Sentencia 2009 de noviembre 10 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DECISIONES COMUNITARIAS ANDINAS

REGLAMENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Ref.: Exp. 2009

Santafé de Bogotá, D.C., diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

La ciudadana y abogada Luz Clemencia de Páez, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del CCA, ha ocurrido ante esta corporación para que se decrete la nulidad del Decreto 575 de 3 de abril de 1992 “por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, expedido por el Presidente de la República y los ministros de Desarrollo Económico y Comercio Exterior.

I. El acto acusado

A través del decreto demandado el Presidente de la República invoca el ejercicio de las facultades señaladas en los artículos 189 ordinal 11 de la Constitución Política, 618 y 2035 del Código de Comercio y dice desarrollar los artículos 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El decreto consta de seis capítulos, que tratan: el primero, de las patentes de invención (arts. 1º a 12); el segundo, de los modelos de utilidad (arts. 13 a 16); el tercero, de los diseños industriales (arts. 17 a 21); el cuarto, de las marcas (arts. 22 a 30); el quinto, del nombre comercial (artículo 31); y sexto, disposiciones generales (arts. 32 a 34).

II. Causa petendi

Como normas violadas se señalan en la demanda los artículos 189 ordinal 11 de la Constitución Política, 610 y 2035 del Código de Comercio, 117 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Primer cargo 

El decreto acusado viola el artículo 189 ordinal 11 de la Constitución Política pues la potestad reglamentaria es exclusivamente para reglamentar las leyes y no otras normas de inferior categoría que forman parte del ordenamiento jurídico pero que tienen origen en órganos distintos al Congreso de la República.

Segundo cargo 

En lo tocante al artículo 610 del Código de Comercio, que trata sobre el nombre comercial, está suspendido por la Decisión 313, pues ésta al regular la materia del nombre comercial en su artículo 117, impide al gobierno reglamentar el referido artículo 610. Por lo tanto en el artículo 31 el decreto acusado no puede remitirse a dicha norma y proceder a reglamentarla, como en efecto lo hace.

Además el artículo 2035 del Código de Comercio solamente permite al gobierno reglamentar el Código de Comercio “globalmente o por títulos, capítulos, secciones o materias”, facultad reglamentaria que está suspendida respecto de la propiedad industrial por cuanto la regulación de esta materia corresponde a la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según el artículo 27 del acuerdo, y no puede ser ejercida por el Presidente de la República mientras esté vigente él.

Tercer cargo 

El artículo 117 de la Decisión 313 se remite a la reglamentación que para el efecto establezca la legislación de cada país miembro.

Para el caso de Colombia no puede referirse este artículo a la legislación existente ya que al regular la Decisión 313 el nombre comercial con características diferentes a las previstas en el Código de Comercio, como quiera que lo asimila a las marcas, debe el país adoptar una legislación complementaria de las normas comunitarias y no revivir a través del acto demandado normas suspendidas.

Respecto del artículo 122 de dicha decisión no se explicó la violación.

III. Trámite de la acción.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión de la demanda, fijación en lista y alegaciones.

En el auto admisorio de la demanda de 5 de junio del presente año la Sala denegó la suspensión provisional del decreto acusado por cuanto consideró que las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena son actos de categoría legal en nuestro derecho interno susceptibles de ser reglamentados por el Presidente de la República. Este proveído al ser recurrido por la parte actora fue confirmado en auto de 27 de julio del presente año.

III. 1. Las contestaciones de la demanda 

III. 1.1. El Ministerio de Comercio Exterior, por medio de apoderado, se hizo parte en el proceso y contestó en tiempo oportuno la demanda en escrito en que planteó como razones de defensa dos excepciones: inexistencia de violación del artículo 189 de la Constitución Política e inexistencia de violación de los artículos 610 y 2035 del Código de Comercio, de los artículos 117 y 122 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 27 de la Decisión 236 de la mencionada comisión.

Para fundamentar la primera excepción adujo que la potestad reglamentaria se ejerce para la cumplida ejecución de las leyes; que tanto la Constitución como la jurisprudencia nacional le han reconocido el valor jurídico de leyes a las decisiones de los organismos supranacionales como la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y que en este sentido se han pronunciado el Consejo de Estado en sentencia de 28 de febrero de 1991, con ponencia del consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez (expediente número 836 - Actor: Guillermo Chahín Lizcano), y la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de febrero de 1975, con ponencia del magistrado doctor José Gabriel de la Vega.

En lo tocante a la segunda excepción arguyó que el artículo 610 del Código de Comercio no se encuentra suspendido por el artículo 117 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dado que este precepto establece que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el capítulo de marcas de dicha decisión en lo que fuere pertinente, “así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada país miembro”. Ahora, como dicho artículo 117 no estableció las causales de extinción, este punto debe ser reglamentado por la legislación de cada país miembro.

No existe violación del artículo 2035 del Código de Comercio ya que de su contenido se desprende que el Gobierno Nacional lo acató cabalmente al expedir el acto acusado que trata de materias correspondientes al título de propiedad industrial.

No se violó el artículo 27 de la Decisión 236 o Tratado del Acuerdo de Cartagena ya que el acto acusado sólo propugna por la debida aplicación de las disposiciones de la Decisión 313.

III. 1.2. El Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de apoderado, se hizo parte también en el proceso y contestó oportunamente la demanda en escrito en el cual manifiesta esencialmente lo siguiente: Sobre la violación del artículo 189 ordinal 11 de la Constitución Política sostiene, con apoyo en la sentencia de 28 de febrero de 1991 de esta Sección, que no se da dado que el Presidente de la República puede ejercer el poder reglamentario sobre las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser actos de categoría legal en nuestro derecho interno.

En relación con la violación del artículo 610 del Código de Comercio considera que el artículo 31 del acto acusado en ningún momento hace alusión a dicho precepto legal mercantil y que el gobierno se limitó a ejercer la potestad reglamentaria respecto de la Decisión 313. Sobre la violación del artículo 2035 del Código de Comercio la descarta apoyado en la citada sentencia de 28 de febrero de 1991 de esta Sección.

Por último, sobre la transgresión del artículo 117 de la Decisión 313 considera que no se configura ya que el decreto demandado lo que hace es reglamentarlo o desarrollarlo.

III. 2. Alegatos 

Oportunamente lo hicieron la parte actora y el señor apoderado del Ministerio de Desarrollo Económico reiterando los argumentos expuestos en el libelo de demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

IV. Consideraciones de la Sala.

IV. 1. En relación con las excepciones propuestas por el señor apoderado del Ministerio de Desarrollo Económico la Sala estima, como lo ha hecho en otros pronunciamientos, que ellas no constituyen propiamente una excepción por referirse a toda la defensa y no aducirse un hecho que sea impeditivo o extintivo de la acción.

IV. 2. Sobre las censuras de la demanda, se considera:

El primer cargo es que se violó el artículo 189 ordinal 11 de la Constitución Política por cuanto la potestad reglamentaria es para reglamentar las leyes y no otras normas de inferior categoría originadas en órganos distintos al Congreso de la República.

La censura anterior no tiene vocación de prosperidad por las razones expuestas en el auto de 27 de julio del presente año, que confirmó el proveído que denegó la suspensión provisional del acto demandado, en el cual se dijo lo siguiente:

“... 1. La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es reglamentada parcialmente por el decreto acusado, tiene la categoría legislativa para los países miembros del citado acuerdo. Según el texto oficial codificado 1988 del Acuerdo de Cartagena (promulgado mediante el Decreto 0113 de 22 de enero de 1992), su órgano máximo es la comisión la cual “tiene capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su competencia” mediante decisiones (artículo 6o); y dentro de las materias asignadas está la de aprobar y someter a los países miembros un régimen común, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías, o sea, sobre propiedad industrial (artículo 27).

2. Al señalar la Decisión 313 para los países miembros, como Colombia, un régimen común de propiedad industrial, resulta claro que, al tenor del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, tiene un carácter legal y por tal razón es perfectamente posible y jurídico que el Presidente de la República pueda ejercer la potestad reglamentaria que le confiere el artículo 189 ordinal 11 de la nueva Carta, conforme lo dijo esta Sección en la sentencia de 28 de febrero de 1991, a que se hizo alusión en el auto recurrido.

3. Ese carácter legal que tienen las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dimana de la misma Constitución de 1991, pues en su artículo 150 ordinal 16 estatuye que por medio de tratados puede el Estado “transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. Este precepto, vigente al expedirse el decreto acusado, y con idéntica perspectiva al del ordinal 18 del artículo 76 de la antigua Carta, es el que explica, por consiguiente, la naturaleza legislativa en nuestro derecho interno de la norma comunitaria en referencia”.

Anteriormente esta Corporación en sentencia de 28 de febrero de 1991, con ponencia del consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, a la cual se alude en el aparte transcrito, había puntualizado sobre el particular:

“... las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena son actos de categoría legal en nuestro régimen interno, sometidos, por lo mismo, al régimen propio de las leyes en todo aquello que no sea incompatible con la normatividad superior del derecho comunitario andino. De tal manera que a pesar de que las decisiones de la comisión surgen originalmente como normas integrantes del derecho comunitario andino, en virtud de su carácter vincular para los países miembros se convierten también en legislación nacional.

Concordantemente con lo anterior, para la Sala es perfectamente posible y jurídico que el Presidente de la República pueda ejercer respecto de las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el poder reglamentario que le ha sido otorgado por el ordinal 3o el artículo 120 de la Constitución Política, en la medida en que el ejercicio de esa potestad se haga necesario para la cumplida ejecución de esas normas de categoría legal...’’ (expediente 836 - Actor: Guillermo Chahín Lizcano).

Debe, en consecuencia, rechazarse esta censura.

Sobre el segundo cargo la Sala considera que en relación con el artículo 610 del Código de Comercio no puede prosperar dado que el decreto acusado no está reglamentando dicho precepto, pues no hace referencia a él ni en su encabezamiento ni en el contenido de su articulado. En efecto, en el encabezamiento se invoca el ejercicio de la reglamentación del artículo 618 del Código de Comercio y no del 610; y en cuanto al contenido del artículo 31, que es el que regula la materia relativa al nombre comercial, éste se limita a consagrar los requisitos que deben cumplir las solicitudes de depósito de nombre y enseña comercial, sin hacer alusión alguna al tema de la extinción del nombre comercial, a que se contrae la preceptiva del citado artículo 610.

Tampoco se configura la violación del artículo 2035 del Código de Comercio ya que la potestad reglamentaria a que alude dicho estatuto se puede ejercitar, conforme se analizó en el primer cargo, sobre las normas que lo suspenden como la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que es precisamente reglamentada por el acto demandado.

Sobre el último cargo la Sala estima que no se da la violación del artículo 117 de la Decisión 313 habida cuenta que la actora no precisó las normas que considera fueron revividas por el acto acusado a fin de establecer su incompatibilidad con la norma comunitaria antes mencionada.

En lo tocante al artículo 122 de la referida decisión cabe advertir que por no haberse explicado el concepto de violación debe la Sala abstenerse de analizar el cargo.

Se colige de lo expuesto que las súplicas de la demanda deben despacharse desfavorablemente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. No se accede a las pretensiones de la demanda.

2. Devuélvase la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso o su remanente.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Miguel González Rodríguez—Libardo Rodríguez Rodríguez—Yesid Rojas Serrano. 

_________________________________________________