Sentencia 2010-00002/54021 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-2010-00002-01(54021)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Servio Armando Delgado y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: grado jurisdiccional de consulta - acción de reparación directa

Temas: grado jurisdiccional de consulta - Competencia / Hecho de un tercero en caso de privación de la libertad - Se configura cuando la restricción de la libertad es consecuencia directa del actuar irregular de otro ente público

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 3 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Escritural, la Sala abordará el asunto en el siguiente orden: 1) prelación de fallo en los casos de privación injusta de la libertad; 2) verificación del cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, la legitimación en la causa por activa y el ejercicio oportuno de la acción; 3) análisis de responsabilidad en el caso concreto bajo la configuración de una causa extraña, como lo es el hecho de un tercero y 4) la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que ingresaron para dictar fallo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en estricto orden cronológico. No obstante, la Ley 1285 de 2009, artículo 16, permite decidir con prelación, esto es, sin sujeción al orden cronológico, los procesos que impliquen “solo la reiteración de jurisprudencia”.

Pues bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 y en las actas Nº 40 del 9 de diciembre de 2004(14) y 10 del 25 de abril de 2013(15), la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada, porque se está surtiendo el grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia que se dictó en sede de primera instancia en un caso de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de un ciudadano.

2. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine.

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en atención al grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184(16) del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, debido a que: i) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación, en razón de su naturaleza(17); ii) la cuantía de la condena supera aquella exigida para el efecto —300 salarios mínimos legales mensuales vigentes—(18) y iii) el fallo del 3 de octubre de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Escritura, no fue apelado, pues la parte actora desistió de tal recurso.

2.2. Legitimación en la causa por activa.

Para la Sala, el señor Servio Armando Delgado Melo se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto, de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra(19); es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende.

Igualmente, se acreditó, con el registro civil de matrimonio(20), que la señora Ana Lucía Ibarra Guzmán, es la esposa del señor Servio Armando Delgado Melo y que Diana Milena Delgado Ibarra es la hija de ese matrimonio, según registro civil de nacimiento(21). Por tanto, los mencionados actores se encuentran legitimados en la causa para actuar como demandantes dentro de la presente acción de reparación directa.

Asimismo, se probó, con los respectivos registros civiles de nacimiento, que los señores Servio Tulio Delgado y Silvia Mercedes Melo son los padres de Servio Armando Delgado Melo(22) y que los señores Germán Darío Delgado Melo(23), Silvia Leonor Delgado Melo(24), Víctor Yovany Delgado Melo(25) y Mario Iván Delgado Melo(26), son hermanos de la víctima directa del daño. Entonces, los mencionados señores también tienen legitimación en la causa por activa.

2.3. El ejercicio oportuno de la acción.

El artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable) establecía que la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Cuando se trata de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha establecido que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde la fecha en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra, por ser el momento a partir del cual se evidencia el carácter injusto de la limitación del derecho fundamental a la libertad(27).

En el presente caso, la Sala advierte que la providencia que absolvió al señor Servio Armando Delgado Melo quedó ejecutoriada el 22 de enero de 2008, según certificación expedida por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Especializados de Pasto(28).

Entonces, el término de caducidad inició a correr el 23 de enero de 2008 y venció el 23 de enero de 2010. Como la demanda de reparación directa se presentó el 18 de diciembre de 2009(29), para la Subsección es claro que el derecho de acción se ejerció dentro del plazo de dos años que establecía el artículo 136-8 del CCA.

3. Análisis de responsabilidad en el caso concreto.

De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

• La Fiscalía General de la Nación inició investigación penal por el “… apoderamiento y comercialización de estupefacientes por parte de personal de la Policía”.

• Dentro de esa investigación, por providencia del 24 de agosto de 2004, la Comisión Especial de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima de Bogotá dispuso la captura del señor Servio Armando Delgado Melo, entre otros, con ocasión del informe allegado por el CTI - Seccional Pasto(30). Por lo anterior, se libró la respectiva orden de captura(31).

• El 25 de agosto de 2004, se hizo efectiva la orden de captura contra el señor Delgado Melo, tal y como consta en el informe Nº 6034 de esa misma fecha —25 de agosto de 2004— y en el acta de derechos del capturado(32). El 26 de agosto de 2004, se realizó la diligencia de allanamiento y registro en el inmueble en que cual residía el mencionado señor y, luego del registro, se anotó que “no se encontró nada ilícito”(33).

• El 27 de agosto de 2004, el señor Servio Armando Delgado Melo fue escuchado en diligencia de indagatoria. En esa oportunidad el mencionado señor manifestó “… me están acusando injustamente porque yo en ningún momento he comercializado lo que se me imputa allí, vuelvo y repito, ni he vendido ni he comprado, ni la he portado, ni la he llevado ni la he visto …”(34).

• El 3 de septiembre de 2004, al definir la situación jurídica del señor Servio Armando Delgado Melo, entre otros, la Comisión Especial de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima resolvió imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional(35). En esa providencia se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“… pese a las manifestaciones exculpatorias y negativa rotunda de los cargos que en su contra realiza el señor CABRERA NARVÁEZ encuentra esta Comisión Especial de Fiscales la responsabilidad de los señores (…) SERVIO ARMANDO DELGADO MELO se encuentra seriamente afectada, no solo por la existencia de esa prueba directa de cargo en que se constituye la acusación de CABRERA, quien no solo fue participe directo de la sustracción de esa droga, sino que parte de ella, exactamente indica que fueron cinco (5) paquetes, entregó de manera personal o presencial a TOBAR MONTENEGRO para que fueran vendidos, sino además por la prueba documental en que se constituye la grabación que fue autorizada y permitida por CABRERA, mediando investigación de tipo penal, en la cual intervenía personal de la Policía Judicial del CTI de Pasto, la cual compromete seriamente a los señores (…) SERVIO ARMANDO DELGADO MELO, frente a la tenencia, conservación y tráfico de los paquetes que contenían la COCAINA (…) a lo que suma el informe 5412 del treinta (30) de julio de 2004 rendido por investigadores de la Policía Judicial del CTI, en donde se consigna la transcripción de la grabación magnetofónica de la conversación sostenida entre (…) y SERVIO ARMANDO DELGADO MELO (…), de cuyo contenido se desprende la veracidad de lo afirmado POR CABRERA NARVÁEZ en contra de (…) y SERVIO ARMANDO DELGADO MELO.

“Frente a tan evidente material de prueba, los señores (…) y SERVIO ARMANDO DELGADO MELO, simplemente se limitan a negar las acusaciones …”.

• El 19 de octubre de 2004, en diligencia de ampliación de indagatoria, el señor Servio Armando Delgado Melo expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“… a partir del veintisiete (27) de enero del año 2003 si no estoy mal yo fui reclutado por la oficina del Departamento Administrativo de Seguridad DAS como miembro de fuentes humanas o informante de la misma, fui reclutado por el señor ÁLVARO MUÑOZ (…) el día jueves por la mañana como a las diez de la mañana (1:00 a.m.) me dirigí a las oficina del DAS para informar de esta situación al señor ÁLVARO MUÑOZ (…) yo le manifesté que estuviera pendiente al celular que tenía una información con respecto a droga y que se iba a finiquitar en el transcurso de esa tarde, la noche o a más tardar el viernes por la mañana y que lo único que necesita era que alguien de la oficina se hiciera pasar como comprador (…) siguen conversando JAIRO HUERTAS, JUAN TOVAR y los supuestos miembros de la SIJIN de un patrón que lo menciona el señor de la SIJIN porque en ese momento que no ve que nosotros llevamos algo le saca la piedra y comienza a decir que ya estaba todo listo, que el patrón iba a comprar eso, que lo iban a enviar en un camión con cebolla para Cali, que como hacía para conseguir esa situación a lo cual es señor HUERTAS le manifiesta que él tiene por ahí unos tres (3) kilos pero que el valor de eso es de tres dos, a lo cual yo entro a la conversación pensando que estos señores iban a seguir votando más información y mirar si era verdad que el señor de la SIJIN en realidad sí tenía un patrón y que la iban a llevar para Cali en un camión como él lo decía para posteriormente entregarle la información al D.A.S. y que el operativo sea mucho más grande del que ya se tenía planeado, como uno es informante tiene que utilizar frases o palabras o hacerse pasar como un potencial narcotraficante o negociador de droga para que ellos no piensen o no duden de uno, fue así como yo les manifestaba que esa droga era muy buena, el señor HUERTAS les manifestó a los señores de la SIJIN que los que tenían eso era una Base Militar en Chapalito y que tocaba subir hasta la base a hablar con esas personas a lo que a mí se me hizo raro, porque supuestamente el que tenía la droga era JAIRO HUERTAS entonces ahí caí en cuenta de que la droga que ellos estaban hablando o de los tres (3) kilos que JAIRO HUERTAS habló eran de los que habían sustraído el día de la quema en esa unidad… Yo estoy registrado en la oficina de FUENTES HUMANAS de la DIRECCIÓN DEL DAS en Bogotá y el caso yo se lo manifesté al señor detective ÁLVARO MUÑOZ, no se su segundo apellido. Como es natural o lo hemos tomado como hemos hecho estas cosas primero yo le informo a la persona quien me reclutó para posteriormente si el caso es verídico o es uno A como se dice posteriormente se le informa al Director de la Unidad para que él organice el operativo que se va a realizar en contra de las personas que uno ya ha informado. No me han dado carnet, documento o algo que me identifique como informante. Estoy registrado con un código…”(36).

• Esa diligencia de ampliación de indagatoria del señor Delgado Melo continuó el 21 de octubre de 2004(37). En esa oportunidad se señaló (se transcribe con posibles errores incluidos):

“… yo sí hable de un comprador, pero este comprador era ficticio, para ver cómo le realizaba yo el operativo con los señores del DAS. Y el cual el comprador iba a ser de esa misma oficina (…) en ningún momento yo tuve conocimiento de lo que ellos estaban hablando, de la droga que se había perdido en Chapalito, porque JAIRO HUERTAS, JUAN TOVAR ni el otro señor que dice ser JAIRO CABRERA que no lo conozco, me informaron o me dijeron que esa droga era la de Chapalito. Yo pensaba que era de los tres kilos que JAIRO HUERTAS me ofreció a mí para que yo se los fuera a negociar, más no de otra cantidad indeterminada de la cual con antelación hablaban ellos, TOVAR y CABRERA (…) él me manifestó que habían llegado unos señores de Cali y que los había mirado en el MISTER POLLO de la salida al sur y que inclusive él los conocía, entonces yo me refería a esa situación, haciendo alusión a lo que JAIRO me dijo y dándoles a entender a los otros señores que yo también estaba participando en esa situación, para sacar más información para entregársela a la oficina del DAS a la cual yo le entrego información como cooperante o informante (…) el único fin que yo tenía era sacarle información a los otros señores porque a JAIRO HUERTAS ya le estaba montando yo el operativo …”.

• Por “resolución de traslados Nº 256” del 26 de octubre de 2004, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales (Nariño) trasladó al señor Delgado Melo al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Tuquerres(38).

• Mediante decisión del 2 de diciembre de 2004, la Comisión Especial de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima dispuso, entre otras cosas, escuchar en declaración jurada al señor Álvaro Muñoz (funcionario del DAS - Nariño) y “establecer ante los organismos de Policía Judicial (DAS - CTI y DIJIN) si el indicado ARMANDO DELGADO MELO ha tenido algún vínculo con dichas entidades como informante, cooperante o colaborador”(39).

• En atención de lo anterior, por oficio del 22 de diciembre de 2004, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS le informó la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima que “… consultadas las Áreas del Grupo de Policía Judicial, al señor SERVIO ARMANDO DELGADO MELO, C.C. 12.987.932, no le figura registro alguno como informante, cooperante o colaborador”(40).

• Por su parte, el 29 de diciembre de 2004, la Policía Nacional comunicó que “… el señor SERVIO ARMANDO DELGADO MELO, C.C. 12.987.932, no se encuentra registrado como informante, cooperante o colaborador de esta Dirección”(41). Así mismo lo indicó la Unidad de Medios y Archivo Operacional de la Fiscalía General de la Nación, en oficio del 12 de enero de 2005(42).

• El 18 de enero de 2005, se recibió la declaración juramentada del señor Álvaro Edmundo Muñoz Eraso (funcionario del DAS), quien manifestó (se transcribe con posibles errores incluidos):

“… entre los meses de marzo y junio del 2004 ARMANDO tenía contacto conmigo porque después de su vinculación nos siguió suministrando información importante por las cuales el DAS pagó unos recursos económicos de los cuales hay constancias. Independiente de los positivos que la última vez que me llamó me informó que se encontraba trabajando en información relacionada con comercialización de estupefacientes a lo cual yo le respondí que continúe con sus labores y que en el momento que analizara que se podía dar la captura, incautación y judicialización de personas me informara para proceder a llevar a cabo el planeamiento del respectivo operativo (…) exactamente ARMANDO no me manifestó sobre el caso Chapalito pero como le dije anteriormente para las fechas que le mencioné el si me había dicho que se encontraba trabajando en un caso de venta y comercialización de alucinógenos (…) PREGUNTADO: A propósito de fuentes humanas el Jefe de la Policía Judicial del DAS en Bogotá certifica que el señor SERVIO ARMANDO DELGADO MELO no aparece registrado como informante, cooperante o colaborador del DAS, contrario a lo manifestado por usted aquí, sírvase aclarar estas circunstancias. CONTESTÓ: Muy respetuosamente quiero aclarar al señor fiscal que la solicitud de información sobre fuentes humanas tiene que ser dirigida al señor Director Nacional del DAS a fin de que el funcionario levante la reserva de la información porque la red de informantes están catalogadas como personas que suministran información bajo reserva, para lo cual sugiero respetuosamente que se envié un oficio al señor Director Nacional del DAS y al señor Subdirector de Fuentes Humanas con el fin de que ellos una vez reciban el oficio con nombre y apellido y número de cédula de la fuente humana, contesten lo solicitado por esa fiscalía …” (se destaca)(43).

• El 17 de junio de 2005, la Comisión Especial de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima profirió resolución de acusación contra el señor Servio Armando Delgado Melo y otros, por el delito de tráfico de estupefacientes agravado(44). En esa providencia se señaló (se transcribe con posibles errores incluidos):

“En su defensa los procesados se declararon ajenos a los cargos. DELGADO MELO reconoce ser conductor de taxi, haber trabajado en la Policía Nacional, conocer a JUAN MARCOS TOVAR MONTENEGRO quien también es ex –policía, así como el hecho de haberse reunido con el antes mencionado y el señor JAIRO HUERTAS aunque obviamente para fines distintos a los expresados en la imputación (…) en cierta forma da a entender que el de la reunión con el personal de la SIJIN era aquel y que por su parte llegó por casualidad, posteriormente aunque narra aspectos similares, reconoce haber tenido alguna participación en el caso pero como informante del D.A.S. con un funcionario de esa institución de nombre ÁLVARO MUÑOZ. Cabe advertir que según certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Policía Judicial del D.A.S. en Bogotá, el mencionado no aparece como informante, cooperador o colaborador de la institución.

“(…) Se ha señalado a lo largo de este proveído y a lo largo del proceso, la validez e importancia que para la investigación tiene el testimonio de CABRERA NARVÁEZ, en concepto esbozado no solo por los integrantes de esta Comisión Especial de Fiscales, sino también por la Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá al darle confirmación a las decisiones adoptadas en relación a la situación jurídica de los aquí procesados, incluyendo a TOVAR MONTENEGRO y DELGADO MELO, y que involucran la valoración del testimonio citado, sino también en los controles de legalidad que decidiera el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto requeridos por varios de los defensores de los procesados, entre ellos el del procesado primeramente nombrado. En dichos pronunciamientos se le da total credibilidad y se resalta el valor de dicho testimonio, como prueba fundamental más no única que determina la presunta responsabilidad de los encartados señalados. De tal manera que tampoco en relación con TOVAR MONTENEGRO se acogen los planteamientos de su defensa para desestimar las pruebas en su contra. Esa conclusión incluye lo relativo a la presunta ilicitud de la grabación realizada por el CTI a expensas de CABRERA, DELGADO MELO y TOVAR MONTENEGRO, sobre lo cual se ha hecho análisis en parágrafos anteriores.

“En el caso específico del procesado DELGADO MELO comparte idénticos criterios a los ya expuestos, incluyendo que como a su cliente no se le encontró ningún gramo de estupefacientes por esa razón no puede ser procesado aduciendo que su intervención en los hechos fue lo que por su carácter de informante del D.A.S., citando la declaración de ÁLVARO MUÑOZ. En primer término no es cierto que solo el hecho de portar droga sea el único sustento de una imputación pues como ya se dijo el tipo penal respectivo ofrece un número plural de verbos alternativos en la conducta. Y de otra parte la jurisprudencia ha esbozado diversos pronunciamientos para aclarar este recurrente argumento.

“(…) De otra parte noesciertoqueelseñorÁLVAROMUÑOZavalelapresenciadeDELGADOMELOenesteasunto.Sibiendijoconocerloytenerlocomocolaboradoroinformantepropio,porquenoloesdelainstituciónDASoalmenosnosedemostrótalevento,enningúnmomentodeclaróqueestuvierarecopilandoinformaciónsobrelasustraccióndeladrogadeChapalito. Por el contrario y como antes se señalaba, DELGADOMELOaparececomounapiezaimportanteparalacomercializacióndeladrogahurtadaenladestrucciónysobreellonosolopesalaversiónyactuacióndeCABRERANARVÁEZsinoladelseñorHUERTASSOTO. (…)”(45) (se destaca).

• Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la que, por providencia del 3 de octubre de 2005, confirmó la decisión del 17 de junio de 2005(46). En dicha decisión se indicó:

“… el procesado es enfático en manifestar que su intervención en la comercialización de la sustancia sustraída de la quema en ‘Chapalito’ se debió única y exclusivamente a su condición de informante del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, pero existe en el plenario un informe de esta entidad según el cual él no se encuentra inscrito como fuente humana, es decir, como informante.

ElseñorALVAROEDMUNDOMUÑOZERAZOmanifestóconocerlodesdeelañodosmiltalcomolocitaelsindicado,yquepertenecealDAScomoinformante.Sinembargo,nohayfundamentoparaadmitirqueestuvierallevandoinformación.PorquedehaberestadotrabajandoelprocesadocomoinformantedelDAS,habríahechounseguimientopasoapasodetodaslasaveriguacionesqueestabarealizandoydelasquesupuestamenteteníaconocimientoypodríanresultarútilesparalainvestigación.

“(…).

DeserciertoqueapareceregistradoenelDepartamentoNacionaldelDAScomoinformante,elquenohayasuministradoningunainformaciónalmencionadoDepartamentoenlalocalidaddondefuerealizadoelilícito,locomprometeenlacomisióndeldelito,porqueprocedióalejadodecualquieractividadquepudieraservirparaaprehenderalosinfractoresdelaleypenal.

“La causal no opera en este caso, pues, se itera, el procesado no estaba brindando ninguna clase de información al funcionario del DAS y si bien mencionó en su testimonio una entrevista corta, no hay ningún factor que sustente un mínimo de credibilidad en la explicación del procesado. (…)” se destaca.

• Ya en sede judicial, en audiencia preparatoria celebrada el 14 de marzo de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto dispuso, entre otras cosas, oficiar “al Departamento Administrativo de Seguridad DAS Pasto y Bogotá para que certifiquen si el procesado ARMANDO DELGADO MELO se encuentra vinculado como informante o cooperante dentro de dicha institución, en caso positivo, el código de identificación, desde qué fecha, el registro de las informaciones que en tal condición hubiese aportado y si es tal el caso los estipendios o recomendaciones”(47).

• Por oficio radicado el 4 de abril de 2006, el Coordinador de Inteligencia y el Director del DAS - Seccional Nariño informó: “Revisada nuestra base de datos de fuentes humanas aparece registrado el señor SERVIO ARMANDO DELGADO MELO C.C. 12.987.932 de Pasto, quien ha suministrado de manera voluntaria información la cual fue sometida a procesos de verificación para corroborar su exactitud, permitiendo el desarrollo de labores investigativas que culminaron con obtención de resultados y por los cuales se retribuyó económicamente”(48) (se transcribe con posibles errores incluidos).

• El 30 de agosto de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto inició la respectiva audiencia pública(49), la cual finalizó el 5 de octubre del mismo mes y año(50).

• Mediante sentencia del 2 de febrero de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, entre otras cosas, dispuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“PRIMERO. ABSOLVER por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, a los procesados (…) SERVIO ARMANDO DELGADO MELO, de los cargos en contra de ellos formulados por la Fiscalía, en calidad de coautores del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

“SEGUNDO. Conceder libertad provisional a los procesados (…) SERVIO ARMANDO DELGADO MELO, para lo cual deberán suscribir la correspondiente acta de obligaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 368 del C. de P.P., cuyo cumplimiento equivale a un salario mínimo legal mensual, para cada uno de ellos”.

Como fundamento de esa decisión se expuso (se transcribe con posibles errores incluidos):

“En parte, la situación del procesado SERVIO ARMANDO DELGADO MELO es algo similar; él se ve involucrado en dos episodios fácticos: uno atañe a un encuentro con JUAN MARCOS TOBAR MONTENEGRO, al cual él asiste con JAIRO ALONSO HUERTAS GAMBOA, por una parte, y, por otra, CABRERA NARVÁEZ presentándose con el apellido ISUASTY y un miembro del CTI. Otro episodio, tiene relación con la negociación de la cocaína que tenían los soldados JUAN CARLOS QUINTERO y MARCO FELIPE SOLIS CHAUX.

“Todo ello ocurrido el 29 de julio de 2004, cuando quienes se apropiaron de la droga en aquella diligencia de destrucción del estupefaciente, trataban de negociar los paquetes que les correspondieron; en consecuencia, DELGADO MELO, en principio, tampoco puede ser tratado como coautor, pues su participación fue posterior y sin previo acuerdo con aquellos policiales y militares, que mancomunadamente sustrajeron la droga.

“Para la demostración de estos momentos fácticos concurre lo dicho por HUERTAS GAMBOA y lo expresado por CABRERA NARVÁEZ, de manera que aquí ya no se trata del testimonio único de este. Según lo testimoniado por aquel, al principio tuvo interés en mediar como negociador de los paquetes que tenían SOLIS y QUINTERO, por ello entró en contacto con el primero de los mencionados soldados y a la vez contactó a DELGADO MELO, pues sabía que este estaba relacionado con el narcotráfico; lo que no sabía HUERTAS, es que DELGADO se inmiscuía en esta clase de negocios, en su calidad de informante del DAS, para lograr lo que en este argot se denominan ‘positivos’, operativos que ya había logrado en otras oportunidades por lo cual había obtenido gratificaciones dinerarias, como ha quedado demostrado, no solamente con la certificación que obra a folio 207 del cuaderno 11, suscrito por el señor OSCAR GERARDO SANDOVAL en su condición de Coordinador de Inteligencia de dicha institución, constancia en la cual se confirma lo dicho por DELGADO MELO, lo que igualmente es corroborado por el detective del DAS ÁLVARO EDMUNDO MUÑOZ, que a juicio del despacho merece credibilidad.

“Debe anotarse que en su primera indagatoria DELGADO prácticamente se limitó a negar su participación, pues solo en ampliación de su injurada decidió revelar que era informante del DAS, que por ello cuando HUERTAS GAMBOA lo llamó para ofrecerle la cocaína en referencia, decidió seguirle la corriente, hablando de un comprador ficticio; sin embargo, sigue negando la participación de su amigo JUAN MARCOS TOVAR, complementando su exposición así: ‘Yo no tengo ni idea de lo de JUAN MARCOS TOVAR haya estado negociando, simplemente el señor Huertas me llevó hasta donde él, tal vez para hablar con él y conocer a los señores a los que JUAN los llamaba los patrones y que no eran patrones sino miembros de la SIJIN’.

“En tales condiciones, la posición asumida por DELGADO MELO, explicada con suficiencia en la diligencia de audiencia pública, tiene alguna lógica, pues personas como él, que se involucran en ese azaroso mundo del informante, donde el límite entre lo lícito y lo delictivo es tan sutil, tienen que guardar a toda costa su identidad delatora, por seguridad; aun cuando, por otra parte, la experiencia así lo indica, muchossonloscasosenloscualeselinformanteseinmiscuyetantoenelcaso,quenoinformaalinvestigadoroficialypasaaserdelincuente;demaneratal,queencasoscomoeste,sepresentaduda,altratarsededeterminar,siaquelestabaobrandodebuenafeotratandodesacarunprovechodelictivo.

“(…) Tantas coincidencias juntas, hacen que el grado de probabilidad se aproxime cada vez más a la certeza, pues constituyen casualidades, sino puntos convergentes, que finalmente llevan a este grado de convencimiento. Esto en referencia a la responsabilidad de los procesados TOVAR REINA y TOVAR MONTENEGRO, porque enrelaciónconDELGADOMELO,asísuintensiónnoseavizoretansana,comoélpretendehacerlocreer,debeserabsuelto,porausenciadetipicidaddesuconducta,yaqueningunodelosreferidosepisodiosrecibiódrogaalgunayporexistirdudasobresuparticipaciónpunible.

“En consecuencia laabsolucióndeDELGADOMELO,notendráporcausalaesgrimidaporsudefensor,puesnosehademostradosuinocencianiquehubiereactuadobajolacausaldeausenciaderesponsabilidadqueeltogadotanhábilmenteesboza,aldecirquesupatrocinadoobróencumplimientodeunaactividadlícita,comoesladelinformante,procedimientoquehasidoavaladoporelgobierno.

“Si lo hará, se reitera, por las razones ya expuestas, pues en ambos casos no se presentó la materialidad del delito; si bien DELGADO y HUERTAS GAMBOA se entrevistaron con TOVAR MONTENEGRO, para tratar aspectos relacionados con el fármaco, porque de otra forma no se explica, como HUERTAS GAMBOA, entonces interesado como mediador en la negociación del estupefaciente en referencia, lo lleva a una reunión en la que estaría TOVAR MONTENEGRO y CABRERA NARVÁEZ, circunstancia esta que se demuestra, no con la grabación tachada de ilegal, sino con lo expresado por DELGADO MELO en ampliación de su injurada, merecedora de credibilidad, por lo analizado.

“Allí fueron capturados tanto DELGADO MELO como HUERTAS GAMBOA, aquel 29 de julio, pero este decidió colaborar con la justicia según él mismo lo declara, propiciando la captura en flagrancia a los soldados SOLIS y QUINTERO, momento en el cual no estuvo DELGADO MELO, de manera tal que al igual que como ocurrió en el caso precedentemente analizado, su conducta no se ubica en ninguno de los verbos rectores, que sería adquirir, vender u ofrecer; todo quedó en actos preparatorios, no punibles, de los cuales no se puede establecer con certeza, si corresponden a una conducta delictiva o de un ‘positivo’ en su actividad de informante.(…)”(51) (se destaca).

• El 5 de febrero de 2007, el señor Servio Armando Delgado Melo fue dejado en libertad, tal y como consta en la boleta de libertad(52) y en el “pasaporte de libertad”(53).

• A instancias del recurso de apelación interpuesto por los sindicados que sí fueron condenados, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por fallo del 8 de noviembre de 2007, confirmó la decisión del 2 de febrero de 2007(54).

• Contra esa decisión se interpuso el recurso extraordinario de casación(55), pero posteriormente se desistió del mismo(56).

• El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, en providencia del 22 de enero de 2008, aceptó el desistimiento del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 8 de noviembre de 2007(57).

• Mediante providencia del 8 de febrero de 2008, el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Pasto ordenó devolver la caución pagada, entre otros, por el señor Servio Armando Delgado Melo(58).

Del recuento realizado, se desprende que el señor Servio Armando Delgado Melo fue investigado por la supuesta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y que, como consecuencia de ello, estuvo privado de la libertad desde el 25 de agosto de 2004 hasta el 5 de febrero de 2007.

Sin embargo, por providencia del 2 de febrero de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto absolvió al señor Delgado Melo, porque consideró que “… su conducta no se ubica en ninguno de los verbos rectores, que sería adquirir, vender u ofrecer; todo quedó en actos preparatorios, no punibles, de los cuales no se puede establecer con certeza, si corresponden a una conducta delictiva o de un ‘positivo’ en su actividad de informante” (negrilla del original), lo que, en los términos del derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal—, se traduciría en que la conducta fue atípica.

En esas condiciones, a juicio de la Sala, el presente asunto, en principio, se debería decidir bajo el régimen de responsabilidad objetiva, que se aplica a los casos de privación injusta de la libertad, régimen que, como se explicó, implica, entre otras cosas, que cuando se establece que la conducta es atípica, tal y como ocurrió, el juez debe verificar exclusivamente que la actuación de la administración haya sido la causante del daño antijurídico, en razón de que quien lo padeció no estaba en el deber jurídico de soportarlo, siempre que no opere alguna causal de exoneración de responsabilidad.

Siendo así, procede la Subsección a establecer que en este caso se configuró una causa extraña respecto de la Fiscalía General de la Nación, como lo es la culpa exclusiva de la víctima.

3.1. La culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad.

En los casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública(59).

En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.

Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(60) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(61), de los cuales se extrae que el primero corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

La corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder —activo u omisivo— de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. De ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. Puntualmente, esta Sección sostuvo(62):

“Cabe recordar que la culpaexclusivadelavíctima,entendidacomolaviolaciónporpartede estadelasobligacionesalascualesestásujetoeladministrado,exoneraderesponsabilidadalEstadoenlaproduccióndeldaño.

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debeestardemostradaademásdelasimplecausalidadmaterialsegúnlacuallavíctimadirectaparticipóyfuecausaeficienteenlaproduccióndelresultadoodaño,elquedichaconductaprovinodelactuarimprudenteoculposodeella,queimplicóladesatenciónaobligacionesoreglasalasquedebíaestarsujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

Unarelacióndecausalidadentreelhechodelavíctimayeldaño.Sielhechodelafectadoeslacausaúnica,exclusivaodeterminantedeldaño,laexoneraciónestotal. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)’(63)” (se destaca).

Así mismo, esta Subsección sostuvo:

“Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, esnecesariodeterminar,encadacasoconcreto,sielprocederactivouomisivode aquellatuvo,ono,injerenciayenquémedida,enlaproduccióndeldaño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(64).

Pues bien, con fundamento en la jurisprudencia transcrita y precisando desde ya que, en este escenario procesal, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala estima que el material probatorio que reposa en el expediente da cuenta de una situación puntual que incidió en la privación de la libertad del señor Servio Armando Delgado Melo, esto es, que su participación en los hechos investigados fue consecuencia de un acto volitivo que fue más allá de sus facultades como informante del DAS.

En efecto, tal y como quedó establecido a lo largo del proceso penal, el señor Delgado Melo fue investigado por la supuesta participación en la negociación de una cocaína que había sido sustraída de un operativo de incautación realizado por la Policía Nacional.

El 17 de junio de 2005, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra el señor Delgado Melo, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por dos razones fundamentales: la primera, porque “… el testimonio de CABRERA NARVÁEZ sobre todo, constituye un medio de prueba sostenible para adoptar tal decisión” y, la segunda, porque “… no es cierto que el señor ÁLVARO MUÑOZ avale la presencia de DELGADO MELO en este asunto”.

En esa oportunidad, la entidad demandada explicó que el mencionado señor alegó que su participación en el caso fue como informante del DAS, pero no se le podía tener como tal, por cuanto, según certificación expedida por la propia entidad, el señor Delgado Melo no se encontraba registrado como informante, cooperador o colaborador de la institución y, además, porque si bien el señor Álvaro Muñoz (investigador del DAS) informó que lo conocía, lo cierto es que no mencionó que estuviera recopilando información sobre la sustracción de la droga de Chapalito; es decir, nunca se avaló la actuación que el hoy demandante realizó, supuestamente prevalido de la calidad de informante del DAS.

Por su parte, en decisión del 3 de octubre de 2005, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la resolución de acusación, al considerar que no existían elementos suficientes para concluir que el señor Delgado Melo estaba trabajando como informante del DAS, pues de ser así “… habría hecho un seguimiento paso a paso de todas las averiguaciones que estaba realizando y de las que supuestamente tenía conocimiento y podrían resultar útiles para la investigación (…) el que no haya suministrado ninguna información al mencionado departamento en la localidad donde fue realizado el ilícito, lo compromete en la comisión del delito, porque procedió alejado de cualquier actividad que pudiera servir para aprehender a los infractores de la ley penal”.

Igualmente, en sentencia del 2 de febrero de 2007 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto estableció que el señor Servio Armando Delgado Melo se inmiscuía en esta clase de negocios, en calidad de informante del DAS, “… para lograr lo que en este argot se denominan ‘positivos’, operativos que ya había logrado en otras oportunidades por lo cual había obtenido gratificaciones dinerarias”, pero advirtió que no se conocía cuál era la intención del señor Delgado Melo, si era simplemente obtener información sobre la sustracción de la droga en Chapalito para luego suministrársela al DAS o si pretendía obtener un provecho delictivo.

Puntualmente, el juzgado de conocimiento expuso “… muchos son los casos en los cuales el informante se inmiscuye tanto en el caso, que no informa al investigador oficial y pasa a ser delincuente; de manera tal, que encasoscomoeste,sepresentaduda,altratarsededeterminar,siaquelestabaobrandodebuenafeotratandodesacarunprovechodelictivo (…) en relación con DELGADO MELO, así su intensión no se avizore tan sana, como él pretende hacerlo creer, debe ser absuelto, por ausencia de tipicidad en su conducta …” (se destaca).

Por lo anterior, el operador judicial concluyó que la absolución del señor Delgado Melo no era porque se hubiera demostrado su inocencia ni porque hubiere actuado “… en cumplimiento de una actividad lícita, como es la de informante”, sino porque “… no se presentó la materialidad del delito”.

Siendo así, a juicio de la Sala, es indudable que la conducta de la víctima, esto es, que el señor Servio Armando Delgado Melo no suministrara la información obtenida de las averiguaciones realizadas y de las que supuestamente tenía conocimiento —lo que se desprende de la declaración del señor Álvaro Edmundo Muñoz Eraso (Investigador del DAS), quien señaló que el señor Delgado Melo sí era informante de esa entidad, pero que no le mencionó que el seguimiento realizado tenía que ver con el caso Chapalito—, resultó determinante en la restricción del derecho a la libertad, al punto que llegó a considerarse que podía tener otro tipo de intereses, como lo sería sacar un provecho ilícito de la negociación de los alucinógenos.

En otras palabras, el hecho de que el señor Delgado Melo no suministrara la información obtenida de los supuestos seguimientos realizados a las personas que iban a negociar los estupefacientes sustraídos de Chapalito, permite concluir —como se hizo en el fallo del 2 de febrero de 2007—, que el mencionado señor no obró en desarrollo de una actividad avalada ni autorizada por el extinto DAS, por lo que era razonable suponer que el señor Delgado Melo, beneficiándose de la condición de fuente humana del DAS, estaba incurriendo en alguna actividad ilegal y, por tanto, que se le privara de la libertad.

En definitiva, para la Subsección era aceptable y proporcional que la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de las funciones impuestas por el artículo 250 de la Constitución Política(65), le impusiera al señor Servio Armando Delgado Melo la medida de aseguramiento que consideró necesaria hasta que se estableciera si el proceder de dicho señor se encontraba justificado en las funciones que le asistían en su condición de fuente humana del DAS.

Conviene precisar que aunque, como se indicó, en fallo del 2 de febrero de 2007, se absolvió al demandante, porque se consideró que “… su conducta no se ubica en ninguno de los verbos rectores, que sería adquirir, vender u ofrecer” (negrilla del original), lo cierto es que ello no implica que no hubiera causado su propio daño por el que reclamó la parte actora, pues, tal y como lo indicó el mismo Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto “… no se puede establecer con certeza, si corresponden a una conducta delictiva o de un ‘positivo’ en su actividad de informante …”.

En definitiva, a pesar de que no se demostró la responsabilidad penal del señor Servio Armando Delgado Melo —situación que no se estudia en esta oportunidad—, para la Subsección, la privación de la libertad sí resulta imputable a su propia conducta.

Por último, se debe decir que el señor Delgado Melo actuó de manera negligente y despreocupada, porque se involucró en la negociación de unos alucinógenos sustraídos de un operativo de incautación realizado por la Policía Nacional, sin informar de manera oportuna, clara y suficiente al DAS sobre el caso en el que estaba trabajando, lo que era su deber en calidad de fuente humana de esa entidad, por lo cual no actuó realmente autorizado por la entidad para tal propósito.

Así las cosas, es claro que el comportamiento del mencionado señor fue la causa determinante para ser vinculado en la investigación penal por el delito de tráfico de estupefacientes agravado y para imponerle la restricción de la libertad que debió soportar.

Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda de reparación directa, al configurarse la causal exonerativa de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

4. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 3 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión Escritural y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Prelación en grado jurisdiccional de consulta.

15 Prelación en casos de privación injusta de la libertad.

16 “ART. 184.—Consulta. Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.

“Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.

“En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.

“La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectúe una vez concluido el traslado común.

“La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”.

17 En providencia del 9 de septiembre de 2008 (exp. 34985), el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sostuvo que de conformidad con lo normado en la Ley 270 de 1996, esta corporación conoce siempre en segunda instancia de los casos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, sin consideración a la cuantía de las pretensiones.

18 La condena proferida contra la Fiscalía General de la Nación supera la cuantía establecida en la norma, esto es, 300 SMLMV, puesto que la sola indemnización que le impuso el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Escritural, por concepto de perjuicios morales, asciende a 500 SMLMV.

19 Fls. 43-111, c. 1.

20 Fl. 27, c. 1.

21 Fl. 29, c. 1.

22 Fl. 31, c. 1.

23 Fl. 28, c. 1.

24 Fl. 30, c. 1.

25 Fl. 32, c. 1.

26 Fl. 33, c. 1.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, Magistrada Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, exp. 21.801, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

28 Fl. 112, c. 1.

29 Fl. 18, c. 1.

30 Fls. 174-175, anexo 4.

31 Fl. 177, anexo 4.

32 Fls. 225-226, anexo 4.

33 Fls. 77-78, anexo 5.

34 Fls. 290-295, anexo 4.

35 Fls. 120-126, c. 1.

36 Fls. 71-78, anexo 6.

37 Fls. 104-107, anexo 6.

38 Fls. 210-211, anexo 6.

39 Fls. 49-51, anexo 7.

40 Fl. 238, anexo 7.

41 Fl. 175, anexo 9.

42 Fl. 174, anexo 9.

43 Fls. 89-92, anexo 8.

44 Fl. 28, anexo 5.

45 Fls. 127-170, c. 1.

46 Fls. 54-106, anexo 1.

47 Fls. 157-171, anexo 12.

48 Fl. 207, anexo 12.

49 Fls. 75-96, anexo 13.

50 Anexo 13 y 14.

51 Fls. 43-111, c. 1.

52 Fls. 299, anexo 15.

53 Fl. 119, c. 1.

54 Fls. 107-176, anexo 16.

55 Fl. 184, anexo, 16.

56 Fl. 190, anexo, 16.

57 Fls. 114-115, c. 1.

58 Fls. 195-196, anexo, 16.

59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2017, Radicación: 190012331000200900244 01 (46189). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, Radicación: 250002326000201200317 01 (48507).

60 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

61 “ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“(…).

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 38.438, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; exp. 15784; Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

64 Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 39049.

65 “ART. 250.—Modificado por el art. 2º, Acto Legislativo 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

“1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

“El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

“La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

“2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

“3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

“4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

“5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

“6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

“7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

“8. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

“9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

“El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

“En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.

“(...)”.

[FIN]