Más aún, prescribe el referido artículo que el estatuto es aplicable a los antes señalados, así se encuentres excluidos o suspendidos de la profesión. En otras palabras, incluye como sujeto activo a quienes no puedan recibir, aceptar o exhibir poder.

En consecuencia, lejos de requerirse el procedimiento por medio del cual un cliente o apadrinado confiere facultades a un abogado y éste las acepta, lo determinante es la calidad del actuante dentro del proceso. En ese sentido cuando el togado utilizó el término coadyuvar y firmó utilizando su tarjeta profesional, forzoso es admitir que lo hizo como profesional del derecho, así su interés sea homologo o idéntico al de su compañera permanente, pues con su comportamiento estableció una relación jurídica dentro del escrito, calificando su actuación como asistencia, apoyo o ayuda.

En efecto, aún si se entendiera que el togado utilizó el término profano y no jurídico, en ese caso es menester admitir la sinonimia entre el término asistencia contenido en el tipo disciplinario y el de coadyuvancia, pues de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, coadyuvar es “contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo”.

No obstante, esta Sala es del criterio que el investigado, en su calidad de abogado, coadyuvó en el sentido jurídico del término, esto es, en consideración a lo contemplado en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil(24), buscando ser tenido como interviniente en el asunto, para lo cual se abroga la facultad de asistir, ayudar, colaborar, a la parte con quien tiene una relación sustancial, por el interés reconocido en las decisiones que puedan afectarle en el curso del proceso.

Así las cosas, resulta irrelevante si en el disciplinable se conjugaron las calidades de compañero permanente y coadyuvante, pues la una no desvirtúa la otra. En el momento en el cual suscribió el documento, con el propósito de ser tenido como interviniente, imprimiendo su firma, con apoyo de su tarjeta profesional, desplegó una conducta propia de un abogado, actuó como tal y, en tal consideración, es destinatario del estatuto Disciplinario erigido para controlar a los profesionales del derecho.

Sobre esta tesitura, la Sala estima que el doctor Armando Castro Mendoza, al hacerse parte, en calidad de abogado, dentro de la actuación de revocatoria del poder, radicado el 25 de marzo de 2010, en el cual se injurió ostensiblemente al quejoso, materializó temerariamente la conducta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

ii) La antijuridicidad de la falta disciplinaria

Según el petitum apelatorio, la falta transcrita no puede ser sancionada pues la actuación del disciplinable no le generó daño a la realización de la justicia ni a los fines del Estado, en consecuencia, no reviste las características propias de una falta disciplinaria. En efecto, sin discutir la materialidad de la conducta, el recurrente erige una tesis según la cual el bien jurídico protegido por la norma serían los de “la realización de la justicia y los fines del Estado” y, mientras no exista la vulneración efectiva de los mismos, no se configura la antijuridicidad de la conducta y, en ese sentido, no hay lugar a sancionarla. No obstante, el referido argumento dista de lo establecido por la dogmática actual del derecho disciplinario.

En primer término, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007 un abogado incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código. En otras palabras, no se requiere la materialización de ningún daño en específico. Por el contrario, basta con faltar a un deber impuesto por la norma o incurrir en prohibición, sin que pueda ser excusado el comportamiento, para acusar de ilícito disciplinario a este último pues, el estatuto disciplinario del abogado lo que sanciona es el incumpliendo de deberes.

Ahora bien, esta tesis no parte de la base de una responsabilidad objetiva, sino de un criterio autónomo del derecho disciplinario según el cual la realización de la conducta tipificada en el estatuto disciplinario del abogado supone, necesariamente, una infracción a sus deberes.

Esta dinámica responde al sentido teleológico del derecho disciplinario, esto es la realización de los fines éticos para los cuales fue concebido, contexto que impone sancionar el ejercicio indebido o irresponsable de la profesión. En efecto, Ley 1123 de 2007, instituyó expresamente una gama de deberes del abogado imponiéndole conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión, observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión(25), entre otros. Correlativamente, su incumplimiento, constituyen faltas sancionables.

No fue por azar que el Legislador tipificó una alta gama de conductas a fin de sancionar las faltas contra la dignidad de la profesión, al decoro profesional, al respeto debido a la administración de justicia, a la recta y leal realización de la justicia, a la lealtad con el cliente, a la honradez del abogado, a la lealtad con sus colegas, a la debida diligencia profesional y al deber de prevenir litigios, entre la más destacables.

En ese mismo orden de ideas, al establecerse la finalidad teleológica del Código Disciplinario del Abogado, se instituye una carga para el abogado, de acuerdo con la cual se le exige legítimamente una conducta que va más allá del cumplimiento de lo meramente legal. Dicho de otro modo, en lo que respecta la profesión de abogado el reproche no sólo se eleva cuando la conducta es delictiva, dañosa o lesiva, sino también cuando ésta no atiende los principios éticos establecidos en el código disciplinario de la profesión. Así, la conducta del abogado debe ser loable, de otra forma será sancionada, a fin de que su “ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales”(26).

Descendiendo al caso bajo estudio, se tiene que el togado investigado efectivamente firmó, en calidad de coadyuvante, los términos desobligantes e injuriosos contenidos en el escrito por medio del cual se pretendía revocar el poder al quejoso. Luego, no hace falta que dicha conducta hubiere o no generado una lesión o daño, pues basta la materialización de la misma para tener como vulnerado el bien jurídico descrito en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, siendo admisible la prueba de la existencia de una justa causa, para destruir el carácter antijurídico de la falta.

No obstante, en el caso de marras, forzoso es concluir la ausencia de prueba o manifestación por parte del abogado o su defensa con relación a la referida justificación. En consecuencia, la conducta no puede sino ser tenida como antijurídica.

Ahora bien, determinadas la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta, coincide esta corporación con el análisis del a quo cuando establece la modalidad de la misma a título de dolo, pues para desplegar el referido comportamiento se requiere una voluntad positiva de realizarlo. Por otro lado, en la versión libre no se verificó ningún acto de arrepentimiento sino, por el contrario, el disciplinable se mantuvo en la referida posición arguyendo como razón de ser de sus actos las conductas ejecutadas por el abogado quejoso como respuesta a la acción de tutela presentada en su contra.

Finalmente, la Sala encuentra necesaria la imposición de una sanción, en razón del carácter doloso de la conducta y el tenor de la falta misma, pues el desbordamiento fue de orden superior en sentido de haber sido utilizados los insultos de mayor talante que puede recibir un abogado, sobrepasando los delicados límites de un comportamiento puramente disciplinario. En ese orden de ideas, se estima de alta trascendencia la incursión en el injusto disciplinario, por cuanto se trató de un documento allegado a una actuación jurídica, dirigido a otros funcionarios y operadores judiciales. Por último, teniendo en cuenta el perjuicio causado al buen nombre del quejoso, esta colegiatura no puede sino confirmar la impuesta por el Seccional de instancia consistente en suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, pues es la mínima en su categoría.

En mérito de lo expuesto, sin más consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de octubre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al doctor Armando Castro Mendoza, y en consecuencia se procede a:

1. DECRETAR LA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN disciplinaria con relación a la conducta desplegada por el disciplinable en el seno de la acción de tutela radicada con el número 2009-1930.

2. CONFIRMAR el reproche elevado con relación al actuar dentro del escrito de revocatoria del poder radicado el 25 de marzo de 2010, al hallarlo responsable de la falta disciplinaria contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, así como la sanción impuesta en primera instancia, de conformidad con lo expuesto en el proveído.

3. ANOTAR la sanción en el registro nacional de abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

4. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión al abogado disciplinado, para lo cual se comisiona a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Bogotá, por el término de diez (10) días hábiles.

Notifíquese y cúmplase».

(17) Auto del de fecha 25 de febrero de 2015 visible a folio 4 del cuaderno de segunda instancia.

(18) Subrayado fuera del texto.

(19) “ART. 24.—Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. “Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas”.

(20) De conformidad con el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007.

(21) “Artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, según el cual: “son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
“1. (…)
“2. La prescripción.
…”.

(22) Folios 144 a 157 del cuaderno original Nº 1.

(23) Folio 156 del cuaderno original Nº 1.

(24) Ver ídem artículo 71 del Código General del Proceso.

(25) Numeral 7º artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

(26) Sentencia C-884 de 2007, precitada.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto me permito manifestar que SALVO VOTO con respecto a la decisión asumida por la Sala, al considerar que la conducta desplegada por el abogado Armando Castro Mendoza, en cuanto a que la falta endilgada prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, no conlleva el animus injuriandi para su configuración, en tanto, se torna atípica y sin relevancia jurídica disciplinaria.

Al respecto, el tipo normativo en primer lugar expresamente se encuentra referido a que el autor de la falta disciplinaria debe haber proferido injurias o acusacionestemerarias contra los funcionarios; quiere decir entonces, que el ánimo de injuriar debe entenderse como una manifestación dolosa e intencionada con conocimiento de transgredir la susceptibilidad, aprecio y autoestima del operador jurídico o de la administración de justicia, mediante frases cuyo contenido o significado lesionan el sentido del propio valor.

De allí, que para configurar la falta imputada se requiere de una serie de elementos subjetivos que estructuren la conducta, los cuales parten de la determinación o identificación de la imputación concreta hacia el sujeto pasivo, pasando por el conocimiento del disciplinable del hecho deshonroso imputado y la capacidad de daño o menoscabo de la imputación hacia la persona, hasta el conocimiento que debe observar el aquejado para dicha acción tenga la naturaleza o la capacidad de dañar el deber jurídico; por lo tanto, estos elementos no están lejos de guardar una identidad estructural con aquellos que se requieren para adecuar un comportamiento a una acción penal.

Claramente, de lo expuesto se observa que el dolo, esto es la intencionalidad y el querer, es un elemento inescindible al comportamiento típico, por lo cual es necesario que la manifestación posea la vocación de lesionar o dañar los derechos fundamentales protegidos o los deberes tutelados en el estatuto Deontológico de la Abogacía, por lo cual, si se carece de la intencionalidad, se podrá afirmar que la conducta, sometida a un juicio de reproche, adolece de un elemento estructural para la imputación jurídica y disciplinaria.

Lo anterior, obliga a que el juez en cada juicio de imputación, observe detenidamente los elementos fundantes de la falta, apreciando su existencia y el grado de magnitud, en este caso de la ofensa, pues de allí solo se podrá determinar si existió una amenaza eficaz al deber ético y el respeto debido a la administración de justicia.

En segundo lugar, y de conformidad con lo arriba anotado, el presente caso, además no reúne uno de los elementos propios de la falta como lo es la tipicidad, pues el tipo disciplinario endilgado hace referencia a las injurias o acusaciones temerarias, las cuales en el presente caso no se efectuaron, pues para que pueda edificarse un reproche en dicho sentido, debe existir un verdadero desbordamiento en su actuar, y no un acto que se califique desde la subjetividad como lesivo, pues la imputaciones deshonrosas deben tener la idoneidad y clara naturaleza de afectar el deber jurídico, pudiéndose calificar como un verdadero acto de ilegalidad, pues en el escrito puede observarse que el abogado simplemente expresó las razones de su inconformidad, sin que se advierta la utilización de un lenguaje reprochable.

Se colige entonces, frente al caso sub lite que en momento alguno las manifestaciones expresadas por el profesional del derecho disciplinado en el libelo de una acción de tutela, tengan una vocación injuriosa, y mucho menos que de las mismas se denoten un agravio o ultraje de obra, ni de palabra, mucho menos podrá adecuarse su lenguaje como vehículo que menoscabe el aprecio obligado hacia el buen nombre, dignidad o decoro, o la utilización de expresiones ofensivas que conculquen el deber consagrado en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto.

Se remite a la secretaría judicial un expediente con 13 cuadernos de 48-48-85-4-8198-329-304-38-8-10-308 y 208 y seis (6) cds.

Atentamente,

Julia Emma Garzón de Gómez