Sentencia 2010-00004 de noviembre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 110010327000201000004-00

Nº interno: 18071

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Acción de nulidad

Demandante: Fanny Martínez López

Demandado: DIAN

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil trece.

Fallo

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

En los términos de la demanda, la Sala decide sobre la nulidad de las resoluciones 10384 del 27 de octubre de 2008 y 11021 del 19 de septiembre de 2007, expedidas por el jefe de la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera de la DIAN, mediante las cuales se asignaron unas clasificaciones arancelarias.

Concretamente, debe determinar si son nulos, por violación de la ley y por falsa motivación, los actos administrativos mediante los que la DIAN clasificó arancelariamente los productos denominados comercialmente Restylane, Restylane Pernalene, Restylane Touch y Teosyal en la Subpartida 3304.99.00.000 del arancel de aduanas.

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala reitera que el acto de clasificación arancelaria de un bien, independientemente de que haya sido promovido por un particular o dictado de oficio por la DIAN, es un acto de carácter general y, por consiguiente, su legalidad se controvierte mediante la acción de nulidad(2).

Lo anterior por cuanto las resoluciones de clasificación arancelaria de bienes crean situaciones jurídicas de carácter general y abstracto, pues tienen como fin especificar la subpartida arancelaria de la nomenclatura del sistema integrado en la que se ubican las mercancías, clasificación a la que están sujetos todos los usuarios que realicen operaciones de comercio exterior.

Que, el hecho de que quien solicita la clasificación arancelaria de un bien, o cualquier otro, pueda afectarse o beneficiarse con la decisión adoptada por la administración no desvirtúa que la resolución de clasificación arancelaria tenga un contenido general y abstracto, porque la situación jurídica particular y concreta en cabeza de cualquier operador de comercio exterior solo se dará cuando presente la respectiva declaración aduanera de la mercancía que fue objeto de clasificación(3).

De la nulidad de los actos administrativos demandados por violación de la ley y por falsa motivación.

Como se expuso en los antecedentes, la demandante invocó como causales de nulidad de los actos administrativos cuya legalidad se controvierte, la violación de la ley, tanto por aplicación indebida como por falta de aplicación, y la falsa motivación.

Según dijo, la aplicación indebida se configuró porque la administración sustentó los actos administrativos demandados en la Circular Conjunta DIAN - Invima 001 del 1º de abril de 2002, anulada por el Consejo de Estado, mientras que la falta de aplicación, porque hizo caso omiso a lo previsto en la Resolución 0024 del 7 de febrero de 2005.

Que, por su parte, la falsa motivación tuvo lugar porque la DIAN decidió con fundamento en apreciaciones equivocadas y sin tener en cuenta que el Invima había catalogado los bienes cuya clasificación arancelaria se discute como medicamentos.

La Sala ha señalado que las causales de nulidad previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo(4) fueron establecidas a partir de los elementos del acto administrativo: la competencia, la forma y el procedimiento, el motivo y la motivación, el contenido u objeto. Entendidos desde el punto de vista negativo los elementos del acto administrativo configuran las causales de nulidad: La falta de competencia; la expedición irregular —que incluye la falta de motivación—, la falsa motivación, la desviación de poder y la violación de la ley que, a su vez, ocurre por inaplicación, indebida aplicación e interpretación errónea(5).

La violación de la ley atañe al contenido y al objeto del acto administrativo, esto es, a las situaciones jurídicas creadas, modificadas o extinguidas por la administración.

La falta de aplicación de una norma ocurre ya porque el funcionario, o la autoridad, ignora su existencia o porque, aunque conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, no la aplica para proferir el acto administrativo. También sucede esa forma de violación cuando la administración califica como ineficaz una norma, pues no acepta su validez en el tiempo o en el espacio.

La aplicación indebida, por su parte, se presenta cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o aplican, a pesar de no ser los pertinentes para proferir el acto administrativo. Y, finalmente, la interpretación errónea se configura cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero la administración los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica y expide el acto administrativo. Es decir, ocurre cuando el funcionario, o la autoridad, le asigna a la norma o normas un sentido o alcance que no le corresponde.

En relación con la falsa motivación, la Sala ha precisado que constituye una causal de nulidad autónoma que se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa(6).

Que, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) o bien que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

En esos términos, la Sala debe determinar, en primer lugar, sí, como lo sostuvo la parte actora, la administración clasificó las mercancías de las que tratan los actos administrativos demandados con fundamento en la Circular Conjunta DIAN - Invima 001 del 1º de abril de 2002, anulada por el Consejo de Estado, y al mismo tiempo, sin atender lo estipulado en la Circular 0024 del 7 de febrero de 2005 y si, de esa manera, se configuró la violación de la ley.

La Circular Conjunta DIAN - Invima 001 del 1º de abril de 2002, anulada por el Consejo de Estado(7), señalaba que:

1. La calificación que el Invima efectúa de los productos como alimentos, medicamentos, insecticidas y plaguicidas de uso domestico en el registro sanitario, obedece a consideraciones relacionadas con la preservación de la salud humana. Por su parte, la clasificación arancelaria de los productos se realiza para efectos de facilitar, regular y controlar el comercio internacional de mercancías.

2. Lo anterior implica que, la consideración que el Invima hace de los productos como medicamentos, alimentos, insecticidas y plaguicidas de uso domestico, no necesariamente debe coincidir con la clasificación establecida en el arancel de aduanas para los mismos productos, es decir, un producto puede obtener el registro sanitario como medicamento, pero clasificarse desde el punto de vista arancelario como un alimento.

3. Como el estatuto tributario, en su artículo 424, establece la exclusión del IVA para algunos productos, basándose en su clasificación arancelaria y no en la que figura en el registro sanitario, es la clasificación arancelaria de los mismos la que determina el tratamiento tributario aplicable en materia de IVA. Así mismo, la clasificación arancelaria es la que se tiene en cuenta para los efectos aduaneros”.

A juicio de la demandante, la DIAN clasificó los bienes denominados comercialmente Restylane, Restylane Pernalene, Restylane Touch y Teosyal en la Subpartida 3304.99.00.00, pese a que el Invima los había catalogado como medicamentos, pero que como la circular había sido anulada, la administración debió efectuar la clasificación arancelaria con sujeción al concepto del referido instituto.

Que, por la misma razón, la administración no aplicó la Circular 24 del 17 de febrero de 2005, que precisamente había sido expedida a raíz de la anulación de la Circular Conjunta DIAN - Invima 001 del 1º de abril de 2002, que establece:

“Para la aplicación del IVA a los medicamentos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá en cuenta el registro sanitario expedido por el Invima, que los califica como tales.

Ahora bien, para la clasificación en el arancel de aduanas, estos bienes deben ajustarse a las normas y reglas generales interpretativas que rigen internacionalmente para el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías (convenio al que adhirió Colombia mediante L. 646/2001) y para la nomenclatura de la Comunidad Andina de Naciones, Nandina, independientemente de las consideraciones y decisiones de otras entidades del Estado”.

La Sala considera que no le asiste razón a la demandante por las siguientes razones:

Esta Sala, mediante sentencia del 11 de junio de 2009(8), precisó que la clasificación de un bien en el arancel de aduanas se debe hacer siguiendo las reglas previstas en el Convenio del sistema armonizado de clasificación de mercancías objeto de comercio exterior, tal como lo dice la Circular 024 de 2005 de la DIAN. Por eso, en esa sentencia, la Sala denegó las pretensiones de nulidad de la referida circular.

Si bien la Sección Cuarta anuló la Circular Conjunta 001 de 2002 en la sentencia del 9 de diciembre de 2004, en la sentencia del 11 de junio de 2009 precisó que “En esencia el contenido de esos actos no es el mismo, pues la circular conjunta Invima - DIAN 001 de 2002 pretendía establecer los alcances del registro sanitario que expide el Invima para los medicamentos, alimentos, insecticidas y plaguicidas de uso domestico, en tanto que la Circular 0024 de 2005, buscó darle alcance a la providencia del Consejo de Estado, (...)”.

En el entendido de que para el demandante en el proceso 15558 la DIAN vulneró el principio de coordinación porque, según su alegato, era su deber supeditar la clasificación arancelaria a los registros sanitarios del Invima, la Sala precisó que la Circular 0024 de 2005 no vulneró el principio de coordinación porque las competencias asignadas a los dos organismos eran independientes. No eran comunes. Por lo tanto, la Sala aclaró que “la DIAN es competente para definir la clasificación arancelaria de un producto, por tener competencia sobre el control aduanero, y no el Invima que, se insiste, tiene funciones relacionadas con la salubridad pública”.

En consecuencia, dijo la Sala, y ahora lo reitera, no tiene sustento pretender que la clasificación arancelaria dependa de lo que diga el registro sanitario otorgado por el Invima, pues esta entidad no clasifica arancelariamente los bienes objeto de comercio exterior, ni su función tiene que ver con la administración de los derechos de aduanas.

Por eso, la Sala avaló que la Circular 24 del 17 de febrero de 2005 haya previsto que para efectos de aplicar el beneficio de la exclusión del IVA previsto para los medicamentos, los usuarios aduaneros podían invocar el registro sanitario que diera cuenta de que el producto contaba con el registro sanitario como medicamento otorgado por el Invima.

Pero, para efectos de clasificar arancelariamente el producto, se reitera, se deben seguir las reglas de clasificación arancelaria previstas en el Convenio del sistema armonizado de codificación de mercancías, sin perjuicio de que, como lo precisa la Circular 0024 de 2005, “Para la aplicación del IVA a los medicamentos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá en cuenta el registro sanitario expedido por el Invima, que los califica como tales”.

Lo anterior, por cuanto la clasificación arancelaria de una mercancía implica ubicarla en la nomenclatura del arancel de aduanas, que es un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un país con otros, orientado bajo el principio de la uniformidad que pregona que a nivel internacional la codificación de las mercancías se rija por reglas comunes que permitan clasificar los bienes en una única subpartida arancelaria.

Bajo esa orientación, el arancel de aduanas está organizado de manera progresiva con arreglo al grado de elaboración: materias primas, productos en bruto, productos semielaborados y productos terminados. Sin embargo, a medida que el grado de elaboración aumenta, la clasificación obedece a la función que caracteriza a la mercancía.

La nomenclatura que rige actualmente a nivel mundial es el sistema armonizado que corresponde a un modelo desarrollado en 1988 por la Organización Mundial de Aduanas, OMA.

Según ha precisado la Sala, el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, aprobado en Colombia mediante la Ley 646 de 2001, establece que se entiende por sistema armonizado la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las reglas generales para interpretación del sistema armonizado(9).

Cuando el convenio se refiere a las notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, se refiere únicamente a las notas legales, esto es, a aquellas advertencias, explicaciones o comentarios que figuran a continuación de cada sección y capítulo, y como epígrafe de las partidas o subpartidas.

Que, por esa razón, las notas legales son de obligatoria observación, pues cumplen la función de orientar a las autoridades aduaneras y a los usuarios del comercio exterior en la tarea de clasificar las mercancías en la nomenclatura correspondiente. Las notas legales, además, pueden estar referidas a toda la nomenclatura o a una o más secciones, capítulos, partidas o subpartidas.

De igual forma, la Sala ha advertido que dada la complejidad de la nomenclatura arancelaria, por el universo de mercancías objeto de comercio exterior, las notas legales permiten establecer en qué parte de las diferentes secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y subpartidas se puede clasificar determinada mercancía. Por eso, las notas legales pueden ampliar o restringir el significado de los vocablos con los que común o técnicamente se conocen ciertas mercancías(10).

Que, así mismo, las notas legales pueden incluir o excluir mercancías, bien sea por sus componentes o por la función que cumplen. Que también hay notas clasificatorias, definitorias, aclaratorias o mixtas en cuanto permiten clasificar, definir, aclarar o mezclar varios criterios de interpretación de la nomenclatura a efectos de especificar a qué tipo de mercancías se refiere la sección, el capítulo, la partida o subpartida correspondiente.

Las notas explicativas, por su parte, también son advertencias, explicaciones o comentarios, pero, a diferencia de las notas legales, no forman parte del sistema armonizado, pues se compilan en publicaciones independientes del arancel. Además, las notas explicativas comentan con mayores detalles las notas de sección, capítulos, subcapítulos, partidas y subpartidas con el ánimo de profundizar en los criterios que conduzcan a estandarizar los resultados de la clasificación arancelaria.

Las reglas generales de interpretación son preceptos o instrucciones sobre cómo debe entenderse la nomenclatura arancelaria, y que guían en la selección de la subpartida que le corresponde a la mercancía objeto de clasificación.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha reiterado que la actividad de clasificar arancelariamente mercancías comporta dos análisis: uno de tipo fáctico y el otro de tipo jurídico.

Que el análisis fáctico tiene como fin identificar las características y naturaleza de la mercancía objeto de clasificación arancelaria, que por su complejidad puede requerir del concepto de expertos que permitan esclarecer la clase o tipo de mercancía, pue, la nomenclatura arancelaria está estructurada de tal manera, se reitera, que a las mercancías les corresponda una y tan solo una subpartida arancelaria.

Que, el análisis técnico jurídico, en cambio, comporta la aplicación obligatoria de las notas legales y de las reglas generales de interpretación del sistema armonizado.

En los actos administrativos demandados se advierte que la DIAN clasificó los bienes objeto de la controversia en la subpartida 33.04.99.00.00 del arancel de aduanas(11), según dijo, de acuerdo con lo previsto en las notas legales 1 d) del capítulo 30 y 3 del capítulo 33, y en aplicación de las reglas generales de interpretación 1 y 6, para el caso de la Resolución 10384 del 29 de octubre de 2008 y 3 b) y 6, para el caso de la Resolución 11021 del 19 de septiembre de 2007.

De igual forma, la administración señaló que según la información presentada por los solicitantes de la clasificación arancelaria en discusión, los productos se describían de la siguiente manera:

En la Resolución 10384 del 27 de octubre de 2008:

... “la mercancía consiste en una preparación a base de polisacárido natural de origen no animal, en forma de gel transparente, incoloro y claro, sin partículas extrañas visibles, estabilizado y esterilizado, con la siguiente composición por cada mililitro:

— Ácido hialurónico estable: 20 mg/ml.

— Cloruro de sodio: 9 mg.

— Tampón fosfatado ph 7: 0.3 mg.

— Agua para inyectable: 1 ml.

Comercialmente se presenta en inyecciones de vidrio prellenadas de 1.0, 2.0 y 3.0 ml, en lámina de vacío listo para su aplicación con agujas de calibres de 16G1/2 a 30G1/2.

Se utiliza para rellenar arrugas y depresiones cutáneas inyectándolo directamente bajo la piel, ya que entra a formar parte del espacio existente entre las células de los tejidos. El efecto del relleno se produce gracias a la propiedad que tiene el ácido hialurónico de expandir su estructura molecular por retención de agua y ocupar así un mayor espacio. Adicionalmente proporciona lubricación, elasticidad y suavidad a la piel, ayudándolo a mantener la integridad estructural de los tejidos.

También se usa como coadyudante en tratamientos de la artrosis en las rodillas y la cadera, actuando como un fluido viscoso y elástico en las articulaciones, en tratamientos de niños con reflujo vesicouretral para que la orina no ingrese a los riñones.

Por su composición, forma de presentación y uso se concluye que el producto descrito corresponde arancelariamente a una preparación cosmética acondicionada para la venta al por menor, para ser aplicada tal como se presenta.

En la resolución Resolución 11021 del 19 de septiembre de 2007:

... “la mercancía consiste en una caja que contiene dos jeringas de 0.5, 0.7 ó 1.0 ml de capacidad, previamente llenas con un gel; cuanto agujas estériles; un instructivo y cuatro etiquetas.

El gel es viscoso, elástico, transparente y estéril, con la siguiente composición por cada mililitro:

Ácido hialurónico reticulado: 15, 20 ó 25 mg.

Solución buffer de fosfato (PH 7.3): en cantidad suficiente para completar el volumen.

Se utiliza para rellenar arrugas, inyectándolo directamente en forma uniforme bajo la dermis, a la profundidad requerida según la corrección que se desea obtener, por lo que se deduce que se trata de una preparación cosmética acondicionada para la venta al por menor, para ser aplicada tal como se presenta”.

La regla general de interpretación 1 establece que la clasificación de las mercancías está determinada por las notas de sección o de capítulo, en los siguientes términos:

“Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes:

La regla 3 b) dispone que los productos mezclados o compuestos y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor se clasifican según la materia o el artículo que les confiere su carácter esencial, así:

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue:

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;

b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo; (se destaca).

c) Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta”.

Por último, la regla 6 señala que la clasificación en las subpartidas de una misma partida está determinada por los textos de las subpartidas y el de sus notas, en los siguientes términos:

“La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario.”

La Sección VI del arancel de aduanas, en la que se encuentran los capítulos 30 y 33, corresponde a los productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.

El capítulo 30 comprende los productos farmacéuticos mientras que el capítulo 33 a los aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.

Los capítulos 30 y 33 del arancel de aduanas se rigen por sus correspondientes notas legales.

De esa manera, la nota 1 d) del capítulo 30 dispone que este no comprende:

(...).

d) las preparaciones de las partidas 33.03 a 33.07, incluso si tienen propiedades terapéuticas o profilácticas;

(...).

La nota 3 del capítulo 33 establece que:

3. Las partidas 33.03 a 33.07 se aplican, entre otros, a los productos, incluso sin mezclar (excepto los destilados acuosos aromáticos y las disoluciones acuosas de aceites esenciales), aptos para ser utilizados como productos de dichas partidas y acondicionados para la venta al por menor para tales usos.

La partida 3304 clasifica:

Las “Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

Las notas explicativas de la subpartida 3304 de la versión única en español de las notas explicativas del sistema armonizado, Vunesa, señalan:

33.04. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

3304.10 - Preparaciones para el maquillaje de los labios.

3304.20 - Preparaciones para el maquillaje de los ojos.

3304.30 - Preparaciones para manicuras o pedicuros.

Las demás:

3304.91 - Polvos, incluidos los compactos.

3304.99 - Las demás.

A. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras.

Están comprendidos en esta partida:

1) Los lápices de labios y demás productos de maquillaje para los labios.

2) Las sombras para los párpados, los lápices para las cejas y demás productos de maquillaje para los ojos.

3) Los demás productos de belleza o de maquillaje preparados y las preparaciones para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, tales como, el maquillaje base, los llamados polvos de arroz, incluso compactos, los polvos para bebés (incluido el polvo de talco sin mezclar ni perfumar acondicionado para la venta al por menor), otros polvos y maquillajes, la leche de belleza o leche de tocador, las locionestónicas o lociones corporales; la vaselina acondicionada para la venta al por menor para el cuidado de la piel; los geles inyectables subcutáneos para eliminar las arrugas y dar volumen a los labios (incluidos los que contienen ácido hialurónico); las cremas de belleza, “cold creams”, y cremas nutritivas (incluidas las que contienen jalea real de abejas); las cremas protectoras destinadas a prevenir las irritaciones de la piel; las preparaciones para el tratamiento del acné (excepto el jabón de la partida 34.01) que son principalmente para limpiar la piel y no contienen ingredientes activos en cantidad suficiente para considerar que tienen una actividad esencialmente terapéutica o profiláctica sobre el acné; el vinagre de tocador, que es una mezcla de vinagre o ácido acético con alcohol perfumado.

Este grupo comprende también las preparaciones antisolares y las preparaciones bronceadoras.

B. Preparaciones para manicuras o pedicuros

Este grupo comprende los polvos y barnices de uñas, los disolventes para barnices de uñas, las preparaciones para quitar la cutícula y demás preparaciones para manicuras y pedicuros.

Se excluyen de esta partida:

a) Las preparaciones medicinales para el tratamiento de ciertas enfermedades de la piel, como por ejemplo, las pomadas para el tratamiento del eczema (partida 30.03 o 30.04).

b) Los desodorantes para los pies, así como las preparaciones para el tratamiento de las uñas de los animales (partida 33.07) (se destaca).

Como se puede apreciar, la nota explicativa de la partida arancelaria 33.04 corresponde a una nota inclusiva, es decir, que expresamente señala que en esa partida se encuentran los geles inyectables subcutáneos para eliminar las arrugas y dar volumen a los labios (incluidos los que contienen ácido hialurónico). Y, por eso, los productos denominados comercialmente Restylane, Restylane Pernalene, Restylane Touch y Teosyal, se clasifican en la subpartida arancelaria 33.04.99.00.00.

En consecuencia, no hay lugar a anular los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. RECONÓZCASE personería jurídica a la abogada Nohora Elizabeth Sánchez Garzón como apoderada de la DIAN:

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 23 de junio de 2011. Rad. 11001-03-27-000-2006-00032- 00. Número interno: 16090. Demandantes: Diana Caballero Agudelo y Gloria I. Arango Gómez. Demandado: U.A.E. - DIAN.

(3) Ibídem.

(4) ART. 84.—Acción de nulidad. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: artículo condicionalmente exequible. Subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 31 de mayo 2012. Rad. 110010327000200800038 00. Número interno: 17414. Actor: Emilio Wills Cervantes Demandado: Banco de la República.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2012. Rad. 250002327000200402018 01. Interno: 17490. Demandante: Bancolombia. Demandado: UAE DIAN.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Bogotá, D.C., 9 de diciembre de 2004. Rad.11001032700020020080 01. Número interno: 13432 – Acumulados 13434 y 13502. Actor: Jorge Paniagua Lozano y otros.

(8) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil nueve (2009). Rad. 11001-03-27-000-2005-00010-00 (15558). Actor: Mario Felipe Tovar Aragón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2013. Rad.: 110010327000201000013-00. Número interno: 18253. Demandante: Genfar S.A. Demandado: UAE DIAN.

(10) Ibídem.

(11) Decreto 4589 de 2006 vigente para la época en que se expidieron las resoluciones demandadas.