Sentencia 2009-06879 de septiembre 18 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000200906879 03 / 2496 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 72 de la misma fecha

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado de jurisdicción de consulta de la decisión del 27 de junio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se resolvió sancionar al abogado Hugo Mario Amaya Hoyos, con suspensión, en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, por infringir el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, al no haber sido apelada.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. Nociones preliminares.

Resulta necesario e imprescindible abordar el tema del lapsus calami en que incurrió el seccional de instancia al momento de señalar la imputación jurídica por la que resulto siendo sancionado el togado, ya que tanto en la motiva como en la resolutiva se indicó que el precepto legal era el contenido en el numeral 8º, del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; cuando conforme a la motivación y los antecedentes que obran en el plenario está claramente establecido que se trataba del numeral 7º de la misma norma.

La anterior afirmación tiene su asidero, en el hecho que puede verificarse como estructuró el a quo, la motivación que sirvió de sustento en la sentencia para endilgar la falta con la cual construyó la imputación fáctica y la contrastó con los comportamientos efectuados por el togado, lo cual finalmente lo hizo acreedor a la sanción disciplinaria.

Conforme con lo anterior se debe proceder a corregir dicho yerro en esta instancia, dada la facultad que se tiene en consulta de realizar la revisión integral de la sentencia que no fuera apelada y subsanar las situaciones que se presenten en tal sentido.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por faltar al deber a la recta y leal administración de justicia consagrado en el artículo 33, numeral 7º, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

7. Aconsejar, patrocinar o intervenir en cualquier acto que comporte el desplazamiento de las funciones propias de los auxiliares de la justicia. También incurre en esta falta el abogado que de cualquier modo acceda a los bienes materia del litigio o involucrados en este mientras se encuentre en curso”.

Ahora bien en el caso concreto, puede observarse en el expediente que el 3 de octubre de 2012, está superioridad declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto por el cual se formuló cargos contra el abogado investigado, conservando la validez de las pruebas válidamente practicadas dentro del proceso; en cumplimiento de dicha decisión el a quo, con auto del 19 de mayo de 2013 formuló cargos al abogado Hugo Mario Amaya Hoyos, por la falta consagrada en el artículo 33, numeral 7º, de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto es el ya transcrito.

Aseverando que el disciplinado desplazó al auxiliar de la justicia, para el presente caso la secuestre, y no permitió que realizara sus propias funciones, accediendo, además, a los bienes materia del litigio, mientras este se encontraba en curso.

Tan diáfana es la precisión fáctica y jurídica propuesta por el a quo, que el disciplinado en sus alegatos de conclusión alegó en su defensa que no estaban acreditados los requisitos de tipicidad, uno de los cuales es el sujeto activo calificado, esto es, que la falta sea cometida por una persona que ostente la calidad de abogado, y un sujeto pasivo igualmente calificado por cuanto debe ser un auxiliar de la justicia; afirmando para ello que: él en la diligencia de secuestro no actuó como abogado sino como cualquier ciudadano y el cuanto al secuestre (auxiliar de la justicia) “... fue relevado de su cargo por incumplimiento de un formalismo”, y en consecuencia el desplazamiento se produjo en virtud de la decisión judicial y no por un acto suyo.

A este punto debe advertirse tres elementos constatables en el expediente que se efectuaron, precisión jurídica del cargo, precisión fáctica e identidad de la defensa respecto al cargo previsto en el numeral 7º de artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Adicional a ello el a quo, al señalar la materialidad de la falta, refiere que los bienes muebles objeto del depósito permanecieron en su poder, bajo su custodia, así después, según su dicho, sin prueba que lo sustente, los haya entregado a un tercero, sin autorización previa de la secuestre ni del juez, en depósito. Y acierta al afirmar que el hecho que la secuestre, aquí quejosa, hubiera sido relevada de su encargo no vicia ni deja sin efectos la diligencia de secuestro, como pretende hacer ver el encartado.

La precisión del a quo, se concreta en identificar en los deberes de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y de los fines del Estado (L. 1123/2007, art. 28, num. 6º), pero por el lapsus calami antes establecido no se consignó con acierto en la sentencia materia de consulta dada la correlación necesaria del deber con la falta, al citar el numeral 8º, del mismo artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, cuyo carácter es más general, cuando lo correcto era el numeral 7º, por la correlación fáctica de la falta cometida por el togado y la imputación efectuada.

Examinado en su integridad el dossier que conforma el presente caso, en aras de hacer prevalecer las voces del artículo 15 de la Ley 1123 de 2007, cuyo mandato nos indica que en la interpretación y aplicación del presente de dicho código, el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen; por tanto en cumplimiento de los principios que irradian este tipo de proceso es que se hace necesario modificar el numeral citado en la providencia revisada en grado jurisdiccional de consulta.

Entrando ya propiamente dicho en el fondo del fallo, desde ya se advierte que el mismo será confirmado con la modificación antes aludida, iterando como ya se advirtió que en sede instancia, la controversia fáctica, jurídica y la defensa del togado se realizó alrededor del numeral que se corrige, con lo cual se deja a salvo el derecho de defensa del togado investigado y sus garantías al debido proceso.

En cuanto al aspecto objetivo de la falta endilgada se tiene que en efecto conforme al material probatorio obrante en el proceso, no es cierto ni de recibo para esta superioridad la prédica efectuada por el togado en donde señala que al momento de la diligencia de secuestro actuó como un simple ciudadano más, y por tanto el proceso disciplinario no podía iniciarse o proseguirse en su contra; por cuanto en ella quedo claramente estipulado por parte del inspector primero “D” de Policía de Bogotá —localidad de Usaquén—(6), doctor Jacobo Jesús Solano Guerrero que:

“este despacho le hace entrega en forma real y material a la secuestre como antes se anotó de los bienes objeto de la cautela quien presente manifiesta: recibo en forma real y material los bienes y de comun acuerdo con el apoderado actor procedo a dejarlos en deposito provisional y gratuito en cabeza del demandado ya identificado y poseedor de la tarjeta profesional 81270 del Consejo Superior de la Judicatura por un término de un mes a partir de la fecha, que de ser necesario el retiro de los mismos se hará por solicitud por escrito del apoderado actor con su colaboración y de la fuerza pública de ser necesario. Solicito my comedidamente al despacho hacerle las advertencias de ley al depositario. En este estado de la diligencia el apoderado solicita el uso de la palabra y manifiesta: respecto a lo manifestado por la señora secuestre de que ha sido con consentimiento el deposito que acaba de manifestar debo hacer advertencia que le hice claridad respecto a la condición sine cuanon podía proceder a dejarlos en deposito esto es con la expresa manifestación de renunciar o pretender a través de terceros de insidente de desembargo o oposición mientras esta situación no exista en forma clara y categórica no debe contarse con el consentimiento para el deposito. Acto seguido el demandante manifiesta: renuncio en lo que a mi concierne para el feliz termino de esta diligencia a lo que ser refiere el apoderado de la parte actora abogado Carlos Alberto Oliveros Gomez”, (sic a todo lo transcrito), (fl. 21 reverso, cdno. anexo 3).

Conforme a la transcripción efectuada sin dubitación alguna aparecen demostrados claramente los siguientes hechos:

1. El togado investigado en efecto no actuó como un “ciudadano corriente”, sino en su calidad de profesional del derecho, ya que se encuentra evidenciado que presentó y aportó su tarjeta profesional, la cual acreditó su condición de abogado dentro de una actuación judicial, como en efecto quedo plasmado; tal como lo establece el artículo 22 del Decreto 196 de 1971(7).

2. Recibió los bienes en calidad de depositario provisional y se comprometió que por o (sic) mismo no recibiría contraprestación alguna, no siendo de recibo la afirmación contenida en sus alegatos que renunció al depósito, por cuanto conforme lo transcrito y sin que se requiera un mayor ejercicio intelectual, lo que renunció de manera expresa fue a no presentar por intermedio de terceros incidentes de desembargo u oposición mientras estuviese en la calidad de depositario, que fue el requisito que exigió el apoderado de la parte actora para dejarle los bienes en tal calidad; y no al depósito de los bienes como lo pretendió argumentar en su alegatos de conclusión.

3. En cuanto al término del depósito a él conferido, si bien se estableció que era de manera provisional y por el período de un mes, también quedo establecido que una vez terminara el mismo era su obligación como profesional del derecho que es el de retornar los bienes a su legítimo tenedor, es decir la persona que había sido señalada como secuestre de los mismos y de quien detentaba el depósito; a su turno también era conocedor que los bienes habían sido entregados para su custodia y cuidado a título gratuito, por tanto no podía mutar tal calidad tampoco como lo hico (sic) de entregar los bienes a un tercero, lo cual le estaba expresamente prohibido y además a título oneroso, aún más cuando la misma secuestre se los había solicitado en devolución lo cual no realizó, bajo la argumentación que el tercero al cual se los había confiado cobraba una suma mensual por su bodegaje, lo que se itera no le estaba permitido.

En cuanto al desplazamiento del secuestre, se tiene que conforme a la prueba documental obrante en el proceso ejecutivo y arrimada al presente proceso, el togado en vez de proceder a entregar los bienes en depósito a la secuestre, procedió fue a informar al juez de la causa que los bienes los había entregado a un tercero el cual cobraba por el bodegaje de los mismos, y bajo tal argumentación indicó además que como dicha secuestre no cumplió con los requerimientos del juez para prestar la caución, fue que se procedió por parte del juzgado a revocarle la designación de auxiliar de justicia y en consecuencia el disciplinado con dicho hecho pretende demostrar que no fue él quien la desplazo sino que fue por una orden judicial juez (sic).

Resulta preciso señalar que si en principio la segunda parte de su argumentación es cierta desde el aspecto eminentemente formal; no lo es desde el análisis eminente material, dado que hay necesidad de tener en cuenta lo que el tipo disciplinario sanciona. Diferenciando lo que le está permitido al juez y a los abogados en el trámite de un proceso; el primero por ministerio de la ley está facultado para remover a los secuestres en los eventos en ella misma establecidos; pero a los segundos dicha predica no le es dable ello de manera directa por cuanto se convierte tal actuar una verdadera vía de hecho.

Conforme a lo afirmado se encuentra plenamente probado que para la fecha en que se le solicitó por parte de la entonces secuestra la devolución de los bienes dados al disciplinado en depósito dentro del proceso ejecutivo, en el cual este incluso ya le había sido reconocida su personería para actuar como tal, decidió mantener para sí los bienes, por intermedio del tercero al que se los dio en bodegaje conforme a su propias afirmaciones y no se los retornó a su legítima tenedora, y además procedió a actuar ante el juez de conocimiento del ejecutivo, informándole de los actos que a su propia iniciativa y sin facultad legal había ejecutado, como lo era haber dado en bodegaje los bienes que tenía a título de depósito y haber establecido un contrato oneroso cuando se había comprometido a mantenerlos y custodiarlos de manera gratuita.

Respecto al segundo de los comportamientos del mismo tipo disciplinario que se le endilgaron en la formulación de cargos y por el cual resultó igualmente sancionado, por haber accedido a los bienes materia del litigio o involucrados en este mientras se encuentre en curso, de plano conforme con la anotaciones antes efectuadas se verifica que en efecto al momento del secuestro tal conducta se ejecutó, la cual ha continuado, por lo menos hasta el momento de haberse efectuado la audiencia de juzgamiento, afirmación que tiene su sustento en los alegatos del abogado disciplinado conforme lo señalado por él en dicha oportunidad procesal.

Frente al aspecto subjetivo de la falta, se tiene que si bien el togado pretende justificar su actuar en dos circunstancias específicas de exculpación como son que él no actuó en la diligencia de secuestre como abogado, si no como un ciudadano corriente, ello no es cierto conforme a las pruebas ya referidas y debidamente analizadas a la luz de la sana crítica, y la otra que fue el juez y no él quien desplazó a la auxiliar de la justicia, también se dejó plenamente establecido cómo fue que se dio tal actuar que es el que dio lugar al reproche disciplinario; y por tanto no tiene cabida tales manifestaciones suasorias, por el contrario se evidencia que obró en contra vía del deber establecido en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Tal como lo señaló la seccional de instancia, el comportamiento desplegado por el togado, lo realizó a sabidas de lo que este comportaba y por tanto la imputación a título de dolo se mantendrá, haciendo esta instancia hincapié que de acuerdo con las mismas manifestaciones del disciplinado de su ejercicio profesional es que deviene su sustento y el de su familia y por tanto este conocía las implicaciones de sus actuar al no ser neófito en estas lides.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y haberse probado su responsabilidad tanto con el material probatorio obrante, lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia en consulta.

En lo atinente a la dosificación de la sanción que determinó la suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la vulneración del bien jurídico tutelado como lo es la administración de justicia y que el encartado no contaba con antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta; la modalidad dolosa de la conducta, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia en consulta, del 27 de junio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con la cual procedió a sancionar al abogado Hugo Mario Amaya Hoyos con suspensión, en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, en el sentido de señalar que la falta corresponde al numeral 7º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. CONFIRMAR la sentencia en consulta, del 27 de junio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con la cual procedió a sancionar a la (sic) abogado Hugo Mario Amaya Hoyos con suspensión, en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses, con la modificación establecida en este proveído, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

3. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

4. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

5. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) Autoridad que efectuó la diligencia de secuestro y embargo decretada por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo singular de menor cuantía conforme al proceso 2008-00705, conforme al despacho comisorio 262.

(7) Decreto 196 de 1971. “ART. 22.—Quien actúe como abogado deberá exhibir su tarjeta profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades no se dará curso a la solicitud”.